NEW HAVEN.- Se espera que el límite de gasto del presupuesto estatal afecte a los colegios y universidades públicas de Connecticut el próximo año, reduciendo la oferta de cursos y los puestos docentes, al tiempo que provocará nuevos aumentos de matrículas y tarifas.
A medida que desaparecen los excedentes del fondo de emergencia que mantuvieron a flote la educación superior durante lo peor de la pandemia de coronavirus, el límite está bloqueando a los defensores que querían reemplazar esa ayuda temporal con fondos estatales recurrentes.
Los sindicatos de profesores, estudiantes y legisladores que se preparan para proteger el sistema chocarán con el gobernador Ned Lamont, quien se ha convertido en el principal defensor de las barreras fiscales.
Esas restricciones están diseñadas no sólo para mantener el gasto público en línea con los bolsillos de los contribuyentes, sino también para reducir la enorme deuda que amenazaba la estabilidad fiscal del gobierno estatal hace apenas una década.
La administración dice que Connecticut simplemente no puede mantener los niveles de financiación de emergencia indefinidamente.
Todas las universidades deben adaptarse y, dada la disminución de la matrícula en muchas, no debería ser tan difícil como algunos argumentan, indicaron las autoridades.
“Los estudiantes que están llegando ahora van a perder mucho. Van a perder profesores más competentes y apasionados, van a perder el interés y lo más grave, van a perder los servicios esenciales”, dijo Xander Tyler, estudiante de último año de economía en la Central Connecticut State University (CCSU).
“No nos estamos acercando a servir adecuadamente a los estudiantes que nos necesitan”, expresó Colena Sesanker, profesora de filosofía en el Gateway Community College en New Haven y directora política del Local 1973 del Connecticut Congress of Community Colleges (CCCC), comúnmente conocido como como las 4 C.
“Somos la porción del presupuesto estatal más discrecional. Lo que me parece extremadamente extraño es que nadie entre los responsables de las políticas estatales se ha inmutado siquiera”, agregó Sesanker.
La Junta de Regentes de Educación Superior, que supervisa los 12 colegios comunitarios, las cuatro universidades estatales regionales y el Charter Oak College, proyecta un déficit de 140 millones de dólares el próximo año fiscal, una brecha equivalente al 11% de todo el presupuesto del sistema.
La Universidad de Connecticut (UConn), la universidad insignia del Estado, enfrenta una brecha de 70 millones de dólares en 2024-2025 para su campus principal en Storrs y sus campus satélites, incluido Stamford.
Los colegios y universidades de todo el estado vieron caer la inscripción cuando los estudiantes inicialmente huyeron de los campus en 2020, y algunos se mostraron reacios a vivir en dormitorios después de eso.
Los legisladores y Lamont respondieron otorgando al sistema de la Junta de Regentes alrededor de 250 millones de dólares el año fiscal pasado provenientes del superávit y de subvenciones federales para la pandemia.
Este año fiscal, la financiación de fuentes temporales se acerca a los 210 millones de dólares. Y según el presupuesto estatal preliminar para 2024-2025, son unos 76 millones de dólares.
UConn se encuentra en una posición fiscal más sólida que las otras unidades de educación superior. Su matrícula universitaria en Storrs y los campus regionales se ha recuperado más allá de los niveles prepandémicos después de una modesta caída en 2021.
Pero también necesitó y recibió fondos adicionales, alrededor de 64 millones de dólares en fondos temporales el año fiscal pasado y 82 millones este año.
El presupuesto preliminar para 2024-2025 enviaría a la UConn un total de 31 millones de dólares.
