BRIDGEPORT.- El Comité Judicial votó para impulsar la SB 972, que haría que las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y las visitas por video a los reclusos sean gratuitas a partir del 1º de octubre de 2022.
Pero dado que el proyecto de ley tiene un precio anual de 6 a 7 millones de dólares, tendrá que pasar por el Comité de Asignaciones antes de que pueda obtener una votación en la Cámara de Representantes y el Senado estatal.
Los demócratas en el Comité, incluidos los copresidentes Gary Winfield, demócrata de New Haven y Steve Stafstrom, demócrata de Bridgeport, votaron a favor de hacer avanzar el proyecto de ley.
Pero varios republicanos que votaron en contra del proyecto de ley afirmaron que se debe abordar la situación.
Connecticut tiene algunas de las tasas más altas de llamadas telefónicas de prisiones del país, en gran parte debido a la comisión del 68% que el Estado recibe en todas las llamadas dentro del Estado, según Worth Rises, un grupo de defensa.
El costo de las llamadas, que promedia alrededor de 4.50 dólares por 15 minutos, recae principalmente en las mujeres, particularmente en las mujeres afroamericanas, ya que las personas de color representan aproximadamente el 72% de la población carcelaria, de acuerdo con Worth Rises.
En virtud de un contrato con el Departamento de Servicios Administrativos del Estado, el proveedor de teléfonos de la prisión, Securus Technologies, gana alrededor de 13 millones de dólares al año por las llamadas telefónicas desde y hacia las cárceles.
De eso, la comisión le da al Estado alrededor de 7 millones de dólares al año, y la mayor parte del dinero va al poder judicial y al Sistema de Información de Justicia Criminal.
El Departamento de Corrección recibe 350 mil dólares de la comisión por la programación de reclusos.
La SB 972 haría que los servicios de comunicación por voz fueran gratuitos para los reclusos y sus familias y derogaría dos secciones de los estatutos estatales que establecen las asignaciones al Departamento de Corrección, la rama judicial y los Criminal Justice Information Services (CJIS) de las comisiones telefónicas.
El Poder Judicial “respalda plenamente” el esfuerzo por eliminar los aranceles, según testimonio presentado por su división de asuntos externos.
Pero el gobernador Ned Lamont solo ha ofrecido un millón de dólares para compensar los 3.2 millones que se evaporarían si se aprueba el proyecto de ley.
El Poder Judicial utiliza el dinero para financiar a 28 oficiales de libertad condicional en una unidad que ayuda a evitar que las personas que anteriormente estaban encarceladas violen la libertad condicional.
Dice que necesita otros 2.2 millones de dólares en el presupuesto anualmente para mantener a los oficiales y también proporcionar comunicación gratuita a los presos.
“El impacto de perder a estos miembros del personal no solo afectaría al Poder Judicial, sino también a la comunidad de justicia penal”, según el testimonio de los defensores.
El millón de dólares que Lamont ofreció en su presupuesto 2022-2023 redujo el costo de las llamadas en cuatro centavos a 0.19 por minuto a partir del 1º de julio.
El comisionado estatal del Departamento de Corrección, Ángel Quirós, dijo que la negociación de un nuevo contrato no ha comenzado, pero que apoyaría una reducción en el costo de las llamadas.
