Home Blog Page 1064

Latinos, los menos preparados para emergencias financieras en EEUU

WASHINGTON DC.- Un nuevo estudio en los Estados Unidos reveló que las familias latinas están teniendo dificultades para pagar sus deudas y son los que están menos preparados para enfrentar emergencias financieras.

La seguridad financiera y ser propietario de la vivienda son los elementos fundamentales del “sueño americano”, pero muchos latinos piensan que esa idea podría estar desapareciendo, de acuerdo con el estudio del Estado de la Familia estadunidense, conducido por Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual).

El nuevo estudio examina las actitudes de la familia estadunidense hacia las finanzas y la planificación financiera y encontró que alrededor de cuatro de cada 10 (38 por ciento) latinos creen que el “sueño americano” está desapareciendo.

Cuando se les preguntó sobre la definición del “sueño americano”, para los latinos el no tener que vivir de cheque a cheque es probablemente parte de ese anhelo.

En los hogares latinos existe una tendencia a tener una definición más amplia de la familia, la cual incluye a más familiares y una de cada cuatro familias (24 por ciento) se preocupa de poder cuidar de sus padres tanto como de su propio núcleo familiar.

“Con sus fuertes valores familiares y culturales, las familias latinas manejan múltiples prioridades financieras, tales como el papel de cuidar a sus padres ancianos en el futuro”, dice David Hufnagel, director de mercado latino en MassMutual.

Los latinos enfrentan grandes desafíos, incluyendo el hecho de tener los ingresos familiares más bajos dentro del grupo encuestado y el estar menos preparados para enfrentar emergencias financieras.

Con un ingreso familiar con un promedio de 107 mil 801 dolares dentro del grupo encuestado, los latinos tienen relativamente el nivel patrimonial más bajo en Estados Unidos.

Los latinos tienen diversas prioridades financieras que van desde tener un fondo de emergencia (81 por ciento), asegurar un ingreso estable para la familia en caso de algún evento inesperado (76 por ciento).

Asimismo no ser una carga financiera para la familia (74 por ciento), desarrollar un plan financiero integral (65 por ciento) y pagar la educación universitaria (61 por ciento).

 

Curiosamente el 75 por ciento de aquellos que eligieron el tener su propia vivienda como parte de su “sueño americano” está seguro que algún día serán dueños de sus viviendas, si es que ya no lo son.

Sin embargo, pese a que las necesidades a corto plazo, como establecer un fondo de emergencia y asegurar un ingreso familiar estable por si ocurre algo inesperado, son máxima prioridad, ellos se preocupan por alcanzar metas a largo plazo, así como problemas que están fuera de su control.

El pagar la educación universitaria y el querer tener un rol activo en la preparación de los hijos para que tengan éxito en el futuro a través de la educación financiera, es de mucha importancia para los latinos.

Pero a medida que el nivel de la deuda estudiantil continúa aumentando, muchas familias se preocupan de cómo manejar tanto los gastos del día a día, así como pagar las deudas.

La mayoría de los latinos tiene algún tipo de deuda, como hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles.

El estudio precisó que 63 por ciento tiene una hipoteca. El promedio de la deuda de hipoteca es de 181 mil 292 dólares, 64 por ciento tiene una deuda de tarjeta de crédito. El promedio de la deuda de tarjetas de crédito es de nueve mil 652 dólares.

Asimismo 27 por ciento tiene deuda de préstamos estudiantiles. El promedio de la deuda estudiantil es de 32 mil 650 dólares.

Los latinos están menos preparados que otros de los grupos entrevistados para enfrentar emergencias financieras, ya que 19 por ciento tiene menos de un mes ahorrado para cubrir gastos mensuales.

Según el reporte, 28 por ciento de los latinos tiene de uno a tres meses de ahorros para cubrir gastos en caso de una emergencia; 23 por ciento tiene de tres a seis meses de ahorros y 21 por ciento tiene más de seis meses de ahorros.

La encuesta fue realizada entre el 19 de enero y el 7 de febrero de 2018, a través de un cuestionario en línea de 20 minutos. Constó de tres mil 235 entrevistas a hogares estadunidenses con niños menores de 26 años, de los que son responsables financieramente y sondeó a 562 estadunidenses que se identificaron como latinos con ingresos familiares iguales o superiores a 50 mil dólares.

Las entrevistas se realizaron entre hombres y mujeres de 25 a 64 años. Los encuestados tenían que participar en al menos el 40 por ciento de las decisiones sobre cuestiones financieras en su hogar para calificar.

