BRIDGEPORT.- Los funcionarios estatales continúan evaluando la vulnerabilidad de los centros de atención a largo plazo al COVID-29, antes de una posible segunda ola de infección.

Desde que el primer residente de un hogar de ancianos en Connecticut fue diagnosticado con COVID-19, el 18 de marzo, un total de 2 mil 831 personas han muerto en esas instalaciones por el virus.

Eso es el 64 por ciento del total de muertes relacionadas con el COVID-19 en Connecticut.

Tal situación fue el centro de una audiencia informativa ante los comités de Salud Pública y Servicios Humanos de la Asamblea General, el martes pasado.

Mag Morelli, presidente de Leading Age CT, una asociación que representa a los hogares sin fines de lucro en el Estado, testificó sobre la devastadora propagación asintomática del COVID-19 en los centros de atención a largo plazo.

La defensora indicó que un avance importante en la identificación de portadores asintomáticos llegó solo unos meses después de la pandemia.

“Hay que recordar que el personal recibió mascarillas el 4 de abril para detener la propagación del personal al residente. Pero no fue hasta mediados de mayo y hasta junio cuando pudimos evaluar y cohortar (agrupar) a los residentes y abordar la propagación de los pacientes asintomáticos”, precisó Morelli.

Morelli comentó que el Estado necesita aumentar su capacidad de laboratorio para una respuesta rápida de los resultados de la prueba COVID-19 en la preparación para una segunda ola.

Además, agregó que el gobierno federal debe ayudar a Connecticut a asegurar el equipo de protección personal para los trabajadores.

Una cosa más que el Estado puede hacer, a los ojos de Morelli, es invertir en el personal de atención a largo plazo.

La cohorte (grupo) fue otra táctica de mitigación del COVID-19 que Morelli promovió el martes pasado.

Eso es algo que Matthew Barrett, presidente de la Connecticut Association of Health Care Facilities, cree que a Connecticut le fue bien durante el brote inicial.

Elogió la asociación público-privada del estado con Athena Health Care Systems para aislar a los pacientes con COVID-19 positivo en cuatro centros de “recuperación alternativa”.

La estrategia de cohorte está diseñada para mitigar la exposición de los residentes más saludables al coronavirus.

“Estos centros abordaron problemas de capacidad hospitalaria y fueron fundamentales en la estrategia de Connecticut para cohortar (agrupar) a los residentes de los hogares de ancianos durante la pandemia”, precisó Barrett.

En anticipación de una segunda ola, Barrett está pidiendo el establecimiento de un nuevo centro de recuperación alternativa de mil 200 camas.

Más allá de la amenaza de COVID-19 para la población más vulnerable del Estado, la defensora del pueblo a nivel estatal, Mairead Painter, mostró su preocupación por el bienestar social y emocional de estos residentes.

“Muchos experimentaron pérdida de peso, incapacidad para prosperar, caídas y una disminución física significativa. Muchos de estos descensos se debieron al aislamiento que se experimentó como resultado de la necesidad de implementar medidas de control de infecciones”, añadió Painter.

Painter dijo que los residentes estaban confinados en sus habitaciones, muchos por semanas, y que las restricciones de los visitantes los angustiaban aún más.

Las visitas son importantes por muchas razones, entre ellas, darles a los seres queridos la oportunidad de controlar la atención de los residentes.

El gobernador Ned Lamont visitó Pfizer en Groton para revisar el progreso de la vacuna y discutir acerca de cuán efectiva puede ser la inmunización

HARTFORD.- La administración Trump anunció esta semana un contrato de 1.95 mil millones de dólares con el gigante farmacéutico Pfizer y su socio alemán BioNTech para comprar 100 millones de dosis de una vacuna COVID-19.

Tras el anuncio, el gobernador Ned Lamont visitó Pfizer en Groton para revisar el progreso de la vacuna y discutir acerca de cuán efectiva puede ser la inmunización.

Según el acuerdo, el gobierno federal pagará 1.95 mil millones de dólares por las primeras 100 millones de dosis, con la opción de ordenar 500 millones más.

