Educadores de las escuelas secundarias y universidades y defensores de los inmigrantes entregaron “teléfonos” a los legisladores como símbolo para que “llamen” para votar por el proyecto

HARTFORD.- Educadores de New Haven, Windham y de la Eastern Connecticut State University (ECSU) se unieron a los estudiantes de secundaria de la Wilbur Cross High (New Haven) y Danbury High School en el edificio de la Oficina Legislativa en apoyo de la HB 5031/SB4, una propuesta que igualaría el acceso a la educación superior y ayuda institucional para los estudiantes inmigrantes en Connecticut.

La propuesta ya fue aprobada esta semana por el Senado estatal pero falta la decisión de la Camará de Representantes.

En la reunión, los educadores de la escuela secundaria y los estudiantes se tomaron un descanso en sus vacaciones de primavera para hablar y compartir sus historias.

Los estudiantes de secundaria con gorras y batas tenían teléfonos con el mensaje “Llame para votar por la HB 5031”.

Después de la reunión, donde los educadores y estudiantes de la escuela secundaria, miembros del sindicato de la American Federation of Teachers (AFT) y educadores universitarios hablaron sobre la necesidad y la urgencia de igualar el acceso a la educación superior para los jóvenes indocumentados de Connecticut, los estudiantes y educadores marcharon a la oficina del presidente de la Cámara de Representantes Joe Aresimowicz, el presidente del Senado, Martin Looney, y del senador Len Fasano a quienes le entregaron “teléfonos” y les exigieron que “llamaran” para una votación de la HB5031/SB4.

Rose Reyes, miembro de la Federación de Maestros de Windham y de la AFT Local 1577, expresó que “los educadores no castigan. Facilitamos, nutrimos y ayudamos a hacer posibles las cosas que parecen imposibles. Connecticut debe ponerse en el camino de convertirse en un Estado más inclusivo y seguro para cada estudiante. Apoyamos el sueño americano para todos y estamos orgullosos de apoyar a los estudiantes de Connecticut por un sueño en apoyo de esta legislación”.

Por su parte, Najey Clavijo, estudiante indocumentada de la Danbury High School manifestó que “llegué a la capital de Connecticut esta semana durante mis vacaciones de primavera porque estoy cansada de esperar. Estoy aquí para decirles a nuestros legisladores que mis sueños y el sueño de otros estudiantes como yo ya no pueden esperar. Me gradúo de la escuela secundaria en 2 meses. Debería estar emocionada y esperanzada por mi futuro. Pero, en cambio, estoy asustada de que el futuro que se me ha prometido por trabajar duro en mis estudios nunca se convierta en realidad”.

Camila Bortolleto, gerente de campaña de CT Students for a Dream (C4D) comentó que “exigimos un voto sobre la HB5031/SB4 ahora, nuestros sueños pueden esperar más. Aprobar el proyecto de ley es una solución de sentido común, que aumentará los ingresos de inscripción y la matrícula, y es una inversión en la economía de Connecticut, ayudando a hacer crecer nuestra economía y expandir nuestra base tributaria, lo que implica un costo fiscal cero para el Estado”.

Bortolleto agregó que “este proyecto de ley es bueno para nuestro Estado, nuestras escuelas y nuestros estudiantes. Es por eso que ha pasado el Comité de Educación Superior con apoyo bipartidista en los últimos 4 años. Es por eso que tenemos más apoyo bipartidista este año que los anteriores. Es hora de aprovechar el impulso bipartidista. Es hora de que el Representante Aresimowicz se reúna y traiga este proyecto de ley bipartidista de sentido común ahora”.

Esteban García, tesorero adjunto y miembro del equipo de apoyo estudiantil de los jóvenes indocumentados de la Southern Connecticut State University (SCSU), expresó que “en mi función como tesorero adjunto, he sido testigo de primera mano de los sacrificios que los estudiantes indocumentados hacen para poder pagar sus facturas de matrícula. Desafortunadamente, a menudo tienen que retrasar o renunciar a sus objetivos de obtener un título debido a las dificultades financieras. Y a pesar de que pagan estos fondos de ayuda institucional, no tienen permitido acercarse a ellos”.

HARTFORD.- El gobernador Dannel Malloy elogió al Senado estatal de Connecticut por la votación bipartidista 30-5 para aprobar una legislación que les permite a los estudiantes indocumentados que asisten a los colegios públicos y universidades de Connecticut la oportunidad de calificar para el sistema estatal de ayuda financiera, que ya pagan a través de su matrícula actual.

El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes para su consideración.

“En Connecticut, nos enorgullecemos no solo de nuestro compromiso con la educación sino también de nuestra historia de compasión, equidad e igualdad”, expresó Malloy.

