Los funcionarios llevaron a cabo una reunión, junto con el centro comunitario Building One Community (B1C), para calmar las preocupaciones de los inmigrantes a raíz de los recientes acontecimientos

STAMFORD.- Autoridades estatales y municipales, se unieron para llevar a cabo una reunión, el lunes pasado, junto con el centro comunitario Building One Community (B1C), para calmar las preocupaciones de la comunidad, destacando que los inmigrantes representan las fortalezas de esta ciudad, de Connecticut y de todo el país.
El evento contó con la presencia de varios funcionarios, incluido el alcalde David Martin; el jefe interino de la policía, Tom Wuennemann; la superintendente de las escuelas públicas, Tamu Lucero; el fiscal general del Estado, William Tong; el director ejecutivo de la Interfaith Council, Mark Lingle, y el senador federal Richard Blumenthal.

“Queremos recordarle a la comunidad inmigrante, de que si usted es víctima de un delito o testigo de un delito, debe presentarse ante las autoridades y debe tener la confianza de que no haremos nada que pueda causarle riesgo a usted. Su seguridad es nuestra primera prioridad”, declaró Martin.
De acuerdo con las autoridades, la tragedia ocurrida en El Paso Texas, la semana pasada, ha puesto a más inmigrantes, y particularmente a los hispanos, en un mayor estado de incertidumbre a medida que la administración Trump endurece las leyes de inmigración y el Presidente habitualmente critica a aquellos sin estatus legal.

Justo el lunes por la mañana, la Casa Blanca anunció medidas más estrictas para frenar la inmigración legal al prohibir la entrada a aquellos que “probablemente puedan convertirse en una carga pública”, en un esfuerzo por evitar que los extranjeros dependan de los programas de beneficios públicos.
El fiscal general de Connecticut, William Tong declaró que su oficina está preparada para luchar contra la medida propuesta por el presidente Donald Trump al asegurar que dicha regla pondría en riesgo a muchas familias de bajos ingresos.
“Dejé preparada una reunión de abogados en mi oficina, quienes pasaran estas horas preparando nuestra lucha, nuestra acción legal, contra el presidente de los Estados Unidos si se promulga la regla de carga pública”, advirtió Tong.

“En nombre del estado de Connecticut, estamos listos ahora mismo, para levantarnos y defender a toda nuestra comunidad y Connecticut rechazará y luchará contra esta regla de carga pública hasta el final”, señaló Tong.
Las autoridades estatales y municipales le aseguraron a la comunidad que asistió a la reunión en Building One Community que responderían a sus llamadas de ayuda, independientemente de su estatus migratorio.
El jefe interino de la policía de Stamford, Tom Wuennemann, manifestó que “quiero hacerle saber que nuestro Departamento de Policía está aquí para ayudar a su comunidad. No somos el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ni ayudamos a atrapar a los inmigrantes para entregarlos al ICE. Estamos aquí para ayudarlo y su voz siempre será escuchada”.

La inmigrante Carla Esquivel, quien vino de Guatemala hace 20 años, declaro que siente un estado continuo de miedo, especialmente a raíz del tiroteo en El Paso, Texas, el pasado fin de semana donde 22 personas fueron asesinadas y el tirador, un hombre blanco de 21 años, estaba apuntando a los “mexicanos”, según una declaración jurada del Departamento de Policía de El Paso.
“Como padres, tenemos muchas incertidumbres. Es muy diferente ahora, tenemos miedo cuando vemos a la policía, y cuando estamos en la fila del banco o de la cafetería, nos quedamos callados ahora por temor”, expresó Esquivel a los presentes y a las autoridades que asistieron a B1C.
De acuerdo con varios oradores que tomaron la palabra en la reunión, entre ellos, el joven Michael Hernández, es ese miedo y la premonición de que sus familias serán divididas por el ICE en las redadas, o que serán arrestados en cualquier lugar, lo que hace que las familias inmigrantes se queden en casa y desconfíen de los representantes del gobierno.
“Es una situación lamentable y muy desafortunada. Hay gente loca en todas partes y siempre tienes que cuidarte la espalda por miedo a que te ataquen”, comentó Santiago Morales, refiriéndose al tiroteo en El Paso, Texas.
Morales, ha estado sirviendo como voluntario en Building One Community durante cuatro años.