Las personas recibirían la vacuna gratis, de conformidad con el compromiso del gobierno de los Estados Unidos para el acceso gratuito a las vacunas de COVID-19.

Pfizer y BioNTech comenzaron los ensayos en humanos a principios de mayo.

Si se descubre que la vacuna es segura y exitosa, las compañías aseguraron que podrían fabricar las primeras 100 millones de dosis para fin de año.

“Nos hemos comprometido a hacer lo imposible posible trabajando incansablemente para desarrollar y producir en un tiempo récord una vacuna segura y efectiva para ayudar a poner fin a esta crisis de salud global”, expresó el doctor Albert Bourla, presidente de Pfizer.

Pfizer anunció este mes que la primera de las cuatro vacunas experimentales que está probando mostró resultados alentadores.

Pfizer indicó que podría buscar alguna forma de aprobación regulatoria a principios de octubre.

Los funcionarios de Pfizer dijeron que comenzarán un ensayo clínico a gran escala antes de finales de julio y esperan tener una presentación reglamentaria para octubre y una vacuna disponible para fin de año.

La compañía anticipa que las personas que reciben la vacuna recibirían dos dosis con un período de tiempo entre la primera y la segunda dosis.

La droga no se fabricaría en Groton, según la compañía.

Cuando se les preguntó sobre la seguridad de una vacuna, los funcionarios de Pfizer dijeron que no comprometen la seguridad y por dicha razón la están probando.

BRIDGEPORT.- El sindicato de maestros más grande del Estado advirtió que un regreso en persona a la escuela debería retrasarse hasta que el Estado pueda garantizar el pleno cumplimiento de las pautas federales y estatales de salud y seguridad.

Además, el Estado necesita fondos suficientes para los gastos de COVID-19, pruebas semanales para todos, un plan B para el personal y, ver si los estudiantes se sienten más seguros al continuar con el aprendizaje remoto.

El plan de reapertura de seis puntos y 15 páginas que presentó del sindicato llega días antes de que los distritos escolares entreguen sus propios planes de reapertura personalizados, que respondan a una llamada estatal de que todas las escuelas reabrirán por completo en el otoño.

“Nada es más importante que mantener seguros a nuestros estudiantes, educadores y familias. Les debemos a nuestros estudiantes y educadores las medidas de seguridad que se merecen. No debemos dejar de proporcionar las protecciones necesarias y arriesgarnos a nuevos aumentos en las tasas de infección por COVID-19”, declaró el presidente de la Asociación de Educación de Connecticut (CEA), Jeff Leake.

“A la luz de la nueva evidencia que muestra que la mayoría de los niños en edad escolar pueden transmitir el virus de la misma manera que los adultos, es importante analizar bien las cosas y antes de reabrir las escuelas se necesita tener más precauciones sobre el asunto”, agregó

En ausencia de cumplir con las seis acciones, el CEA pide retrasar la apertura de las escuelas en el otoño.

Utilizando los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los requisitos de salud y seguridad pública como guía, el sindicato quiere asegurarse de que se usará el equipo de protección personal provisto por el Estado, que las aulas, pasillos y otros espacios escolares serán desinfectados, el espacio entre los estudiantes estará a seis pies de distancia y los autobuses escolares no se llenarán al máximo.

Además, piden pruebas de COVID-19 y los protocolos de rastreo de contactos.

El gobernador Ned Lamont comentó que cualquier maestro que quiera hacerse la prueba puede ir a un centro de salud calificado federalmente.

La guía estatal de 50 páginas publicada a finales del mes pasado no requiere que los estudiantes se separen a seis pies de distancia, no dicta la capacidad del autobús y no requiere pruebas COVID-19 o incluso controles de temperatura.

En cambio, el Estado insta a las escuelas a agrupar a los estudiantes en grupos que se mantendrán unidos durante la mayor parte del día escolar.

Además, les da a los padres la opción de mantener a sus hijos en casa para la instrucción proporcionada por el distrito. Los planes del distrito se deben entregar al Estado esta semana.

