NEW HAVEN.- Tres pacientes pediátricos en el Yale New Haven Hospital han sido diagnosticados como los primeros casos de Connecticut de un síndrome inflamatorio raro, asociado con el coronavirus, que se ha relacionado con al menos la muerte de tres niños en Nueva York.

El gobernador Ned Lamont informó que fue alertado de los casos por el doctor Albert Ko, presidente del departamento y profesor de epidemiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale.

Lamont considera que los niños están “bien”.

“La enfermedad parece impactar a los niños entre las edades de 3 meses a 15 años. Da como resultado una inflamación severa de algunas de las glándulas, por lo que es algo que realmente nos preocupa. Creo que en este momento es un riesgo muy, muy pequeño de infección”, expresó Lamont.

Ko y el Yale New Haven Children’s Hospital confirmaron los tres casos, el lunes pasado por la noche.

Los tres casos han sido reportados al Departamento de Salud Pública del Estado.

“Desafortunadamente, esta enfermedad presenta características del síndrome de shock tóxico y elementos de la enfermedad de Kawasaki, y ataca a los niños en edad escolar. Si bien estos casos son excepcionalmente raros, dada nuestra proximidad a Nueva York, donde se ha informado un número significativo, hemos estado observando de cerca su experiencia”, declaró Clifford Bogue, médico jefe del Yale New Haven Children’s Hospital.

“Estamos trabajando diligentemente con los funcionarios de salud locales y estatales para abordar este problema y recomendamos encarecidamente que los niños que padecen síntomas sean examinados tempranamente por especialistas en enfermedades infecciosas pediátricas, reumatólogos o cardiólogos”.

Los síntomas incluyen fiebre persistente, erupción y síntomas gastrointestinales como vómitos y diarrea. Los pacientes también pueden sufrir inflamación cardíaca.

Lamont comentó que estos casos, en Connecticut y en otros lugares, significan que cualquier plan para reabrir la economía debe proceder con precaución.

El síndrome inflamatorio ha aparecido en todo el país, especialmente en Nueva York, donde al menos tres niños han muerto a causa de la enfermedad.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que el Estado está monitoreando 93 casos de la enfermedad inflamatoria en niños pequeños.

Cuomo agregó que la condición contradice los primeros informes de que el COVID-19 no afectó a los niños.

“Esta situación en desarrollo confirma una vez más que las autoridades debemos ser inteligentes al reabrir partes del Estado”, indicó el Gobernador.

Incluso antes de que apareciera la enfermedad en Connecticut, los médicos y las familias estaban al pendiente de los posibles incidentes en el Estado, indicó la doctora Beth Emerson, directora médica del departamento de emergencias del Yale New Haven Children’s Hospital

Si bien el COVID-19 en adultos generalmente presenta fiebre, tos seca, dificultad para respirar y otros síntomas, la versión que afecta a los niños incluye erupción cutánea, enrojecimiento en los ojos e hinchazón en las manos y los pies.

Otros hospitales y sistemas de salud en el área también están monitoreando el síndrome.

El Nuvance Health incluye los hospitales Danbury, New Milford, Norwalk y Sharon en Connecticut, pero también Northern Dutchess Hospital, Putnam Hospital Center y Vassar Brothers Medical Center en Nueva York.

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STAMFORD.- Los funcionarios de salud de Connecticut quieren evaluar a los residentes y miembros del personal para detectar el coronavirus en los 215 hogares de ancianos el próximo mes de junio, informó un portavoz de la oficina del gobernador Ned Lamont.

“Queremos que todos los residentes y miembros del personal de los hogares de ancianos sean evaluados antes de junio y examinados continuamente”, declaró el portavoz Max Reiss.

La Oficina del Gobernador y el Departamento de Salud Pública del Estado no han informado qué tan frecuentes serán las pruebas en las residencias para adultos mayores.

“Estamos trabajando en los hogares de ancianos para garantizar la seguridad de las personas”, indicó Josh Geballe, director de operaciones del Gobernador.

