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Corte Suprema de EEUU confirma acceso a píldora abortiva mifepristona

HARTFORD.- La Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido bloquear las decisiones de los tribunales inferiores que habrían impuesto restricciones a la mifepristona, una de las píldoras utilizadas en la mitad de los abortos en el país, mientras continúa el litigio.

La breve orden de un párrafo de largo otorga una suspensión de cualquier restricción, otorgando una victoria a la administración del presidente Joe Biden y al fabricante de la mifepristona, Danco Laboratories, que había apelado los fallos de los tribunales inferiores.

El gobernador Ned Lamont expresó que “las decisiones sobre la salud reproductiva solo deben tomarse entre un paciente y su médico sin la interferencia de políticos o jueces con motivaciones políticas. La decisión de la Corte Suprema de de preservar el acceso a la mifepristona es el camino correcto que debe tomar la Corte antes de tomar una decisión monumental sobre el acceso de los estadounidenses a la atención médica, particularmente cuando los estadounidenses han estado usando este medicamento de manera segura durante décadas con el apoyo de sus médicos”.

Lamont agregó que “esta suspensión brindará al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a los expertos médicos más tiempo para demostrar que este medicamento es seguro y solo se cuestiona por razones políticas. Si bien esta suspensión fue la acción correcta a tomar esta semana, sigo decepcionado y molesto porque incluso estamos teniendo esta conversación décadas después de que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) determinara que la mifepristona es segura y efectiva. Continuaremos haciendo todo lo que podamos en Connecticut para garantizar que los pacientes y los proveedores tengan la capacidad de buscar y ofrecer esta atención”.

Por su parte, la vicegobernadora Susan Bysiewicz expresó que “hoy es una victoria para aquellos que han visto cómo los tribunales y las legislaturas de todo el país socavan sus derechos y libertades. Queremos ser muy claros en un momento en que puede haber confusión: la mifepristona, un fármaco seguro y eficaz que han utilizado más de cinco millones de pacientes en los últimos 20 años, seguirá estando disponible indefinidamente mientras continúa el proceso de apelación”. Bysiewicz añadió que “esta decisión garantiza que continúe el acceso a abortos seguros, especialmente para aquellas en nuestras poblaciones más vulnerables, en comunidades de color, comunidades indígenas y en áreas rurales. Sabíamos que anular Roe v. Wade era solo el comienzo, pero ahora está claro que estos ataques peligrosos y totales contra el derecho a acceder a la atención médica esencial en nuestros tribunales y legislaturas no se detendrán ante nada, pero Connecticut no dejará de luchar”.

 

 

Tras derrota de proyecto de ley sobre pruebas médicas de cáncer, legisladores realizan foro

HARTFORD.- Dos senadores estatales hablaron sobre la importancia de las pruebas de biomarcadores para pacientes con cáncer y el importante papel que desempeñan en el diagnóstico y tratamiento, al celebrar una reunión informativa para el público, el martes pasado, en el edificio de la Oficina Legislativa.

Los senadores estatales Saud Anwar (D-South Windsor) y Jeffrey Gordon (R-Woodstock), se unieron a la American Cancer Society Cancer Action Network y CBIA Bioscience Council para la sesión.

Anwar, un médico, dijo que ha habido preocupaciones, principalmente en torno al costo, sobre la legislación propuesta que busca brindar cobertura de Medicaid para pruebas de biomarcadores para pacientes.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, la prueba de biomarcadores es el método de tomar una muestra de sangre, tejido u otros fluidos para verificar la presencia de genes, proteínas u otras moléculas que pueden ser un signo de una enfermedad como el cáncer.

Anwar dijo que la tecnología asociada con las pruebas de biomarcadores está evolucionando tan rápidamente que está haciendo posible encontrar la presencia de la enfermedad antes, lo que puede conducir a mejores resultados, en la forma de planes de tratamiento personalizados, para los pacientes.

Anwar agregó que las familias de jóvenes afectados por enfermedades raras pasarían mucho tiempo sin saber a qué enfermedad se enfrentaban.

“Esperaron 10, 15 o 20 años antes de poder descubrir qué les pasaba a sus seres queridos”, indicó.

Sin embargo, un proyecto de ley que lo habría hecho obligatorio para aquellos con Medicaid nunca salió del comité.

Muchos de los que testificaron en una audiencia pública en febrero pasado sobre el asunto apoyaron el proyecto de ley.

