NUEVA YORK.- Los gobernadores Andrew Cuomo de Nueva York, Ned Lamont de Connecticut, Phil Murphy de New Jersey y Tom Wolf de Pensilvania, fueron los anfitriones de la Cumbre Regional de Regulación del Cannabis y el Vaping.
Los Gobernadores, junto con líderes legislativos y funcionarios de Nueva York, Rhode Island, Massachusetts, Pensilvania y Connecticut, discutieron un enfoque regional conjunto colaborativo para el cannabis, además de la legislación y políticas de vapeo.
Después de la Cumbre, los gobernadores alcanzaron un conjunto de principios básicos sobre cuestiones relacionadas con la regulación del mercado y la potenciación, la salud pública, la seguridad pública, la aplicación de la ley y las mejores prácticas de vapeo.
“Este tema es complicado, controvertido y consecuente. Es probablemente uno de los más desafiantes que he tenido que abordar en Nueva York, y es un desafío para todos los estados”, declaró Cuomo.
“El objetivo de esta cumbre es colaborar entre sí, compartir recursos y pensar colectivamente mientras todos tratamos de resolver esto. Se supone que el gobierno federal debe involucrarse en asuntos que van más allá de las fronteras de un Estado, pero eso no está sucediendo en cualquier problema que enfrente el país. Los estados son independientes, por lo que estamos trabajando juntos para encontrar soluciones coordinadas regionalmente para proteger la salud pública”, agregó Cuomo. .
Por su parte, el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, comentó que “ya sea que se trate de los problemas de salud pública emergentes relacionados con el vapeo y los cigarrillos electrónicos, o el uso ilegal de la marihuana, mantiene en inseguridad a todos nuestros residentes. Cooperar como una coalición de estados en estos temas es el mejor camino a seguir, ya que no solo compartimos fronteras, sino que compartimos intereses económicos, prioridades de salud pública y un entendimiento conjunto de que cuantos más estados trabajemos juntos en este tipo de problemas, mejores serán los resultados de la política para nuestros residentes”.
Todos los estados han acordado una serie de principios para establecer una estructura de impuestos al cannabis, así como las mejores prácticas para garantizar que las comunidades impactadas desproporcionadamente por la guerra contra las drogas tengan acceso a la nueva industria.

PAUTAS QUE UTILIZARAN LOS ESTADOS
Identificar las mejores prácticas con respecto a la base impositiva, las etapas de implementación y los controles dinámicos basados ​​en el mercado para la producción y el cultivo de cannabis.
Respaldar la arquitectura de mercado de la regulación del cannabis, incluida una profunda conciencia de la necesidad de garantizar un mercado justo y competitivo, implementando estrategias como una limitación en el número de licencias o tipos de licencias, para proteger contra la manipulación de los mercados.
Fomentar, junto con su legislatura, un mercado regional estable mediante la identificación e implementación de una tasa impositiva global efectiva similar para los productos de cannabis.
Incorporar mecanismos de impuestos, como el peso, la potencia y los miligramos de la planta para garantizar la estabilidad de precios para los licenciatarios y que el precio del cannabis no caiga en un punto que aumente el acceso y el uso más allá de las tasas de uso actuales.
Implementar iniciativas de equidad social para garantizar el acceso de la industria a aquellos que han sido desproporcionadamente afectados por la prohibición del cannabis.
Priorizar la participación de pequeñas y diversas empresas en la industria del cannabis.
Implementar una reforma significativa de la justicia social con respecto a la política de cannabis, incluida la expedición de expurgos o indultos, la exención de las tarifas asociadas con los indicios o indultos y la obtención de legislación para apoyar estas reformas.
Apoyar y abogar por la aprobación de la Ley de Banca de Seguridad y Equidad (SAFE), que proporcionaría claridad y eliminaría los desincentivos para que las instituciones financieras existentes presten servicios a las empresas relacionadas con el cannabis.
Apoyar la investigación centrada en soluciones inmediatas que mejorarán la capacidad del Estado para gestionar los pagos en efectivo relacionados con el cannabis, así como soluciones a largo plazo que permitan que la industria prospere.
Brindar orientación positiva a sus instituciones financieras autorizadas por el estado con respecto a los servicios bancarios relacionados con el cannabis. Dicha guía puede hacer referencia a la educación, promoción, intercambio de datos, legislación y defensa con los reguladores federales y estatales.