Agregó que el Estado ha utilizado 2 mil 400 pruebas en 20 residencias para adultos mayores.

Los hogares de ancianos en toda el área de los tres estados han visto grandes brotes de la enfermedad.

Los datos publicados por la oficina del Gobernador muestran que las muertes relacionadas con el COVID-19 entre los residentes de los hogares de ancianos representan casi el 60 por ciento de los fallecimientos totales reportados en el Estado.

El domingo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció los planes para exigir que el personal de los hogares de ancianos se someta a las pruebas dos veces por semana para detectar el COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus.

Además, dijo que los hospitales no podrán dar de alta a los pacientes en recuperación en los hogares de ancianos a menos que los pacientes hayan resultado negativos para la enfermedad.

Reiss dijo que el plan de Nueva York para evitar que los hospitales den de alta a los pacientes con COVID-19 en las residencias para adultos mayores “es algo que Connecticut debe de imitar y ya es tiempo de hacerlo”.

Añadió que “ellos estaban dando de alta obligatoriamente a los pacientes con COVID-19 para que regresen a sus hogares de ancianos y esa es una medida sabia y efectiva”.

El lunes pasado, la Oficina del Gobernador dio a conocer nuevos datos que muestran que las muertes asociadas con el coronavirus habían superado los 3 mil 300.

“Sé que hemos aprendido algo sobre esto, hemos aprendido en particular cómo afecta a los adultos mayores. Sabemos particularmente cómo afecta a las personas en entornos congregados como los hogares de ancianos, y no vamos a permitir que esto vuelva a suceder”, finalizó Lamont.

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NORWALK.- Las escuelas públicas de Norwalk agregaron cuatro nuevas ubicaciones como sitios de distribución de comidas, lo que eleva el número total de sitios a 15.

Las ubicaciones son parte del programa de las escuelas públicas de Norwalk para proporcionar comidas gratuitas a los niños mientras las escuelas están cerradas debido al coronavirus.

De acuerdo con las autoridades, no es necesario que las familias de los estudiantes vayan al sitio escolar de su hijo para recoger la comida, pueden recogerla en otro lugar si es más conveniente.

A partir de esta semana, las comidas para todos los niños se distribuirán en Colonial Village, en 146 West Cedar Street y en la East Norwalk Library, 51 Van Zant Street.

A partir del lunes 18 de mayo, las comidas también estarán disponibles en la West Rocks Middle School, en 81 West Rocks Road, y en la Fox Run Elementary School, en 228 Fillow Street.

Al igual que los otros sitios en toda la ciudad, las comidas estarán disponibles para recoger cada día de la semana entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 de la tarde.

El personal de servicio de alimentos estará en el sitio durante ese tiempo y los guardias de seguridad estarán allí para ayudar con el distanciamiento social adecuado, explicaron las autoridades.

Según se informó, el personal de servicio de alimentos ha sido capacitado en procedimientos de equipo de protección personal y continúa priorizando la seguridad.

El personal usa equipo de protección, máscaras y guantes y los alimentos se colocan en una mesa para que las familias los recojan mientras mantienen el distanciamiento físico.

Para mayor información, pueden llamar al 203-899-2990.

ENTREGA DE COMIDAS

• Colonial Village, 146 West Cedar Street.
• East Norwalk Library, 51 Van Zant Street.
• West Rocks Middle School, 81 West Rocks Road.
• Fox Run Elementary School, 228 Fillow Street.
• Ben Franklin Community Center, 165 Flax Hill Road.
• Brien McMahon High School, 300 Highland Avenue.
• Carver Community Center, 7 Academy Street.
• Columbus Magnet School, 46 Corcord Street.
• Jefferson Elementary School, 75 Van Buren Avenue.
• Kendall Elementary School, 57 Fillow Street.
• Marvin Elementary Schooll, 15 Calf Pasture Beach Road.
• Nathan Hale Middle School, 176 Strawberry Hill Avenue.
• Nathamel Uy/Martino Odyssey, 11 Ingalls Avenue.
• Ponus Ridge Middle School, 21 Hunters Lane.
• Traces Magnet School, 20 Camp Street.