El margen de error en el muestreo de este estudio es de +/- 1.72 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95 por ciento cuando se toman en cuenta los resultados del total de la población entrevistada.

Cifra de personas que buscan la ciudadanía crece por temor a clima antiinmigrante

El proceso de solicitud para los nuevos ciudadanos se ha extendido de una media de aproximadamente seis meses a más de un año a medida que la línea de solicitantes ha crecido. La mayoría de los casos son procesados en Nueva York.

El estado de Nueva York procesa la mayoría de estos casos

NUEVA YORK.- Más inmigrantes en los estados del noreste del país están solicitando la ciudadanía, creando un retraso que ha llevado al gobierno federal a enviar algunos solicitantes al estado de Nueva York para procesar sus casos.

El proceso de solicitud para los nuevos ciudadanos se ha extendido de una media de aproximadamente seis meses a más de un año a medida que la línea de solicitantes ha crecido.

Los defensores y abogados que representan a los inmigrantes afirmaron que el retraso, que también ocurre a nivel nacional, se debe a una combinación de factores, como un aumento en el número de personas que solicitan la ciudadanía y una desaceleración deliberada para desalentar a los nuevos ciudadanos de unirse a sus compatriotas estadounidenses.

A nivel nacional, hay 753 mil inmigrantes cuyas solicitudes de ciudadanía estaban pendientes a finales de marzo, casi el doble de lo que había en 2014.

En el estado vecino de Connecticut, había 7 mil 652 solicitudes pendientes en Hartford a finales de marzo, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Ese total no incluía un número desconocido de solicitantes de Connecticut que viven en el condado de Fairfield y se les han transferido sus solicitudes a Albany, capital del estado de Nueva York, donde se encontraban pendientes mil 267 solicitudes.

En el mismo período de tiempo, hace tres años, en Hartford, estaban pendientes 5 mil 617 solicitudes.

En los primeros dos trimestres del año fiscal 2018, hubo 4 mil 757 solicitudes de ciudadanía archivadas en la oficina de Hartford, según el USCIS, en comparación con 4 mil 625 solicitudes durante el mismo período en 2015.

Si bien un aumento de 132 solicitudes es modesto, no incluye los casos que han sido transferidos por USCIS de Connecticut a Nueva York.

Hasta abril, USCIS procesó todas las solicitudes de ciudadanía en Connecticut en su oficina de Hartford.

Aleksandr Troyb, un abogado de inmigración en Stamford y ex presidente de la sección de Connecticut de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, expresó los inmigrantes que tienen entrevistas temprano en la mañana tenían que asegurar las habitaciones de hotel para pasar la noche antes de sus audiencias en Albany, Nueva York.

Los abogados de inmigración también han aumentado sus tarifas para representar a sus clientes de Connecticut en procedimientos en Nueva York.

Ya sea que se procesen en Hartford o Albany, todos los ciudadanos nuevos toman el Juramento a la Bandera en una ceremonia de naturalización en Hartford.

A pesar de las dificultades, que incluyen llenar solicitudes prolongadas, pagar una tarifa de presentación de 725 dólares (que incluye 85 por una verificación de antecedentes), un examen médico y largas entrevistas, los defensores afirmaron que los inmigrantes se apresuran a convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Troyb dijo que los inmigrantes están solicitando la ciudadanía tan pronto como pueden, en lugar de posponer el proceso, porque la gente está preocupada de que las calificaciones se ajusten bajo la administración de Trump.

La mayoría de los inmigrantes son elegibles para la ciudadanía si han tenido residencia legal o una “tarjeta de residencia” durante cinco años, aunque los inmigrantes legales que están casados ​​con un ciudadano estadounidense pueden postularse luego de solo tres años.

Pero se espera que la administración Trump emita una orden ejecutiva en las próximas semanas que dificultaría a los inmigrantes legales convertirse en ciudadanos u obtener tarjetas de residencia si alguna vez han utilizado una serie de programas populares de bienestar público, incluida la Afffordable Care Act (ACA).

 

 

Autoridades rechazan financiamiento federal para comprar armas de fuego en distritos escolares

Las autoridades estatales rechazaron una consideración del Departamento de Educación de los Estados Unidos, a través de la secretaria Betsy DeVos, de permitir a los estados usar fondos federales para comprar armas de fuego para los educadores.

