El candidato a la presidencia por la opositora alianza Ganar, Efraín Alegre (i), y el candidato oficialista, Mario Abdo Benítez (d).
ASUNCION (EFE).-Paraguay comenzó hoy un periodo de “veda electoral” hasta las elecciones del domingo, de las que saldrá el nuevo presidente del país, dos días en que los candidatos y partidos tienen prohibido hacer campaña o difundir propaganda en la vía pública y en los medios de comunicación.
La medida entró en vigor de madrugada y horas después de que los dos candidatos a la Presidencia con más posibilidades, el oficialista Mario Abdo Benítez y el opositor Efraín Alegre, cerraran su campaña con sendos mítines.
Abdo Benítez, del gobernante y conservador Partido Colorado, despidió la campaña en un acto en el que prometió declarar la guerra a la impunidad y a la corrupción si es elegido jefe del Ejecutivo por los próximos cinco años.
Alegre, que encabeza Ganar, una alianza entre el Partido Liberal y la izquierda del Frente Guasu, dijo ante miles de personas en la ciudad de Capiatá (Gran Asunción) que no será el “presidente de los ricos”, sino de las capas populares, y reiteró su promesa de bajar la tarifa eléctrica y el precio de los medicamentos.
Además de esos dos candidatos, a la Presidencia se presentan diez candidatos, si bien quienes cuentan con posibilidades reales de alcanzar el cargo son Abdo Benítez y Alegre, que es además el presidente del Partido Liberal, el mayor de la oposición.
De las elecciones, a una sola vuelta, saldrá también la conformación del Congreso y autoridades de los 17 departamentos gubernamentales
Desde hace días hay desplegados un total de 307 observadores internacionales acreditados para supervisar el proceso electoral del domingo en los 17 departamentos de Paraguay.
En su mayoría son observadores de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) o la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).
Las elecciones marcan el tramo final del periodo del todavía presidente, Horacio Cartes, del Partido Colorado, que en mayo traspasará el cargo al nuevo mandatario elegido el 22 de abril.
Cartes es candidato al Senado en las elecciones, al igual que Nicanor Duarte, también del Partido Colorado y presidente del país entre 2003 y 2008.
Otro expresidente en carrera electoral es el exobispo Fernando Lugo (2008-2012), del Frente Guasu, que busca repetir escaño en el Senado.
Donald Trump fortaleció las políticas antiinmigrantes en Estados Unidos y hoy ni el matrimonio con un ciudadano podría salvar de la deportación
WASHINGTON DC.- Los inmigrantes en Estados Unidos buscan la forma de obtener la ansiado ‘Green Card’ que garantiza la estadía permanente en el país y trabajar sin temer ser perseguido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus redadas constantes contra los indocumentados, por ello una de las formas más seguras para obtenerla es el matrimonio con un ciudadano.
Durante décadas, son cientos los inmigrantes que han contraído matrimonio con los ciudadanos, pero el mayor reto es comprobar que el lazo no se dio por conveniencia; sin embargo, bajo la era de Donald Trump, el estar casado no asegura la estadía dentro del país, debido a que muchos fueron deportados pese a tener familias y trabajos estables.
Uno de los casos recientes que expone la realidad de los inmigrantes casados fue el de Fabiano de Oliveira, que según el The New York Times, enfrenta una dura realidad pese a estar con una ciudadana estadounidense y tener un hijo con ella.
Tras 8 años de relación y un hijo fruto de su amor, Oliveira acudió a las oficinas de USCIS en Lawrence, Massachussets, el 9 de enero, donde recibió una inesperada sorpresa. “Tengo buenas y malas noticias”, le dijo el oficial a cargo de su caso: “La buena es que le voy a aprobar su aplicación, porque claramente su matrimonio es real, pero las malas son que ICE está aquí y quiere hablar con usted”, indicó.
Pese a la aprobación, ICE esposó a Fabiano, quien hace 13 años recibió una orden de deportación a su país Brasil, mientras que se despedía de su esposa con una promesa: “Haré todo lo que pueda para sacarte”, dijo ella.