De acuerdo con los defensores, en medio del clima anti inmigrante es imperativo que todos los empleados de la Ciudad y no sólo la policía, adopten un procedimiento de “No preguntar, no decir y no arrestar” para la aplicación de las leyes de inmigración

NEW HAVEN.- Cientos de inmigrantes y defensores se manifestaron, junto con varios miembros de la Junta Municipal de la Ciudad, para exigir la aprobación de una nueva ordenanza de “Ciudad Santuario” para New Haven.
La manifestación se llevó a cabo frente a la Alcaldía de esta ciudad, en la Church Street.
El proyecto de ley propone actualizar la Orden General 06-2 de Policía de New Haven, que ahora tiene más de una década, al exigir a todos los empleados de la Ciudad, no solo la policía, adopten un procedimiento de “No preguntar, no decir, no arrestar” para la aplicación de las leyes de inmigración.
De acuerdo con los defensores, esto asegurará que todos los residentes, sin importar su estado migratorio, puedan buscar ayuda de la policía y todos los oficiales de la ciudad, sin temor.
Los estudios demuestran que cuando las ciudades y los condados adoptan este tipo de política, son más seguros y económicamente más fuertes, señalaron los manifestantes.
“Después de los sucesos donde supremacistas blancos han aterrorizado a decenas de personas en nombre de las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump, es imperativo que la ciudad de New Haven afirme que todos los residentes tienen acceso a la seguridad y los derechos humanos”, declaró el activista John Jairo Lugo de la organización Unidad Latina en Acción (ULA).
ULA se reunió uno a uno con los 23 concejales de la Ciudad para obtener su apoyo para aprobar la nueva Ordenanza.
Veintinueve grupos comunitarios en New Haven han afirmado su apoyo, y más de 2 mil residentes de esta ciudad han firmado una petición en apoyo de la Ordenanza.
ULA se reunió también con la alcaldesa Toni Harp el 26 de julio pasado para buscar su apoyo para que se apruebe la Ordenanza.
La Alcalde declaró que “Quiero trabajar con ustedes y apoyo totalmente la aprobación de la nueva ordenanza”.

PREGUNTAS SOBRE LA ORDENANZA PROPUESTA
¿Qué haría esta ordenanza?
Conservar los recursos vitales de la ciudad para las necesidades locales.
Asegurar de que los oficiales de la ciudad traten a todos los residentes por igual, sin importar su estado migratorio.
Aumentar la seguridad pública mediante la creación de confianza entre la policía y las comunidades migrantes. Según un estudio, las ciudades santuario son más seguras y económicamente más fuertes.
Evitar la responsabilidad de la Ciudad por la aplicación ilegal de las leyes de inmigración.
La ordenanza adoptará un procedimiento de “No preguntar, no decir y no arrestar” con respeto a la aplicación de las leyes de inmigración.
No preguntar: Los empleados de la Ciudad, incluidos los policías, no preguntarán sobre el estado migratorio de la gente, a menos que sea necesario para administrar los servicios gubernamentales o cuando lo exija la ley federal.
No decir: Los empleados de la ciudad, incluidos los policías, no divulgarán información confidencial, incluso a funcionarios de inmigración, a menos que sea necesario para ciertas investigaciones penales. La información confidencial incluye información sobre el estado migratorio, la orientación sexual, el estado como víctima de violencia sexual y el número de Seguro Social.
No arrestar: los policías no arrestarán ni detendrán a nadie basándose únicamente en la sospecha de una violación de inmigración, ni detendrán a nadie basado en una solicitud voluntaria (detainer request) de las autoridades de Inmigración.

