NORWALK.- Los alcaldes de las grandes ciudades de Connecticut están pidiendo al gobernador Ned Lamont y a los líderes legislativos que ayuden a sus electores que luchan por pagar el alquiler mientras están sin trabajo durante la pandemia de coronavirus.
“Muchas personas que trabajan en Connecticut no pueden permitirse el lujo de perder incluso unos pocos días de trabajo”, escribieron los alcaldes de Bridgeport, Hartford, New Haven, Middletown, Norwalk y Stamford a los legisladores, el martes pasado.
“Es probable que nuestras comunidades se vean desproporcionadamente afectadas por el impacto económico del coronavirus y nuestra respuesta al coronavirus, ya que muchos de nuestros residentes trabajan en empleos no asalariados por hora para pagar sus cuentas. Necesitamos asegurarnos de que esas familias no pierdan su vivienda”, agregaron los alcaldes.
Los propietarios obtuvieron un pase de 90 días para las facturas de la hipoteca. Sin embargo, los inquilinos todavía deben alquilar.
La medida se produce una semana después de que el gobernador Ned Lamont anunciara que su administración había acordado que los propietarios en dificultades recibieran una suspensión de 90 días para pagar su hipoteca, pero no ofrecieron asistencia para quienes alquilan.
El alivio hipotecario beneficia desproporcionadamente a los residentes de las comunidades más acomodadas de Connecticut. Por ejemplo, en Fairfield, el 83 por ciento de los residentes eran dueños de sus casas, en comparación con el 24 por ciento en Hartford.
Los ingresos de los inquilinos generalmente son menos de la mitad de los propietarios.
En su carta, la coalición de alcaldes señaló que el Gobernador tiene la autoridad de anular las leyes estatales para ayudar a los inquilinos durante una emergencia de salud pública, y pide a los líderes legislativos que intervengan y adopten sólidas protecciones de vivienda.
Esas protecciones incluyen dar a los inquilinos 90 días después de que termine la emergencia de salud pública para pagar el alquiler perdido, siempre que la mitad de cualquier monto adeudado se devuelva dentro de los primeros 30 días de cuando finaliza la emergencia.
Los alcaldes también quieren que el Estado otorgue a los inquilinos que paguen parcialmente la renta atrasada dentro de los 30 días posteriores a la finalización de la emergencia, otros 60 días para ponerse al día con la renta y conservar su vivienda.
Además, quieren solidificar en la ley estatal las protecciones de desalojo que Lamont ordenó el mes pasado para futuras emergencias de salud pública.
Los alcaldes escribieron que esto ayudará a asegurar que “ninguno de nuestros vecinos sea desalojado solo porque no pueden trabajar durante una emergencia de salud pública, mientras se aseguran de que los propietarios puedan cobrar el alquiler completo una vez que la emergencia haya terminado. Mantener a las personas en sus hogares es lo correcto, desde una perspectiva de salud pública y desde una perspectiva humanitaria”.
El Gobernador y el Poder Judicial ya han ordenado a los jueces que no emitan ningún desalojo de inquilinos, pero eso no ha impedido que los propietarios presenten la documentación para que los jueces escuchen su caso cuando los tribunales vuelvan a abrir.
Durante los primeros 14 días que los tribunales dejaron de escuchar estas solicitudes de desalojo, 516 familias han presentado demandas en su contra, según muestran las presentaciones judiciales, finalizaron las autoridades.

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NEW HAVEN.- A medida que los defensores continúan advirtiendo que las prisiones y los centros de detención superpoblados en todo el país no están preparados para manejar un brote de COVID-19, entre las personas afectadas por tales condiciones se encuentran los detenidos por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Muchos esperan audiencias o deportaciones.
Un residente de Connecticut que está detenido por ICE en una cárcel del condado de Alabama declaró que no hay forma de practicar el distanciamiento social.
Richard Marvin Thompson ha estado detenido por las autoridades de inmigración durante los últimos siete años.
Reveló que en este momento está asustado.
“¿Qué pasa si me enfermo y contraigo el virus? Se preguntó el inmigrante.
Thompson fue traído a Connecticut desde Jamaica por su padre, un ciudadano estadounidense naturalizado.
Tenía 14 años en ese momento y vivía legalmente en Bridgeport como residente permanente. Cuando tenía 18 años, se peleó y fue condenado por asalto en segundo grado. Once años más tarde, el ICE decidió deportar a Thompson, argumentando que perdió su estatus legal debido al crimen que cometió cuando era adolescente.
Thompson habló recientemente desde el interior del centro de detención del condado de Etowah en Alabama, donde se encuentra en una unidad especial para detenidos del ICE.
Comparte su celda con otro detenido y dijo que los pasillos llenos de gente y los lugares de reunión hacen que sea imposible mantenerse a 6 pies del próximo interno.
Señaló que “la unidad en sí es como una gran área de cuarentena. Te levantas todos los días y estoy frotando los codos con un detenido. Todos los días tendré a alguien en mi celda. Es difícil practicar la distancia social aquí”, indicó el inmigrante.
Recientemente se publicó en línea un video creado por los detenidos dentro de la cárcel del condado de Etowah.
Los detenidos piden ayuda y dicen que algunos están enfermos. El video atrajo la atención de los medios nacionales e internacionales y una severa respuesta de la policía de Alabama. Hubo un cierre patronal y búsquedas celulares.

