El millón de dólares en ayuda directa es modesto, ya que si se distribuyera uniformemente a cada indocumentado en el Estado recibiría solo 8.33 dólares, señalaron los defensores

NEW HAVEN.- El gobernador Ned Lamont entabló una asociación prometiendo 3.5 millones en dólares estatales para ayudar a las familias indocumentadas que no son elegibles para el alivio federal de la pandemia.

El Departamento de Vivienda del estado proporcionará 2.5 millones de dólares a los propietarios cuyos inquilinos indocumentados se han atrasado en el alquiler, y la organización benéfica estatal 4-CT.org, proporcionará un millón de dólares para distribuir a las familias seleccionadas por grupos comunitarios.

Con un estimado de 120 mil inmigrantes indocumentados en Connecticut, el millón de dólares en ayuda directa es modesto, ya que si se distribuyera uniformemente cada indocumentado en el Estado recibiría solo 8.33 dólares

“Es un buen comienzo, pero déjenme ser muy clara: no es suficiente. La necesidad es grande y las familias están desesperadas”, manifestó Kica Matos, directora del Vera Institute’s Center on Immigration and Justice.

Lamont describió el nuevo programa de ayuda afuera de la oficina de Hartford de un grupo de ayuda a inmigrantes llamado Make the Road Connecticut.

En 2018, 29 mil hogares presentaron impuestos en Connecticut con un Individual Taxpayer Identification Number (ITIN), un número de procesamiento de impuestos disponible para aquellos que no son elegibles para un número de Seguro Social.

De estos, 7 mil 760 presentaron impuestos conjuntamente con un ciudadano estadounidense.

Las mejores estimaciones son que los trabajadores indocumentados comprenden casi el 5 por ciento de la fuerza laboral en Connecticut y pagan más de 100 millones de dólares en impuestos estatales y locales, pero ellos y sus hijos nacidos en los Estados Unidos no son elegibles para recibir ayuda financiada por el gobierno federal.

Eso los deja incapaces de solicitar desempleo, asistencia bajo la ley federal CARES o el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), el programa de asistencia nutricional complementaria.

Los defensores expresaron que les gustaría ver una segunda fase de ayuda, con al menos 30 millones de dólares.

Cuando se le preguntó sobre la ayuda adicional, Lamont respondió “ya veremos, estamos planificando eso aún”.

La ayuda limitada en Connecticut se produce dos semanas después de que California se convirtió en el primer Estado en ofrecer ayuda financiera a los inmigrantes indocumentados, aceptando solicitudes de ayuda bajo un fondo de ayuda público-privado de 125 millones de dólares.

Lamont ha estado bajo presión durante varias semanas para proporcionar ayuda similar.

Matos, una ex vicealcalde en New Haven, aseguró que la comunidad indocumentada fue doblemente golpeada, ya que los nuevos desempleados no tienen acceso a la ayuda, y los que permanecieron empleados fueron expuestos al nuevo coronavirus.

La comisionada del Departamento de Vivienda, Seila Mosquera-Bruno, comentó que todavía estaba trabajando en los detalles de la asistencia de alquiler.

Ted Yang, el ex inversionista de fondos de cobertura y empresario en serie, quien es además el director ejecutivo y cofundador de 4-CT.org, explicó que el millón de dólares en ayuda directa se distribuirían en tarjetas de débito.

“Nos estamos asociando con organizaciones comunitarias y centros de salud comunitarios”, agregó Yang.

Lamont dijo que la ayuda directa por única vez tendría un beneficio secundario de llevar a los beneficiarios a las clínicas de salud, donde se les ofrecería pruebas COVD-19 gratuitas.

Matos dijo que los grupos comunitarios realizarían una evaluación inicial y luego referirían a las familias a las clínicas de salud.

Las tarjetas de débito, consideradas tarjetas 4-CT, llevarían 200 o 400 dólares disponibles. La cantidad dada dependerá de cómo la pandemia impactó a la familia y qué otro tipo de apoyo está disponible para ellos, apuntó Matos.

