NORWALK.- Después de que un accidente automovilístico, ocurrido en febrero pasado, dejó a su padre boca abajo en la nieve con un paquete de seis cervezas en su auto, una mujer de New Haven llamó a la policía preocupada porque su padre estaba repitiendo el tipo de amenazas suicidas que había hecho en el pasado mientras trataba con el alcoholismo

Cuando los oficiales llegaron a su casa, la mujer les mostró los mensajes de texto que su padre le había enviado a su hermano discutiendo cómo dispararse en la cabeza. También arremetió contra su hija y su madre, culpándolas por su hospitalización después del accidente, indicó la policía.

“Prefiero estar muerto que estar en el hospital”, le dijo el hombre a su hija, según una orden judicial.

Con base en las preocupaciones planteadas por la hija y por un psiquiatra del hospital que dijo que no se debería permitir que el padre poseyera armas de fuego, los oficiales solicitaron una orden para confiscar las armas del hombre de la casa que compartía con su familia.

Después de que la hija los ayudó a abrir la caja fuerte del arma de su padre, los oficiales encontraron una escopeta, una pistola Glock y una Desert Eagle Magnum, todas registradas a nombre del padre, junto con varias revistas y cajas de municiones que la policía detuvo.

La incautación fue emblemática del tipo de casos en los que la policía de Connecticut ha buscado cada vez más órdenes judiciales para confiscar temporalmente las armas de fuego de las personas, bajo la ley estatal de “La Bandera Roja” de varias décadas de antigüedad, casos que comúnmente se desencadenan cuando un comentario o amenaza de una persona que muestra los signos de angustia mental despiertan la alarma de un familiar cercano, amigo o pareja romántica.

Desde que los legisladores de Connecticut promulgaron la primera “Ley de Bandera Roja” del país en 1999, después de que un empleado de lotería matara a cinco compañeros de trabajo en Newington, los expertos dicen que la ley se ha utilizado con mayor frecuencia para abordar otras formas más comunes de violencia armada, como el suicidio o el abuso doméstico.

La policía de Connecticut está en camino de presentar aproximadamente 230 órdenes de arresto por riesgo para fin de año, lo que haría de 2022 uno de los años más activos registrados para la ley de “La Bandera Roja” del Estado.

Es un fuerte aumento desde la primera década después de la implementación de la ley en la que no se presentaron más de 50 órdenes de arresto por riesgo en un año determinado.

Al mismo tiempo, el enfoque en “las banderas rojas” como una herramienta potencial para detener los tiroteos masivos ha resurgido en el Congreso y las legislaturas estatales, luego de una sucesión de masacres mortales durante el último mes en Texas, Nueva York y Oklahoma.

Un grupo bipartidista de senadores, incluidos los senadores demócratas de Connecticut, Richard Blumenthal y Chris Murphy, negociaron un acuerdo en el que una versión nacional de la “Ley de Bandera Roja” es una pieza central.

Si se aprueba, incentivaría a los estados más allá de los 20 estados que actualmente tienen leyes similares a redactar una legislación similar. El acuerdo también incluye varias otras reformas de control de armas y salud alimentaria.

“Originalmente, fue diseñado para detener los tiroteos masivos. Se creó porque alguien con un problema de salud mental tenía armas y tenía un historial de problemas y la policía sintió que no podía hacer nada para sacar las armas de la situación”, comentó Jeremy Stein, director ejecutivo del grupo de defensa Connecticut Against Gun Violence, sobre la “Ley de Bandera Roja” de Connecticut.

“Con el tiempo, también se utilizó para prevenir daños a uno mismo”, precisó Stein.

Una revisión realizada por Hearst Connecticut Media Group de más de 50 órdenes de arresto por riesgo de seguridad de armas de fuego, presentadas por la policía de Connecticut este año, encontró que la gran mayoría de los casos involucraban a hombres, muchos de los cuales habían expresado pensamientos suicidas o tenían antecedentes de tratamiento por problemas de salud mental.

La fuente más frecuente de la denuncia inicial a la policía fue un familiar inmediato, seguido de una novia o un novio.

Ninguno de los casos revisados ​​por Hearst involucró denuncias de una persona que hiciera amenazas específicas de dispararle a extraños en una escuela, hospital, lugar de culto u otro lugar público.

En casi todos los casos revisados ​​por Hearst, la policía informó haber incautado armas mientras esperaba el permiso de un juez para mantener las armas bajo custodia policial o transferirlas a otra persona hasta por un año.

La mayoría de esas solicitudes se aprueban o dan como resultado algún otro resultado que no sea la devolución de las armas al propietario.

En los últimos cinco años, los jueces ordenaron que las armas de fuego incautadas se devolvieran a sus dueños en aproximadamente entre el 6 y el 12 por ciento de los casos, según el año.