¿Por qué se necesita esta Ordenanza cuando ya se cuenta con la Orden General de Policía 06-2?
La Ordenanza actualiza la Orden, ya que la Orden tiene más de una década, de las siguientes maneras:
Se aplica a todos los empleados de la ciudad, no solo a los oficiales de policía.
Actualiza los elementos obsoletos de la Orden General de 2006.
Prohíbe a los empleados de la ciudad aplicar cualquier programa federal que requiere el registro de personas en función de la raza, el género, la orientación sexual, la religión o el origen nacional.
Prohíbe a la Ciudad detener a una persona según una solicitud voluntaria de ICE.
Exige que la ciudad publique e investigue las quejas cuando algún oficial municipal viole la ordenanza. Los residentes pueden reportar violaciones a la Junta de Revisión Civil de New Haven.

¿Adoptar esta ordenanza amenazaría la financiación federal de New Haven?
No. Los tribunales federales en San Francisco y Chicago han impuesto amparos para frenar las amenazas de Trump de quitar fondos a las ciudades santuarios. Hay otras demandas pendientes en Philadelphia, Seattle y Boston.
La ordenanza está cuidadosamente redactada para garantizar que cumpla con la ley federal.
El gobierno federal tendría que dar aviso, y New Haven tendría una oportunidad para defenderse antes de que se suspendan cualquier fondo. En cada etapa del proceso, New Haven tendrá fuertes argumentos legales de que el gobierno federal no puede suspender la financiación.

Las autoridades buscan que los extranjeros que ingresen a los Estados Unidos sean autosuficientes y dependan de sus propias capacidades y los recursos de sus familiares, patrocinadores y organizaciones privadas, en lugar de depender de beneficios públicos

NORWALK.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) anunció una controversial regla final que busca garantizar que los extranjeros que buscan ingresar y permanecer en los Estados Unidos, ya sea temporal o permanentemente, sean autosuficientes y dependan de sus propias capacidades y los recursos de sus familiares, patrocinadores y organizaciones privadas, en lugar de depender de beneficios públicos.
Esta regla final modifica los reglamentos existentes al indicar cómo el DHS determinará si un extranjero es inadmisible a los Estados Unidos basado en la probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento en el futuro, según lo estipulado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La regla final también aborda la autoridad que tiene el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para permitir que un extranjero pague una fianza por concepto de carga pública en el contexto de las solicitudes de ajustes de estatus.
La regla también hace que los extranjeros no inmigrantes que recibieron algunos beneficios públicos por encima de un límite específico sean generalmente inelegibles para extender su estadía y cambiar de estatus.
El DHS revisó la definición de “carga pública” para incorporar la consideración de más tipos de beneficios públicos recibidos, lo que el Departamento cree que asegurará mejor que los solicitantes que están sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública sean autosuficientes.
La regla define el término “carga pública” a una persona que recibe uno o más beneficios públicos designados por más de 12 meses en total, dentro de cualquier período de 36 meses (por ejemplo, recibir dos beneficios en un mes cuenta como dos meses).
La regla define además el término “beneficio público” que incluye cualquier beneficio en efectivo para el mantenimiento de ingresos, la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la mayoría de los tipos de Medicaid y algunos programas de vivienda.
Esta regla también hace que algunos extranjeros no inmigrantes que están en los Estados Unidos y recibieron beneficios públicos designados que se exceden del límite máximo, resulten inelegibles para el cambio de estatus y la extensión de la estadía si recibieron los beneficios después de obtener el estatus de no inmigrante que buscan extender o desde el cual desean cambiar.
“Es importante destacar que esta regulación no aplica a los programas de inmigración basados en razones humanitarias para refugiados, solicitantes de asilo, jóvenes inmigrantes especiales (SIJ), algunas víctimas de trata de personas (Visa T de no inmigrante), víctimas de actividades delictivas cualificadas (Visa U de no inmigrante) o víctimas de violencia doméstica (autopeticionarios VAWA), entre otros”, explicó el Departamento.
Esta regla explica cómo el USCIS ejercerá su autoridad discrecional, en circunstancias limitadas, para ofrecerle a un extranjero que es inadmisible solo bajo la causal de carga pública la oportunidad de pagar una fianza por concepto de carga pública.
La regla final fija la cantidad de la fianza mínima en 8 mil 100 dólares. La cantidad actual de la fianza dependerá de las circunstancias individuales.