NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, anunció que liderará una coalición de 26 miembros, a nivel federal, para expresar su oposición al intento del estado de Alabama de avanzar con su agenda discriminatoria y de inclinar el poder en el Congreso y el Colegio Electoral, al negarse a contar a cada individuo en el censo decenal de 2020.
Los 26 miembros en la demanda incluyendo 15 Estados, el Distrito de Columbia, tres condados, seis ciudades y la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unido.
Aunque el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la Oficina del Censo de los Estados Unidos, así como sus respectivos líderes, fueron nombrados como acusados en el caso, el estado de Nueva York decidió intervenir como defensor en el caso federal de Alabama contra el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en el Tribunal del Distrito Norte de Alabama.
El estado de Nueva York busca garantizar que el caso se presente adecuadamente y que cada residente en los Estados Unidos, independientemente de su condición de ciudadanía, sea contado de forma correcta en el censo decenal de 2020.
En mayo de 2018, el estado de Alabama y un Congresista de Alabama presentaron una demanda contra la política antigua de la Oficina del Censo de los Estados Unidos de incluir a todas las personas, entre ellos los no ciudadanos de la nación, en el censo decenal.
El recuento del censo se usa para distribuir miles de millones de dólares en fondos federales, y para determinar la cantidad de Representantes que cada Estado tiene en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, algo que posteriormente, determina la cantidad de votos del Colegio Electoral que cada Estado tendrá en una elección presidencial.
A pesar de la objeción de Alabama, el Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos, enmendado por la Decimocuarta Enmienda, deja bien claro que la “Enumeración real” del “número total de personas” en cada Estado incluye a todos en el país, independientemente de su estatus legal.
Como señaló un tribunal de distrito de tres jueces al rechazar un desafío similar hace décadas, “el lenguaje de la Constitución no es ambiguo” y “requiere el recuento del ‘número total de personas’ con fines de distribución, y aunque los extranjeros indocumentados no representan un componente clave de la población en el momento en que se aprobó la Constitución, son claramente ‘personas’”.
A pesar de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está defendiendo a la Oficina del Censo y al Departamento de Comercio de la nación en este caso, las recientes declaraciones de altos funcionarios de la Administración Trump sugieren que la defensa de la Administración será inadecuada.
El 11 de julio de 2019, al anunciar que el gobierno federal ya no trataría de agregar la pregunta de la ciudadanía en los formularios del Censo de 2020, el Secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, sugirió que la Administración reconsideraría el tema en el punto clave de la demanda de Alabama: si cuenta o no a los inmigrantes indocumentados.
De acuerdo con James, eliminar a los inmigrantes indocumentados del censo no solo daría como resultado la pérdida de representación en el Congreso para varios estados con gran cantidad de inmigrantes, sino que también reduciría la representación de ciudades y condados con grandes poblaciones de inmigrantes en las legislaturas estatales.
Esto también podría dar lugar a reducciones en las cruciales distribuciones de fondos federales, ya que más de 300 programas y miles de millones de dólares están vinculados, al menos en parte, al número de residentes, reportados tras el censo.
Es imperativo que los Estados, condados y ciudades de la coalición intervengan y defiendan adecuadamente la política actual que incluye a los inmigrantes indocumentados en el conteo del censo a todos los efectos, finalizó James.