HARTFORD.- Un oficial que fue absuelto al participar en un tiroteo fatal, ocurrido el año pasado, donde murió un conductor hispano de 18 años, renunció a su cargo del Departamento de Policía.

El oficial de Wethersfield, Layau Eulizier, disparó a través del parabrisas de un automóvil que venía hacia él en abril de 2019, matando al hispano Anthony Vega Cruz.

Un fiscal estatal determinó el mes pasado que Eulizier creía que el automóvil estaba a punto de golpearlo y que su vida estaba en peligro, una decisión que molestó a los defensores que criticaron el tiroteo como un uso de fuerza excesiva.

En una carta de renuncia, Eulizier manifestó que actuó en defensa propia y que estaba decepcionado de no haber regresado al servicio de patrulla.

Comentó que espera trabajar para otra agencia.

“He tomado la difícil decisión de renunciar a mi puesto como oficial de policía para la ciudad de Wethersfield y centrarme en mi maestría para fortalecer mis habilidades y, con suerte, continuar una carrera en la aplicación de la ley en otros lugares”, escribió Eulizier.

El jefe de policía de Wethersfield, James Cetran, indicó que la renuncia de Eulizier entró en vigencia el 15 de abril.

“El Fiscal del Estado en Hartford justificó las acciones del oficial, pero aún perdimos a un buen oficial que había sido objeto de críticas injustificadas por salvar su propia vida y la de otros en la calle ese día”, expresó Cetran.

La familia de Vega-Cruz y el National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) habían pedido que arrestaran a Eulizier, pero la abogada del estado de Hartford, Gail Hardy, concluyó en su informe del 18 de marzo que el tiroteo estaba justificado.

Un abogado de la familia de Vega-Cruz dijo que tenían la intención de entablar demandas civiles contra el oficial y el Departamento de Policía.

La policía dijo que Vega Cruz condujo hacia Eulizier después de huir de una parada de tráfico y llevar a la policía a una breve persecución.

Los oficiales intentaban detener a Vega Cruz porque las placas de su automóvil no estaban registradas en ese vehículo, indicaron las autoridades.

Eulizier es un oficial afroamericano, mientras que Vega Cruz era hispano.

La cámara de la policía y los videos de vigilancia muestran a Eulizier corriendo frente al automóvil mientras se detiene brevemente durante la persecución.

Eulizier grita: “Muéstrame las manos” varias veces y dispara dos tiros por el parabrisas cuando el adolescente lo ataca.

Vega Cruz murió dos días después en un hospital, mientras que un pasajero, su novia de 18 años, no resultó herida, finalizaron las autoridades.

STAMFORD – El grupo Moms Demand Action realizó una manifestación frente al Centro de Gobierno de esta ciudad, el viernes pasado, para pedir medidas para frenar la violencia armada.

De acuerdo con Brady Campaign to End Gun Violence, todos los días, 103 estadounidenses mueren a causa de la violencia armada.

“Venimos aquí todos los años, muchas veces más de una vez al año, y tratamos de regular el sentido común de las armas”, declaró el alcalde David Martin.

“Muchas veces, cuando hay una terrible masacre en algún lugar, nos enteramos y escuchamos que necesitamos detener esto. A veces se logra algún progreso, pero los opositores dicen que la violencia armada es un problema de salud mental”, agregó el funcionario.

Junto con Martin y una multitud de alrededor de 40 personas en el evento estuvieron el Senador federal Richard Blumenthal, el Representante federal Jim Himes, el congresista estatal Matt Blumental y el fiscal general de Connecticut, William Tong.

El residente de Stamford, Wilner Joseph, cuyo hermano fue asesinado a tiros hace tres años en Bridgeport, asistió, al igual que el recién nombrado abogado del estado de Stamford, Paul Ferencek, y el jefe de la policía, Tim Shaw.