Linda Alderman, sobreviviente de cáncer de mama y voluntaria principal del estado de Connecticut para la American Cancer Society Cancer Action Network, testificó que el proyecto de ley habría ahorrado dinero a las aseguradoras de salud.

“Me parece contrario a la intuición que Medicaid no cubra las pruebas de biomarcadores porque podría generar un ahorro significativo en los costos”, según el testimonio de Alderman.

“Por ejemplo, en mi caso, la prueba de biomarcadores no solo salvó a mi aseguradora del costo significativo de la quimioterapia, sino también de toda la atención médica futura que probablemente habría necesitado no solo para tratar los efectos secundarios típicos de la quimioterapia, sino también para la atención médica y conductual, así como la terapia ocupacional y la atención de por vida que habría requerido si mi función cognitiva se hubiera deteriorado permanentemente o más”, agregó Aldeman.

Otro proyecto de ley que requiere la cobertura de ciertas condiciones de salud tampoco pasó nunca por el comité.

Una vez más, mientras que muchos de los que apoyaron el proyecto de ley mencionaron la importancia de las pruebas de biomarcadores para abordar con éxito y de manera específica una determinada enfermedad en un paciente determinado, otros mencionaron la carga de los costos.

Connecticut Business and Industry presentó testimonio en contra de este proyecto de ley en particular, y agregó que sería necesario un análisis completo de costo-beneficio antes de convertirse en un mandato.

“Los empleadores de Connecticut enumeran los costos de atención médica como una de sus principales preocupaciones. A través de los costos compartidos, los dueños de negocios cubren un promedio del 76% de las primas en nombre de sus empleados. Connecticut tiene el sexto gasto de atención médica más alto por afiliado en el país. Esa cifra se correlaciona directamente con la cantidad de mandatos de beneficios de salud estatales”, según el testimonio presentado por Wyatt Bosworth, abogado asistente de la CBIA.

Anwar dijo que está de acuerdo en que se debe hacer un análisis de costos para que todas las partes puedan llegar a un consenso en el futuro.

“Necesitamos tener estas conversaciones”, apuntó Anwar.

 

 

Proyecto de presupuesto de CT prevé inversiones en vivienda este año

HARTFORD.- El último proyecto de presupuesto del Estado para los próximos dos años muestra el aumento de las inversiones en vivienda, una señal temprana de que los funcionarios pueden seguir a través de las promesas de tomar medidas sobre la crisis de la vivienda de Connecticut, en este período de sesiones.

Los documentos también muestran un acuerdo entre el gobernador Ned Lamont y la legislatura en el gasto de 600 millones de dólares en bonos para programas de vivienda.

Millones de bonos también están destinados a un programa de propiedad de la vivienda, la construcción de nuevas viviendas y para la modernización de apartamentos en las comunidades de justicia ambiental, beneficiando a ciertas comunidades de color que han sido desproporcionadamente afectadas por el cambio climático.

El presupuesto aprobado por el Comité de Asignaciones la semana pasada, que evolucionará a medida que avancen las conversaciones presupuestarias, también incluye más dinero para el sistema 211, vales de vivienda y servicios para personas sin hogar.

“La gente se merece un techo. Ese es el objetivo número uno en términos de recuperar su vida, y por tal razón presentamos este presupuesto”, manifestó Lamont en febrero pasado, cuando anunció sus propuestas en materia de vivienda.

No se cumplirán todas las medidas que los proveedores de servicios y los defensores pidieron durante el proceso del comité, y los defensores han dicho que, aunque las inversiones son un comienzo, el problema de la vivienda no se resolverá en el transcurso de una sesión.

Al pasar a la siguiente fase de las negociaciones sobre el proyecto de presupuesto, los responsables de los comités de Vivienda y Planificación y Desarrollo tienen previsto seguir presionando para conseguir financiación, en particular para los servicios destinados a las personas sin techo y la reforma de la zonificación.

La vivienda ha sido una de las señas de identidad de esta sesión legislativa, en la que los legisladores se debaten sobre cómo mejorar la asequibilidad de la vivienda para aliviar la carga que supone para miles de residentes y atraer a nuevos trabajadores y empresas al Estado.

“Creo que hay un sentido de urgencia en la legislatura para hacer inversiones transformadoras en vivienda asequible y hacerlo ahora en este presupuesto es una prueba de ello”, comentó el representante Geoff Luxenberg, copresidente del Comité de Vivienda y demócrata de Manchester.

