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ICE en aeropuertos de EEUU: seguridad, crisis y controversia en 2026

WASHINGTON DC.- La presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos de Estados Unidos se ha convertido en uno de los temas más debatidos en la actualidad, especialmente en medio de una crisis operativa que afecta al sistema aeroportuario del país. En 2026, esta situación está estrechamente vinculada a problemas políticos, falta de personal y decisiones federales que han generado tanto apoyo como controversia.

El detonante principal ha sido el cierre parcial del gobierno federal, que ha dejado a miles de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) trabajando sin pago durante semanas. Esta situación provocó ausencias masivas, renuncias y una reducción significativa del personal en los puntos de control de seguridad.

Ante este escenario, el gobierno decidió desplegar cientos de agentes de ICE en más de una docena de aeropuertos importantes del país, incluyendo ciudades como Nueva York, Atlanta y Phoenix. Su misión principal no ha sido realizar funciones migratorias, sino apoyar en tareas logísticas como el control de multitudes y orientación de pasajeros.

Sin embargo, la medida ha tenido un impacto limitado. A pesar de la presencia de ICE, los tiempos de espera en muchos aeropuertos continúan siendo extremadamente largos, llegando incluso a varias horas en algunos casos.

Uno de los principales problemas es que los agentes de ICE no cuentan con la capacitación especializada que tienen los oficiales de la TSA para realizar inspecciones de seguridad. Por esta razón, su rol ha sido restringido a funciones básicas, lo que ha reducido su efectividad en la solución del problema.

La decisión también ha generado fuertes críticas por parte de sindicatos y expertos en seguridad, quienes consideran que reemplazar o complementar a la TSA con personal no entrenado puede representar un riesgo para la seguridad aeroportuaria.

Además, organizaciones defensoras de inmigrantes han expresado preocupación por la presencia visible de ICE en espacios públicos como los aeropuertos, argumentando que podría generar miedo entre comunidades migrantes, incluso si no se están realizando operativos de detención.

En paralelo, algunos pasajeros han reaccionado de forma mixta: mientras unos agradecen la ayuda adicional en medio del caos, otros han protestado directamente contra los agentes, reflejando la polarización que existe en torno al tema migratorio en Estados Unidos.

La situación también está profundamente ligada a un estancamiento político en el Congreso, donde legisladores no han logrado llegar a un acuerdo sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este conflicto incluye desacuerdos sobre políticas migratorias y el rol de agencias como ICE.

Mientras tanto, el ICE continúa expandiendo su presencia a nivel nacional, con un aumento significativo en el número de agentes y operaciones en 2026, lo que indica que su papel en la seguridad interna seguirá creciendo.

En algunos aeropuertos, las operaciones de ICE ya existían previamente, especialmente en áreas restringidas para el manejo de detenidos o vuelos relacionados con procesos migratorios, sin interferir directamente con los pasajeros comerciales.

A futuro, expertos advierten que la participación de ICE en entornos como aeropuertos podría aumentar, especialmente con eventos masivos como el Mundial 2026, donde la seguridad será una prioridad nacional.

En conclusión, la presencia de ICE en los aeropuertos refleja una combinación de crisis operativa, decisiones políticas y debates sobre seguridad e inmigración. Aunque su despliegue busca aliviar problemas inmediatos, también ha abierto un debate más amplio sobre el papel de las agencias federales en espacios públicos y el equilibrio entre seguridad y derechos civiles.

Gobernadora destaca creciente apoyo a propuestas para combatir ametralladoras caseras y las armas impresas en 3D

NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul anunció un aumento en el respaldo a nivel estatal para una serie de propuestas enfocadas en combatir la proliferación de armas ilegales, especialmente aquellas fabricadas de manera casera o mediante tecnología de impresión 3D. El anuncio fue acompañado por fiscales, alguaciles y jefes de policía, quienes expresaron su apoyo a estas medidas destinadas a fortalecer la seguridad pública.

Durante su intervención, Hochul destacó que estas iniciativas forman parte de su agenda del Estado del Estado 2026, y buscan reforzar las leyes de armas ya existentes en Nueva York, consideradas entre las más estrictas del país. Entre las propuestas se incluye exigir que los fabricantes diseñen armas que no puedan ser modificadas fácilmente para convertirse en armas automáticas ilegales.

