HARTFORD.- La Secretaria de Estado, Denise Merrill, informó que renunciará esta semana, seis meses antes del final de su tercer mandato y en un momento crítico para los funcionarios electorales, para pasar más tiempo con su esposo enfermo.

“No voy a poder hacer muchas cosas, no podré dirigir una agencia ni organizar las elecciones de este año, mi mente está en mi familia”, expresó Merrill.

El gobernador Ned Lamont nombrará a un sucesor para terminar su mandato y supervisar las próximas elecciones para el Senado de los Estados Unidos, los cargos constitucionales estatales y la Asamblea General, así como las primarias estatales en agosto.

Merrill, de 73 años, anunció en junio pasado que tenía la intención de dejar el cargo público cuando expirara su mandato en enero de 2023 después de tres décadas en Hartford, primero como legisladora estatal que ascendió a líder de la mayoría de la Cámara, luego como secretaria de Estado.

En noviembre pasado, vendió su casa en el West End de Hartford para regresar a Mansfield, la ciudad universitaria a la que representaba en la Cámara. Es cercana a los médicos y al círculo social de su marido, Stephen Leach, médico jubilado.

Leach, de 78 años, tiene la enfermedad de Parkinson y se enfermó gravemente el otoño pasado con sepsis, alcanzando una fiebre de 105 grados Fahrenheit. Contrajo COVID-19 durante lo que se convirtió en una estadía de rehabilitación prolongada en un hogar de ancianos.

“Se ha vuelto más fuerte, pero todavía tiene infecciones periódicas y tiene que ir al hospital. Tengo algunas personas que vienen y me ayudan, pero básicamente, tengo que estar en casa con él”, precisó Merrill.

La funcionaria fue objeto de importantes críticas en el ciclo electoral de 2020 por presionar al Gobernador para que retrasara una primaria presidencial en las primeras semanas de COVID-19 y luego enviar por correo las solicitudes de boletas en ausencia a todos los votantes.

Pero su salida anticipada, incluso dadas las circunstancias, la hizo detenerse.

“Honestamente, fue una decisión más difícil de lo que pensé que sería. He estado pensando en eso durante meses”, aseguró Merrill.

Dijo que lamentaba dejarle al gobernador Lamont la carga de ocupar su puesto en un momento crítico, pero Lamont solo ofreció elogios.

“Denise Merrill es una querida amiga para mí, y su salida del servicio público es una tremenda pérdida para la gente de Connecticut. Denise ha tenido una larga historia de servicio al bien público en Connecticut y se ha convertido en una de las secretarias de Estado más respetadas del país”, comentó Lamont.

Merrill es la segunda funcionaria constitucional estatal en renunciar en seis meses. Kevin Lembo renunció como contralor estatal el 31 de diciembre pasado debido a una grave afección cardíaca.

Lamont eligió a una sucesora, Natalie Braswell, quien asumió el cargo con la promesa de no postularse para el cargo, dejando abierta la competencia por la nominación demócrata, que ganó el representante Sean Scanlon, demócrata por Guilford.

En las primarias de agosto están en juego las nominaciones demócratas y republicanas para el cargo que dejará vacante Merrill.

La representante Stephanie Thomas, demócrata de Norwalk, obtuvo el respaldo demócrata para Secretaria de Estado y cuenta con el respaldo de Merrill.

Thomas enfrenta una primaria en agosto con Maritza Bond de New Haven, quien recientemente obtuvo el respaldo de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriale (AFL-CIO).

Dominic Rapini de Branford, el republicano respaldado por la convención, enfrenta una primaria con Brock Weber de New Britain y la representante Terrie Wood de Darien.

Por ley, la vacante es de Lamont para llenar cuando la Asamblea General está fuera de sesión, como es el caso ahora. No puede nombrar a un miembro en ejercicio de la legislatura para completar su mandato.

La vicegobernadora Susan Bysiewicz fue la predecesora de Merrill como secretaria de Estado y sirvió con ella en la Cámara.

Bysiewicz y Merrill eran presidente y vicepresidente del comité legislativo que supervisaba la ley electoral cuando el Estado redujo el umbral para calificar para una primaria del 20% al 15% de los votos de la convención