El Estado carece de alrededor de 89 mil unidades de vivienda que son asequibles y disponibles para sus inquilinos de ingresos más bajos.

Miles de inquilinos de Connecticut están gastando más de un tercio de sus ingresos en vivienda, y la falta de vivienda ha comenzado a aumentar.

Los demócratas propusieron dos proyectos de ley de vivienda a principios de la sesión que cubrían una variedad de temas, incluyendo los derechos de los inquilinos, la vivienda justa, la justicia ambiental y la prohibición de los desalojos en invierno.

La reforma de la zonificación también ha sido un tema candente en esta sesión legislativa.

Hay dos propuestas en juego: una que obligaría a las ciudades a aumentar la densidad residencial cerca de las estaciones de transporte público y otra que obligaría al Estado a evaluar las necesidades regionales de vivienda y a las ciudades a planificar y zonificar para satisfacerlas.

A principios de la sesión, Lamont anunció su plan para gastar $ 600 millones en dos años para construir un estimado de 6.400 nuevas unidades de vivienda en Connecticut. El plan incluye la financiación de un programa de propiedad de la vivienda, la vivienda de desarrollo de mano de obra, el Fondo Fiduciario de Vivienda y las necesidades de vivienda flexible.

El Housing Trust Fund es un fondo estatal creado en 2005 que concede subvenciones a los promotores que quieren construir viviendas de renta baja a moderada. Lamont ha impulsado la vivienda de mano de obra con la esperanza de alentar a las empresas a venir a Connecticut.

El programa Connecticut’s Time to Own ofrecería perdonar la ayuda de pago inicial para los propietarios de viviendas.

“Seguimos revisando ambas propuestas y esperamos un proceso de negociación robusta con la legislatura para aprobar un presupuesto estatal que es equilibrado y honra a nuestros guardarraíles (barreras) fiscales al tiempo que proporciona una reducción significativa de impuestos y las inversiones para hacer crecer la economía”, precisó Julia Bergman, portavoz del gobernador, en una declaración escrita.

La propuesta de bonos del comité incluye el dinero para el fondo fiduciario de vivienda, fondo de vivienda flexible, y el programa Time To Own. También añadiría 50 millones de dólares en dos años a la Connecticut’s Housing Receivership Revolving Fund.

 

 

Buscan prohibir pactos de no competencia para muchos trabajadores de CT

DANBURY.- Un estudio de 2019 del Economic Policy Institute descubrió que aproximadamente la mitad de las empresas del sector privado hacen que los trabajadores firmen acuerdos de no competencia.

Eso se traduce en decenas de millones de trabajadores que tienen prohibido por contrato ir a trabajar a una empresa rival una vez que dejan su empresa actual.

Los críticos afirman que estos acuerdos se han utilizado en exceso, impidiendo que los trabajadores con salarios más bajos de sectores como la comida rápida, la peluquería y la limpieza doméstica se ganen la vida.

Los críticos sostienen además que los acuerdos de no competencia mantienen bajos todos los salarios.

La senadora estatal Julie Kushner (D-Danbury) patrocina un proyecto de ley (SB 906) para prohibir los pactos de no competencia a muchos trabajadores de Connecticut.

Kushner se unió a All Things Considered para hablar de por qué cree que los acuerdos de no competencia son perjudiciales

“Hemos oído historias de horror en las que los trabajadores ya estaban en el trabajo, y se les dijo que si no firman un contrato de no competencia perderán su trabajo. Por tanto, no se trata sólo de que lleguen nuevos trabajadores, firmen un montón de papeles y no sepan realmente todo su contenido. También se trata de los trabajadores que ya están en el puesto”, señaló la Senadora.

Kushner dijo que su proyecto de ley contra la no competencia no cubre a los trabajadores exentos en el extremo superior de la escala de ingresos.

En cambio, señaló el ejemplo de un hombre con el que habló al que se le pidió que firmara una prohibición de no competencia que le impedía hacer trabajos de contratación en el condado de Fairfield durante varios años.

Dijo que ganaba unos 38 mil dólares en salarios con ese empleador, y que le habría costado casi esa cantidad luchar contra la validez de la no competencia en los tribunales para ser libre de dirigir su propio negocio de contratación individual años más tarde.

“Fue como el salario de un año intentando luchar contra esa cláusula de no competencia. Así que creo que ha habido un tremendo abuso de esto”, indicó Kushner.