HARTFORD.- Ella se sienta en su cama de hospital, mirando directamente a una cámara.

A veces jadeando por aire y a menudo llorando, el mensaje de Edith Carapia al gobernador Ned Lamont es sincero y conmovedor: “Los inmigrantes son trabajadores esenciales. Necesitamos su ayuda con urgencia. Es hora de que haga algo por nosotros. Póngase en nuestros zapatos. Piense en nosotros y ayudenos”.

Carapia es una de un número desproporcionado de inmigrantes hispanos en el Estado que han contraído COVID-19.

Ella es una residente de Connecticut que pagó impuestos durante 17 años. Ella y toda su familia contrajeron el virus, dejándolos desempleados, endeudados y desesperados.

Al igual que muchas de las familias inmigrantes en Connecticut, los Carapias no son elegibles para el alivio del paquete de estímulo federal, que excluye a los inmigrantes sin un número de seguro social y aquellos en familias de “estatus mixto”, que son hogares de ciudadanos estadounidenses donde al menos un miembro de la familia es indocumentado.

Se estima que hay 120 mil indocumentados de Connecticut que no se beneficiarán del paquete de estímulo federal o la expansión del seguro de desempleo, a pesar de que los inmigrantes han jugado un papel esencial en la confrontación de esta pandemia.

Los trabajadores inmigrantes sanos continúan limpiando los hospitales, cuidando a los  jóvenes, cuidando a los enfermos y ancianos, preparando comidas en restaurantes, recogiendo verduras y trabajando en las fábricas.

Muchos continúan trabajando a pesar de las condiciones peligrosas en sus lugares de trabajo.

Su dilema es uno que nadie debería enfrentar: arriesgar su vida para alimentar a su familia o renunciar a su trabajo y volverse indigente.

Una encuesta reciente realizada por la organización de derechos de los inmigrantes Unidad Latina en Acción (ULA) subraya esta situación.

De los 274 trabajadores inmigrantes encuestados, el 57 por ciento informó haber sido despedido, que sus horas se redujeron significativamente o que están en cuarentena debido a enfermedades en el lugar de trabajo o en el hogar.

Se estima que el 93 por ciento no tenía un número de seguro social, dejándolos sin medios para mantener a sus familias, que incluían a 143 niños y 30 ancianos. Del 43 por ciento que todavía trabaja, solo el 44 por ciento informó que sus lugares de trabajo habían implementado medidas de prevención contra el COVID-19 o les habían proporcionado equipos de protección personal.

De acuerdo con los defensores, Connecticut, a pesar de su riqueza y su imagen progresista, no ha respondido en gran medida a sus necesidades.

Los inmigrantes indocumentados, que contribuyen con un estimado de 124.7 millones de dólares en impuestos estatales y locales cada año, son el único grupo de contribuyentes de Connecticut excluidos de todo alivio económico.

Durante semanas, los defensores han estado presionando al Gobernador para que preste atención a la difícil situación de los indocumentados. Le han pedido a su administración que dé el simple paso de traducir el sitio web COVID-19 del Estado al español, el idioma más hablado por la población inmigrante de Connecticut.

El sitio web todavía está completamente en inglés.

Los defensores también han instado al gobernador Lamont a seguir el ejemplo de California al establecer un fondo de emergencia para los indocumentados con el apoyo de dólares públicos y privados.

Bajo el fondo de California, las familias inmigrantes que no son elegibles para los pagos federales de estímulo COVID-19 pueden recibir hasta 500 dólares por adulto con un máximo de mil dólares por hogar.

Más de 60 organizaciones de fe, derechos laborales, derechos civiles y justicia social de Connecticut han expresado su apoyo a dicho fondo.