Fabiano no tenía antecedentes criminales, pero aun así estuvo un mes en prisión mientras su hijo preguntaba por él, una realidad que viven miles de inmigrantes que son detenidos por ICE.
La población indocumentada aporta cerca de 12.000 millones en tributos cada año, a pesar de que no puede beneficiarse de la gran mayoría de programas públicos.
WASHINGTON DC (EFE).- En el último día para pagar impuestos, las organizaciones pro inmigrantes recuerdan que los indocumentados que residen y trabajan en el país pagan miles de millones de dólares en impuestos destinados a las arcas públicas federales, estatales y locales.
En concreto, según un estudio del Instituto sobre Impuestos y Política Económica, la población indocumentada aporta cerca de 12.000 millones en tributos cada año, a pesar de que no puede beneficiarse de la gran mayoría de programas públicos.
Esa cifra incluye 7 mil millones de dólares en ventas e impuestos especiales, 3 mil 600 millones en impuestos a la propiedad y mil 100 millones en impuestos a la renta.
“Entre sus muchas otras contribuciones a nuestras comunidades y la economía, los inmigrantes indocumentados ayudan a reforzar las finanzas de programas como la Seguridad Social, de los que ni siquiera son elegibles para beneficiarse”, apuntó en declaraciones a Efe Josh Dorner, vicepresidente de la firma de estrategia política SKDK.
En total, según el informe citado, los trabajadores indocumentados pagan alrededor del 8 % de sus ingresos en impuestos estatales y locales, un dato superior al 5,4 por ciento que abona la clase más rica del país.
“Los inmigrantes generan ingresos fiscales de los negocios que poseen, los empleos en los que trabajan y su poder adquisitivo, unas cantidades que desaparecerían si se vieran obligados a abandonar el país”, apuntó a Efe Philip Wolgin, director general de Políticas de Inmigración del Centro de Acción del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP).
Estas reivindicaciones llegan un día después de que el Servicio de Rentas Internas (IRS) decidiera alargar 24 horas más el plazo para pagar impuestos porque el sitio web del organismo federal sufrió problemas técnicos este martes, inicialmente marcada como fecha límite.
“Este es una buena fecha para recordar que se debería de estar legislando para reconocer las valiosas contribuciones que los inmigrantes hacen para nuestra economía”, añadió Wolgin.
Lejos de reconocer el positivo impacto de la comunidad inmigrante en las arcas del país, la retórica antiinmigrante del presidente Donald Trump ha sido común desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017.
Además de sus intenciones de levantar un muro en la frontera sur con México y de presuntamente llamar “agujeros de mierda” a naciones como El Salvador, Haití y varios países africanos, Trump ha cancelado varios programas que protegían de la deportación a decenas de miles de indocumentados.
“Él (Trump) sigue hablando sobre inmigrantes indocumentados, que pagan cerca de 12.000 millones cada año en impuestos. Él no está contribuyendo a un sistema que dice que va a arreglar”, criticó la presidenta de Voto Latino, Maria Teresa Kumar, en una entrevista con la NBC.
Entre las protecciones que Trump ha anulado se encuentra el programa de Acción Diferida (DACA), que protegía de la deportación a unos 690.000 jóvenes que llegaron al país de niños, conocidos como “soñadores”.
Según datos del CAP, el 91 por ciento de los beneficiarios de ese programa están empleados o van a la universidad y pagan sus impuestos, lo que se traduce en más ingresos locales, estatales y federales, mientras que el 5 por ciento de ellos inició su propio negocio.
De hecho, los “soñadores” pagan un total de mil 800 millones en tributos, de acuerdo al análisis del Instituto sobre Impuestos y Política Económica.
Este centro de pensamiento progresista ha reiterado en numerosas ocasiones que es “vital” encontrar una solución para estos jóvenes indocumentados, que podrían ser deportados una vez expire la fecha de su permiso migratorio.
Las últimas estimaciones del CAP apuntan a que conseguir una protección permanente para este sector de la comunidad indocumentada significaría una contribución de 39 mil 300 millones a la Seguridad Social y al programa Medicare durante la próxima década.