La celebración del National Gun Violence Awareness Weekend se produce cuando la Ciudad se ha visto afectada por una serie de tiroteos en las últimas dos semanas, que ha incluido cuatro incidentes en los que los oficiales dispararon sua armas.

Dos hombres fueron heridos por los disparos. Los oficiales de policía de Stamford en las últimas dos semanas han recuperado cinco armas ilegales de las calles.

Ann Reed, miembro de Moms Demand Action, señaló que Connecticut tiene la segunda ley de armas más fuerte del país y la quinta tasa más baja de muertes por armas, sin embargo, aún queda mucho por hacer para erradicar la violencia en las calles.

Joseph, cuyo hermano Max Antoine, un graduado de Westhill High School, fue asesinado a tiros mientras salía de un bar de Bridgeport en 2017, dijo que demasiadas personas han muerto a causar de la violencia de armas y ya es tiempo que las autoridades frenen ese mal.

Joseph, quien dijo que perdió la esperanza de que la policía de Bridgeport encontrara al asesino de su hermano, está ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares por encontrar a la persona responsable.

“Como hombre afroamericano en este país, ya tenemos que enfrentar el miedo a perder la vida por el racismo que existe en los Estados Unidos. Duele el hecho de que tenemos que preocuparnos de que las mismas personas que se parecen a nosotros nos quiten la vida en estas situaciones sin sentido”, agregó.

“No quiero que nadie tenga que lidiar con el dolor que ha sufrido mi familia en los últimos tres años”, señaló Joseph.

Blumenthal dijo a los miembros de Moms Demand Action que están progresando en la lucha contra la violencia armada en las calles.

“Nuestro Estado está haciendo la diferencia. Puede que no lo veas en Washington, pero está sucediendo en todo el país en las legislaturas estatales que siguen el ejemplo de Connecticut”, finalizó el Senador federal.

NEW HAVEN.- La policía está a punto de cambiar en Connecticut. Pero la pregunta de los defensores ante el Police Accountability Task Force es cómo será ese cambio.

Durante una reunión de dos horas y media, el lunes pasado, celebrada en el contexto de la muerte de George Floyd en Minneapolis, que ha provocado protestas en todo el Estado y el país, el grupo de trabajo acordó que la policía en Connecticut debe ser renovada rápidamente.

Pero no es probable que sea lo suficientemente rápido para el senador estatal Gary Winfield, demócrata de New Haven, quien prometió que seguirá adelante con la legislación destinada a aumentar la responsabilidad policial y reducir las posibilidades de uso de incidentes de fuerza, incluidas las muertes.

“La labor del grupo de trabajo es importante, pero habrá que seguir luchando para tener una reforma policía en la legislación y el intento hará que sea lo más completo posible”, indicó Winfield al grupo de jefes de policía, legisladores y expertos en policía.

La legislación elaborada por Winfield y aprobada en 2019 hizo esfuerzos para aumentar la responsabilidad policial, al exigir que las imágenes de la cámara corporal se divulguen dentro de los cuatro días de un incidente que podría conducir a la disciplina de un oficial.

La misma ley creó el grupo de trabajo, requirió una revisión de las actividades policiales y prohibió a los oficiales ponerse frente a los autos que huían.

Pero Winfield y otros defensores señalaron que la ley no fue lo suficientemente lejos como para abordar las cuestiones como el manejo de las investigaciones sobre el uso de la fuerza letal o las sanciones para los oficiales que violan las políticas.

Después de casi dos semanas de protestas pacíficas en todo el Estado y, en algunos casos, violentas en todo el país, el grupo y el gobernador Ned Lamont indicaron que estaban listos para ponerse a trabajar en el tema.

“Creo que hemos aprendido mucho sobre este caso, aprendí mucho de la impactante imagen de George Floyd y de lo que nos dijo sobre la policía y lo que nos dijo sobre el racismo, algo en lo que pensamos que estábamos progresando”, manifestó el Gobernador.

