HARTFORD.- Las agencias federales de inmigración lanzaron una campaña coordinada para arrestar y deportar a los inmigrantes que buscan convertirse en residentes legales de los Estados Unidos a través del matrimonio, según los documentos publicados esta semana en una demanda colectiva presentada por la American Civil Liberties Union (ACLU).

Los documentos, que incluyen declaraciones y correspondencia de funcionarios federales, muestran hasta qué punto los funcionarios de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) han estado coordinando con sus contrapartes del Immigration and Customs Enforcement (ACLU) para facilitar los arrestos en las oficinas de ciudadanía del área de Nueva Inglaterra.

La ACLU, en sus argumentos, criticó los esfuerzos como una “trampa” de deportación que viola los derechos constitucionales de los inmigrantes que de lo contrario seguirían las normas para convertirse en residentes legales.

“El gobierno creó este camino para que busquen una tarjeta verde”, señaló Matthew Segal, director legal de la ACLU de Massachusetts.

“El gobierno no puede crear ese camino y luego arrestar a la gente por seguir ese camino”, agregó el activista.

El portavoz del ICE, John Mohan, respondió que las acusaciones de “coordinación inapropiada” entre las dos agencias son “infundadas” y que la coordinación entre las dos agencias del Departamento de Seguridad Nacional es “legal y legítima”.

Por su parte, el portavoz del USCIS, Michael Bars, se negó a comentar sobre la presentación legal, pero dijo que su agencia, en general, notifica a las fuerzas del orden público de individuos con una orden pendiente o una orden de expulsión y les deja decidir si es necesario un arresto.

La demanda de la ACLU argumenta que las regulaciones de Seguridad Interna creadas bajo el ex presidente Barack Obama permiten que los inmigrantes con cónyuges de ciudadanos estadounidenses permanezcan en el país mientras buscan la residencia permanente, incluso si ya están sujetos a la deportación.

“Esa regulación sigue siendo la ley, así que arrestar a esta gente no es sobre la ley y el orden. Estas son personas con un camino a la legalización y el gobierno está tratando de bloquear eso”, cuestionó Segal.

El gobierno federal, al tratar de desestimar la demanda, argumenta en parte que el Tribunal de Distrito federal no tiene jurisdicción en el asunto.

El escrito legal de más de 250 páginas de la ACLU incluye correos electrónicos entre los funcionarios del  ICE que describen cómo coordina arrestos con el USCIS en el área de Nueva Inglaterra, que incluye Connecticut.

Andrew Graham, un oficial del ICE con sede en Boston, dijo que la agencia generalmente recibe de la lista de inmigrantes del USCIS que buscan la residencia legal y a quienes ya se les ordenó la deportación, que han reingresado al país ilegalmente o que se los considera “un delincuente atroz”.

Graham argumentó que ICE luego trabaja con el USCIS para programar entrevistas para que los agentes del ICE puedan estar presentes para realizar un arresto. Señaló que el ICE prefiere extender las entrevistas para aliviar la carga de trabajo de sus agentes y evitar generar “intereses negativos de los medios” de los arrestos.

El escrito legal de la ACLU es el último de la demanda colectiva presentada a principios de este año en nombre de los inmigrantes que han tenido o temen ser separados de sus cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

El caso se discutirá el 20 de agosto en el tribunal federal de Boston, en Massachusetts, y se nombran cinco parejas, incluidos los demandantes principales Lilian Calderon y Luis Gordillo, de Rhode Island.

NEW HAVEN.- En Connecticut y en todo el país, las mujeres de raza negra e hispanas sufren desproporcionadamente peores resultados de salud relacionados con el embarazo que las mujeres blancas.

El estudio The March of Dimes’ 2017 Premature Birth Report Card for Connecticut reveló que entre 2013 y 2015, el 8.4 por ciento de todos los bebés nacidos de las mujeres blancas fueron prematuros, en comparación con el 12.4 por ciento de los bebés nacidos de mujeres de raza negra e hispanas.

