NEW HAVEN.- Los reguladores del estado de Connecticut han estado trabajando para ayudar a los residentes, desproporcionadamente afectados por la guerra contra las drogas, a hacerse un hueco en la industria del cannabis para uso de adultos en Connecticut.
El Departamento de Protección al Consumidor del Estado anunció esta semana que adelantó 16 de 41 solicitudes de equidad social para licencias de cultivador, cuyos criterios de elegibilidad fueron revisadas por un tercero contratado por el Social Equity Council del Estado.
Andrea Comer es la presidenta del Consejo, que se creó en virtud de una ley estatal para garantizar que los locales de comunidades subrepresentadas tuvieran acceso equitativo al mercado de cannabis para adultos de Connecticut.
Explicó que ahora el Departamento de Protección al Consumidor revisará las verificaciones de antecedentes de esos 16 solicitantes aprobados.
“Una vez que estén completos y se pague su tarifa de 3 millones de dólares, recibirán su licencia provisional”, expresó Comer, quien también es comisionada adjunto del DCP.
Comer dijo que para los 25 solicitantes que no pasaron a la siguiente ronda del proceso, había dudas sobre si el solicitante de equidad social tenía la verdadera propiedad mayoritaria de su negocio de cannabis propuesto.
Los locales pueden tener patrocinadores, siempre que tengan el control mayoritario del negocio.
“Entonces, por ejemplo, alguien puede, en papel, ser propietario del 65% del negocio, pero si su junta está compuesta por cuatro personas, y el solicitante de equidad social solo tiene un voto, eso es 25%”, agregó.
La ley estatal fue diseñada para garantizar que los grupos subrepresentados tuvieran la oportunidad de obtener una licencia de cultivador, y no solo las grandes corporaciones de cannabis.
Una vez que se otorguen las licencias provisionales, los solicitantes finales tendrán la oportunidad de prepararse para obtener una licencia completa para cultivar y propagar el cannabis para adultos.
En un comunicado, el DCP dijo que los ingresos de las tarifas de licencia se destinarían a inversiones en comunidades ubicadas en un Disproportionately Impacted Area (DIA), según lo determine el Estado.
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