WEST HAVEN.- Las autoridades federales arrestaron al representante estatal Michael DiMassa, el miércoles pasado por la mañana, por cargos de fraude electrónico, alegando que el demócrata de West Haven había desviado más de 630 mil dólares de los fondos de ayuda de COVID-19 de la Ciudad, y aparentemente también apostó parte del efectivo en juegos de casino.
Las autoridades informaron que DiMassa, de 30 años, compareció ante la jueza Sarah Merriam en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en New Haven y fue liberado al pagar una fianza de 250 mil dólares.
El cargo de fraude electrónico conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Elegido por primera vez para la legislatura estatal en 2016, DiMassa también es empleado de West Haven como asistente administrativo del Consejo de la Ciudad y figura como director de Compass Investment Group, LLC.
Según su declaración jurada de arresto, la ciudad de West Haven emitió una serie de cheques a Compass Investment Group por un total de más de 636 mil dólares por cientos de horas de trabajo facturado, relacionado con la pandemia de COVID-19.
Los depósitos coincidieron con miles en retiros de DiMassa y posteriores “Buy-Ins” en efectivo a través de Mohegan Sun Patron Gaming.
Durante un período de 10 días entre el 7 y el 17 de mayo de este año, DiMassa compró más de 33 mil dólares en fichas de casino, según la declaración jurada.
En otro tramo, entre el 21 de mayo y el 29 de mayo, compró otros 24 mil 600 dólares en chips, según los documentos judiciales.
A principios de este mes, la alcaldesa de West Haven, Nancy Rossi, alertó a los residentes sobre varios gastos grandes y potencialmente fraudulentos de los 1.2 millones de dólares que la Ciudad recibió de los fondos de la Ley CARES federal de 2020.
“Después de revisar los gastos, sospecho que algunos de estos fondos pueden haber sido desviados y no utilizados para el propósito para el que fueron destinados, un pensamiento que me enferma. Habiendo encontrado esta irregularidad, es mi responsabilidad reportarla”, declaró la Alcaldesa durante una declaración en video en el canal de Youtube de la Ciudad.
Rossi dijo que los gastos se someterán a auditorías por parte de dos firmas contables independientes e investigación por parte de las agencias de aplicación de la ley.
”Si la investigación prueba alguna irregularidad y actividad fraudulenta, exigiré que todos los involucrados rindan cuentas y sean procesados con todo el peso de la ley”, señaló Rossi.
En Hartford, DiMassa forma parte de los Comités Judicial y de Seguridad Pública. En un momento fue vicepresidente del Comité de Apropiaciones, el panel de gastos presupuestarios de la legislatura.
El presidente de la Cámara de Representantes, Matt Ritter, y el líder de la mayoría, Jason Rojas, emitieron una declaración conjunta, el miércoles por la tarde, y anunciaron que habían eliminado a DiMassa de su comité y de sus asignaciones de liderazgo.
“Los funcionarios electos deben cumplir con un alto nivel de conducta y confianza. Incluso el más mínimo indicio de irregularidad lastima esa confianza. Tenemos grandes preocupaciones sobre el arresto del representante DiMassa, pero no tenemos información sobre los cargos ni detalles adicionales. Estaremos monitoreando esta historia de cerca para ver cuándo y si surgen más hechos”, expresaron Ritter y Rojas.
Los líderes republicanos del Senado emitieron un comunicado pidiendo al gobernador Ned Lamont que instruya a la Oficina de Política y Gestión (OPM) para realizar auditorías de los gastos de ayuda de COVID-19 en todos los municipios de Connecticut.
En una carta a la secretaria de la OPM, Melissa McCaw, el líder de la minoría Kevin Kelly y el senador Paul Formica, republicano de East Lyme, dijeron que estaban “muy perturbados” por las acusaciones de fraude en West Haven.
“Estos fondos están destinados a ayudar a los residentes y las comunidades a recuperarse durante uno de los momentos más desafiantes de una generación”, escribieron los republicanos. Saber que los funcionarios supuestamente pueden haber desviado fondos para otros fines destruye la confianza pública. Está mal y es exasperante”, apuntaron Kelly y Formica.