La legisladora precisó que el proyecto de ley está dirigido a los empleados que son empleados no exentos, personas que ganan un salario semanal por hora

Comentó que el proyecto de ley está dirigido a los empleados que son empleados no exentos, es decir, las personas que están ganando un salario semanal por hora, como el contratista.

“También está dirigido a aquellos que ganan menos de tres veces el salario mínimo. Entonces, hay algunos parámetros que ponemos en este proyecto de ley para asegurarnos de que estamos buscando profesiones en las que no se pueda afirmar que están en posesión de secretos de propiedad”, añadió.

Kushner manifestó que, en su mayoría, no cree en las preocupaciones expresadas por los partidarios de la no competencia, que afirman que las empresas deberían estar protegidas contra los empleados que abandonan la empresa y se llevan secretos de propiedad a un competidor.

“Si hablamos de estar en posesión de lo que uno consideraría propiedad intelectual de una empresa, la situación es muy distinta, y es muy improbable que un trabajador que gana tres veces el salario mínimo tenga acceso a ese tipo de información”, explicó.

En el ámbito federal también hay iniciativas para limitar los acuerdos de no competencia.  Se trata de una medida patrocinada por el senador federal de Connecticut Chris Murphy.

La senadora Kushner explicó por qué es necesario actuar a nivel estatal, dada esta acción a nivel federal.

“Me alegró mucho ver que el senador Murphy plantea esta cuestión y presentó un proyecto de ley sobre este tema.  Pero creo que todos sabemos que el gobierno federal tarda mucho más en hacer las cosas, sobre todo en el clima actual”, apuntó la legisladora.

 

 

Avanza demanda contra ley que impugna tarifas de encarcelamiento

STAMFORD.- Una demanda que impugna una ley de Connecticut que permite al estado recuperar los costos de encarcelamiento de personas anteriormente encarceladas avanzará esta semana con un conjunto de nuevos demandantes, después de que un juez desestimó elementos de la misma el mes pasado.

Connecticut ha cobrado durante mucho tiempo las llamadas tarifas de pago por estadía de los ex reclusos después de que finaliza su período de encarcelamiento. Las tarifas ascienden a cientos por día, que el Estado puede reclamar contra la propiedad de alguien que estuvo encarcelado.

En 2021, el Estado evaluó más de 5.7 millones de dólares en costos penitenciarios, según la Oficina de Análisis Fiscal.

El año pasado, Teresa Beatty, residente de Stamford, demandó al Estado como demandante principal en una demanda colectiva respaldada por la American Civil Liberties Union (ACLU) que impugnaba la ley.

Beatty, que cumplió una condena de dos años y medio de prisión por cargos de drogas hace unos 20 años, heredó la casa de su madre en 2020, tras lo cual el Estado reclamó más de 83 mil 700 dólares en concepto de gastos de prisión de años anteriores.

Sin embargo, la legislatura estatal restringió la ley de pago por estadía durante la sesión del año pasado. Según los cambios, el Estado exime hasta 50 mil dólares de bienes, excepto para las personas condenadas por delitos graves como asesinato y agresión sexual.

Según la Oficina de Investigación Legislativa, la ley aún permite que el Estado reclame un derecho de retención de hasta el 50% del costo de encarcelamiento contra herencias.

Eso significa que Beatty tendría que pagar la casa que recibió tras la muerte de su madre.

El mes pasado, un juez de un tribunal federal otorgó una orden de sobreseimiento del caso, aunque dejó la puerta abierta para que continuara.

El juez Jeffrey Meyer concluyó que, si bien otros demandantes no pudieron demostrar una acción estatal en su contra, el reclamo de Beatty fracasó porque estaba dirigido indebidamente al Fiscal General del Estado cuando el Departamento de Servicios Administrativos presentó el reclamo en su contra.

“Si un demandante tiene una queja sobre la recaudación de impuestos del Departamento de Impuestos del Estado, no puede demandar, por ejemplo, al comisionado de parques estatales que carece de autoridad oficial para otorgar la desgravación fiscal solicitada”, escribió el juez.

Mientras tanto, Meyer dijo que los cambios recientes a la ley aparentemente resolvieron los reclamos hechos por otros demandantes, Michael Llorens y Karl Weissinger.

Una nueva denuncia, presentada el viernes pasado, elimina las referencias al fiscal general y, en cambio, está dirigida a la comisionada del Connecticut Department of Administrative Services (DAS), Michelle Gilman, y al comisionado de Corrección, Ángel Quirós.