NUEVA YORK.– La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, salió en defensa de la comunidad inmigrante, al oponerse a una norma de la Administración del presidente Donald Trump que, según los defensores, limita ilegalmente el acceso de los inmigrantes al proceso de asilo.
Bajo la nueva medida, las personas que ingresen a los Estados Unidos por la frontera sur con México, excepto en circunstancias limitadas, ya no podrán solicitar asilo a menos que soliciten y se les niegue la protección en al menos un país por el que transitaron antes de su llegada a los Estados Unidos por la frontera.
En un escrito “amicus” presentado esta semana en apoyo de una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en el caso East Bay Sanctuary Covenant v. Barr – la fiscal general Letitia James y otros 22 fiscales estatales instaron a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito, a que confirme el fallo de la Corte de Distrito que impone una orden judicial preliminar sobre la regla.
“Estados Unidos siempre se ha mantenido como un faro de esperanza para aquellos que buscan refugio de guerras y del terror en casa, y, bajo nuestra supervisión, lucharemos para asegurarnos de ser fieles a lo que somos como nación”, declaró la fiscal James.
“Mientras los niños y las familias huyen de la persecución, la Administración Trump continúa usándolos como peones en su juego de ajedrez político. El mensaje encarnado por la Estatua de la Libertad es claro: ‘Desde el faro de su mano brilla la bienvenida para todo el mundo’. Este país está abierto a todos, no solo a aquellos que el Presidente y su Administración consideran aceptables”, agregó la funcionaria.
Tras la presentación de carta de comentarios, preparada en agosto, y en la que expresaban su oposición a la regla, la coalición de los Fiscales Generales argumentó en el escrito que la norma se apartaría significativamente de los valores fundamentales consagrados en las leyes federales y que perjudicaría específicamente a los solicitantes de asilo.
Los estados miembros de la coalición acogen con beneplácito y se benefician de los solicitantes de asilo y al promulgar la medida, la Administración Trump no proporcionó una notificación adecuada lo que representa una violación de la Ley de Procedimiento Administrativo, señaló James.

La norma obligaría a los solicitantes de asilo a pasar por lo que podría equivaler a un proceso de asilo infructuoso en un tercer país potencialmente peligroso, solo para tener la oportunidad de ser elegible para el asilo en los Estados Unidos.
Esto no solo sometería innecesariamente a los solicitantes de asilo a peligros y traumas durante todo el proceso, sino que también podría alentar a los inmigrantes a intentar viajes riesgosos para ingresar a Estados Unidos sin ser detectados en un esfuerzo por huir de la persecución.
Además, la medida tendría un efecto particularmente negativo en los niños no acompañados, los solicitantes miembros de la comunidad LGBTQ y las mujeres, para quienes solicitar asilo en un tercer país es extremadamente peligroso.
Ejemplo de ello, es lo que sucede a dos tercios de los solicitantes de asilo LGBTQ y centroamericanos que fueron víctimas de actos de violencia sexual mientras transitaban por México y, lo ocurrido en Guatemala, donde los niños son frecuentemente blanco de reclutamiento por pandillas o bandas criminales. Además, la regla haría que las agencias estatales y las organizaciones sin fines de lucro desvíen recursos para abordar el trauma adicional que los solicitantes de asilo sufren debido a las condiciones precarias en los terceros países, al tiempo que obligarán a los Estados a perder las contribuciones económicas de aquellos que, de otro modo, podrían haber sido bienvenidos a los Estados Unidos.
Para la presentación de este escrito, la fiscal general James contó con el respaldo y firma de los Fiscales Generales de los estados de California, Carolina del Norte, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia.