Durante la mayor parte de este año, los expertos en salud pública han hecho sonar la alarma de que los centros de detención de inmigrantes serían puntos críticos para la propagación del COVID-19
NORWALK.- La American Civil Liberties Union (ACLU) del Distrito de Columbia y Williams & Connolly LLP demandaron esta semana al Departamento de Seguridad Nacional y al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) para obtener los documentos que se han solicitado en virtud de la Freedom of Information Act.
Los documentos, que han sido retenidos por el gobierno, se relacionan con la respuesta del ICE a la pandemia de COVID-19 bajo la administración del presidente Donald Trump.
Durante la mayor parte de este año, los expertos en salud pública han hecho sonar la alarma de que los centros de detención de inmigrantes serían puntos críticos para la propagación del COVID-19.
El año fiscal 2020, que terminó el 30 de septiembre, fue el año más mortífero para la detención del ICE en 15 años.
Este año también ha habido numerosos informes sobre la falta de precauciones contra el COVID-19, incluso básicas tomadas por el ICE, así como evidencia de que la agencia ha intentado silenciar a los detenidos que intentaron hablar para obtener una mejor atención.
“En un año con tantos desastres en los titulares, la escalada de la crisis humanitaria en los centros de detención del ICE no ha recibido el tipo de alarma que se merece”, comentó Eunice Cho, abogada del National Prison Project de la ACLU.
“El abuso, la negligencia y la degradación que nuestros clientes enfrentan regularmente bajo la custodia del ICE solo han empeorado desde que comenzó la pandemia. Solo este año, hemos visto denuncias de abuso sexual, mayor uso de la fuerza, uso desenfrenado del confinamiento solitario, intentos del ICE de minimizar su papel en la muerte de detenidos, y hacer huelgas de hambre para protestar por las horrendas condiciones”, indicó Cho.
“Las decisiones y políticas que está utilizando el ICE para guiarlo durante esta pandemia son una cuestión de vida o muerte para las decenas de miles de detenidos y el personal que trabaja en estas instalaciones. Es simplemente inaceptable que esta agencia piense que puede actuar con tan poca transparencia y responsabilidad”, agregó la abogada.
Actualmente, el ICE informa que 490 son los casos activos de COVID-19 en personas detenidas, aunque es probable que el número real sea mucho mayor debido a las pruebas limitadas. En el Adelanto ICE Processing Center en California, por ejemplo, casi el 20 por ciento de las personas detenidas dieron positivo para el coronavirus.
Las condiciones eran tan malas que 118 mujeres compartieron tres duchas y las personas informaron días de espera para acceder al jabón.
Sin embargo, después de que Geo Group, el contratista privado que opera la instalación de Adelanto, buscó ofrecer pruebas a cada persona detenida y miembro del personal en la instalación en mayo pasado, pero el oficial del ICE a cargo ordenó al grupo no realizar las pruebas universales a los detenidos, según se informó.
Para mayor información, pueden ingresar a la web https://www.aclu.org/legal-document/complaint-aclu-sues-ice-and-dhs-uncover-information-about-covid-19-response?redirect=complaint-aclu-sues-ice-and-dhs-uncover-information-about-covid-19-response.