Asimismo, el plan contempla la creación de sanciones penales para quienes fabriquen o distribuyan armas impresas en 3D o compartan códigos digitales para producirlas. Estas medidas responden al crecimiento de lo que las autoridades denominan la “plastic pipeline”, una nueva amenaza vinculada a la fabricación casera de armas que podría socavar los avances logrados en la reducción de la violencia armada.

La gobernadora recordó que, desde que asumió el cargo en 2021, el estado ha invertido más de 3 mil millones de dólares en seguridad pública y ha duplicado los fondos destinados a combatir la violencia con armas de fuego. Según afirmó, estas acciones han contribuido a disminuir los delitos relacionados con armas, aunque advirtió que el problema sigue evolucionando.

Otro componente clave de la propuesta incluye la creación de un grupo de trabajo que establecerá estándares mínimos de seguridad para fabricantes de impresoras 3D. El objetivo es impedir que estos dispositivos sean utilizados para producir armas o componentes ilegales, además de exigir que las agencias policiales reporten cualquier arma de este tipo recuperada.

Finalmente, Hochul subrayó que la colaboración entre agencias estatales, fuerzas del orden y otros estados ha sido fundamental en la lucha contra el tráfico ilegal de armas. Con estas nuevas medidas, la gobernadora busca adelantarse a las nuevas formas de criminalidad y garantizar la seguridad de los neoyorquinos frente a amenazas emergentes.

 

 

Westchester ofrece subvenciones escolares para el aprendizaje ambiental

WHITE PLAINS.- El condado de Westchester anunció el lanzamiento de un programa de subvenciones escolares enfocado en la educación ambiental, con el objetivo de fomentar el aprendizaje práctico entre los estudiantes.

La iniciativa, conocida como “Pollinator Projects for Tomorrow”, busca involucrar a las escuelas en proyectos que promuevan la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Las autoridades informaron que ya se encuentran abiertas las solicitudes para estas microbecas, dirigidas a instituciones educativas interesadas en desarrollar iniciativas relacionadas con el suelo, el agua y la protección de polinizadores. El programa está diseñado para que los estudiantes aprendan mediante experiencias reales, más allá del aula tradicional.

Según el anuncio, los fondos permitirán a las escuelas implementar proyectos como jardines educativos, hábitats para polinizadores y otras actividades ecológicas que contribuyan al aprendizaje ambiental. Estas iniciativas no solo fortalecen el conocimiento académico, sino que también promueven la responsabilidad ecológica desde edades tempranas.

El programa es impulsado por el Distrito de Conservación de Suelo y Agua del condado de Westchester, que busca reforzar la conexión entre los estudiantes y su entorno natural. A través de estas subvenciones, se pretende que los jóvenes desarrollen habilidades prácticas mientras comprenden la importancia de proteger los recursos naturales.

Funcionarios del Condado destacaron que este tipo de iniciativas son clave para formar a la próxima generación de líderes ambientales. Además, subrayaron que el aprendizaje basado en proyectos ayuda a los estudiantes a aplicar conceptos científicos en situaciones reales, fortaleciendo su compromiso con el medio ambiente.

Para participar, las escuelas interesadas deben completar el proceso de solicitud a través del portal del Condado, donde también se ofrecen detalles adicionales sobre los requisitos y fechas límite.

Las autoridades invitan a educadores y administradores a aprovechar esta oportunidad para enriquecer la educación ambiental en sus comunidades mediante el acceso a estos recursos.

Las solicitudes se pueden obtener enviando un correo electrónico a SWCD@WestchesterCountyNY.gov.

Más información sobre el programa está disponible en el sitio oficial: https://www.westchestercountyny.gov/all-press-releases/westchester-county-offers-school-grants-for-environmental-learning.

 

Proyectos de ley buscan poner freno a los agentes federales de inmigración

HARTFORD.- Una serie de proyectos de ley presentados en Connecticut busca imponer nuevas restricciones a los agentes federales de inmigración, en medio de crecientes preocupaciones sobre derechos civiles y el alcance de sus operaciones.

Las propuestas fueron discutidas en el Comité Judicial de la Asamblea General y forman parte de un esfuerzo más amplio para aumentar la supervisión sobre estas agencias.

Los líderes legislativos estatales, junto con el fiscal general William Tong y el senador federal Richard Blumenthal, defendieron las iniciativas durante una conferencia en el Capitolio estatal.