“El resultado final de esta legislación no es controvertido: permite que los estudiantes que ya asisten a nuestros colegios y universidades tengan la posibilidad de acceder a la ayuda financiera. Actualmente no son elegibles y por eso estamos procurando hacer ese cambio”, agregó el Gobernador.

“Estamos hablando de jóvenes cuyo sueño es trabajar aquí y contribuir a la economía y el tejido cultural de nuestro Estado. La fuerza de trabajo de Connecticut no tiene igualdad, y al aumentar el acceso a la educación postsecundaria, les estamos diciendo a los empleadores y empresas en todo el mundo que tenemos la fuerza de trabajo para llenar los puestos de empleo del mañana. Agradezco a los líderes de ambos lados del Senado por aprobar este proyecto de ley, y espero con interés su aprobación en la Cámara de Representantes para poder promulgarlo como ley”.

La legislación propuesta busca ayudar a los estudiantes sin estatus legal de inmigración con el costo de la universidad.

La propuesta se basa en una ley que el gobernador Malloy firmó en 2011 (y se amplió en 2015) para otorgar a los estudiantes universitarios indocumentados de Connecticut igualdad en las tarifas de matrícula universitaria en el Estado para las universidades y colegios públicos del Estado.

Las tarifas dentro del Estado se extienden solo a aquellos que han completado al menos dos años de la escuela secundaria dentro del Estado, donde también deben haberse graduado o haber obtenido un diploma equivalente.

Cuando firmó ese proyecto de ley hace siete años, el Gobernador explicó que no solo era un problema moral, sino que también le permitiría al Estado competir mejor en la economía global asegurando que la fuerza laboral de Connecticut permanezca entre las mejor educadas del país.

STAMFORD. – Con el objetivo de encontrar soluciones para mejorar la seguridad y el comportamiento de los niños en los autobuses escolares, se llevó a cabo una reunión entre padres de familia, maestros, administradores de escuelas, organizaciones comunitarias, autoridades de transporte y de la oficina de envolvimiento con la comunidad.

La reunión fue organizada por la escuela Roxbury y el Domus-Chester Addison Community Center.

Mike Meyer, director de soporte para los estudiantes y programas especiales, dijo que educar a los niños en la comunidad es una responsabilidad que involucra a los padres, a la comunidad, al departamento de transporte.

¨Se quiere mejorar el comportamiento de los niños en el autobús, es un problema de años y este es un primer esfuerzo que hemos organizado para obtener información de los padres, de los choferes, del departamento de educación, de las mismas escuelas para ver qué pasa en el bus, qué es lo que las familias y la comunidad sugieren para mejorar ese comportamiento,  y cuáles serían los próximos pasos. Es un problema que existe desafortunadamente en el vecindario donde hay bastantes autobuses que llegan con una gran cantidad de niños. En esos autobuses de la escuela Roxbury se han tenido problemas pero también pasa en otras escuelas. En la Roxbury es un primer esfuerzo que se organiza la escuela como comunidad, es un modelo para poder hacerlo en otras escuelas, ya que cada una tiene su centro en la comunidad¨, dijoMeyer.

Catalina Samper, directora de B1C, dijo que la solución tiene que venir de todos. ¨Es una maravilla tener a todos en el mismo techo en una conversación constructiva¨.

En la reunión se hicieron mesas de discusión donde cada persona contestó a diferentes preguntas, identificaron los problemas y dieron una posible solución.

Los conductores manejan antes que los niños se sienten, los niños tiene cerillos y encendedores, la mezcla de las diferentes edades de los estudiantes, los largos tiempos en los autobuses, los padres llevan a los hijos a otras paradas de buses, fueron algunas de las inquietudes en cada grupo de discusión.

Tener acceso a los videos en tiempo real, poner una persona extra donde hay muchos niños, dividirlos de acuerdo a la edad, que los conductores chequeen con quién se quedan los estudiantes en los programas después de clases, que los padres digan a los niños que obedezcan al conductor, y una mejor comunicación entre la compañía de buses, los padres y la escuela fueron algunas de las soluciones.

HARTFORD.- Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS), buscan nuevamente revocar el estatus migratorio de un joven mexicano que está amparado por el programa Deferred Action for Childhood Arrivals, luego de que se vieron obligados a restablecer el beneficio migratorio del dreamer por un fallo judicial.

El joven Daniel Ramírez Medina, de 25 años, fue puesto en un proceso de deportación pese a que estaba inscrito en DACA.

De acuerdo con el informe, el joven fue una de las primeras personas inscritas en el programa que fueron arrestadas luego de que Donald Trump asumió la presidencia, aunque no había cometido ningún crimen.

