WASHINGTON DC.- Las autoridades migratorias de Estados Unidos han anunciado un cambio importante en la política de aplicación de la ley migratoria, permitiendo iniciar procesos de deportación contra ciertos inmigrantes que buscan la residencia permanente legal —conocida como la Green Card— a través de la vía familiar. Esta medida ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes, ya que representa un giro en el trato a quienes han intentado regularizar su estatus mediante procesos legales.

La política, que entró en vigor el 1 de agosto de 2025, permite a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) remitir a inmigrantes al proceso de deportación si sus solicitudes de ajuste de estatus son negadas, y si se encuentran sin un estatus migratorio válido en el país. Esto se aplicará tanto a las solicitudes nuevas como a las que ya están pendientes.

Específicamente, los inmigrantes que buscan la Green Card por vínculos familiares —como cónyuges de ciudadanos estadounidenses, padres de ciudadanos adultos, o hijos menores de edad— podrían enfrentar procedimientos de remoción si su solicitud es rechazada por motivos técnicos o por errores en la documentación.

El USCIS ha aclarado que esta política se alinea con las disposiciones ya existentes en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), pero su aplicación ahora será más estricta. Según el organismo, las personas que no tienen un estatus legal en el país al momento de recibir una denegación podrían ser referidas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para iniciar su deportación.

Este cambio es una continuación de políticas de cumplimiento más agresivo implementadas en años anteriores, pero también revive el temor entre muchas familias migrantes que confiaban en regularizar su estatus por medios legales. La decisión podría tener un efecto disuasorio entre quienes tienen derecho a solicitar la residencia, pero temen exponerse ante las autoridades.

Abogados de inmigración han advertido que incluso errores menores o demoras administrativas podrían costarles caro a los solicitantes. Por ejemplo, si una solicitud es rechazada porque faltó una firma o un documento, la persona podría quedar automáticamente en situación de “acumulación de presencia ilegal”, lo que abre la puerta a una orden de deportación.

“Esto es muy grave porque muchas personas que estaban siguiendo el proceso legal ahora podrían terminar en una corte de inmigración, solo por un error técnico”, dijo María Espinoza, abogada especializada en inmigración en Nueva York. “El mensaje parece ser: si te equivocas, te deportamos”.

El temor también crece entre quienes presentaron sus solicitudes meses atrás y aún esperan respuesta. Aunque muchos pensaban que estar en el sistema era una forma de protección, esta nueva política elimina esa percepción de seguridad. “Ya no se puede confiar en que el proceso legal es una vía segura para los migrantes”, afirmó Espinoza.

La administración ha defendido la medida, argumentando que el cumplimiento de las leyes migratorias debe aplicarse de manera uniforme, sin importar si una persona ha iniciado una petición familiar. Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han señalado que la discrecionalidad en casos individuales aún puede aplicarse, pero no está garantizada.

Organizaciones proinmigrantes, sin embargo, han condenado la medida, calificándola de “cruel” y “contraproducente”. Consideran que penaliza a personas que han demostrado vínculos familiares fuertes en Estados Unidos y que podrían calificar legalmente para permanecer en el país.

Algunos legisladores demócratas también han expresado su desacuerdo. En una carta al USCIS, un grupo de congresistas solicitó que se suspenda la política mientras se evalúan sus impactos. “Estas decisiones no deberían poner en peligro la estabilidad de familias estadounidenses”, escribieron.

Por su parte, ICE ha dicho que, aunque recibirá los casos referidos por USCIS, la agencia evaluará cada situación antes de proceder con la remoción. No obstante, el historial reciente muestra que ICE ha intensificado sus operativos en años recientes.

La recomendación general de expertos es que cualquier persona que tenga una solicitud pendiente o piense iniciar el trámite para la Green Card por vía familiar consulte con un abogado de inmigración lo antes posible. Prepararse adecuadamente podría ser la única manera de evitar consecuencias graves.

Esta política se suma a una serie de medidas que han complicado el camino hacia la residencia legal para millones de inmigrantes en Estados Unidos. Aunque muchos aún confían en las vías familiares como una opción viable, la incertidumbre crece día a día.

A medida que se conozcan más detalles sobre cómo se implementará esta política en la práctica, organizaciones y defensores seguirán atentos para responder a lo que consideran un retroceso en el trato justo a los inmigrantes que buscan establecerse legalmente en el país.