Aseguraron que las medidas son constitucionales, necesarias y diseñadas para proteger a los residentes frente a posibles abusos por parte de autoridades federales.

Uno de los puntos centrales de la legislación es permitir que las personas puedan demandar a agentes federales si consideran que sus derechos civiles han sido violados durante operativos migratorios.

La propuesta busca abrir una vía legal a nivel estatal para responsabilizar a los oficiales por conductas indebidas.

Además, los proyectos contemplan limitar los lugares donde los agentes de inmigración pueden llevar a cabo detenciones, especialmente en áreas sensibles como escuelas, hospitales, iglesias y otros espacios comunitarios.

El objetivo es garantizar que las personas puedan acceder a servicios esenciales sin temor a ser arrestadas.

Las iniciativas surgen en un contexto nacional marcado por polémicas en torno a operativos migratorios, incluyendo incidentes recientes donde agentes federales han sido señalados por uso excesivo de fuerza. Estos casos han intensificado el debate sobre la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas.

Los defensores de las medidas argumentan que no buscan impedir la aplicación de la ley federal, sino establecer límites claros cuando las acciones de los agentes puedan vulnerar derechos constitucionales. También señalan que la confianza de la comunidad en las instituciones depende de que exista supervisión efectiva.

Sin embargo, las propuestas han generado críticas por parte de algunos sectores, que consideran que podrían interferir con la labor de las autoridades federales y debilitar el cumplimiento de las leyes de inmigración. Los opositores advierten sobre posibles conflictos legales entre el estado y el gobierno federal.

Mientras el debate continúa, los proyectos avanzan en el proceso legislativo con el respaldo de líderes demócratas en Connecticut.

De ser aprobados, representarían uno de los esfuerzos más significativos del estado para regular la actuación de agentes federales de inmigración dentro de su territorio.

 

 

Conductores de CT afectados por ciberataque a empresa de alcoholímetros

STAMFORD.- Un ciberataque a la empresa Intoxalock, proveedora de dispositivos de alcoholemia instalados en vehículos por orden judicial, ha generado serias interrupciones para miles de conductores en los Estados Unidos, incluyendo el estado de Connecticut.

Estos dispositivos, conocidos como “ignition interlock”, requieren que el conductor sople antes de encender el vehículo para comprobar que no ha consumido alcohol, y dependen de conexión con servidores para su funcionamiento adecuado.

El incidente provocó la caída de los sistemas de la compañía, lo que dejó a numerosos usuarios sin poder utilizar sus vehículos.

En muchos casos, los conductores quedaron literalmente varados, ya que los dispositivos no podían completar procesos esenciales como la calibración obligatoria, necesaria para permitir el arranque del automóvil.

En Connecticut, donde estos aparatos son utilizados como parte de sanciones por conducir bajo la influencia del alcohol, el problema generó preocupación tanto en autoridades como en usuarios. Personas afectadas reportaron dificultades para acudir al trabajo, cumplir con responsabilidades diarias e incluso evitar sanciones legales, ya que el mal funcionamiento del sistema no dependía de ellos.

La empresa Intoxalock reconoció la interrupción del servicio y atribuyó la situación a un ataque cibernético, aunque no ofreció detalles específicos sobre la naturaleza del incidente ni confirmó si hubo robo de datos personales. Como medida temporal, anunció extensiones de hasta 10 días para los plazos de calibración y, en algunos casos, asistencia como remolque de vehículos para los afectados.

Expertos en ciberseguridad han señalado que este tipo de ataques evidencia la vulnerabilidad de dispositivos conectados a internet que cumplen funciones críticas en la vida diaria. La dependencia de servidores remotos para operar sistemas como los alcoholímetros vehiculares puede convertirse en un riesgo cuando ocurren fallas o intrusiones digitales.

El caso ha abierto el debate sobre la necesidad de reforzar la seguridad tecnológica en sistemas judiciales y de transporte, así como de establecer protocolos de respaldo para evitar que los usuarios enfrenten consecuencias por fallas fuera de su control. Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando la situación y evaluando posibles medidas para prevenir incidentes similares en el futuro.

 

 

Organización que ayuda a niños y jóvenes nombra a hispana como directora ejecutiva

STAMFORD.- La organización Kids Helping Kids (KHK) anunció el nombramiento de Edith Targonski como su nueva directora ejecutiva.