Los legisladores en el Senado estatal y la Asamblea General han presentado cartas de firma de apoyo por separado.

http://injury.stewartmcmillanlaw.com

NORWALK.- La organización Unidad Latina Norwalk, está llevando a cabo una campaña de recolección de fondos para apoyar a sus miembros y su comunidad, ya que en su mayoría son inmigrantes indocumentados que no tienen acceso a fondos del Estado.
De acuerdo con la organización, los fondos del Norwalk Immigrant Community Emergency Fund ayudarán a los inmigrantes a comprar comida, pagar la renta, comprar medicinas, obtener un equipo de protección personal (PPE) y a pagar servicios públicos.
La fuerza laboral indocumentada ha sido vital para mantener a la ciudad de Norwalk así como lo ha sido para el estado de Connecticut y para todo el país, durante todo este tiempo de crisis por COVID-19 y mucho antes de esta pandemia, según la organización.

“En el estado de  Connecticut hay 100 mil personas indocumentadas que contribuyen con 400 millones de dólares en impuestos estatales y locales anuales, sin embargo, estamos siendo excluidos de la asistencia federal y estatal. Si el Congreso continúa dejando fuera a la comunidad inmigrante indocumentada, debemos seguir luchando para crear un fondo de socorro para satisfacer sus necesidades en este tiempo de crisis”, agregaron los miembros de Unidad Latina Norwalk.
“Cada dólar que das se destinará a proporcionar alivio a corto plazo a una persona indocumentada o una familia necesitada. Apoya a las comunidades indocumentadas hoy”, agregó la organización.

El equipo de recaudación de fondos de Unidad Latina Norwalk, está integrado por Olivia Backal-Balik, Carmen Lanche y Perick Appo.

Para donar y ayudar al Norwalk Immigrant Community Emergency Fund pueden ingresar a la web www.gofundme.com/f/norwalkfund.

https://yankeepeddlernorwalk.com/

HARTFORD.- El alguacil del condado de Bristol, Thomas Hodgson, y el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), violaron los derechos constitucionales de los detenidos, según un juez federal en Boston, Massachusetts.

El juez federal, William Young, determinó que tanto el sheriff como el ICE han ignorado deliberadamente la salud de los detenidos bajo su cuidado en medio de la pandemia de COVID-19.

Young ordenó pruebas inmediatas y generalizadas, a expensas del ICE, para sus detenidos, así como del personal que pudo haber estado en contacto con ellos.

El alguacil Hodgson señaló al conocer la decisión que el juez “superó con creces su autoridad”.

Además, calificó de inconstitucional la decisión del juez que ordena la realización de pruebas de coronavirus para el personal de la Oficina del Sheriff del condado de Bristol.

El sheriff y el ICE están solicitando al Departamento de Justicia de los Estados Unidos una suspensión de emergencia y planean apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito.

Hay 82 detenidos del ICE alojados en las instalaciones correccionales del condado de Bristol, varios de ellos, inmigrantes de Connecticut.

Un total de 50 detenidos del ICE fueron liberados en las últimas semanas como resultado de la demanda colectiva presentada por Lawyers for Civil Rights.

Iván Espinoza-Madrigal es abogado y director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights, representando a los detenidos en la demanda colectiva.

Indicó que la prueba está atrasada debido a las condiciones en la cárcel.

“Estas medidas claves son pasos importantes para abordar las amenazas reales de vida o muerte que sufren los inmigrantes en las instalaciones del sheriff Hodgson”, agregó.

Como evidencia, el tribunal señaló la incapacidad del alguacil de realizar las pruebas exhaustivas o rastreo de contactos de los siete miembros del personal que dieron positivo, así como una negativa a considerar voluntariamente la liberación de los detenidos.

La orden judicial sigue semanas de quejas de los detenidos sobre el hacinamiento y lo que describieron como condiciones inhumanas.