Más tarde, Lamont declaró durante una reunión que quería que el equipo de trabajo y la legislatura analizaran la disciplina de los oficiales que estaban en la escena durante los incidentes donde se desplegó un uso inapropiado de la fuerza y ​​no hicieron nada, como los oficiales que observaron mientras uno ponía su rodilla en el cuello de Floyd durante nueve minutos.

Muchos miembros del grupo de trabajo acordaron que la cultura policial necesitaba cambiar y que los sindicatos policiales a menudo impedían que el personal de comando instituyera un cambio real al oponerse a las medidas disciplinarias.

Los defensores, incluida la American Civil Liberties Union (ACLU) de Connecticut, han estado pidiendo un cambio en la ley estatal que define si un oficial usó la fuerza letal de manera adecuada y han estado pidiendo investigaciones independientes.

NORWALK.- A medida que el porcentaje de pruebas de coronavirus en el Estado muestra disminuciones constantes en la tasa de infección, el gobernador Ned Lamont declaró que la mejor decisión fue hacer que la reapertura en Connecticut sea a cámara lenta.

Con 305 mil 996 personas evaluadas hasta el lunes pasado, se encontró que 44 mil 92 tenían COVID-19, una tasa de 14.4 por ciento.

Pero en las últimas semanas, a medida que el Estado ha aumentado a más de 42 mil pruebas por semana, la tasa de infección ha disminuido.

Por ejemplo, los 124 casos reportados de COVID-19, el lunes pasado, provenían de una muestra de 5 mil 715 pruebas, para una tasa de infección de aproximadamente 2.17 por ciento.

Lamont declaró que el total evaluado coloca a Connecticut entre los líderes nacionales.

“Nos estamos acercando a alrededor del 9 por ciento de nuestra población, lo que probablemente nos coloca en el top 10 en términos de pruebas per cápita de los estados”, destacó el Gobernador.

“De particular interés para mí es la tasa positiva. Muestra que nuestra tendencia está en la dirección correcta. La línea de tendencia hacia el 2 por ciento es una buena noticia extraordinaria, no solo para nosotros, sino también para nuestra región”, agregó el funcionario.

Si bien los porcentajes de casos de COVID-19 están disminuyendo en Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island y Connecticut, otros estados como Arizona, Carolina del Norte, Texas y Florida que abrieron sus economías antes, están viendo picos en las infecciones.

“Texas tiene el nivel más alto de hospitalizaciones. Es solo un recordatorio para usar la máscara, mantener la distancia social y conservar la disciplina, porque ves lo que está sucediendo en el resto del país”, indicó el Gobernador.

Si bien las órdenes ejecutivas de Lamont actualmente permiten que 10 personas se reúnan para eventos externos, el número aumentará a 50 cuando el Estado pase a reabrir la Fase 2 el 17 de junio, seguido de 100 a mediados de julio.

“El 95 por ciento de nuestra economía está abierta, pero todo está sujeto a ver qué sucedió durante la última semana más o menos, dadas las protestas”, indicó Lamont sobre el próximo objetivo del 17 de junio.

El funcionario agregó que 13 muertes adicionales elevaron el total estatal a 4 mil 84 desde la primera muerte de COVID-19 del Estado el 17 de marzo.

Las hospitalizaciones netas esta semana disminuyeron en nueve pacientes, con un total de 324.

El domingo pasado, se reportaron 16 muertes adicionales mientras que quedaban 333 personas hospitalizadas, lo mismo que el sábado.

Las hospitalizaciones habían disminuido diariamente desde el 25 de mayo, cuando 706 fueron hospitalizadas. El pico fue de mil 972 pacientes el 22 de abril, añadió Lamont.

El Gobernador admitió que hay algunas “contradicciones” en los protocolos, con manifestaciones masivas que resultaron de la muerte por asfixia de George Floyd, el mes pasado, a manos de la policía de Minneapolis, lo que desencadenó una respuesta nacional contra la mala conducta de las fuerzas del orden y el racismo institucional.