La designación marca el inicio de una nueva etapa para la entidad, enfocada en fortalecer el liderazgo juvenil y ampliar su impacto en la comunidad.

Targonski, residente de Stamford desde hace varios años, llega al puesto con una destacada trayectoria en liderazgo comunitario y desarrollo juvenil. Su experiencia incluye trabajo cercano con familias, escuelas y organizaciones del condado de Fairfield, donde ha impulsado iniciativas orientadas a mejorar oportunidades para los jóvenes.

Bilingüe en inglés y español, Edith ha dedicado su carrera a fomentar la participación cívica, la educación y programas de prevención. Es ampliamente reconocida por su capacidad para construir alianzas estratégicas y promover cambios positivos impulsados desde la comunidad.

En su nuevo rol, liderará a Kids Helping Kids en la expansión de sus programas dirigidos por jóvenes, así como en el fortalecimiento de colaboraciones con otras organizaciones locales.

La meta es seguir brindando espacios donde los jóvenes puedan diseñar y liderar proyectos que beneficien a niños y niñas en la región.

Kids Helping Kids representa la creencia de que los jóvenes no son solo los líderes del futuro, sino líderes hoy”, expresó Targonski a EL SOL News. Además, destacó su entusiasmo por trabajar junto a jóvenes, familias y aliados comunitarios para generar un impacto significativo en Stamford y sus alrededores.

Por su parte, la Junta Directiva de la organización celebró el nombramiento y expresó confianza en su liderazgo.

El presidente de la junta, Bobby Walker, aseguró que la experiencia, compromiso y conexión de Targonski con la comunidad la convierten en la persona ideal para guiar a la organización hacia un futuro de crecimiento, innovación y mayor alcance en el empoderamiento juvenil.

Kids Helping Kids es una organización sin fines de lucro 501, con sede en Stamford, dedicada a empoderar a jóvenes para desarrollar habilidades de liderazgo a través de proyectos impactantes liderados por jóvenes que generan un cambio duradero para los niños de la comunidad.

 

 

Estudiante de secundaria arrestado en medio de protesta masiva

STAMFORD.- Un estudiante de la Westhill High School, en Stamford, fue arrestado la mañana del martes pasado luego de publicar un comentario en internet que posteriormente fue eliminado, según informaron autoridades escolares.

El mensaje fue realizado en el canal de YouTube del medio local “Hey Stamford!”, aunque las autoridades no revelaron el contenido específico ni mayores detalles sobre el caso.

El incidente ocurrió en medio de una creciente tensión dentro de la comunidad educativa, relacionada con el posible traslado del director de la escuela, Michael Rinaldi.

La situación ha generado preocupación entre estudiantes, padres y docentes, quienes han manifestado su desacuerdo con la medida propuesta por el distrito escolar.

Ese mismo día, entre 600 y 1,000 estudiantes protagonizaron una masiva protesta tipo “walkout”, abandonando las aulas para expresar su apoyo al director.

Los jóvenes marcharon más de tres millas hasta el Centro de Gobierno de Stamford, coreando consignas y portando mensajes en defensa de Rinaldi.

A pesar de advertencias previas por parte de las autoridades escolares, incluyendo posibles sanciones disciplinarias, los estudiantes decidieron continuar con la manifestación. La protesta fue organizada como respuesta directa a la posible reasignación del director a otro programa educativo dentro del distrito.

Debido a la magnitud de la movilización, la policía de Stamford desplegó un amplio operativo de patrullas para acompañar a los estudiantes durante el recorrido y garantizar su integridad.

Las autoridades confirmaron que, a pesar del tamaño de la marcha, el evento se desarrolló sin incidentes mayores relacionados con la protesta.

Mientras tanto, el arresto del estudiante ha abierto un debate sobre los límites de la libertad de expresión en entornos escolares y el manejo de situaciones digitales por parte de las autoridades.

Hasta el momento, no se han anunciado decisiones finales sobre el futuro del director ni sobre posibles medidas adicionales relacionadas con el caso.

 

 

 

Casas modulares podrían ayudar a cerrar brecha de vivienda asequible en CT, según propuesta de ley

HARTFORD.- Una propuesta legislativa en Connecticut busca impulsar el uso de viviendas modulares y prefabricadas como una solución para la creciente crisis de vivienda asequible en el estado.