Betsy Devos, secretaria de educación de los Estados Unidos considera otorgar fondos federales a las escuelas para comprar armas

NUEVA YORK.- El Departamento de Educación de los Estados Unidos, a través de la secretaria Betsy DeVos, está considerando permitir a los estados usar fondos federales para comprar armas de fuego para los educadores.

Se trata de un programa de subvención federal de mil millones de dólares destinados a ayudar a las escuelas con muchos estudiantes pobres al proporcionar, por ejemplo, más apoyos de salud mental.

Pero la concesión no prohíbe explícitamente la compra de armas, una omisión que podría permitir que DeVos apruebe el gasto del Estado y del distrito en armas de fuego.

Pese a la “luz verde” que otorga Devos, es muy poco probable que Nueva York solicite el uso de las subvenciones federales para comprar armas, sin embargo, la propuesta encendió las alarmas en las autoridades estatales.

En cambio, los legisladores acordaron recientemente colocar guardias armados en las escuelas, algo que la mayoría de los neoyorquinos respalda, de acuerdo con encuestas recientes.

Ante la propuesta de DeVos, el gobernador Andrew Cuomo y otros funcionarios estatales rechazaron la medida que pretende adoptar el Departamento de Educación de los Estados Unidos, de otorgar fondos federales a las escuelas para que compren armas.

El gobernador Cuomo le envió una carta a la comisionada del Departamento de Educación del estado de Nueva York, MaryEllen Elia, instándola a rechazar cualquier financiamiento federal para la compora de armas para los distritos escolares.

En su carta, Cuomo declaró que “el presidente Donald Trump y la secretaria de Educación, Betsy DeVos, están considerando la disponibilidad de fondos federales para comprar armas para los maestros y administradores. Esta propuesta alucinante, aprobada por la National Rifle Association (NRA) no haría nada para mantener a nuestros estudiantes seguros y en realidad pondría a nuestros niños en mayor riesgo haciendo que las armas sean más accesibles en el peor lugar posible: nuestras aulas”

Cuomo agregó que “Nueva York no puede y no será parte de esta locura. Haré todo lo que esté a mi alcance para evitar que pisen nuestras aulas. Le escribo para pedirle que se una a mí en esta lucha y rechace cualquier intento del el gobierno federal para poner armas en nuestras escuelas”.

En la carta, el Gobernador señaló a Elia que “esta propuesta peligrosa y mal concebida parece ser nada más que un intento de complacer a un Presidente en busca de una distracción. En Nueva York, no vamos a permitir que nuestros hijos sean usados ​​como peones para que el Presidente se desvíe de sus últimos reveses legales”.

El funcionario añadió que “le pido que tome medidas y rechace el uso de fondos federales para comprar armas de fuego en cualquier distrito escolar de Nueva York, independientemente de lo que ocurra en Washington”.

A criterio de Cuomo, “con este plan, el Presidente está poniendo a la NRA sobre la vida de nuestros maestros y nuestros estudiantes. No hay evidencia de que dar armas a los educadores, que no son personal de seguridad capacitado, hará que nuestras escuelas sean más seguras, pero está claro que hacer que las armas sean más accesibles representará un nuevo e innecesario peligro imprudente”.

La máxima autoridad del Estado precisó que “es particularmente repugnante que, según los informes, el gobierno federal esté considerando utilizar los fondos destinados a las oportunidades académicas y de enriquecimiento en las escuelas que atienden a los estudiantes de bajos ingresos para la compra de armas. El presidente quiere quitarles dólares federales a los estudiantes necesitados para cubrir los bolsillos de la NRA y la industria de armas”.

Cuomo opinó en la carta que “esta política representa una ruptura asombrosa con los precedentes federales y un intento de eludir al Congreso. De hecho, el Congreso prohibió explícitamente el gasto en armas de fuego cuando aprobó una ley de seguridad escolar después del tiroteo en la escuela en Parkland este año. Es responsabilidad del gobierno federal mantener a las personas de esta nación a salvo, y sin embargo el presidente Trump ha abdicado reiteradamente de esa responsabilidad a favor de vender más armas de fuego”.

Enfatizó que “en Nueva York, hemos liderado el camino con las leyes de armas más duras del país, y no permitiremos que el presidente Trump y este gobierno federal nos lleven hacia atrás”.

Por su parte, la Comisionada de Educación de Nueva York, MaryEllen Elia, y la Canciller de la Junta de Regentes, Betty Rosa, indicaron que el dinero se gastaría mejor en apoyar las necesidades emocionales de los estudiantes que en comprar armas.