Si bien la gran mayoría de los participantes usaban máscaras, muchos manifestantes no han observado la distancia social de seis pies de los demás.

“Vamos a esperar y ver qué impacto tiene en nuestra tasa de positividad en el futuro. Esas protestas nos recuerdan que estamos luchando contra dos pandemias al mismo tiempo. Uno es el COVID-19 que ataca el cuerpo y el otro es el racismo que ataca el alma”, finalizó Lamont.

HARTFORD. – El gobernador Ned Lamont anunció que está ordenando que se realice una revisión independiente de la preparación y respuesta a la pandemia de COVID-19, por parte de terceros, dentro de los hogares de ancianos y las instalaciones de vivienda asistida de Connecticut.

La revisión incorporará un análisis de arriba a abajo de todos los elementos de la pandemia y cómo se abordó en estas instalaciones, que fueron impactadas desproporcionadamente por el virus.

Lamont indicó que quiere que el análisis se complete antes del comienzo del otoño para prepararse para una posible segunda ola del virus.

“Nuestro Estado tomó medidas proactivas e innovadoras para abordar el brote en nuestros centros de atención a largo plazo, pero debemos tomar medidas para comprender mejor qué tan preparado estaba el sistema y luego revisar los pasos que se tomaron una vez que el virus estuvo claramente presente en todo el país”, manifestó el Gobernador.

“Mientras nos preparamos para la posibilidad de una segunda ola, debemos ser proactivos en el análisis de lo que ocurrió, lo que debe mejorarse y cómo podemos garantizar la calidad y la seguridad de las instalaciones que algunos de nuestros residentes más vulnerables llaman hogar”, agregó el funcionario.

La administración de Lamont pronto solicitará propuestas de expertos externos para llevar a cabo la revisión.

Antes de que comience, la administración planea colaborar con los líderes legislativos para desarrollar un alcance que garantice que la revisión brinde al Estado información significativa que pueda mejorar la seguridad de los pacientes y el personal en estas instalaciones.

El experto independiente elegido se dirigirá a trabajar ampliamente en todo el gobierno estatal e incluirá aportes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de las partes interesadas claves, como los operadores de centros de atención a largo plazo, los sindicatos que representan al personal que trabaja en estos instalaciones, pacientes, expertos en salud y otros.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto severo en todos los elementos de la infraestructura de atención médica de Connecticut, pero ningún sector tuvo consecuencias más directas y trágicas que los hogares de ancianos y las instalaciones de vivienda asistida.

Hasta la fecha, los hogares de ancianos de Connecticut han experimentado más de 2 mil 500 muertes de residentes y más de 8 mil 500 casos en una población de poco más de 21 mil.

Más del 60 por ciento de las muertes totales en Connecticut han sido entre residentes de hogares de ancianos, declaró Lamont.

El Departamento de Salud Pública de Connecticut, bajo la dirección del gobernador Lamont, tomó varias medidas agresivas para contener estos brotes, que incluyen convertirse en uno de los primeros estados en suspender las visitas a principios de marzo, establecer instalaciones dedicadas de recuperación de COVID-19 para evitar que los pacientes positivos vuelvan a ingresar a los hogares de ancianos y mejorar enormemente la inspección y el monitoreo de las prácticas de control de infecciones aprovechando la Guardia Nacional de Connecticut, entre otras medidas.

Deidre Gifford, comisionada interina del Departamento de Salud Pública, declaró que “debemos aprovechar esta oportunidad para aprender de la pandemia y la experiencia de nuestros hogares de ancianos para asegurarnos de que estamos utilizando la mejor ciencia disponible y técnicas de mejora de la calidad para proteger a estos residentes”.

Añadió que “debemos estudiar la epidemiología, los protocolos, la dotación de personal y la preparación general de todas nuestras instalaciones para proporcionar claridad y comprensión de lo que sucedió en el transcurso de esta pandemia”.

La solicitud de propuestas para que un experto externo realice la revisión se dará a conocer en los próximos días, finalizaron las autoridades.