El USCIS restableció su estatus otorgado por el DACA y su permiso de trabajo en respuesta a un fallo emitido en febrero pasado en una demanda colectiva federal en California.

El fallo indicó que las autoridades no podían quitarles sus protecciones a los beneficiarios del programa sin darles una oportunidad de impugnar la decisión.

Otra corte federal en California ordenó al gobierno del presidente Trump mantener abierto el programa DACA, en el cual beneficia a alrededor de 700 mil personas a nivel nacional.

Aunque el joven goza de manera legal sus beneficios de DACA, el USCIS le notificó a Ramírez que pretendía revocar nuevamente su estatus.

Al consultar el por qué el joven indocumentado podría perder sus beneficios de inmirgracion, el USCIS explicó que es por la misma razón que utilizó para detenerlo anteriormente y es que el joven es sospechoso de tener vínculos con pandillas.

Los abogados defensores del dreamer señalaron que el Gobierno inventó esa afirmación y un juez de inmigración la ha descrito como infundada.

Uno de los abogados del joven, Ethan Dettmer, precisó que el USCIS ha tenido más de un año la oportunidad de probar su acusación de que el dreamer es miembro de una pandilla, pero hasta ahora no lo han probado.

Según el informe, el estudiante llegó a los Estados Unidos cuando tenía 7 años.

Ramírez, ahora es padre de un niño que es ciudadano estadounidense, y no tiene antecedentes criminales.

De acuerdo con sus abogados, en dos ocasiones pasó las revisiones de antecedentes para ser beneficiario de DACA y proporcionó al gobierno datos biométricos y otro tipo de información personal a cambio de que le permitieran quedarse y trabajar en los Estados Unidos amparado en el beneficio migratorio.

Pese a lo anterior, en febrero de 2017 fue detenido cuando unos agentes de inmigración se presentaron en su apartamento ubicado en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington.

Para ayudar al joven, sus amigos y familiares lanzaron una página de GoFundMe en www.gofundme.com/DanielRamirezMedina para que las personas de Connecticut, Nueva York y de todo el país ayuden a Daniel Ramírez, mientras batalla por mantener su estatus de DACA en la Corte.

HARTFORD – El representante Robert Sampson, republicano de Wolcott, propuso una enmienda a una ley de inmigración para redefinir y forzar una nueva votación sobre la CT TRUST Act.

El congresista propuso que la policía retenga a los inmigrantes indocumentados y los entregue a los funcionarios de inmigración hayan cometido o no crímenes serios.

En la Cámara de Representantes, el republicano señaló que el proyecto no concuerda con la ley federal, que tiene jurisdicción sobre la inmigración.

“Creo que deberíamos dejar que el gobierno federal haga su trabajo y deshacerse de estas personas”, gritó Sampson, refiriéndose a las pandillas MS-13 y otros “extranjeros indocumentados criminales”.

La CT TRUST Act fue aprobada por unanimidad en 2013, y el propio Sampson votó a favor.

Los demócratas se mostraron indignados y se opusieron al esfuerzo de Sampson para ahora desmantelar la ley.

El representante William Tong (D-Stamford), presidente del Comité Judicial, señaló que la CT TRUST Act tiene excepciones que permiten a la policía local retener a los inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves, identificar a los pandilleros y terroristas y a otros delincuentes graves.

Llamó a la enmienda que quiere implementar Sampson como un golpe a la ley y dijo que eso haría las ciudades menos seguras.

Después de más de una hora de debate, la enmienda fue rechazada por votación con 85 miembros, todos demócratas y algunos republicanos, a favor de mantener la actual CT TRUST Act, y 62 republicanos emitieron votos para aprobar los cambios. Tres miembros no votaron.

El viceministro de prensa del Gobernador, Jason Novak, criticó a Sampson por sus “comentarios atroces y engañosos”.

“Francamente, es vergonzoso que 62 republicanos de la Cámara de Representantes votaron en contra de la legislación que pasó de manera bipartidista y unánime hace unos pocos años”, lamentó Novak.

Sampson defendió sus acciones y apuntó que “no abordar este problema es extremadamente injusto para las personas que ingresan legalmente a este país y obedecen la ley. Esta práctica socava nuestro sistema de justicia penal, hace que nuestras comunidades sean menos seguras y perpetúa una cultura de anarquía que no beneficia a nadie”.

STAMFORD.- Un fabricante está retirando de manera voluntaria aproximadamente 8 mil 757 libras de productos de ensaladas que pueden estar contaminados con la bacteria E. Coli, según el U.S. Department of Agriculture’s Food Safety and Inspection Service.

Los productos de ensalada se produjeron del 9 al 12 de abril pasado por Fresh Foods Manufacturing Co. de Freedom, Pensilvania, y tienen una vida útil de cuatro días.