Esta semana se llevó a cabo una concentración en Albany, donde participaron centenar de inmigrantes, para presionar por la aprobación de las licencias de conducir para los indocumentados y el NY Dream Act.
ALBANY.- Make the Road New York, una organización de 22 mil personas que aboga por los derechos de los inmigrantes, manifestaron que pese a que el presupuesto estatal es un fracaso para los inmigrantes, seguirán presionando para conseguir las licencias de conducir para los indocumentados y el NY Dream Act.
“Nos comprometemos a continuar organizando y luchando hasta el final de la sesión legislativa para garantizar que temas como el NY Dream Act, la vivienda asequible, la atención de salud para los inmigrantes, la reforma de justicia penal, las licencias de conducir para los indocumentados y otros asuntos que nuestra comunidad necesita desesperadamente, sean aprobadas por la Asamblea”, declaró el codirector de la organización, Javier Valdés.
Con el presupuesto finalizado y el poco progreso en los derechos de los inmigrantes como el NY Dream Act y las licencias de conducir para los indocumentados, los defensores continúan luchando por la progresión.
“En enero, el gobernador Andrew Cuomo prometió reformas audaces en su presupuesto para proteger y ampliar las oportunidades para las comunidades de inmigrantes y las comunidades de clase trabajadoras. Ahora, tres meses después, nuestras comunidades enfrentan un presupuesto sombrío que no satisface nuestras necesidades o no amplía las protecciones para nuestras familias”, comentaron Valdés y la codirectora Deborah Axt.
Una prioridad fue expandir el New York Tuition Assistance Program para proporcionar cierta ayuda financiera a los estudiantes indocumentados, patrocinado por el Senador estatal José Peralta (D-Queens) el concejal Francisco Moya (D-Queens) y 96 copatrocinadores.
El NY Dream Act permitiría a los estudiantes indocumentados que cumplan con los criterios solicitar la ayuda financiera estatal que actualmente está disponible para otros, como el Tuition Assistance Program (TAP).
Este proyecto de ley, según los partidarios, es una vía crítica para proporcionar igualdad de matrícula e igualdad de oportunidades para los jóvenes indocumentados en Nueva York.
Según Peralta, de los más de 4 mil 500 neoyorquinos indocumentados que se gradúan de una escuela secundaria en el Estado cada año, menos del 10 por ciento asisten a la universidad debido a obstáculos económicos.
“Hacer realidad el sueño le costará al contribuyente promedio 87 centavos, ni siquiera un dólar”, lamentó Peralta.
“Esta es una inversión, ya que el graduado universitario promedio paga cada año aproximadamente 4 mil dólares más en impuestos estatales que los neoyorquinos sin un título universitario”, agregó el legislador.
El 5 de febrero de 2018, el proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea, entregado al Senado y remitido al Comité de Educación Superior.
Junto con el NY Dream Act, Make theRoad New York está promoviendo una legislación que permita a los indocumentados adquirir licencias de conducir.
Nueva York actualmente no emite licencias de conducir a las personas indocumentadas.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que esto pone a muchas personas que deben conducir para ir al trabajo, dejar a los niños en la escuela o ir al consultorio de un médico, en riesgo de paradas de tráfico que pueden conducir al arresto y la deportación.
Varios legisladores han patrocinado la legislación que proporcionaría alguna forma de licencia de conducir limitada para las personas indocumentadas.
Un proyecto de ley, patrocinado por varios legisladores, le permitiría al comisionado del Departamento de Motores y Vehículos (DMV) ofrecer licencias de conducir de propósito limitado a los solicitantes, independientemente de su estatus migratorio.
Además, generaría millones en ingresos para todos los niveles de gobierno en el estado de Nueva York, reduciría las primas de seguro para los conductores e impulsaría las ventas de automóviles, de acuerdo con los promotores.
Otro proyecto de ley patrocinado por Peralta, el asambleísta Luis Sepúlveda (D-Bronx) y 15 copatrocinadores, permitiría a las personas que no pueden proporcionar la documentación necesaria para obtener una licencia de conducir estándar la oportunidad de obtener de manera limitada una licencia para conducir.