El comisionado de Educación, Miguel Cardona, indicó que la prioridad de su Departamento ha sido y siempre será la salud y seguridad de los estudiantes, educadores y personal.

El plan estatal, según Cardona, se desarrolló en estrecha consulta con expertos en salud pública y partes interesadas en educación e incluye varias garantías que exige el CEA.

Leake, sin embargo, apuntó que el plan del Estado plantea serias preguntas sobre el mantenimiento de la seguridad de todos durante una pandemia que no está completamente bajo control.

NEW HAVEN.- Los hispanos y afroamericanos están siendo desproporcionadamente afectados por el sistema de justicia penal del Estado, según los datos publicados esta semana como parte de una ley de transparencia fiscal de 2019.

La ley de 2019 exige que los funcionarios estatales recopilen e informen los datos. Las autoridades indicaron que lo que harán con la siguiente información es lo más importante, ya que buscan que exista más igualdad en el sistema de justicia penal de Connecticut.

“Los datos pueden ayudar a crear nuevas leyes y políticas, y transformar la forma en que los delincuentes son castigados o rehabilitados para que nosotros en el sistema de justicia penal podamos avanzar en la equidad y mejorar la seguridad y la salud en nuestras comunidades”, declaró el fiscal principal del Estado, Richard Colangelo, en su presentación sobre la información a la Comisión de Justicia Criminal.

Los datos indican que los residentes afroamericanos e hispanos estaban sobrerrepresentados en comparación con los blancos en la disposición de los casos en 2019 y que los afroamericanos enfrentan cargos de delito desproporcionadamente en comparación con los blancos y los hispanos.

Los afroamericanos representaron el 28 por ciento de las disposiciones en casos criminales en 2019, pero solo representan el 11 por ciento de la población del Estado, según el informe.

Los hispanos, por su parte, representaron el 26 por ciento de las disposiciones de casos de 2019, pero representan el 17 por ciento de la población de Connecticut. Los blancos representan el 43 por ciento de las disposiciones de 2019, pero representan el 67 por ciento de la población, según indicaron las cifras.

Los afroamericanos también tenían más probabilidades de resolver sus casos con cargos de delito grave en comparación con los blancos,  que con mayor frecuencia resolvieron sus casos con cargos de delitos menores, de acuerdo con el informe.

El reporte para los defensores no fue una sorpresa, ya que los afroamericanos y los hispanos están sobrerrepresentados en el sistema penitenciario del Estado, Pero los datos recientemente publicados pueden tener un impacto en cómo se aplican los recursos para corregir las disparidades, declaró Marc Pelka, subsecretario de Justicia Criminal de la Oficina de Política y Gestión (OPM) del Estado que redactó el informe.

“Los fiscales tienen una enorme influencia sobre el resultado de los casos. La esperanza es que ahora que hemos realizado el análisis de línea de base podemos pasar al análisis más avanzado, como analizar las razones de las disparidades”, precisó Pelka.

Pelka calificó la publicación de los datos como un día “histórico” para la transparencia procesal en la historia de la justicia penal del Estado.

La ley de 2019 exigió a la oficina de Pelka que recopilara datos sobre los arrestos y sentencias, incluida información racial y étnica. Luego, los datos se proporcionan anualmente a la Comisión de Justicia Criminal del estado y a los legisladores.

La información publicada, el martes pasado, fue recopilada de 300 mil líneas de datos del Poder Judicial que involucran 124 mil 493 casos que involucraron a aproximadamente 81 mil 133 personas.

Los informes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) sobre “Delitos Uniformes” también se utilizaron para algunos datos, agregaron funcionarios de la OPM.

La División de Justicia Criminal, que incluye a todos los fiscales de los 13 distritos judiciales y 20 tribunales del área geográfica del estado, está a punto de poner en línea un sistema electrónico de administración de casos. Hasta que todo el sistema esté en funcionamiento, los juzgados utilizan archivos en papel que no podrían utilizarse con el fin de recopilar los datos para el informe, finalizaron las autoridades.