STAMFORD.- Un abogado de la ciudad de Stamford solicitó a un Tribunal Superior que desestime una demanda presentada por una coalición de vecinos locales, que buscaba invalidar la ley de legalización del cannabis recientemente promulgada en Connecticut.
La denuncia, presentada el mes pasado por la Stamford Neighborhoods Coalition, solicitaba al tribunal una orden judicial para prohibir la operación de negocios de cannabis dentro de la Ciudad y en Connecticut en su conjunto, basándose en parte en un argumento de que la ley de legalización de 2021 fue regulada por la Controlled Substances Act.
En los documentos judiciales presentados recientemente, los abogados de la Ciudad describieron la demanda como un “revoltijo de alegaciones que mezcla causas de acción y reclamaciones de reparación de forma indiscriminada”, y pidieron al tribunal que desestimara la demanda, sobre la base de que la coalición y 12 demandantes adicionales no habían sido agraviados por el establecimiento por parte de la Ciudad de regulaciones de zonificación para los negocios de cannabis.
“Las afirmaciones vagas y sin fundamento de los demandantes nombrados individualmente de que la ubicación de instalaciones de cannabis en Stamford aumenta la actividad criminal, tendrá un efecto adverso en el uso y disfrute de sus propiedades y disminuirá el valor de sus propiedades, no establecen un daño que sea exclusivo de ellos”, escribió Cynthia Anger, abogada adjunta de la corporación de Stamford.
Como los demandantes no han demostrado que las acciones de la Ciudad les causarían daño directo, carecen de legitimación activa ante el tribunal y su demanda debería ser desestimada, argumentó la ciudad.
“Las inquietudes y preocupaciones infundadas no resultan en un agravio clásico y las meras generalizaciones y temores no prueban que un apelante sea una persona agraviada’”, escribió Anger, citando un caso de 1989 que involucraba a una comisión de planificación y zonificación.
La demanda presenta una serie de argumentos contra la ley de cannabis de 2021 y las juntas de Zonificación y Planificación de la Ciudad, las cuales, según el grupo, incluyen miembros cuyos mandatos han expirado.
Además de afirmar que la ley de cannabis era inconstitucional debido al estatus de la sustancia como sustancia controlada de “Lista I” según la ley federal, la demanda argumenta que permitir negocios de cannabis dentro de las fronteras de Stamford impactaría negativamente los valores de las propiedades y pondría a sus residentes en riesgo de actividad criminal.
“Además, la disponibilidad y el uso de cannabis necesariamente aumentarán la actividad criminal en sus vecindarios y en Stamford en general, con riesgos adicionales para su seguridad y la de sus familias”, escribió el abogado David Herz en la denuncia.
Específicamente, la demanda apuntaba a un demandante individual, Brooke Nilsen, directora de la First United Methodist Nursery School.
“La First United Methodist Nursery School está a mil pies de una instalación minorista de cannabis propuesta recientemente en la ciudad de Stamford. Ubicar instalaciones de cannabis en cualquier lugar de Stamford necesariamente aumenta la actividad criminal en Stamford, poniendo a los niños en mayor riesgo”, escribió Herz.
En la moción de la Ciudad para desestimar la denuncia, Anger señaló que Nilsen, y no la escuela misma, apareció como demandante en la demanda.
La demanda se presentó en el tribunal del Distrito Judicial de Stamford a mediados de agosto. Hasta el viernes pasado, no había fechas de audiencia programadas para el caso y no había sido asignado a un juez específico, según el sitio web del Poder Judicial del Estado.