También suma dos nuevos demandantes. Incluyen a Natasha Tosado, una técnica de farmacia de Hamden, que estuvo encarcelada entre 2016 y 2018. Tosado recibió una parte de un acuerdo con la ciudad de Bridgeport después de que un oficial de policía disparó y mató a su hijo, Jayson.

Otro nuevo demandante, Doug Johnson, un albañil de Branford, estuvo encerrado durante dos años entre 2002 y 2004. Johnson recibió herencias tras la muerte de su madre y su padre.

Según la demanda, el Estado busca más de 74 mil 600 dólares de Johnson y 83 mil 700 de Tosado. La demanda pide al tribunal que declare nulas esas deudas penitenciarias y miles de otras, así como que declare la inconstitucionalidad de la ley.

“Pagué muy caro el precio de mis acciones cuando perdí mi libertad, y pensé que mi deuda estaba pagada. Nadie me dijo que dentro de 20 años, el Estado nos pediría a mí y a mi familia que paguemos el precio nuevamente”, declaró Johnson en un comunicado de la ACLU de Connecticut.

 

 

Presupuesto estatal propuesto podría causar importantes recortes en colegios y universidades

BRIDGEPORT.- Se podrían realizar importantes recortes en los colegios y universidades estatales de Connecticut si se aprueba el presupuesto de asignaciones.

El presupuesto propuesto pide más de 335 millones de dólares en recortes en un lapso de dos años.

Los líderes universitarios y de colegios comunitarios individuales, así como los estudiantes, están suplicando a los legisladores estatales por menos recortes.

En este momento, se enorgullecen de ser asequibles para las personas de todo el Estado, independientemente de su nivel de ingresos. Un total de 72 centavos de cada dólar provienen de fondos estatales y 28 centavos provienen de matrículas y cuotas.

Si se aprueba el presupuesto propuesto, el presidente de los Connecticut State Colleges and Universities (CSCU) dijo que provocaría el despido de 650 empleados de tiempo completo, la eliminación de 3 mil puestos de medio tiempo y menos servicios como asesoramiento de salud mental y asesoramiento académico.

También se verían obligados a aumentar la matrícula. Sería un aumento de matrícula del 5 por ciento por año en el colegio comunitario durante los próximos dos años y un aumento del cinco por ciento en las universidades para el año escolar 2024-2025.

“Cerrar los programas de alto costo será inevitable, pero esos programas de alto costo en manufactura y atención médica son los que producen los talentos críticos que Connecticut necesita”, expresó Terrence Cheng, presidente del CSCU.

También mencionaron que no todos los campus soportarían estos recortes y que algunos podrían tener que cerrar, lo que tendría un impacto negativo en las ciudades o pueblos en los que se encuentran.

La Oficina de Política y Gestión emitió un comunicado el lunes diciendo en parte que:

“El gobernador Ned Lamont ha demostrado un compromiso muy claro de financiar adecuadamente nuestros colegios y universidades estatales para garantizar que nuestras empresas tengan la fuerza laboral que necesitan para generar crecimiento y oportunidades. Su propuesta para el próximo bienio representa un aumento del 27 por ciento en las asignaciones de referencia y un 55 por ciento aumento porcentual en el financiamiento estatal total, con un valor de 334 millones de dólares, con respecto a cuando asumió el cargo. Ese apoyo significativamente mayor combinado con la disminución sustancial de la inscripción del sistema significa que el financiamiento estatal por estudiante, suponiendo que la inscripción se mantenga nivelada en lugar de disminuir aún más, casi se duplicará de 7 mil 418 dólares en 2018 y 2019 a 14 mil 290 en 2024 y 2025”.

El secretario de la Oficina de Políticas y Gestión, Jeffrey Beckham, dijo que la propuesta del CSCU para 2030 es “poco realista, insostenible y carece de un plan estratégico cohesivo que guíe las operaciones y las inversiones que conduzcan a la sostenibilidad financiera”.

Agregó que debe haber una evaluación de las necesidades reales del sistema para responder al mercado donde opera.

“El presupuesto del Gobernador propone 250 mil dólares para una evaluación que ayude al CSCU a desarrollar recomendaciones realistas sobre cómo se pueden aprovechar mejor los activos del CSCU para realizar la inversión correcta en los lugares correctos”, finalizó Beckham.