“No hay lugar en nuestras escuelas para las armas, sin importar las intenciones”, comentaron ambas funcionarias en una declaración conjunta.

 

 

 

 

 

Ejecutivo crea comité en respuesta a pregunta migratoria del censo

Como respuesta a la pregunta migratoria del Censo de 2020, el ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, firmó una orden ejecutiva para crear un “Comité de Recuento Completo”, con el fin de obtener un registro preciso de todos sus habitantes.

OSSINING.- El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, está adoptando un enfoque agresivo para el próximo censo de 2020 al firmar una orden ejecutiva para crear un “Comité de Recuento Completo”.

“La conclusión es que han introducido una pregunta migratoria en el censo que no se ha utilizado antes, y tengo que preguntar por qué las autoridades federales han decidido agregarla”, indicó Latimer, refiriéndose a la nueva pregunta que les pide a los participantes responder a su estado de ciudadanía.

El censo está vinculado a los fondos federales y estatales. Además, determina la representación política en los Estados Unidos y en las legislaturas estatales.

Las comunidades urbanas y los municipios con grandes poblaciones de inmigrantes como Port Chester también están creando comités con la esperanza de contar con precisión su número de habitantes.

Una mujer de Ossining comentó que no participaría en el censo de 2020 por temor.

Se produce después de que un inmigrante ecuatoriano fuera arrestado en Ossining por el  Immigration and Customs Enforcement (ICE).

La esposa del inmigrante señaló que los agentes arrestaron a la persona equivocada.

Latimer precisó que el nuevo Comité buscará maneras de llegar a los residentes a través de las redes sociales y las organizaciones sin fines de lucro locales.

El funcionario declaró que “el Censo 2020 es mucho más que solo un recuento. Es clave para el condado de Westchester, y los números deben ser precisos. Esta información es vital para nuestro proceso de presupuesto porque nos permite tener una mejor comprensión de cuánto financiamiento vamos a recibir y cómo podemos asignarlo correctamente”.

Latimer agregó que “cualquier intento de cambiar la forma en que se cuenta el Censo dará lugar a que ingresen menos dólares al Condado para administrar los programas. Quiero asegurarme de que todas las personas, independientemente de su estado de ciudadanía, sean contadas sin temor a represalias”.

El Comité consistirá de 21 miembros designados por Latimer y aprobados por la Junta de Legisladores del condado de Westchester.

La orden ejecutiva entra en vigencia inmediatamente y permanecerá vigente hasta el 31 de marzo de 2021.

 

 

 

Colombianos en NY y CT pueden votar en la Consulta Anticorrupción

 

En Connecticut y Nueva York, un total de 55 mil 917 colombianos podrán votar la Consulta Popular Anticorrupción.

NUEVA YORK.- En 85 mesas, ubicadas en ocho puestos de votación entre Nueva York y Connecticut, 55 mil 917 colombianos podrán votar la Consulta Popular Anticorrupción.

La comunidad colombiana podrá votar anticipadamente en la sede del Consulado en Manhattan, en 10 East 46th Street, New York.

Como parte de las elecciones anticipadas, medida que aplica solo para los colombianos en el exterior, el viernes 24 y sábado 25 de agosto, a partir de las 8:00 de la mañana, se dará inicio a esta jornada electoral en la sede del Consulado en Manhattan.

“Por lo tanto, si usted inscribió su cédula para ejercer su derecho al voto en las pasadas elecciones, acérquese con su cédula al Consulado entre 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde”, manifestó el Consulado.

Si no puede votar el viernes o sábado, el domingo 26 de agosto, deberá acercarse en el mismo horario al puesto de votación que usted eligió para sufragar.

En Nueva York y Connecticut se habilitarán, solo ese día, ocho puestos de votación.

“Si no recuerda su lugar de votación, consúltelo con su número de cédula a través de la web infovotantes.registraduria.gov.co/#/consultaLugarVotacion”, finalizaron las autoridades consulares.

El domingo 26 de agosto, los colombianos podrán votar en la sede del Consulado en Manhattan, en 10 East 46th Street, New York; en el Centro Medico Formé, en 7-11 South Broadway, White Plains; en Public School 69, en 77-02 37th Avenue, Quuen Nueva York, y en la Port Chester Middle School, en 113 Bowman Avenue, Port Chester.

Además, en Caribe Travel, 1320 East Main Street, Bridgeport, en Connecticut.

