WASHINGTON DC (EFE).- Un juez de Estados Unidos ordenó hoy al presidente, Donald Trump, que reactive parcialmente el plan DACA para jóvenes indocumentados y siga recibiendo solicitudes hasta que se resuelvan todos los desafíos legales pendientes en diferentes tribunales del país.

El juez William Alsup, de la corte del distrito norte de California, emitió este martes su decisión, en la que califica de “arbitraria y caprichosa” la determinación que Trump tomó el pasado septiembre para acabar con el DACA y dar al Congreso hasta el 5 de marzo para solucionar la situación de sus beneficiarios.

El plan DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) fue promulgado en 2012 por el entonces presidente del país, Barack Obama, para proteger de la deportación y otorgar un permiso de trabajo temporal a unos 690.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como “soñadores”.

En el fallo emitido, el juez Alsup considera que el Gobierno de Trump tiene la obligación de volver a aceptar las solicitudes de renovación a DACA por parte de aquellos individuos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que ahora se están quedando sin protección.

Sin embargo, no pide al Gobierno de Trump que acepte nuevas solicitudes por parte de jóvenes que nunca antes se habían inscrito en el programa DACA.

El magistrado hace esta distinción porque considera que los demandantes, entre los que se encuentra la Universidad de California, han conseguido demostrar que los beneficiarios del DACA, sus familias, escuelas y comunidades sufrirían un “daño irreparable” si la extinción del programa sigue adelante.

Con el fin de evitar ese daño, el juez ordenó a Trump mantener parcialmente vivo el programa hasta que haya una solución definitiva en todos los litigios pendientes sobre el DACA.

Esos estados alegan que el fin del DACA perturbará la vida de sus habitantes, provocará grandes daños a sus economías y ocasionará pérdidas a sus compañías, universidades y centros de investigación que dan empleo a los jóvenes indocumentados, pues con el fin del programa ya no podrían trabajar legalmente.

La decisión adoptada por el juez Alsup, que fue nombrado para su puesto en 1999 por el presidente Bill Clinton, tiene carácter temporal y es probable que el Ejecutivo interponga un recurso.

Al respecto, en un comunicado, uno de los portavoces del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, aseguró que su Gobierno “continuará defendiendo enérgicamente” en las cortes que el DACA fue promulgado por Obama de forma “ilegal” y, ante ello, “espera hacer valor su posición en futuros litigios”.

Al ser preguntado por Efe, O’Malley no aclaró si el Ejecutivo piensa recurrir concretamente la orden emitida esta noche.

WASHINGTON DC.- El gobierno de Donald Trump cancela el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de El Salvador.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió un anuncio a los legisladores estadounidenses informando que se pone fin a los permisos provisionales de unos 200.000 salvadoreños, informó The Washington Post.

A estos inmigrantes se les da plazo hasta septiembre de 2019 para abandonar el país o que encuentren una forma de obtener una residencia legal.

El TPS fue activado en 2001 por primera vez, tras los terremotos que afectaron gravemente a ese país en enero y febrero de ese año.

En el documento del DHS se especifica que las condiciones en El Salvador han mejorado desde que se aplicó el TPS, por lo que no hay justificación alguna para que la medida siga vigente.

Este fin de semana, la exembajadora de Estados Unidos en El Salvador y actual subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Mari Carmen Aponte, publicó en la versión impresa de The Washington Times un artículo en el que manifestaba su preocupación ante la cancelación del TPS para esta nación de Centroamérica.

De acuerdo a la funcionaria, el TPS es necesario aún porque El Salvador tiene “terribles tasas de homicidios (la más alta de América Latina) provocada por el tráfico generalizado de drogas, la violencia de pandillas y la extrema desigualdad”; además, “más del 40 % de la población vive por debajo del umbral de la pobreza”.

Explica que, con este beneficio, miles de salvadoreños “están trabajando arduamente (en EE.UU.) para mejorar su país”.

El año pasado, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, realizó una intensa agenda con funcionarios de EE.UU. en favor de prorrogar el TPS.

Una nota de la Embajada de El Salvador en Washington, recoge que Martínez se reunió con congresistas, senadores y altos funcionarios del ejecutivo estadounidense, entre ellos del Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca.

MIAMI (EFE).- Unos 200.000 salvadoreños que residen e EE.UU. como beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) esperan en vilo la decisión que debe tomar el Gobierno de EE.UU. a más tardar hoy sobre este amparo migratorio.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kirstjen Nielsen, tiene en sus manos la cancelación o renovación del TPS de los salvadoreños.

El Gobierno de Donald Trump ha anunciado durante su primer año de mandato la cancelación del programa DACA que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados llegados en la infancia, a partir del próximo mes de marzo, y los TPS de nicaragüenses y haitianos, a partir de enero y julio de 2019, respectivamente.

De igual forma, revisará el otorgado a unos 60.000 hondureños en julio, cuando vence una extensión de seis meses que se les otorgó.

En el caso de los salvadoreños, el TPS ha otorgado permiso de trabajo y exención de deportación a 262.528 ciudadanos, algunos de los cuales han logrado legalizarse permanentemente o se les ha revocado el permiso, según datos actualizados del Instituto de Política Migratora (MPI, en inglés).

De eliminarse este beneficio, reanudado consecutivamente desde su expedición tras el terremoto de 2001 en El Salvador por periodos de 18 meses y que vence el próximo 9 de marzo, los salvadoreños engrosarán las filas de indocumentados, perderán su capacidad de vivir y trabajar legalmente en el país.

