EAST HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont se mostró optimista de no requerir el apoyo de la Guardia Nacional de Connecticut para complementar a los trabajadores de la rama ejecutiva que no habían sido vacunados, o no habían dado su consentimiento para las pruebas de COVID-19 antes de la fecha limite del 4 de octubre.
Aunque ordenó a la Guardia Nacional, la semana pasada, que planificara la activación, ya que miles de trabajadores estatales seguían sin cumplir con un mandato de vacunación o pruebas semanales, Lamont restó importancia a la gravedad de la posible escasez de personal después de una reunión.
Lamont dijo que la guardia todavía estaba en espera, pero que no esperaba necesitar su ayuda para llenar los vacíos de personal.
“Tendremos una idea mucho mejor esta semana, pero ahora estoy bastante seguro de que los empleados estatales están haciendo lo correcto, vacunándose o examinándose, cuidando a las personas más necesitadas y haciéndolo de manera segura”, expresó el Gobernador.
A partir de la última actualización del domingo pasado por la tarde, alrededor de 23 mil o el 74% de los empleados estatales estaban completamente vacunados, 5 mil o el 15% estuvieron de acuerdo con las pruebas semanales y 3 mil o el 11% no han cumplido con el mandato.
Lamont evitó el término “incumplimiento” y dijo que creía que los errores técnicos o los errores honestos estaban en la raíz de muchos casos en los que los empleados no habían informado de sus intenciones.
Dijo que esos trabajadores deberían comunicarse con sus representantes de recursos humanos.
En agosto pasado, el Gobernador ordenó que los trabajadores estatales junto con los maestros de K-12 y los empleados de educación proporcionen pruebas de que habían sido vacunados contra el COVID-19 o cumplieran con un requisito de prueba semanal.
Los empleados de las instalaciones sanitarias estatales no tienen la opción de realizar la prueba.
El mandato del Gobernador se aplica solo a los empleados del poder ejecutivo.
Sin embargo, el Poder Judicial anunció los mismos requisitos de su personal y hasta el lunes pasado un vocero informó que más del 95% de sus 3 mil 729 empleados cumplían con el mandato.
El poder legislativo aún no ha hecho lo mismo, pero espera implementar el requisito en algún momento de este mes, según el director ejecutivo de la Oficina de Gestión Legislativa.
El Estado negoció el requisito con la State Employee Bargaining Agent Coalition (SEBAC).
El mandato inicialmente estaba programado para entrar en vigencia el 27 de septiembre, pero la administración extendió el plazo hasta el lunes 4 de octubre. El viernes pasado, la coalición de sindicatos pidió al Gobernador que retrasara la implementación otros 20 días. El grupo dijo que tenía “cero confianza” en la administración para recopilar cifras de cumplimiento precisas para el lunes.
Cuando se le preguntó si la Administración comenzaría a poner a los trabajadores de licencia esta semana, Lamont dijo que no estaba seguro.