En todo el Estado, después de un parto sin complicaciones, las mujeres de raza negra e hispanas tienen dos veces más probabilidades que las mujeres blancas de ser readmitidas en un hospital dentro de los 30 días, según un estudio de 2015 publicado en la revista Obstetrics and Gynecology, que se basó en estadísticas del Departamento de Connecticut de Salud Pública.

Estos resultados racialmente dispares reflejan las brechas raciales persistentes en todo el país, resaltó el informe.

Los bebés nacidos de mujeres de raza negra e hispanas tienen más del doble de probabilidades de morir en el primer año de vida que los bebés nacidos de mujeres blancas, y las mujeres de raza negra son 243 por ciento más propensas que las mujeres blancas a morir por complicaciones relacionadas con el embarazo, según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC).

Estas estadísticas no son nuevas. Algunos profesionales en todo Connecticut, desde investigadores psiquiátricos hasta activistas comunitarios, médicos y centros de salud progresivos, están reformulando la forma en que se abordan las disparidades raciales: volviendo a examinar sus causas y buscando nuevas soluciones.

Este examen minucioso de las disparidades raciales en los resultados relacionados con el embarazo coincide con un impulso reciente para abordar las desalentadoras tasas globales de mortalidad materna, que aumentaron en más del 25 por ciento entre 2000 y 2014, mientras que en otros países desarrollados disminuyó, según un estudio publicado en la revista Obstetrics and Gynecology.

New Haven Healthy Start (NHHS), un programa comunitario, ha estado trabajando durante tres décadas para identificar y eliminar las disparidades raciales en los resultados del nacimiento.

La organización ha examinado varios factores como posibles culpables de la división racial, incluida la pobreza, el seguro de salud y el acceso a la atención prenatal. Finalmente, se enfocaron en un factor.

“En el racismo y las prácticas discriminatorias basadas en la raza, en eso nos hemos estado enfocando”, precisó Kenn Harris, presidente de la junta directiva de la National Healthy Start Association y director del proyecto en NHHS.

En respuesta, ofrecen un programa donde las mujeres, independientemente de su raza, se sienten verdaderamente respaldadas durante todo el embarazo.

En el corazón de la estrategia simple pero altamente efectiva de la NHHS es su modelo de servicio de coordinación de cuidado.

Hacen actividades de alcance en lugares estratégicamente ubicados donde es probable que visiten mujeres embarazadas en la población objetivo del programa, incluidos centros de salud comunitarios y agencias sin hogar.

A cada participante se le asigna un coordinador de atención, que brinda una gran variedad de apoyo, desde ayudarlos a inscribirse en el Medicaid estatal hasta organizar el transporte y el cuidado de los niños para llegar a ellos si se pierden una cita con el médico.

De acuerdo con los expertos, el enfoque funciona. En 1987, uno de cada 50 bebés nacidos en New Haven murió en el primer año de vida.

Hoy, solo uno de cada 222 bebés cuyas madres están inscriptas en la NHHS fallece en el primer año de vida, según la Community Foundation for Greater New Haven, que administra el programa Healthy Start en New Haven.

En 2017, mil 402 mujeres se inscribieron en la NHHS. De estos, el 43 por ciento eran de raza negra, el 38.5 por ciento eran hispanas, el 16 por ciento blancas y el 2.5 por ciento asiáticas.

Otro programa que hace una diferencia en la salud de las madres de raza negra e hispanas es The New Haven Mothers (MOMS).

Esta asociación comunitaria y académica, fundada en 2011 por la profesora asociada de psiquiatría de Yale, Megan Smith, busca mejorar la salud mental materna entre las mujeres de bajos ingresos a través de un enfoque impulsado por la comunidad.

Smith dijo que comenzó la asociación de MOMS debido a las crecientes desigualdades raciales que observó relacionadas con la atención de salud mental entre los residentes de New Haven.

El programa busca madres y mujeres embarazadas en vecindarios específicos de New Haven, solicitando que completen evaluaciones de salud mental.

Aquellos que demuestren necesidad deben recibir terapia cognitivo-conductual en entornos familiares, incluido el segundo piso de la tienda de comestibles Stop & Shop de esta ciudad.