 

 

“Building One Community ha sido un lugar de mucho beneficio para nosotros”, expresan jornaleros

En la reunión, a la que asistieron cerca de 40 personas, se abordó lo importante que ha sido el centro comunitario para los inmigrantes, ya que antes de su fundación no existía un lugar de acogida para los recién llegados al país. (Foto: EL SOL News).

Tras las acusaciones de maltrato hacia los jornaleros en el centro comunitario, los trabajadores inmigrantes salieron al paso y brindaron testimonios a favor de B1C

STAMFORD.- Después de las acusaciones de que Building One Community (B1C) maltrataba a los jornaleros, los miembros de la Junta Directiva del centro comunitario, personal voluntarios, ex empleados, personas que han tomado los programas y activistas comunitarios sostuvieron una reunión, el domingo pasado, para brindar testimonios acerca de la labor de B1C.

En la reunión, a la que asistieron cerca de 40 personas, se abordó lo importante que ha sido el centro comunitario para los inmigrantes, ya que antes de su fundación no existía un lugar de acogida para los recién llegados al país.

Asimismo, los asistentes analizaron los ataques contra el centro y llegaron a la conclusión que tales ataques, a los que calificaron como infundados, perjudicaran a todos los inmigrantes por el riesgo de que algo le pasara algo al centro comunitario y no poder seguir brindando los programas gratuitos a beneficio de la comunidad.

De acuerdo con los testimonios en la reunión, uno de los riesgos, tras los ataques, es que, al difundir de que al centro llegan personas indocumentadas, podrían llegar los miembros del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) al lugar, causando aún más temor entre la comunidad inmigrante.

Wendy Cárdenas, receptora de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) y ex empleada del centro manifestó que ha visto el trabajo del centro a beneficio de todos los inmigrantes y rechazó las acusaciones de que el centro maltrataba a los jornaleros.

Según Catalina Horak, directora de Building One Community (B1C), todos los empleados del centro quizás no sean perfectos, pero ninguno tiene la tienen intención de discriminar a nadie.

“Como saben, nuestra misión es ayudar a los inmigrantes y a sus familias a tener éxito en la comunidad. Requerimos que todo nuestro personal y voluntarios estén comprometidos con esa misión”

Agregó que “muchos de nuestros programas están diseñados específicamente para apoyar a los jornaleros, como proporcionar un lugar de refugio los siete días de la semana, organizar eventos sociales, ayudar a los jornaleros a recuperar los salarios no pagados y ofrecer talleres personalizados de desarrollo de habilidades. Prevenir y remediar el maltrato de los jornaleros es una causa que es un principio clave de nuestra misión”.

Por su parte, Beatrice Chodosh, de la organización CRISOL-Acuarela, Arte y Cultura “todo esto es lamentable. Afortunadamente, los trabajadores, voluntarios y demás participantes han expresado sus sentimientos positivos hacia el centro y desmienten rotundamente las acusaciones de maltratos  a los trabajadores”.

“No nos hemos sentido discriminados”: Jornaleros

A la reunión asistieron un total de ocho jornaleros, quienes expresaron su gratitud por la ayuda que les brinda el centro comunitario y expresaron que en ningún momento se han sentido discriminados ni que han recibido malos tratos.

Según un jornalero, identificado como “Jacinto”, el centro le ha ayudado a crecer como persona, al recibir clases de inglés gratuitas y aprender muchas habilidades para la vida.

Otro trabajador inmigrante, identificado como “Lorenzo”, expresó que ha visitado el centro varias veces para observar la televisión y que ha visto un ambiente tranquilo y amable.

Otro jornalero, identificado como “Juan”, indicó que Building One Community es centro es para todo aquel que quiera dejarse ayudar.

“Si una persona no quiere dejarse ayudar entonces el centro no es para él. B1C cuenta con programas gratuitos y siempre está abierto para los inmigrantes, solo es de venir y buscar la ayuda, que siempre está disponible”, agregó “Juan”.

Horak, precisó que B1C es un centro que tiene reglas porque vienen muchas familias y niños y si una persona inmigrante no sigue las reglas, significa que el centro no le va a funcionar.

Protesta afuera del centro

Al mismo tiempo que se desarrollaba la reunión dentro de Building One Community, en las afueras del centro comunitario, el activista Carlos Amaya, ex empleado de B1C, junto con otro grupo de activistas, llevaron a cabo una protesta afuera del centro con carteles denunciando al centro de que maltrataba a los jornaleros.