El Greenlight NY Bill (A.10273), patrocinado por el asambleísta Marcos Crespo (D-Bronx) también permitiría a los inmigrantes conducir legalmente, abrir cuentas bancarias para seguridad financiera y sentirse más seguros al denunciar crímenes a las fuerzas del orden que piden identificación.
El 18 de abril pasado, se llevó a cabo una concentración para la Greenlight Campaign For Driver’s Licenses For All New Yorkers en Albany.
Los beneficios económicos del proyecto de ley se discutieron en el mitin, incluido un proyectado de 57 millones de dólares por año para el Estado, solo por las tarifas de licencia y registro.
Los asistentes a la reunión cantaron “Sí se puede” y “El pueblo unido, jamás será vencido”, que se traduce como “sí, podemos” y “la gente unida, nunca seremos derrotados” al pedirle a la Legislatura estatal que apruebe el proyecto de ley.
Más de 200 indocumentados fueron arrestados por violar las leyes de inmigración de los Estados Unidos en el condado de Westchester, la Ciudad de Nueva York y áreas cercanas, por los agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
PORT CHESTER.- Oficiales del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) arrestaron a 225 personas durante un período de seis días en el área de la ciudad de Nueva York y cuatro condados en el Valle de Hudson que incluye Westchester.
De acuerdo con las autoridades, los 225 indocumentados fueron arrestados por violar las leyes de inmigración de los Estados Unidos.
De los arrestados, más de 180 eran criminales condenados o tenían cargos penales pendientes, más de 80 habían recibido una orden final de deportación y no habían salido del país o habían sido deportados previamente de los Estados Unidos e ingresaron nuevamente de manera ilegal.
Varios tenían condenas por delitos graves o violentos, como delitos sexuales con menores, cargos por armas de fuego y asalto, o tenían condenas anteriores por infracciones graves o múltiples.
Los condados de Westchester, Rockland, Orange y Dutchess comprendieron los cuatro condados del Valle de Hudson en los que se realizaron arrestos.
Los detenidos incluyen ciudadanos de Albania, Antigua, Argentina, Bangladesh, Brasil, Burkina Faso, Birmania, China, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Georgia, Alemania, Ghana y Granada.
Además, de Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, Jamaica, Jordania, Kosovo, Maldivas, México, Mongolia, Países Bajos, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Santa Lucía, San Vicente, Tayikistán, Trinidad, Turquía, Ucrania, Uzbekistán y Venezuela.
Algunas de las personas arrestadas durante esta operación enfrentarán procesamientos penales federales por entrada ilegal y reingreso ilegal después de la deportación.
Los arrestados que no están siendo procesados federalmente serán procesados administrativamente para ser expulsados de los Estados Unidos.
Aquellos que tienen órdenes de deportación pendientes, o que regresaron ilegalmente a los Estados Unidos después de ser deportados, están sujetos a ser expulsados inmediatamente del país.
Las personas restantes se encuentran bajo la custodia del ICE en espera de una audiencia ante un juez de inmigración, o en espera de arreglos de viaje para su expulsión en el futuro cercano.
Más de 60 individuos arrestados durante esta operación fueron previamente liberados de la policía local en una detención activa.
El ICE coloca detenciones en personas que han sido arrestadas por cargos penales locales y que se sospecha que pueden ser deportadas, de modo que el ICE pueda tomar la custodia de esa persona cuando sea liberado de la custodia local.
“El ICE continúa enfrentando obstáculos significativos con las políticas creadas por funcionarios locales que obstaculizan la cooperación entre el ICE y la policía local”, declaró Thomas Decker, director de la oficina de campo de Operaciones de Detención y Deportación del ICE en Nueva York.
“Sin embargo, con los incansables esfuerzos de los hombres y mujeres de ICE, esta operación fue un gran éxito”, finalizó Decker.
Con el fin de eludir la nueva reforma fiscal federal, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó una ley de impuestos para proteger a los contribuyentes del Estado. En la foto lo acompañan funcionarios estatales y de Condado, entre ellos, el Ejecutivo de Westchester, George Latimer (derecha).