 

 

Población infantil de CT continúa disminuyendo

NORWALK.- Un informe reciente encontró que la población infantil de Connecticut disminuyó durante la última década.

Según un informe de la Annie Casey Foundation, Connecticut fue uno de los cuatro estados en los que su población infantil disminuyó un 10% entre 2010 y 2020.

Pero, la población infantil del Estado ha estado en declive durante algún tiempo. Entre 2000 y 2010, la población infantil del Estado se redujo en un 3%.

Emily Byrne, directora ejecutiva de Connecticut Voices for Children, describió lo que se puede hacer a nivel estatal para reforzar la población infantil.

“Necesitamos priorizar políticas que inviertan en los niños y muestren, con dólares reales, que queremos que las familias arraiguen y crezcan aquí en Connecticut”, manifestó Byrne.

“La creación de un crédito tributario permanente por hijos a nivel estatal y un crédito tributario por ingreso del trabajo ampliado son excelentes ejemplos. Financiar los bonos para bebés de Connecticut es otro gran ejemplo”, agregó la directiva.

Explicó que, a nivel local, las ciudades están promulgando políticas para reforzar la capacidad de las familias para poder criar a sus hijos en Connecticut.

Pero, el informe señala que esta disminución de niños es agridulce. Con menos niños, esto podría significar dólares educativos adicionales por niño o menos atención a la educación.

Un desafío al que se enfrentan las familias en Connecticut son los altos precios de los alquileres.

Un informe de Connecticut Voices for Children encontró que el 39% de los inquilinos en el Estado que no estaban al día con los pagos de la renta sintieron que serían desalojados en los próximos tres meses.

Esta tasa fue más alta para los inquilinos afroamericanos e hispanos, alcanzando el 54% y el 56% respectivamente.

Byrne señaló que el mayor desafío para ayudar a las familias es la falta de voluntad política en todos los niveles de gobierno.

“Estas políticas están determinadas por las personas que son elegidas para representar a la gente. Entonces, creo que esto habla de la importancia de participar en las elecciones en todos los niveles de gobierno”, precisó Byrne.

Aunque la Asamblea General del Estado está revisando varias leyes para abordar los costos de vivienda, Byrne dijo que siente que se necesita una inversión significativa.

El Kids Count Data Book de 2022 mostró que los niños de Connecticut que viven en hogares con un costo más alto se redujeron del 42% entre 2008 y 2012 al 34% entre 2016 y 2020.

 

 

Consultorio de salud presentó reclamos fraudulentos a Medicaid, según Fiscal Federal

NEW HAVEN.- El consultorio K-Assist, con sede en Hamden, propiedad de Kelly Stutzman, celebró un acuerdo de conciliación civil de más de 234 mil dólares con el gobierno federal y el estatal de Connecticut para resolver las acusaciones de que el consultorio violó las leyes federales y estatales de reclamos falsos, informó la Oficina del Fiscal General de Connecticut.

Según funcionarios federales, K-Assist, una práctica privada de salud del comportamiento que brinda servicios en el hogar en el área de New Haven, presentó reclamos fraudulentos a Medicaid por servicios de psicoterapia.

La práctica haría esto facturando a Medicaid por miles de horas de servicios que en realidad fueron realizados por personas sin licencia, según el fiscal general de Connecticut, William Tong.

La investigación sobre K-Assist también reveló evidencia de facturación repetida por servicios excesivos, incluidas cientos de fechas en las que Stutzman supuestamente brindó más de 12 horas de servicios de salud conductual en un solo día, señaló Tong.

Para resolver estas acusaciones, Stutzman y K-Assist acordaron pagar 234 mil 64 dólares para reembolsar al programa Medicaid por la conducta, que ocurrió entre el 1º de febrero de 2018 y el 1º de agosto de 2019.

Según la Ley de Reclamos Falsos, el gobierno puede recuperar hasta tres veces los daños reales, más multas de 13 mil a 27 mil dólares por cada reclamo falso, según funcionarios federales.

Además del acuerdo, Stutzman también fue procesado penalmente por la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid de la Oficina del Fiscal General del Estado de Connecticut y se declaró nolo contendre por fraude de seguros médicos.

Nolo contendré, en términos jurídicos significa que la parte demandada no presenta un argumento o explicación que se pueda usar para probar que no es culpable o responsable de algo.

Como parte de esta declaración, Stutzman pagará 63 mil 764 dólares en restitución y también acordó estar sujeto a una sentencia de prisión suspendida de tres años además de una descarga condicional de cinco años.