Amaya acusó a Building One Community de presuntamente maltratar a los jornaleros que asisten al centro y presentó una denuncia ante la Commission on Human Rights and Opportunities (Comisión de Derechos Humanos y Oportunidades).

De acuerdo con el informe, Amaya trabajó en B1C del 3 de enero al 6 de marzo del 2018 y denunció que había un ambiente hostil para los jornaleros.

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización ayuda a adultos mayores a pagar servicios públicos, reparaciones y mudanza  

La organización sin fines de lucro Senior Housing Assistance Fund (SHAF) ayuda a los adultos mayores a permanecer en sus hogares al otorgarles fondos para pagar los servicios públicos, reparaciones y mudanza.

BRIDGEPORT.- La Senior Housing Assistance Fund (SHAF) es una organización sin fines de lucro que ayuda a los adultos mayores a permanecer en sus hogares al otorgarles fondos para pagar los servicios públicos, reparaciones y mudanza.

De acuerdo con sus miembros, la organización ofrece préstamos sin intereses a personas elegibles que tienen más de 60 años o discapacitados con el propósito de obtener o permanecer en una vivienda segura y asequible.

Los fondos, obtenidos por la SHAF a través de donaciones comunitarias o estatales, pueden utilizarse para depósitos de seguridad y servicios públicos, gastos de mudanza, reparación de hornos o techos y renovaciones.

El prestatario determina el calendario de amortización, se dio a conocer.

La SHAF fue establecida por la Fairfield County’s Community Foundation y es administrada por la Southwestern Connecticut Agency on Aging (SWCAA).

La organización sirve a las comunidades de Bridgeport, Darien, Easton, Fairfield, Greenwich, Monroe, Nueva Canaan, Norwalk, Stamford, Stratford, Trumbull, Weston, Westport y Wilton.

Según sus miembros, la Fairfield County’s Community Foundation promueve la filantropía como un medio para crear cambios en el Condado de Fairfield, centrándose en soluciones innovadoras y de colaboración para problemas críticos que impactan en la comunidad.

Las personas, familias, corporaciones y organizaciones pueden establecer fondos caritativos o contribuir a fondos existentes.

La Fairfield County’s Community Foundation cumple con los estándares nacionales del Council on Foundations y ha otorgado más de 207 millones en subvenciones a organizaciones sin fines de lucro en el condado de Fairfield y sus alrededores.

Para obtener más información y asistencia con la solicitud, pueden comunicarse con Nancy Lombard en el SWCAA al 203-814-3671.

Los folletos también están disponibles en su centro local para adultos mayores.

Para más información pueden también ingresar a la web fccfoundation.org.

 

 

 

Estudio revela disparidad racial en disciplina escolar

Los estudiantes latinos también experimentan castigos más duros por los mismos comportamientos que sus homólogos blancos, lo que lleva a más expulsiones y tasas de graduación más bajas para esta población, según reveló un estudio de Connecticut Voices for Children.

 Estudiantes hispanos de Connecticut son castigados más constantemente en comparación con los de otra etnia

NEW HAVEN.- Los estudiantes latinos en Connecticut son suspendidos de la escuela al doble de la tasa que sus compañeros blancos, a pesar de que son ampliamente superados en número por los estudiantes blancos, según un informe publicado por Connecticut Voices for Children.

Los estudiantes latinos también experimentan castigos más duros por los mismos comportamientos que sus homólogos blancos, lo que lleva a más expulsiones y tasas de graduación más bajas para esta población, según el grupo de defensa.

De acuerdo con el informe, estas disparidades son especialmente atroces, cuando se toma en cuenta el hecho de que los estudiantes blancos comprenden el 54 por ciento de la población de los grados K-12 del Estado.

Los estudiantes latinos, en comparación, representan el 25 por ciento.

Pero con el acuerdo final del caso Alicia B. vs. Malloy, un caso presentado contra el Estado en 2015 para abordar la educación alternativa de calidad inferior ofrecida a los niños expulsados ​​en todo el Estado, tales inequidades podrían ser objeto de un examen más detenido.

Este acuerdo requiere que el Estado emita orientación adicional a los distritos escolares, proporcione recursos para reducir las expulsiones a los distritos escolares, las familias y la comunidad, y monitoree y aborde las disparidades raciales en las expulsiones.

Además, el Estado deberá proporcionar a los estudiantes expulsados ​​planes de aprendizaje individualizados que cumplan con los estándares de oportunidades educativas alternativas que se desarrollaron, en parte, en respuesta a la demanda original.