YONKERS.- El gobernador Andrew Cuomo llegó a la sede de Teamsters Local 456 en el Federal Tax Day para firmar una ley que, según él, tiene la intención de eludir la nueva ley de impuestos federales.
“Nos están atacando y no voy a tolerarlo”, declaró Cuomo el martes pasado.
Cuomo, un potencial candidato presidencial en 2020, ha hecho que la oposición del Estado a la reforma tributaria federal, que limita las deducciones del impuesto sobre la renta a los impuestos estatales y locales, sea una pieza central de su ataque contra la administración del presidente Donald Trump.
Si bien varios estados han explorado formas de eludir la reforma tributaria federal, Nueva York es el primero en aprobar una legislación para hacerlo.
Hablando ante unos 200 sindicalistas y funcionarios demócratas electos, incluido el ejecutivo del condado de Westchester George Latimer, el alcalde de Yonkers, Mike Spano, el Gobernador señaló que la reforma federal terminaría costando al contribuyente promedio de Nueva York unos 6 mil 400 dólares al año.
Dijo que el concepto de la deducibilidad de los impuestos estatales y locales se remonta a 1862, cuando el presidente Abraham LIncoln impuso un impuesto federal.
Cuomo indicó que Nueva York demandaría al gobierno federal, argumentando que la nueva ley equivalía a una doble imposición porque los neoyorquinos estaban pagando el impuesto federal sobre la renta y los impuestos a la renta que los contribuyentes pagaban en el estado de Nueva York.
Por su parte, los críticos se han quejado de que Cuomo ha exagerado el impacto de la reforma tributaria federal al no tener en cuenta la reducción en las tasas de impuestos para las personas.
Cuomo precisó el impacto de la factura de impuestos es exagerada, indicando que eliminó la deducibilidad de los impuestos estatales y locales.
“La disposición dice que ya no puede deducir sus impuestos estatales y locales de sus impuestos federales”, explicó Cuomo.
La factura de impuestos federales, sin embargo, no elimina las deducciones por impuestos estatales y locales. Cubre esas deducciones a 10 mil dólares por año.
Morris Peters, portavoz de prensa de la división de presupuesto de Cuomo, aseguró que el Gobernador en el pasado ha dicho que la ley elimina la deducción total de los impuestos estatales y locales.
La nueva ley que firmó Cuomo permitiría a los empleadores optar por un sistema de impuesto a la nómina que podría reducir la responsabilidad fiscal sobre los salarios en exceso de 40 mil dólares a través de los créditos fiscales.
Además, facultaría a los gobiernos de Nueva York a establecer fondos de caridad a los que los contribuyentes les harían contribuciones deducibles de impuestos, y recibir un crédito fiscal a la propiedad igual al 95 por ciento de la donación en el año siguiente.
Los líderes municipales desconfían de la provisión de fondos de caridad, sin saber si el Internal Revenue Service (IRS) permitiría la deducción de las contribuciones caritativas que se hicieron para propósitos de impuestos a la propiedad.
Nueva York, sin embargo, no buscará un fallo del IRS sobre el plan de Nueva York, precisó Cuomo.
Por su parte, el ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, indicó que planea convocar una reunión de funcionarios estatales y municipales en las próximas semanas para brindar orientación sobre cómo establecer los fondos de beneficencia.
La supervisora de Mamaroneck, Nancy Seligson, comentó que la Ciudad está abierta a la creación de una reunión, pero temía su complejidad.
Las ciudades de Westchester recaudan impuestos para sus propios municipios, así como también para el Condado, los distritos escolares y los distritos de bomberos y agua.
El condado de Westchester es el gobierno más reciente que considera la prohibición de bolsas de plástico de un solo uso para reducir la contaminación ambiental.
WHITE PLAINS.- Mientras personas de todo el mundo observan el Día de la Tierra este fin de semana, los legisladores del condado de Westchester Kitley Covill y Nancy Barr están poniendo en práctica sus principios ambientales.
Ambos legisladores propusieron una ley para alentar el uso de bolsas reutilizables y mantener las bolsas de plástico desechables fuera de las calles, los vertederos y las vías fluviales del Condado.