El sheriff del condado de Etowah, Jonathon Horton, calificó el video como un engaño y, el 26 de marzo, publicó una respuesta en Facebook.
Los detenidos comenzaron una huelga de hambre, y Thompson dijo que las autoridades finalmente sacaron a las personas supuestamente enfermas de la unidad.
Pero Etowah es solo uno de los cientos de lugares en todo el país donde el ICE tiene inmigrantes detenidos.
Bryan D. Cox, director de asuntos públicos de la Región Sur de ICE, dijo que la agencia está tomando precauciones extensas en todo el país para limitar la propagación potencial de COVID-19 en sus instalaciones.
La semana pasada, la Clínica de Defensa de los Derechos de los Trabajadores e Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Yale presentó una demanda de acción de clase que pedía la liberación de todos los inmigrantes en un centro de detención de ICE en Massachusetts.
La demanda dice que los detenidos corren el riesgo de contraer un virus que se alimenta precisamente de las condiciones inseguras y compactas en que se encuentran los inmigrantes.
Thompson dijo que el condado de Etowah tiene problemas similares.

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La agencia ha demostrado una incapacidad terrible para proporcionar atención médica adecuada a las personas detenidas, según los expertos

BRIDGEPORT.- Con el COVID-19 extendiéndose rápidamente por todo el país, se necesita trabajar juntos para salvar tantas vidas como sea posible. Esto incluye a los solicitantes de asilo detenidos por delitos relacionados con el ingreso ilegal.
Los solicitantes de asilo se encuentran entre los grupos más vulnerables a nivel mundial. Son madres, esposos e hijos que huyen de la violencia, la pobreza y la persecución.
Con pocas opciones, llegan a los Estados Unidos bajo el derecho humano y legal de solicitar asilo.
De acuerdo con los defensores, históricamente, los solicitantes de asilo que se consideraba que no representaban un riesgo para la seguridad y demostraban “temor creíble de persecución” eran liberados para vivir con sus familias en la comunidad mientras esperaban decisiones legales sobre su estado.
Ahora están detenidos indefinidamente en los U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), mientras esperan fechas de corte o deportación.
Las instalaciones del ICE consisten en espacios cerrados, espacios comunes para comidas, baños compartidos y acceso deficiente a los productos necesarios para la higiene personal.
El Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional los describe como hacinados, insalubres e inseguros.
La evidencia científica muestra que el SARS CoV-2, el virus que causa la infección por COVID-19, puede sobrevivir durante días en superficies comunes, y que la transmisión es más alta entre los contactos cercanos.
Los expertos en salud pública mencionan el distanciamiento físico y la cuarentena domiciliaria como las medidas principales para limitar la propagación de COVID-19.
Los centros de detención carecen de la capacidad de implementar estas medidas para mantener las pautas de salud pública para mitigar la propagación de COVID-19, y son terreno fértil para la propagación agresiva de esta enfermedad altamente contagiosa.

ICE, que ya ha se ha visto obligado a liberado a unos pocos inmigrantes, no ha logrado controlar los grandes brotes anteriores de enfermedades contagiosas, incluyendo brotes de influenza prevenible por vacuna, varicela y parotiditis en múltiples instalaciones en todo el país. Han demostrado una terrible incapacidad para proporcionar atención médica adecuada a las personas detenidas, señalaron los expertos.
Se han generado alarmas sobre los estándares de derechos humanos deficientes en los centros de detención del ICE en los Estados Unidos.
Su negligencia se ha documentado en un informe de Human Rights Watch, que relata los retrasos peligrosos en la atención de un hombre que no podía respirar debido a una infección pulmonar grave y la falta de vigilancia segura de un joven aislado que murió por suicidio.
Un brote en una instalación de ICE de una enfermedad altamente transmisible como COVID-19, que carece de una vacuna y tratamientos terapéuticos probados, sería devastador para los detenidos, la comunidad en general y los hospitales que los atenderán.
La detención de los solicitantes de asilo en instalaciones confinadas durante esta pandemia dará como resultado la propagación de COVID-19 no solo a los detenidos y al personal, sino también al público en general. Las solicitudes a ICE para compartir su plan para la gestión de COVID-19 dentro de sus instalaciones dieron como resultado una vaga declaración de que ICE “incorpora la guía de los CDC”, indicaron los defensores.
Pese a lo anterior, el ICE también está preocupado por la transmisión de COVID-19 dentro de sus instalaciones, con el primer caso documentado la semana pasada.
La agencia ha solicitado 45 mil máscaras quirúrgicas N95 para sus oficinas de campo. Estas máscaras son equipos de protección personal (EPP) que los médicos de primera línea, incluyéndome a mí, necesitan desesperadamente poder atender a pacientes críticos. Ya tienen una escasez extrema y es muy difícil para los hospitales obtenerlos en todo el país.

