Cuando el presidente Donald Trump firmó una ley que agrega requisitos laborales para algunos beneficiarios de Medicaid, es posible que haya perjudicado a legisladores de al menos 14 estados que estaban diseñando sus propios planes, según observadores del sector de salud.
Georgia es el único estado con un requisito laboral para Medicaid, pero varios estados llevan años intentando implementarlo, solo para ser bloqueados por los tribunales o, más recientemente, por la administración Biden.
Algunos buscan modificaciones específicas a las nuevas normas para cada estado. Otros pretenden implementar los requisitos laborales antes de que la ley federal entre en vigencia a finales de 2026.
Las acciones de estos estados y la enorme ley de impuestos y gastos de Trump comparten una exigencia: para mantener la cobertura de Medicaid, los adultos que puedan trabajar deben demostrar que lo están haciendo por un mínimo de horas en un trabajo o estudiando, o bien calificar para una de las pocas exenciones.
Pero ahora, los estados que se adelantaron deben asegurarse de que sus propuestas, que requieren aprobación federal, no se alejen demasiado de la ley de Trump.
“El estatuto establece el mínimo y el máximo” para los requisitos laborales, afirmó Sara Rosenbaum, profesora de derecho y políticas sanitarias de la Universidad George Washington.
Por ejemplo, Dakota del Sur anunció en julio que no presentaría una solicitud para los requisitos laborales como se había planeado previamente, ante la preocupación de que las normas estatales, menos estrictas, no se permitieran bajo la nueva ley federal. El secretario del Departamento de Servicios Sociales del estado advirtió que trabajar en una propuesta estatal mientras se debatían las normas federales podría ser “un ejercicio inútil”.
El plan de Arkansas, por otro lado, es más estricto que la ley federal. No hay exenciones a sus requisitos laborales en la solicitud, que está pendiente en los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).
La propuesta de Arizona también incluye algo que no está en la ley federal: la prohibición de que los “adultos sin discapacidad” reciban beneficios de Medicaid por más de cinco años en total a lo largo de su vida.
Funcionarios gubernamentales de Arkansas y Arizona afirmaron estar trabajando con funcionarios federales para adecuar sus planes a las nuevas normas.
Andrew Nixon, vocero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), afirmó que el departamento está analizando cómo interactúan las nuevas normas federales con las exenciones estatales.
El HHS debe publicar, antes de junio del próximo año, las normas que describan cómo los estados implementarán los requisitos laborales, según Elizabeth Hinton, quien ha monitoreando estas exenciones como parte del Programa de Medicaid y Personas sin Seguro de KFF, una organización sin fines de lucro dedicada a la información de salud que incluye a KFF Health News.
“No sabemos exactamente qué cubrirá”, declaró Hinton.
Hinton agregó que no está claro cómo responderán los funcionarios federales a las solicitudes de los estados, pero dijo que “somos conscientes de que algunos piensan que no hay margen de maniobra”.
Los estados pueden ajustar sus programas de Medicaid mediante las llamadas “exenciones de demostración”, sujetas a la aprobación federal. Estas exenciones están diseñadas para probar nuevas ideas en áreas política “grises”.
Los estados que han presentado o planean presentar solicitudes con requisitos laborales incluyen: Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Montana, New Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Utah.
Los republicanos del Congreso que aprobaron el proyecto de ley de reconciliación presupuestaria permitieron a los estados utilizar exenciones para acelerar la aplicación de las normas nacionales. Tara Sklar, profesora a cargo del Programa de Derecho y Políticas de Salud de la Universidad de Arizona, afirmó que espera que los estados que soliciten requisitos más estrictos tengan posibilidades de ser aprobados, mientras que los más flexibles podrían ser rechazados.
Sklar dijo que oficiales federales podrían ver con buenos ojos el plan de Arizona, ya que un límite vitalicio de cinco años para Medicaid es diferente a los requisitos laborales. Incluso si el gobierno federal aprueba estos requisitos más estrictos que los que exige la ley federal, es probable que esos programas enfrenten impugnaciones legales, afirmó.
La ley federal incluye un mínimo de 80 horas mensuales para trabajar o estudiar, con exenciones para ciertos adultos, como personas con problemas médicos delicados y padres con hijos pequeños dependientes.
Montana es el primer estado en redactar una solicitud de exención desde que el Congreso finalizó los requisitos laborales nacionales. Legisladores estatales aprobaron inicialmente los requisitos laborales —denominados estándares de “participación comunitaria” según el plan estatal— en 2019, pero la solicitud del estado se estancó hasta el final del primer mandato de Trump y durante la administración Biden.
Luego de la reelección de Trump, los legisladores de Montana levantaron la fecha de vencimiento de 2025 de su programa de expansión de Medicaid, declarando permanente el programa que cubría a más de 76.000 adultos en abril, con la expectativa de que la administración Trump aprobara los requisitos laborales.
A mediados de julio, las autoridades estatales publicaron su plan preliminar para hacerlo realidad “tan pronto como sea posible”.
El plan de Montana se alinea en gran medida con la ley federal, pero crearía exenciones adicionales, incluso para personas sin hogar o que huyen de la violencia doméstica.
La senadora estatal republicana Gayle Lammers afirmó que los requisitos laborales que también protegen a las personas que necesitan Medicaid fueron un factor clave para persuadir a los legisladores a mantener el programa de expansión. En ese momento, las autoridades desconocían la postura del gobierno federal sobre los requisitos laborales. Y ahora, según Lammers, tiene sentido que Montana se apegue a su plan.
“El estado debería tener voz y voto”, afirmó Lammers. “Somos muy independientes y cada persona es diferente”.
En Carolina del Sur, las autoridades estatales buscan implementar requisitos laborales para un número limitado de nuevos beneficiarios de Medicaid elegibles. Carolina del Sur es uno de los 10 estados que no ha ampliado la elegibilidad para Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Sin embargo, en junio presentó una solicitud al gobierno federal para una expansión parcial de Medicaid que incluye un componente de requisito de trabajo que refleja en gran medida las nuevas normas federales.
En una carta al Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., el gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, calificó la propuesta estatal como “una solución específica para el estado”.
El único estado con un programa de requisito de trabajo activo ahora quiere reducirlo y espera la aprobación federal para hacerlo. “Georgia Pathways to Coverage” vence a finales de septiembre a menos que los CMS autoricen una extensión del programa con un cambio clave: exigir a los afiliados que documenten su trabajo una vez al año, no mensualmente. Esto representa un cambio con respecto al diseño inicial del programa, pero también difiere de las nuevas normas federales, que exigen verificaciones cada seis meses.
Fiona Roberts, vocera de la agencia de Medicaid de Georgia, afirmó que el estado aún espera saber si necesita modificar su plan.
Por lo tanto, Georgia se encuentra entre los estados en estado de incertidumbre, a la espera de la orientación del gobierno federal.