La legislación también apuntó a los materiales de embalaje de espuma de poliestireno, prohibiendo su uso en el envasado de alimentos y otros tipos de artículos empacados en el Condado.
“Este es el primer paso hacia una meta que todos compartimos que es la de mejorar el medio ambiente al eliminar las bolsas de plástico que contaminan nuestras vías fluviales y obstruyen nuestras alcantarillas. Las bolsas de plástico desechables ponen en peligro nuestra vida marina y ensucian nuestras calles”, indicó Covill.
Por su parte, Barr comentó que “esta legislación refleja una creciente conciencia de cuán destructivas, permanentes e innecesarias son las bolsas de plástico de un solo uso. Mientras varios municipios alrededor de Westchester ya cuentan con una legislación de bolsas reutilizables y varios otros están considerando leyes similares, es hora de para que el Condado en su totalidad se una a otros condados como Suffolk en la conducción del Estado y la nación hacia un futuro más limpio y más sostenible para nosotros y nuestros niños”.
El mes pasado, el gobernador Andrew Cuomo respaldó una prohibición estatal de bolsas de plástico de un solo uso.
La legislación estatal patrocinada por el asambleísta Steve Englebright y los senadores estatales Brad Hoylman y Liz Krueger prohibiría las bolsas plásticas y crearía una tarifa de 5 centavos.
La nueva Reusable Bag Initiative de Westchester propone eliminar las bolsas de plástico de un solo uso para el pago minorista.
Las tiendas y otros vendedores sólo podrán llevar bolsas reutilizables o bolsas de papel reciclado más pesadas.
Westchester propone una tarifa de no menos de 10 centavos por cada bolsa provista por un vendedor, ya que los estudios han demostrado que una tarifa anima a los consumidores a traer sus propias bolsas, y los resultados en la reducción de desperdicios.
Para asegurarse de que la tarifa no sea una carga para aquellos que no pueden pagarla, los beneficiarios del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) y el Women, Infants, and Children (WIC) están exentos según la propuesta del condado.
Además, se exceptúan ciertos tipos de bolsos, como fundas para LA ropa de limpieza en seco, bolsas finas de productos y bolsas más grandes del tipo utilizado para los forros de basura, así como bolsas de papel usadas por las farmacias para recetas.
El Alcalde de White Plains, Tom Roach, apuntó que “estoy agradecido con los legisladores del Condado que han tomado la iniciativa para avanzar en este importante tema. Creo que la legislación que cubriría todo el condado sería más efectiva y más fácil de entender y cumplir tanto por los consumidores como por los minoristas que una mezcolanza de regulaciones locales”.
La joven Anghy Idrovo, de Danbury, le entrega un “teléfono” al senador Len Fasano como símbolo para que “llame” para votar por el proyecto de ley de ayuda financiera para los estudiantes indocumentados.
Educadores de las escuelas secundarias y universidades y defensores de los inmigrantes entregaron “teléfonos” a los legisladores como símbolo para que “llamen” para votar por el proyecto
HARTFORD.- Educadores de New Haven, Windham y de la Eastern Connecticut State University (ECSU) se unieron a los estudiantes de secundaria de la Wilbur Cross High (New Haven) y Danbury High School en el edificio de la Oficina Legislativa en apoyo de la HB 5031/SB4, una propuesta que igualaría el acceso a la educación superior y ayuda institucional para los estudiantes inmigrantes en Connecticut.
La propuesta ya fue aprobada esta semana por el Senado estatal pero falta la decisión de la Camará de Representantes.
En la reunión, los educadores de la escuela secundaria y los estudiantes se tomaron un descanso en sus vacaciones de primavera para hablar y compartir sus historias.
Los estudiantes de secundaria con gorras y batas tenían teléfonos con el mensaje “Llame para votar por la HB 5031”.
Después de la reunión, donde los educadores y estudiantes de la escuela secundaria, miembros del sindicato de la American Federation of Teachers (AFT) y educadores universitarios hablaron sobre la necesidad y la urgencia de igualar el acceso a la educación superior para los jóvenes indocumentados de Connecticut, los estudiantes y educadores marcharon a la oficina del presidente de la Cámara de Representantes Joe Aresimowicz, el presidente del Senado, Martin Looney, y del senador Len Fasano a quienes le entregaron “teléfonos” y les exigieron que “llamaran” para una votación de la HB5031/SB4.