La configuración del tratamiento no es amenazante; también lo son los embajadores comunitarios de salud mental (CMHA), empleados que reclutan participantes y las acompañan al tratamiento.

“Por favor no dejen que mi familia se separe. No sé qué estaría haciendo acá sin mi padre”, suplicó el joven Santi, que le pidió al ICE no deportar a su progenitor

HARTFORD.- Santi Rodríguez, un joven de 14 años, que padece una rara enfermedad genética que actualmente está bajo control y que está vivo por obra divina, ahora está buscando un segundo milagro: la no deportación de su padre.

Su padre, Julián Rodríguez, que vino a los Estados Unidos hace 18 años desde Colombia buscando asilo, ha recibido múltiples permisos de estancia para permanecer en el país para apoyar a su hijo y esposa, quienes forman parte de un estudio de los National Institutes of Health sobre una enfermedad autoinmune grave, que afectó a su hijo.

Sin embargo, en junio pasado, el U.S. Immigration and Custom Enforcement (ICE) ordenó a Rodríguez, que vive en New London, que comprara un boleto de avión para regresar a Colombia antes del 12 de septiembre.

El abogado Glenn Formica, al que se le unieron varios funcionarios estatales y del hospital, en una reunión llevada a cabo en el Connecticut’s Children Medical Center, presentó una solicitud de exención de interés nacional, que es una petición especial que permite a un inmigrante indocumentado permanecer en este país, si es en el interés nacional.

Mientras tanto, hasta que se actúe sobre la petición, Formica le pidió al ICE que continúe otorgando a Rodríguez una estancia para permanecer en los Estados Unidos, algo que el inmigrante ha obtenido durante los últimos nueve años.

Santi nació con una enfermedad granulomatosa crónica (CGD), una dolencia autoinmune grave que se transmite a través de un gen defectuoso, en este caso  transmitido por su madre. La rara enfermedad solo afecta a los hombres.

James Shmerling, director del hospital, explicó que él forma parte integral del equipo de atención de Santi desde hace más de una década.

El doctor Juan Salazar, jefe pediatra del Connecticut’s Children Medical Center, declaró que esta es una “historia de esperanza, una historia de éxito y una historia que conducirá a grandes resultados para esta familia”.

Agregó el diagnóstico de CGD, que afecta a uno de cada 200 mil niños, le fue descubierto a Santi cuando el menor tenía 6 años.

Mientras algunos niños con CGD alcanzan la edad adulta, en muchos otros casos es “universalmente fatal”, expuso el médico.

La enfermedad afecta a los glóbulos blancos que combaten las infecciones. Los niños con CGD desarrollarán infecciones graves y Santi los ha sufrido durante su corta vida, ya que ha es hospitalizado de ocho a 10 veces al año, se dio a conocer.

Afortunadamente para el adolescente, que es un estudiante de segundo año en la Saint Bernard School en Uncasville, hubo una prueba experimental ofrecida por los National Institutes of Health que involucró el trasplante de células madre.

Salazar comentó que un colega suyo, el doctor Harry Malech de los National Institutes of Health, invitó a Santi a participar en el ensayo, una oportunidad que sus padres aceptaron a pesar de los riesgos de una mayor supresión del sistema inmunológico de los niños para que las células nuevas pudieran recuperarse.

La terapia fue exitosa desde hace seis años y todas las complicaciones del adolescente han disminuido, mientras que las infecciones también desaparecieron, según Salazar.

“Se puede imaginar el estrés que sufren los padres cuando sus hijos se enferman. La buena noticia es que Santi actualmente no requiere terapia inmunosupresora, lo cual es inusual”, dijo el médico.

El doctor opinó que esto un milagro, pero es importante que continúe reportándose al Connecticut Children’s Medical Center cada dos o tres meses, o antes, si es necesario, y a los National Institutes of Health cada seis meses.

“Su cuidado debe hacerse en los Estados Unidos. No se puede hacer en otro lado. Es algo que ha contribuido a la atención médica general de los niños”, expresó Salazar. Los otros oradores en la reunión presentaban sus argumentos para mantener al inmigrante Julián Rodríguez, el sostén principal de la familia, en los Estados Unidos.