Los productos que están sujetos al retiro son la Caesar Salad With Chicken de 11.5 onzas, la Chicken and Bacon, de 14.4 onzas, la Chef Salad With Ham, Turkey, & Hard-Boiled Egg, de 14.1 onzas y la Chef Salad With Ham, Turkey, & Hard-Boiled Egg, de 13.1 onzas, todos vendidos del 13 al 16 de abril de 2018.

El problema se descubrió el 13 de abril de 2018 cuando Fresh Foods Manufacturing Co. recibió una notificación de su proveedor de lechuga romana de que la lechuga utilizada por el establecimiento en los productos se retiraba debido a los riesgos de la bacteria E. Coli.

No han existido informes confirmados de reacciones adversas debido al consumo de estos productos, se dio a conocer.

Cualquier persona que consumió este producto debe contactar a un proveedor de atención médica, advirtió la empresa.

La E. Coli es una bacteria potencialmente mortal que puede causar deshidratación, diarrea con sangre y calambres abdominales de 2 a 8 días después de la exposición del organismo.

Si bien la mayoría de las personas se recupera en una semana, algunas desarrollan un tipo de insuficiencia renal llamada síndrome urémico hemolítico (HUS).

Esta condición puede ocurrir entre las personas de cualquier edad, pero es más común en niños menores de 5 años y adultos mayores.

Está marcado por una fácil aparición de moretones, palidez y disminución de la producción de orina.

Las personas que experimentan estos síntomas deben buscar atención médica de emergencia inmediatamente, finalizaron los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC).

STAMFORD.- El número de personas enfermas, así como las hospitalizadas como resultado de un brote de la bacteria E. Coli vinculada a la lechuga picada romana ha aumentado en las últimas horas, informaron los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC).

El brote hasta ahora ha enfermado a 53 personas en 16 estados, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, según el CDC.

Un total de 31 consumidores han sido hospitalizados.

Los consumidores de cualquier parte de los Estados Unidos que tengan lechuga romana en su casa comprada en la tienda, incluidas ensaladas y mezclas de ensalada que contienen lechuga picada romana, no deben comerla y deben tirarla, aunque la hayan empezado a comer y nadie se haya enfermado.

“Si no sabes si la lechuga es romana, aun así no la comas y tírala”, advirtieron los CDC.

Antes de comprar la lechuga romana en una tienda de abarrotes o comerla en un restaurante, los consumidores deben confirmar con la tienda o restaurante que no se trata de lechuga romana picada de la región en crecimiento de Yuma, Arizona.

“Si no puede confirmar la fuente de la lechuga romana, no la compre ni la coma”, reiteró la agencia.

Los síntomas de la bacteria E. Coli incluyen diarrea, vómitos y calambres estomacales severos, y generalmente comienzan dos días a una semana después de consumir la bacteria, y la mayoría se enferma tres o cuatro días después del consumo.

Para obtener más información, pueden consultar la web de los CDC en www.cdc.gov/ecoli/2018/o157h7-04-18/index.html.

HARTFORD.- Dannel Malloy es el Gobernador menos popular en el país, con el 72 por ciento de los encuestados desaprobando su desempeño laboral, según Morning Consult.

Por quinto trimestre consecutivo, los 10 gobernadores más populares de los Estados Unidos son republicanos.

La última edición del Morning Consult’s Governor Approval Rankings, compiló encuestas en línea realizadas con casi 275 mil votantes registrados desde el 1º  de enero hasta el 31 de marzo pasado.

Los cuatro primeros lugares más populares en el ranking permanecen sin cambios desde el cuarto trimestre de 2017, con los gobernadores Charlie Baker de Massachusetts, Larry Hogan de Maryland, Kay Ivey de Alabama y Phil Scott de Vermont, quienes cuentan con el apoyo de al menos el 65 por ciento de sus electores.

Chris Sununu, de New Hampshire, y Doug Burgum, de Dakota del Norte, vuelven a estar entre los 10 primeros en lugar de Asa Hutchinson de Arkansas y Greg Abbott de Texas.

En el otro extremo de la escala, Malloy de Connecticut es ahora el gobernador más impopular, en reemplazo de los ex gobernantes republicanos Chris Christie de Nueva Jersey y Sam Brownback de Kansas, que cambiaron la dudosa distinción durante los últimos dos años, según el informe.

Malloy no busca un tercer mandato consecutivo, pero cinco gobernadores de los 10 últimos están en la boleta en 2018 y son Bruce Rauner (Illinois), Bill Walker (Alaska), Gina Raimondo (Rhode Island), Scott Walker (Wisconsin) y David Ige (Hawaii).