Los educadores de la escuela secundaria y los estudiantes conversan con la representante estatal Themis Klarides.
Rose Reyes, miembro de la Federación de Maestros de Windham y de la AFT Local 1577, expresó que “los educadores no castigan. Facilitamos, nutrimos y ayudamos a hacer posibles las cosas que parecen imposibles. Connecticut debe ponerse en el camino de convertirse en un Estado más inclusivo y seguro para cada estudiante. Apoyamos el sueño americano para todos y estamos orgullosos de apoyar a los estudiantes de Connecticut por un sueño en apoyo de esta legislación”.
Por su parte, Najey Clavijo, estudiante indocumentada de la Danbury High School manifestó que “llegué a la capital de Connecticut esta semana durante mis vacaciones de primavera porque estoy cansada de esperar. Estoy aquí para decirles a nuestros legisladores que mis sueños y el sueño de otros estudiantes como yo ya no pueden esperar. Me gradúo de la escuela secundaria en 2 meses. Debería estar emocionada y esperanzada por mi futuro. Pero, en cambio, estoy asustada de que el futuro que se me ha prometido por trabajar duro en mis estudios nunca se convierta en realidad”.
Camila Bortolleto, gerente de campaña de CT Students for a Dream (C4D) comentó que “exigimos un voto sobre la HB5031/SB4 ahora, nuestros sueños pueden esperar más. Aprobar el proyecto de ley es una solución de sentido común, que aumentará los ingresos de inscripción y la matrícula, y es una inversión en la economía de Connecticut, ayudando a hacer crecer nuestra economía y expandir nuestra base tributaria, lo que implica un costo fiscal cero para el Estado”.
Bortolleto agregó que “este proyecto de ley es bueno para nuestro Estado, nuestras escuelas y nuestros estudiantes. Es por eso que ha pasado el Comité de Educación Superior con apoyo bipartidista en los últimos 4 años. Es por eso que tenemos más apoyo bipartidista este año que los anteriores. Es hora de aprovechar el impulso bipartidista. Es hora de que el Representante Aresimowicz se reúna y traiga este proyecto de ley bipartidista de sentido común ahora”.
Esteban García, tesorero adjunto y miembro del equipo de apoyo estudiantil de los jóvenes indocumentados de la Southern Connecticut State University (SCSU), expresó que “en mi función como tesorero adjunto, he sido testigo de primera mano de los sacrificios que los estudiantes indocumentados hacen para poder pagar sus facturas de matrícula. Desafortunadamente, a menudo tienen que retrasar o renunciar a sus objetivos de obtener un título debido a las dificultades financieras. Y a pesar de que pagan estos fondos de ayuda institucional, no tienen permitido acercarse a ellos”.
El presidente del Senado estatal, Martin Looney, y el senador Bob Duff (D-Norwalk) expresaron su apoyo al proyecto de ley que les permite a los estudiantes indocumentados la oportunidad de calificar para el sistema estatal de ayuda financiera. La propuesta fue aprobada por el Senado y ahora pasa a la Cámara de Representantes.
HARTFORD.- El gobernador Dannel Malloy elogió al Senado estatal de Connecticut por la votación bipartidista 30-5 para aprobar una legislación que les permite a los estudiantes indocumentados que asisten a los colegios públicos y universidades de Connecticut la oportunidad de calificar para el sistema estatal de ayuda financiera, que ya pagan a través de su matrícula actual.
El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes para su consideración.
“En Connecticut, nos enorgullecemos no solo de nuestro compromiso con la educación sino también de nuestra historia de compasión, equidad e igualdad”, expresó Malloy.
“El resultado final de esta legislación no es controvertido: permite que los estudiantes que ya asisten a nuestros colegios y universidades tengan la posibilidad de acceder a la ayuda financiera. Actualmente no son elegibles y por eso estamos procurando hacer ese cambio”, agregó el Gobernador.