Desde 2017, se requiere que el Estado brinde a los estudiantes expulsados ​​”una experiencia integral a tiempo completo, en la que el tiempo dedicado a la instrucción y el aprendizaje sea comparable con lo que el alumno experimentaría en un entorno regular”.

Para abordar las disparidades raciales, los autores del informe Connecticut Voices for Children creen que los datos deben ser más abundantes y de más fácil acceso. Recomiendan específicamente que el Estado mejore el acceso a los datos sobre la disciplina escolar.

“El Departamento de Educación del Estado tiene que divulgar los tipos de cosas que expulsan a los estudiantes, como llevar un arma a la escuela, comportamiento amenazante física o verbalmente, entre otras comportamientos, y luego lo dividen por raza, pero no por raza y género, indicó Lauren Ruth, quien fue coautora del informe con Camara Stokes-Hudson.

Actualmente, para ver cómo se cruzan los datos de expulsión y otros datos disciplinarios por raza y género, se debe presentar una solicitud específica al Departamento de Educación del Estado.

Ruth y Stokes-Hudson declaró que el Estado debería simplemente lanzar los datos más específicos desde el principio. La información disponible muestra que ha existido una mejora en las acciones disciplinarias, el ausentismo crónico y las tasas de graduación en todos los grupos raciales, sin embargo, la brecha entre los grupos raciales no está disminuyendo.

El informe de Connecticut Voices for Children también profundiza en la falta de profesores latinos y de otras minorías en el Estado, la baja inscripción en los cursos avanzados y programas especiales de estudiantes latinos, y la gran cantidad de estudiantes latinos que están ausentes crónicamente.

El Estado está tomando otros pasos para abordar estas brechas.

En mayo pasado, por ejemplo, los legisladores aprobaron una legislación que requiere que el Departamento de Educación tome ciertas medidas para reclutar y retener a maestros de minorías.

Además de reclutar maestros de las minorías, el Departamento busca ampliar la capacitación antiprejuicios, ampliar los esfuerzos y apoyar a maestros de color y ampliar el acceso a programas e intervenciones relacionadas con el ausentismo crónico.

 

 

Protestan contra fabricante de medicamentos y exigen que aborde crisis de opioides

Los cientos de manifestantes que se unieron a la protesta, en el Tresser Boulevard, alegan que el marketing de la Purdue Pharma, de su analgésico opiáceo OxyContin, ha ayudado a impulsar la adicción y la muerte por sobredosis de opiáceos.

STAMFORD.- Centenar de manifestantes se reunieron, el viernes pasado, frente a la sede de Purdue Pharma, en el Tresser Boulevard, en esta ciudad para exigir que el fabricante de medicamentos establezca un fondo para luchar contra la crisis de opiáceos en la nación.

Los manifestantes que se unieron a la protesta alegan que el marketing de la compañía de su analgésico opiáceo OxyContin ha ayudado a impulsar la adicción y la muerte por sobredosis de opiáceos.

Los datos del gobierno federal muestran que hubo más de 47 mil muertes por sobredosis de opiáceos en los últimos 12 meses, frente a las casi 30 mil de hace tres años.

De 1999 a 2016, más de 200 mil personas en los Estados Unidos murieron por sobredosis relacionadas con los opioides recetados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las muertes por sobredosis de opioides recetados en 2016 totalizaron cinco veces el número de víctimas en 1999, mientras que las ventas de esos medicamentos se cuadruplicaron, precisaron los CDC.

Los activistas entraron al edificio para entregar una carta al jefe ejecutivo de Purdue Pharma, Craig Landau, exigiendo a la compañía que cree un fondo para combatir la crisis.

La compañía señaló que comparte las preocupaciones de la gente sobre la crisis y se compromete a encontrar soluciones.

Purdue se compromete a trabajar en colaboración con los afectados por esta crisis de salud pública en soluciones significativas para ayudar a detener la ola de muertes por sobredosis relacionadas con opiáceos”, comentó la compañía.

De acuerdo con los participantes en la protesta, es quizás la manifestación más grande jamás realizada afuera de las oficinas de la compañía, en 201 Tresser Boulevard, en la que participaron alrededor de 500 personas, incluidos muchos padres de niños que murieron de sobredosis de opiáceos y defensores en recuperación de la adicción a los medicamentos recetados.