Como parte de su fallo, el juez Young también prohibió la transferencia de cualquier nuevo detenido del ICE a las instalaciones.

Debido al hacinamiento, el 1º de mayo pasado tuvo lugar un violento altercado entre los detenidos y el personal del sheriff del Condado.

Los legisladores estatales y del Congreso, así como la Fiscal General de Massachusetts, Maura Healey, han pedido investigaciones independientes de dicho altercado.

BRIDGEPORT.- Bajo la orden del gobernador Ned Lamont, una persona puede obtener 60 días de extensión para pagar su alquiler de mayo si ha sido afectado económicamente por la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con la web de ayuda gratuita AyudaLegalCT.org, para obtener 60 días de extensión para pagar su alquiler de mayo, debe informarle al propietario por escrito (por correo electrónico, mensaje de texto o carta) antes del 20 de mayo y explicarle que no puede pagar el alquiler este mes por una razón relacionada con COVID-19.

Si pagó un depósito de seguridad que es más de un mes de alquiler, puede pedirle al propietario que use parte de su depósito de seguridad para su alquiler de abril, mayo o junio de 2020, de acuerdo con la web.

Si necesita una extensión de 60 días para pagar su alquiler, debe de enviar una carta al propietario.

“Guarde una copia de su carta. Puede sacar una captura de pantalla de su carta si la envió por mensaje de texto, o una foto, y envíesela a usted mismo por correo electrónico para mantener un registro”, recomendó la web.

Si puede pagar una parte o todo su alquiler de mayo antes del 20 de mayo, es recomendable lo haga y mantenga un buen registro de los pagos, aconsejó la web.

Para obtener más información sobre la orden del gobernador Ned Lamont acerca de los desalojos durante la crisis de COVID-19, pueden visitar la web https://ctlawhelp.org/es/desalojo-de-crisis-de-covid19.

Los inquilinos pueden enviarle a su propietario una carta como esta:

Al propietario o al agente del propietario:

Soy el inquilino(a) de ___________________________________.

Esta carta es para informarle que necesito retrasar el pago de mi renta de mayo porque perdí mi trabajo, perdí horas o tuve una pérdida significativa de ingresos o un aumento en los gastos como resultado de la pandemia de COVID-19. Debido a estas dificultades, tengo derecho a 60 días adicionales para pagar el alquiler de mayo en virtud de la Orden Ejecutiva del 10 de abril de 2020 del gobernador Lamont.

Mi intención es pagar el alquiler de mayo dentro del tiempo permitido por la ley a menos que un cambio en la ley o las circunstancias cambien mi obligación de pagar el alquiler dentro de ese período.

Tenga en cuenta que, de conformidad con la orden del Gobernador, siempre y cuando pague mi alquiler de mayo dentro de los 60 días adicionales, usted no puede considerarme en violación del contrato de alquiler, cobrarme los cargos por demora, informar mi alquiler de mayo a una agencia de crédito o servicio de selección de inquilinos, enviar un Aviso de Desalojo o comenzar una acción de desalojo en la corte por falta de pago del alquiler.

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Nombre del inquilino

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Fecha

https://www.rosaleschavezlaw.com/

 El riesgo de infectarse de COVID-19 para las personas que comparten una habitación o un espacio reducido es mucho más alto, aseguran los expertos

STAMFORD.- A la edad de 24 años, Francy Sandoval se ha convertido involuntariamente en el único sostén de su familia, después de que su madre, su padre y su hermano, una niñera, un pintor y un servidor, respectivamente, perdieron sus trabajos por la pandemia de coronavirus.

Su familia necesita el dinero, por lo que la aspirante a enfermera cree que no tiene más remedio que mantener su trabajo de alto riesgo en la recepción de una clínica de salud comunitaria, que trata a muchos pacientes con COVID-19.

Pero su casa tampoco se siente como un refugio.

“Trabajar durante este tiempo no es tan estresante como llegar a casa. Estaba rodeado de pacientes que podrían haber sido o son positivos y podría enfermar a sus padres simplemente abriendo la puerta”, declaró la inmigrante.