La iniciativa pretende facilitar su construcción y permitir que estas unidades sean consideradas dentro de los requisitos oficiales de vivienda económica.

Las viviendas modulares, que suelen fabricarse en fábricas y luego ensamblarse en el lugar final, han ganado atención por su eficiencia y menor costo.

Según expertos, estas estructuras pueden estar entre un 10% y un 25% más baratas que las casas construidas de manera tradicional, lo que las convierte en una alternativa atractiva para ampliar la oferta habitacional.

Uno de los puntos clave del proyecto es que las viviendas prefabricadas sean tratadas de la misma manera que las construcciones convencionales en términos de zonificación.

Esto eliminaría barreras regulatorias que, en algunos casos, dificultan su desarrollo en ciertas comunidades, abriendo la puerta a más proyectos en distintas ciudades del estado.

Además, la propuesta contempla que estas viviendas cuenten parcialmente para cumplir con la ley estatal 8-30g, que regula la cantidad de vivienda asequible en los municipios. Sin embargo, cada unidad modular aportaría solo una fracción del puntaje requerido, lo que ha generado debate entre legisladores y expertos.

Quienes apoyan la medida argumentan que este tipo de construcción puede ayudar a aumentar rápidamente el inventario de viviendas y reducir costos, beneficiando especialmente a familias de ingresos medios y bajos. También destacan que los diseños modernos pueden ser atractivos y adaptarse perfectamente a distintos vecindarios, rompiendo estigmas sobre su apariencia.

No obstante, críticos advierten que estas viviendas no siempre garantizan asequibilidad a largo plazo, ya que podrían venderse posteriormente a precios de mercado si no cuentan con restricciones legales. Este punto ha generado preocupación sobre si la propuesta realmente contribuirá a una solución sostenible o si podría debilitar los estándares actuales de vivienda asequible en Connecticut.

 

 

Jóvenes de CT se encuentran entre los más seguros de EEUU frente a muertes relacionadas con el alcohol

BRIDGEPORT. – Un nuevo informe revela que los jóvenes de Connecticut se encuentran entre los más seguros del país en cuanto a muertes relacionadas con el alcohol, una estadística que contrasta con tendencias más preocupantes observadas en la población adulta.

El reporte destaca que, a nivel nacional, el consumo de alcohol sigue siendo una causa significativa de muertes prevenibles entre menores de edad.

Según los datos analizados, Connecticut registra una de las tasas más bajas de fallecimientos vinculados al alcohol entre jóvenes en comparación con otros estados.

El informe, elaborado por el bufete de abogados con sede en California Steve Gimblin Personal Injury and Car Accident Lawyers, situó a Connecticut con una tasa de 3.23 muertes atribuibles al alcohol por cada 100,000 personas menores de 21 años durante el periodo 2020-2021.

El estudio, el cual utilizó datos a nivel estatal correspondientes a individuos menores de 21 años entre 2020 y 2021, extraídos de la base de datos sobre el Impacto de las Enfermedades Relacionadas con el Alcohol (ARDI) de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), también tomó en cuenta los años de vida potencial perdidos por cada 100,000 residentes menores de 21 años.

Según reveló el estudio, Connecticut registró una pérdida de 187 años de vida potencial por cada 100,000 habitantes.Bottom of Form

Este resultado ha sido interpretado por expertos como un indicio de que las políticas de prevención, educación y control en el Estado están teniendo un impacto positivo en este grupo de edad.

El informe también señala que, aunque el consumo de alcohol entre jóvenes sigue existiendo, los niveles de mortalidad asociados son relativamente bajos.

A nivel nacional, se estima que más de 4,000 menores de 21 años mueren cada año por causas relacionadas con el alcohol, lo que pone en contexto la importancia de los resultados obtenidos en Connecticut.

Especialistas atribuyen este desempeño a una combinación de factores, entre ellos campañas de concienciación, programas escolares y una mayor participación de las familias en la prevención del consumo temprano. Además, las leyes estatales y los esfuerzos de organizaciones comunitarias han contribuido a reducir conductas de riesgo entre adolescentes.