Ryan Hampton, de 38 años, activista y autor con base en Los Ángeles, que luchó contra la adicción a los opiáceos, incluido el OxyContin durante 10 años, y Cheryl Juaire, de 59 años, defensora de Marlborough, Massachusetts, cuyo hijo de 23 años murió de una sobredosis de heroína en 2011, dirigieron el evento, que atrajo a asistentes de todo el país.

Purdue podría crear un fondo para enfrentar la crisis de opiáceos, similar al establecido por las compañías tabacaleras como parte de un acuerdo nacional en 1998 que valió 246 mil millones de dólares.

Ningún funcionario de Purdue salió a encontrarse con los manifestantes, muchos de los cuales llevaban carteles con fotos de familiares y amigos que habían muerto por sobredosis de opiáceos.

Paralelamente al discurso de Hampton, muchos de los otros manifestantes dieron discursos y mostraron carteles que describían a Purdue como un culpable de la crisis de opiáceos que ha azotado al país desde que OxyContin, la droga más vendida de Purdue, salió al mercado en 1996.

La reunión del viernes marcó la tercera protesta en los últimos tres meses frente al edificio de Purdue.

Las recientes manifestaciones incluyeron un incidente del 22 de junio pasado en el que una escultura, en forma de cuchara, de 10 pies de altura, que pesaba varios cientos de libras, se tiñó para representar la heroína quemada y que fue instalada brevemente afuera del edificio de la compañía.

 

 

Ciudad dejará de administrar programa que beneficia a mujeres y niños

En octubre próximo, OPTIMUS Health Care tomará el control del programa WIC, que brindará a al menos 4 mil personas de Stamford el asesoramiento nutricional, los beneficios de alimentos y las referencias durante todas las etapas del embarazo y la crianza de los niños pequeños.

El programa Women, Infants, and Children (WIC) ahora será manejado por el Estado

STAMFORD.– La Ciudad pronto dejará de administrar el programa Special Supplemental Nutrition para el Women, Infants and Children debido a los crecientes costos y la falta de fondos para subvenciones.

En octubre próximo, OPTIMUS Health Care tomará el control del programa, que brindará a al menos 4 mil residentes de Stamford el asesoramiento nutricional, los beneficios de alimentos y las referencias durante todas las etapas del embarazo y la crianza de los niños pequeños.

La financiación para el programa es proporcionada por el Departamento de Salud del Estado a través de una subvención federal.

De acuerdo con una declaración de la Oficina del Alcalde, la Ciudad está renunciando a su subvención de WIC para el Estado, que ha contratado a OPTIMUS.

Elizabeth Carlson, asistente especial del alcalde David Martin, dijo que OPTIMUS, el proveedor de los servicios de atención primaria de salud más grande del suroeste de Connecticut, está mejor equipado para usar la subvención.

“En el futuro previsible, los servicios se ubicarán dentro del Departamento de Salud del Centro de Gobierno de Stamford. La gente vendrá aquí por estos servicios, pero los atenderán personas que trabajan para OPTIMUS. El objetivo es tener una transición fluida”, comentó Carlson.

Ted Jankowski, director de Salud, Seguridad pública y Bienestar de Stamford, indicó que la Ciudad hizo un llamamiento al Estado para obtener más fondos de subvenciones que en años anteriores, pero fue denegado.

“Creemos que OPTIMUS es un excelente proveedor de atención médica y que los servicios a la comunidad serán muy buenos”, precisó Jankowski.

El Departamento de Salud de la Ciudad y OPTIMUS ya trabajaron juntos, según la Oficina del Alcalde.

Bajo el nuevo acuerdo, OPTIMUS proporcionará más programas a los residentes con horario ampliado, informó la Oficina del Alcalde.

Jankowski dijo que OPTIMUS se ha reunido con empleados municipales del WIC para solicitar empleos similares en su compañía.

“Espero que cada empleado encuentre un empleo continuo con OPTIMUS. Los nutricionistas han sido muy dedicados, asegurando que se satisfagan las necesidades de los visitantes y la comunidad”, precisó Jankowski.

Ludwig Spinelli, presidente de OPTIMUS Health Care, la combinación de estos tipos de servicios se ha vuelto común.

“Hay una tendencia en todo el país en la que los servicios de prevención están llevando a cabo servicios de prevención. Combinar los servicios de WIC con la atención médica no solo nos permite tratar mejor a nuestros visitantes, sino que también ayuda a maximizar los escasos dólares públicos”, finalizó Spinelli.