El Senado y la Asamblea estatal aprobaron un proyecto de ley que permite acceder a los registros de los oficiales de policía
NUEVA YORK (EFE).- Nueva York dio esta semana un importante paso, tras largos años de reclamos de mayor transparencia en la policía, y derogó la sección 50-A de la Ley de Derechos Civiles, que desde 1976 ha evitado que se hagan público los registros de investigaciones y acciones tomadas sobre la conducta de los agentes del orden.
La acción del Senado y la Asamblea estatales, ambas de mayoría demócrata, surgió después de la muerte del afroamericano George Floyd en Minnesota a manos de un policía blanco y de las protestas resultantes, a veces violentas, que se extendieron a través del país, incluido Nueva York, reclamando reformas en las fuerzas del orden.
En medio de las protestas en Nueva York han surgido videos de policías agrediendo a manifestantes, entre ellos el de un agente que empujó a una mujer al pavimento durante una manifestación, al que este martes se le presentaron cargos, así como de otros agentes que embistieron a la multitud con una patrulla.
En ambas cámaras legislativas de Nueva York se presentaron proyectos de ley la pasada semana con miras a mayor transparencia en la uniformada en medio de las agitadas protestas, que esta semana han comenzado a ser aprobadas, lo que se ha facilitado por el dominio demócrata en ambos cuerpos por primera vez en diez años.
“En todo el país existe una sensación compartida de enojo y frustración por la muerte de otro hombre negro desarmado a manos de las fuerzas del orden”, dijo tras la votación el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, que subrayó que la acción proporcionará mayor transparencia.
La 50-A se adoptó en 1976 para evitar que los abogados de defensa penal utilicen dichos registros en el interrogatorio de policías que son testigos durante procesos penales y por años grupos que reclaman reformas en la policía han luchado por su derogación, a lo que se han opuesto sindicatos y grupos que representan a policías.
La ley cobijó también a bomberos y oficiales de las cárceles para mantener en secreto sus registros, a menos que un juez no ordenara su liberación, pese a la existencia de la Ley de Libertad de Información (FOIL por siglas en inglés).
“Por mucho tiempo, un manto de secreto ha generado desconfianza entre el público y la policía en sus comunidades. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son empleados del gobierno y, por lo tanto, el público tiene derecho a conocer los registros disciplinarios y su historial”, indicó por su parte el asambleísta Daniel O’Donnell, autor del proyecto en la cámara baja.
Por su parte, el senador Jaamal Bailey, que presentó la medida en ese cuerpo, destacó que la esencia de un buen gobierno es la transparencia y responsabilidad.
“Nuestro país está en una encrucijada cuando se refiere a las relaciones de la comunidad con la policía. Este proyecto aumenta considerablemente la transparencia deseada por tanto tiempo por el público”, aseguró.
Por cuatro décadas el público no ha podido tener acceso a la información de mala conducta de policías que se han mantenido en sus puestos, como ocurrió en Nueva York con el agente Daniel Pantaleo.
En 2014 Pantaleo aplicó una llave de estrangulamiento a Eric Garner, otro hombre de raza negra, que le causó la muerte por asfixia, y sólo por información filtrada a la prensa se conoció que tenía un pasado de acusaciones de mala conducta.
El proyecto aprobado este martes pasará a ser firmado por el gobernador Andrew Cuomo, que se manifestó a favor de cambios en la 50-a luego de que un video mostrara mala conducta de policías durante manifestaciones por la muerte de Floyd.
Nueva York y Delaware son los únicos estados que han impedido la divulgación de los registros policiales.
Los sindicatos que agrupan a policías y oficiales de las cárceles han defendido por años la 50-A alegando que es una cuestión de seguridad, que protege a los oficiales de represalias, a pesar de que la Ley de Libertad de Información permite a las agencias gubernamentales una amplia discreción para bloquear la divulgación de información personal, como los domicilios, que podrían poner en peligro a un oficial.