Sandoval, una inmigrante de Colombia, se encuentra entre las decenas de millones de estadounidenses que viven en hogares multigeneracionales donde una de las principales estrategias para evitar la infección, siguiendo los protocolos de distanciamiento social, puede ser casi imposible.

El problema se presenta más profundamente en las comunidades de color, donde las familias de diferentes generaciones viven juntas a tasas mucho más altas, en algunos casos casi el doble que las familias blancas.

La convivencia también a menudo se cruza con factores como la pobreza, los problemas de salud y los trabajos que no se pueden realizar desde el hogar, ofreciendo otra visión de lo que alimenta las preocupantes disparidades raciales de COVID-19.

“Cuando tienes generaciones en un hogar, algunas de ellas tienen que trabajar, especialmente si están en trabajos de servicio o en el comercio minorista o en el supermercado. Tienen que entrar y salir de ese hogar”, declaró el reverendo Willie Briscoe, quien dirige una iglesia donde asisten personas afroamericanas.

Las familias viven juntas por muchas razones: ahorrar dinero, agrupar recursos, cuidado de niños, cuidado de ancianos o simplemente cultura.

Es una práctica que ha ido en aumento desde la década de 1980, particularmente después de la recesión, manifestaron los expertos.

En los Estados Unidos, aproximadamente 64 millones de personas viven en hogares familiares multigeneracionales, o 1 de cada 5 hogares, según Richard Fry, investigador principal del Centro de Investigación Pew.

Pero es mucho más común entre las personas de color: el 29 por ciento de esos hogares son asiáticos, el 27 por ciento son hispanos, el 26 por ciento son afroamericanos y el 16 por ciento son blancos.

Fry dijo que dos factores principales que explican la vida multigeneracional son la ubicación, con las tasas más altas en centros urbanos densamente poblados donde el costo de vida es alto, y la cultura, especialmente para los inmigrantes en los Estados Unidos.

El vivir con la familia en la edad adulta, común en muchas partes del mundo, fue culpado por contribuir a la propagación del coronavirus en España e Italia.

Para las familias de color en los Estados Unidos, también hay más posibilidades de que los miembros del hogar no puedan trabajar desde su casa, como sugieren las pautas federales.

Menos del 20 por ciento de los trabajadores afroamericanos pueden teletrabajar, según un estudio realizado en marzo por el Instituto de Política Económica no partidista.

Anthony Travis, un hombre afroamericano jubilado de 65 años que es diabético, tiene presión arterial alta y es un sobreviviente de cáncer, comparte un hogar con su hija adulta y su hermana mayor.

La hija trabaja como técnico para una compañía de cable e internet, un trabajo que se considera esencial durante la pandemia.

Para ellos, vivir juntos era una cuestión de cuidarse unos a otros, sin embargo, Travis fue diagnosticado con COVID-19.

Durante semanas, sufrió solo en su habitación, con sudores y escalofríos, luchando por respirar. Pensaría dos veces antes de aventurarse al microondas, donde su hermana, que tiene una afección cardíaca, dejaría su comida.

La peor parte fue cuando su hija contrajo neumonía: podía escucharla a través de las paredes.

El doctor Garth Walker, médico de la sala de emergencias en un hospital de veteranos, dijo que tiene problemas para aconsejar a las familias que viven en habitaciones estrechas sobre lo que deben hacer. Su mejor consejo es elegir una persona para ir de compras y considerar enviar a la persona más expuesta a vivir a otro lugar si es posible.

Sandoval sigue procedimientos estrictos en casa, se quita la ropa de trabajo de inmediato y limpia cada superficie que toca antes de retirarse sola al ático. Ahí es donde pasa su tiempo, incluido su cumpleaños más reciente.

Espera comenzar pronto la escuela de enfermería en línea y sueña con tener un tiempo libre de estrés para la familia nuevamente.

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