Los “tepesianos” salvadoreños, establecidos en grandes números en Los Ángeles, Nueva York y Houston, enfrentan el riesgo de la deportación y la separación de sus familias -hay unos 273.000 hijos de estos salvadoreños nacidos en el país-, si carecen de alguna otra alternativa migratoria.

Los inmigrantes de El Salvador son un gran porcentaje (60 %) de los más de 436.000 favorecidos con este tipo de amparos en EE.UU.

Les siguen Honduras (86.031), Haití (58.557), Nepal (14.791), Siria (6.916) y Nicaragua (5.306).

Políticos y grupos civiles y religiosos han intercedido en los últimos meses ante el Gobierno de Trump por una nueva extensión del TPS y un estatus migratorio permanente para estos salvadoreños que han vivido casi dos décadas en el país.

Argumentan las condiciones de pobreza y violencia por pandillas que sufre Centroamérica y que desató en 2014 una “crisis humanitaria”, según el entonces gobierno de Barack Obama.

Unos 68.000 niños de El Salvador, Honduras y Nicaragua emigraron a Estados Unidos sin acompañantes.

“El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. No renovar el TPS y forzar a los salvadoreños que viven en EE.UU. a abandonarlo pondría en peligro a miles de vidas”, señala el centro de estudios WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos).

De igual forma, las organizaciones recuerdan que se trata de una comunidad económicamente activa que contribuye al país con impuestos y poder adquisitivo.

En ese sentido, una veintena de alcaldes, entre ellos los de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston, y unos 400 líderes de diversos credos religiosos instaron recientemente a Nielsen a extender el TPS para El Salvador.

Los alcaldes advirtieron de pérdidas del PIB para el país por 164.000 millones de dólares en la próxima década.

En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, quien le reiteró telefónicamente a Nielsen sobre los aportes de unos 190.000 salvadoreños y sus familias que dependen aún del TPS para permanecer en el país.

Sin embargo, el Gobierno de Trump se ha mostrado empeñado en “seguir la ley” y reacio a la extensión del TPS, creado para aquellos ciudadanos que enfrentan desastres naturales, conflictos civiles u otras circunstancias “extraordinarias y temporales”.

El Salvador se benefició del TPS en 2001 bajo el Gobierno de George W. Bush después de los terremotos que desplazaron a cerca de una quinta parte de la población total del país.

WASHINGTON (EFE).- La Casa Blanca pide al Congreso 18.000 millones de dólares a lo largo de una década para el muro fronterizo con México como una de las condiciones en la negociación de una solución migratoria a los jóvenes indocumentados del programa DACA conocidos como “soñadores”.

Así lo anunció hoy en un comunicado el líder negociador por parte de los demócratas, el senador Dick Durbin, poco después de que el diario Wall Street Journal diera la exclusiva con detalles sobre la propuesta.

Según el legislador, la Casa Blanca añadió hoy a su lista de condiciones de octubre para la negociación migratoria una petición “de 18.000 millones anuales en fondos para la construcción del muro fronterizo”.

“Es indignante que la Casa Blanca mine meses de trabajo bipartidista intentando de nuevo poner su lista entera de deseos de línea dura contra los inmigrantes, además de 18.000 millones en fondos para el muro, en las espaldas de estos jóvenes”, indicó Durbin.

“El presidente (Donald) Trump dijo que quizás necesite un buen cierre de Gobierno para conseguir su muro. Con esta petición, parece caminar en esa dirección”, agregó, en referencia al riesgo de que eso ocurra si no se alcanza un acuerdo antes del 20 de enero.

Este jueves, Trump se reafirmó en su posición de que cualquier solución para los jóvenes del programa DACA (Acción Diferida para los llegados en la infancia) debe ir acompañada de fondos para el muro y otras condiciones, un requisito inaceptable para los demócratas.

Los 18.000 millones de dólares se destinarían, según el documento obtenido por CNN y el Washington Post, a la construcción de más de 1.126 kilómetros de nueva valla fronteriza y reemplazos de otras existentes.

A ese monto se suma la petición de 15.000 millones de dólares para personal adicional y formación, tecnología y carreteras de acceso, lo que da un total de 33.000 millones en seguridad fronteriza, el gran tema de campaña del ahora presidente Donald Trump.

Si el Congreso accediera a adjudicar estos fondos, se trataría de una gran extensión de los 1052,51 kilómetros de barrera actuales, arrojando un total de 1609.34 kilómetros, alrededor de la mitad de la frontera suroeste, estiman los medios.

Estos planes están descritos en un documento preparado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para un grupo de senadores -entre ellos Durbin-.

“Este documento solo cubre un aspecto, las necesidades de seguridad nacional, de las prioridades migratorias que el presidente ya estableció y fue entregado al Congreso ante una petición específica de los equipos negociadores”, explicó hoy a Efe una fuente del Gobierno que prefirió el anonimato.

“El muro fronterizo debe ser financiado completamente por el Congreso pero las otras prioridades, como mejorar las medidas para hacer cumplir las leyes migratorias y un sistema migratorio basado en el mérito, deben ser parte de un paquete de reforma migratoria mayor”, agregó.

Trump anunció en septiembre pasado el fin del programa DACA, impulsado por el expresidente Barack Obama en 2012 y que protegía de la deportación a los jóvenes que llegaron al país de niños, pero dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para encontrar una solución a su situación.

Según Durbin, que está previsto se reúna con Trump y otros negociadores la próxima semana, desde entonces más de 14.500 de esos jóvenes han perdido ya su estatus DACA y, a partir del 5 de marzo, 1.000 más perderán su protección cada día.