“Estamos hablando de jóvenes cuyo sueño es trabajar aquí y contribuir a la economía y el tejido cultural de nuestro Estado. La fuerza de trabajo de Connecticut no tiene igualdad, y al aumentar el acceso a la educación postsecundaria, les estamos diciendo a los empleadores y empresas en todo el mundo que tenemos la fuerza de trabajo para llenar los puestos de empleo del mañana. Agradezco a los líderes de ambos lados del Senado por aprobar este proyecto de ley, y espero con interés su aprobación en la Cámara de Representantes para poder promulgarlo como ley”.
La legislación propuesta busca ayudar a los estudiantes sin estatus legal de inmigración con el costo de la universidad.
La propuesta se basa en una ley que el gobernador Malloy firmó en 2011 (y se amplió en 2015) para otorgar a los estudiantes universitarios indocumentados de Connecticut igualdad en las tarifas de matrícula universitaria en el Estado para las universidades y colegios públicos del Estado.
Las tarifas dentro del Estado se extienden solo a aquellos que han completado al menos dos años de la escuela secundaria dentro del Estado, donde también deben haberse graduado o haber obtenido un diploma equivalente.
Cuando firmó ese proyecto de ley hace siete años, el Gobernador explicó que no solo era un problema moral, sino que también le permitiría al Estado competir mejor en la economía global asegurando que la fuerza laboral de Connecticut permanezca entre las mejor educadas del país.
Donn Reid, director general de valores y de servicios de capacitación de Domus, escribiendo las posibles soluciones para mejorar la seguridad en los autobuses y el comportamiento de los niños, junto a la facilitadora de padres Nohemi Berkoff, quien hizo la traducción a los asistentes hispanos. (Texto y foto: Guadalupe Ramos-El Sol News)
STAMFORD. – Con el objetivo de encontrar soluciones para mejorar la seguridad y el comportamiento de los niños en los autobuses escolares, se llevó a cabo una reunión entre padres de familia, maestros, administradores de escuelas, organizaciones comunitarias, autoridades de transporte y de la oficina de envolvimiento con la comunidad.
La reunión fue organizada por la escuela Roxbury y el Domus-Chester Addison Community Center.
Mike Meyer, director de soporte para los estudiantes y programas especiales, dijo que educar a los niños en la comunidad es una responsabilidad que involucra a los padres, a la comunidad, al departamento de transporte.
¨Se quiere mejorar el comportamiento de los niños en el autobús, es un problema de años y este es un primer esfuerzo que hemos organizado para obtener información de los padres, de los choferes, del departamento de educación, de las mismas escuelas para ver qué pasa en el bus, qué es lo que las familias y la comunidad sugieren para mejorar ese comportamiento, y cuáles serían los próximos pasos. Es un problema que existe desafortunadamente en el vecindario donde hay bastantes autobuses que llegan con una gran cantidad de niños. En esos autobuses de la escuela Roxbury se han tenido problemas pero también pasa en otras escuelas. En la Roxbury es un primer esfuerzo que se organiza la escuela como comunidad, es un modelo para poder hacerlo en otras escuelas, ya que cada una tiene su centro en la comunidad¨, dijoMeyer.
Catalina Samper, directora de B1C, dijo que la solución tiene que venir de todos. ¨Es una maravilla tener a todos en el mismo techo en una conversación constructiva¨.
En la reunión se hicieron mesas de discusión donde cada persona contestó a diferentes preguntas, identificaron los problemas y dieron una posible solución.
Los conductores manejan antes que los niños se sienten, los niños tiene cerillos y encendedores, la mezcla de las diferentes edades de los estudiantes, los largos tiempos en los autobuses, los padres llevan a los hijos a otras paradas de buses, fueron algunas de las inquietudes en cada grupo de discusión.
Tener acceso a los videos en tiempo real, poner una persona extra donde hay muchos niños, dividirlos de acuerdo a la edad, que los conductores chequeen con quién se quedan los estudiantes en los programas después de clases, que los padres digan a los niños que obedezcan al conductor, y una mejor comunicación entre la compañía de buses, los padres y la escuela fueron algunas de las soluciones.