El gobernador Ned Lamont informó que los soldados trabajarán con la Guardia Nacional de Connecticut

STAMFORD.- La U.S. Army Reserve Urban Augmentation Medical Task Force se unió a la Guardia Nacional de Connecticut para brindar apoyo en el Hospital Stamford, informó el gobernador Ned Lamont.
A partir de esta semana y durante los próximos días, aproximadamente 85 soldados de la U.S. Army Reserve’s Urban Augmentation Medical Task Force proporcionarán personal médico adicional al Hospital de Stamford.
El Army Reserve Group incluye personal clínico y administrativo, así como expertos en medicina operativa, enfermedades infecciosas, medicina preventiva, enfermería, terapia respiratoria, psicología clínica, terapia ocupacional, dietética, farmacia y otras áreas, indicó Lamont.
La fuerza de tarea se organizará bajo el mando del Dual-Status Commander Brigadier General, Ralph Hedenberg, quien es un miembro de la Guardia de Connecticut, que se espera sea aprobado por el Secretario de Defensa de los Estados Unidos para servir como comandante de las fuerzas federales y de la Guardia dentro de las fronteras de Connecticut.
Durante los últimos días y continuando esta semana, las unidades de la Guardia Nacional de Connecticut han estado trabajando junto con el personal del Hospital de Stamford para aumentar la capacidad de los pacientes.
Stamford tiene la mayoría de los casos de coronavirus en el Estado, superando la cifra de los mil.

HARTFORD.- Decenas de automóviles y camiones se alinearon en la Prospect Avenue, frente a la residencia del gobernador Ned Lamont, tocando las bocinas y exigiendo la liberación de sus seres queridos que se encuentran tras las rejas.
“Las prisiones son una incubadora del virus, liberen a nuestros familiares ya”, gritaba el residente Joshua Frazer a través de un sistema de sonido de su camioneta.
El hermano de Frazer, Freddie Johansen, acusado de tres robos y con una fianza de 298 mil dólares, tiene la enfermedad de Lyme crónica, lo que lo hace más propenso a sufrir complicaciones si contrae el COVID-19.
“El COVID-19 solo se incubará en nuestro sistema penitenciario y puede afectar a nuestras comunidades, por favor, liberen a nuestros familiares”, continuó gritando Frazer.
Agregó que de no actuar las autoridades van a causar más daño a las comunidades.
“Esto no es solo un problema para la gente de adentro de las prisiones. Este es un problema para todos nosotros”, señaló.
Por su parte, el hijo de Rhonda Davis se encuentra en el Corrigan-Radgowski Correctional Center en Uncasville.
Ella dijo que le preocupaba porque él tiene bronquitis y siempre lo ponen en viviendas segregadas por sus problemas de comportamiento.
“Estoy aquí para ver qué puedo hacer para mejorar las cosas no solo para mi hijo, sino para todos los reclusos”, indicó David.
Dijo que a su hijo solo le queda poco tiempo para cumplir su sentencia.
Los manifestantes que se alinearon en la calle señalaron que el gobernador Ned Lamont se negó a tomar las medidas preventivas necesarias para ayudar a aplanar la curva de COVID-19 dentro del Departamento de Correcciones.
El Gobernador no estaba en la mansión en el momento de la protesta, según su personal. Estaba hablando por teléfono con el vicepresidente Michael Pence.
Lamont y el Comisionado de Correcciones, Rollin Cook, son nombrados acusados ​​en una demanda presentada la semana pasada que los acusa de dejar a casi 12 mil personas, tanto condenadas como aquellos sin sentencia, sin forma de protegerse en las cárceles del Estado.

Hasta el lunes pasado, 32 miembros del personal y 21 reclusos en todas las cárceles del Estado han dado positivo por COVID-19, según el Departamento de Correcciones. Más de 720 personas han sido liberadas desde el 1º de marzo.
En una sesión informativa por la tarde con el Gobernador, Cook indicó que no sabe cuántas de las 727 personas liberadas desde el 1º de marzo fueron liberadas temprano.
La agencia también está trabajando con el Poder Judicial sobre cómo reducir la población en espera de juicio bajo fianza y está trabajando con la Junta de Indultos y Libertad Condicional para asegurar la liberación de aquellos que son elegibles.
La protesta duró unos 50 minutos antes de que la policía pudiera dispersar la línea de automóviles.