El senador  federal, Richard Blumenthal, señaló que esta historia es como muchas otras que ha visto, donde los niños son separados de sus padres sin ninguna piedad.

Añadió que la nueva política de deportación en los Estados Unidos es despedir a personas que han estado en el país durante décadas, han trabajado arduamente y han pagado sus impuestos mientras crían a sus familias.

“Por favor no dejen que mi familia se separe. No sé qué estaría haciendo acá sin mi papá. Él me ha ayudado mucho a través de la vida. Él siempre ha estado allí para apoyarme y realmente lo necesito a mi lado para las cosas que voy a pasar a medida que vaya creciendo”, finalizó Santi.

BRIDGEPORT.- Las vacaciones escolares hacen que el verano sea una temporada donde muchas familias de Connecticut pasan hambre.

“El hambre no se va de vacaciones”, comentó Susie Woerz, directora de despensas de Plainville.

A mediados de julio, Woerz presentó un pedido de cereales, refrigerios y otros productos no perecederos para reabastecer los estantes agotados por las crecientes necesidades de verano de los 170 hogares que atiende la despensa.

Gran parte de la necesidad es impulsada por los niños que asisten a la escuela.

Cada estudiante que está de vacaciones agrega alrededor de 100 comidas al presupuesto familiar de alimentos, para reemplazar las provistas en las escuelas durante el año académico.

“Los niños tienen hambre en casa y la demanda aumenta”, indicó Woerz.

El pico de verano en el pequeño Plainville es un reflejo de lo que las agencias de servicios sociales ven en todo el Estado.

“El hambre infantil no termina con el año escolar”, comentó Peter Yazbak, vocero del Departamento de Educación Estatal.

Este verano, un estimado de 1.7 millones de comidas serán servidas por programas de verano estatales y federales que proporcionan alimentos a los niños de Connecticut cuando las escuelas están cerradas, agregó Yazbak.

Pero las comidas servidas en junio, julio y agosto solo cubren una parte de la necesidad, aseguraron los funcionarios del programa.

Solo alrededor del 21.7 por ciento de los niños menores de 18 años que reciben comidas gratis o a precio reducido en las escuelas durante el año académico participan en los programas de comidas de verano.

Un estudio nacional publicado en junio por el Food Research and Action Center sin fines de lucro informó que 171 mil 61 estudiantes recibieron comidas gratis o de costo reducido durante el año escolar, en comparación con 34 mil 257 alimentados durante el verano por programas financiados con fondos federales.

La representante federal, Rosa DeLauro, se unió a los líderes del programa y proveedores en las comidas de verano en Waterbury y New Haven el mes pasado para crear conciencia sobre el hambre de verano.

DeLauro es miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, que recomienda fondos para todos los programas federales, incluida la ayuda alimentaria y otros servicios sociales.

La congresista indicó que ha visitado varios sitios para hablar con la gente y aprender cómo conseguir más niños para participar en los programas de alimentos.

“Nada es más importante que la salud de nuestros niños. Los menores no deberían acostarse con hambre en una nación de tanta abundancia”, precisó DeLauro.

Las comidas escolares son “el arma número 1 que tenemos contra el hambre”, precisó Shannon Yearwood, directora de End Hunger Connecticut, una organización sin fines de lucro que opera muchos de los 650 sitios de comidas de verano del Estado.

“Muchos padres y tutores trabajan en múltiples trabajos y aún luchan por proporcionar refugio y comida. Un gasto inesperado realmente puede dañar a esas familias. Proporcionamos acceso seguro y confiable a los alimentos durante el verano cuando los estudiantes no están en la escuela y se alimentan”, comentó Yearwood.

Las reglas del programa prohíben a las personas mayores de 18 años obtener alimentos.

El estudio realizado en 2018 en Connecticut por el Centro de Investigación y Acción de Alimentos encontró que 176 mil 505 hogares, alrededor del 12.6 por ciento, se quedaron sin comida y carecen de dinero para comprar lo que necesitan. El promedio nacional es del 15.7 por ciento, afirmó la agencia.