Tong comentó sobre el caso y dijo que “actuaremos enérgicamente para garantizar que nuestros dólares de Medicaid se utilicen de manera adecuada para el beneficio de los pacientes de Connecticut”

La comisionada designada del Departamento de Servicios Sociales de Connecticut, Andrea Barton Reeves, también comentó y calificó el fraude de “delito grave”.

 

 

Muere conductor de camión cisterna luego de volcar e incendiarse en la I-95

GROTON.- Una persona murió y otras dos resultaron heridas después de que un camión cisterna de combustible volcara, el viernes pasado por la mañana en el Gold Star Bridge en Groton.

El lado norte de la autopista I-95 reabrió alrededor de las 12:45 del mediodía, pero el lado sur estuvo cerrado por un período prolongado mientras los investigadores evaluaban la seguridad del puente.

La policía estatal informó que un camión de reparto de combustible para calefacción se volcó y provocó un gran incendio en el lado sur de la I-95 alrededor de las 11:15 de la mañana.

El conductor del camión cisterna fue declarado muerto en el lugar, dijeron las autoridades.

Su nombre no ha sido revelado al público.

Dos pasajeros de otro vehículo fueron trasladados al hospital con lesiones que no ponen en peligro la vida.

El camión cisterna podía contener alrededor de 2 mil 200 galones de combustible para calefacción doméstico, pero las autoridades no sabían cuánto había a bordo en el momento del accidente.

Los videos de la escena mostraron llamas ardiendo y humo saliendo de una sección larga del puente y extendiéndose a una compañía de construcción y marina debajo del lado de Groton.

Gran parte del petróleo fluyó por el sistema de drenaje mientras se quemaba, y una gran parte de la cerca a lo largo del camino peatonal ahora está derretida.

Las autoridades dijeron que el fuego se extendió a los edificios debajo del puente.

El Departamento de Transporte de Connecticut está trabajando para determinar si la estructura del puente está comprometida.

“En este momento, el Departamento de Transporte está haciendo un análisis estructural del puente en dirección sur en particular, asegurándose de que no lo se reabrirá hasta que estemos absolutamente seguros. El intenso calor comprometió potencialmente el acero, esperamos que ese no sea el caso”, manifestó el gobernador Ned Lamont.

Los equipos del Departamento de Energía y Protección Ambiental (DEEP) establecieron barreras en el río Támesis, y los funcionarios creen que ha capturado alrededor del 85% del petróleo que se filtró en él.

Este puente transporta 60 mil vehículos al día, y en este momento, aquellos que se dirigen hacia el sur por la I-95 tienen que subir por la ruta 12 hasta el puente Mohegan-Pequot o atravesar Norwich para tomar la ruta 2 hacia la I-395, finalizaron las autoridades.

 

 

Osa sacrificada tras morder mujer de 74 años

HARTFORD.- Una osa mordió a una mujer de 74 años mientras paseaba a su perro en Avon, el viernes pasado, y la osa fue sacrificada.

El Departamento de Energía y Protección Ambiental de Connecticut dijo que la Policía de Conservación Ambiental, los biólogos de vida silvestre y los oficiales de policía de Avon respondieron al ataque de la osa negra, el viernes por la mañana.

Una mujer paseaba a su perro con correa por la Berkshire Crossing Road cuando una osa negra se le acercó y le mordió el brazo y la pierna.

El DEEP dijo que la mujer fue llevada a un hospital local y que sus heridas no ponen en peligro su vida.

La osa que mordió a la mujer tenía 12 años y tenía tres crías con ella, según el DEEP.

Dijeron que los cachorros estaban casi listos para salir solos y que ya no dependían de la madre.

Es demasiado pronto para determinar qué causó el ataque de la osa, pero el DEEP dijo que los osos ven a los perros como si vieran a los depredadores salvajes y también era el día de la recolección de basura, por lo que había comida que podría haber atraído a los osos.

Solo esta semana, según el DEEP, respondió a múltiples informes de entradas de osos a las casas y tuvo que sacrificar a un oso en Salisbury que había entrado en varias casas.

El DEEP instó a las personas a ser conscientes de los osos y evitar dejar de lado las fuentes de alimentos que podrían atraerlos.

También la agencia instó a las personas a ahuyentar a los osos de su jardín para que no se sientan cómodos cerca de las personas.