Sin embargo, los expertos advierten que estos resultados positivos no deben llevar a la complacencia. Señalan que el consumo de alcohol en edades tempranas sigue representando riesgos importantes, como accidentes de tránsito, problemas de salud mental y conductas peligrosas que pueden tener consecuencias a largo plazo.

Finalmente, el informe subraya la necesidad de continuar invirtiendo en programas de prevención y educación para mantener estas cifras bajas. Aunque Connecticut destaca favorablemente en este aspecto, las autoridades coinciden en que el trabajo debe continuar para proteger a los jóvenes y evitar que el alcohol siga siendo una causa de muertes evitables en todo el país.

 

 

 

9 tiroteos policiales fatales en Bridgeport desde 2001 que no tienen ningún cargo penal, revela informe

BRIDGEPORT.- Un análisis reciente sobre los tiroteos fatales protagonizados por la policía en Bridgeport revela que ningún oficial ha enfrentado cargos criminales en más de dos décadas, a pesar de múltiples incidentes que han generado controversia y demandas civiles.

Desde el año 2001, se han registrado al menos nueve casos en los que personas murieron tras enfrentamientos con agentes del orden.

Las investigaciones de estos hechos han estado a cargo, en distintos momentos, de fiscales estatales y más recientemente de la Oficina del Inspector General.

En todos los casos, las autoridades concluyeron que el uso de la fuerza letal por parte de los oficiales fue legalmente justificado, lo que ha evitado que se presenten cargos penales contra los involucrados.

Uno de los casos más recientes es el de Dyshan Best, de 38 años, quien murió en marzo de 2025 tras ser baleado por un oficial durante una persecución a pie.

Según el informe oficial, el agente creyó que Best representaba una amenaza armada, aunque la familia del fallecido ha cuestionado esta versión y ha considerado acciones legales.

Otro incidente relevante ocurrió en 2024 con la muerte de Jonathan Bell, quien fue abatido por la policía tras una persecución a alta velocidad que terminó en un choque. Posteriormente se determinó que Bell no portaba un arma en el momento del tiroteo, lo que generó críticas sobre las decisiones tácticas de los oficiales involucrados.

Casos anteriores, como el de Jayson Negron en 2017, un adolescente de 15 años, también provocaron indignación pública y terminaron en acuerdos económicos con la ciudad.

Otros tiroteos, incluidos los de Carnell Williams y Bryan Stukes, derivaron en demandas civiles que fueron resueltas mediante compensaciones financieras.

En conjunto, estos incidentes han alimentado un debate constante en la comunidad sobre la rendición de cuentas policial y el uso de la fuerza. Aunque las investigaciones oficiales han respaldado a los agentes en cada caso, las familias de las víctimas y grupos comunitarios continúan exigiendo mayor transparencia y reformas en los procedimientos policiales.

 

CASOS SIN RESOLVER

* Dyshan Best (2025)
Murió tras ser baleado durante una persecución a pie luego de un reporte de pelea con armas. El oficial dijo que creyó que apuntaba con un arma.

 

* Jonathan Bell (2024)
Fue abatido tras una persecución policial que terminó en choque. No se encontró un arma, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de fuerza.

 

* Bryan Stukes (2018)
Murió en un enfrentamiento con la policía. Su caso terminó en una demanda civil que fue resuelta con compensación económica.

 

* Jayson Negron (2017)
Adolescente de 15 años abatido dentro de un vehículo. El caso causó gran indignación y terminó en un acuerdo de $500,000.

 

* Carnell Williams (2012)
Murió tras un incidente con oficiales. La familia presentó una demanda que también terminó en acuerdo económico.

 

* Frederick McAllister (2008)
Murió luego de que la policía disparara durante una persecución en vehículo en la ciudad.

 

* Jamar Marrow (2006)
Falleció en un enfrentamiento con la policía; las autoridades concluyeron que el uso de la fuerza fue justificado.

 

* Raylyn George (2005)
Murió durante un incidente con oficiales en circunstancias que las investigaciones consideraron legales.

 

* Jonathan Mosely/Abimael Quiñones (2004 / 2001)
Ambos casos forman parte de los más antiguos del informe, con muertes en enfrentamientos donde la policía alegó amenazas armadas o peligro inminente.

 

En todos estos casos, las investigaciones oficiales concluyeron que el uso de la fuerza letal fue legal, por lo que ningún oficial enfrentó cargos criminales.