HARTFORD.- Los legisladores demócratas de Connecticut que visitaron la frontera de Estados Unidos y México manifestaron que entraron en shock al ver de cerca el efecto de la política de inmigración de la administración del presidente Donald Trump.
“Fue peor de lo que pensamos”, reveló la representante estatal Rosa DeLauro.
De Lauro y los demás representantes federales Joe Courtney, Jim Himes y Elizabeth Esty, fueron parte de un grupo de 25 legisladores demócratas que recorrieron las instalaciones de procesamiento de U.S. Customs and Border Protection de los Estados Unidos en McAllen, Texas, y el centro de procesamiento de inmigración de Port Isabel en Brownsville, Texas.
Los Demócratas de Connecticut hablaron acerca de madres que lloraban que no sabían dónde estaban sus hijos y pidieron ayuda, familias en los centros de detención rodeados de alambre de púas y niños durmiendo en pisos de concreto bajo mantas resistentes al calor.
Muchos de los inmigrantes atrapados en el drama en la frontera son centroamericanos que huyen de la violencia relacionada con las drogas y las pandillas en sus países.
Algunos han viajado a México, a pie la mayor parte del tiempo, durante un mes o más para llegar a los Estados Unidos.
En el centro de detención de Brownsville, los legisladores de Connecticut se reunieron con 10 madres centroamericanas que habían sido separadas de sus hijos.
Con Himes, que habla con fluidez el español, actuando como traductora, los legisladores determinaron que solo una de las madres había podido contactar a un niño.
Ella había hablado con su hija, que fue llevada a Nueva York por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Es la agencia federal que se encarga de los jóvenes inmigrantes que llegan solos a los Estados Unidos o que fueron separados por sus padres desde que la administración Trump impuso su política de “cero tolerancia”.
Según la política, los padres fueron encarcelados y los niños fueron llevados a refugios contratados por Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Courtney declaró que el centro de detención donde estaban las madres “es como una prisión donde tienen que pagar para usar el teléfono”.
“El presidente de los Estados Unidos debería bajar y hablar con estas mujeres”, señaló la representante federal Elizabeth Esty.
Himes describió una escena en la que 20 ó 30 niñas pequeñas salieron de las mantas para dormir.
“Ellas estaban asustadas. Algunas habían estado llorando, pero el peor aspecto de lo que hemos visto es que este Presidente (Trump) llama a esas niñas como MS-13, las llama criminales. Quiere que los estadounidenses crean que los cientos de personas que vimos en esta instalación detrás de nosotros son un peligro para ellos y para este país”.
DeLauro indicó que conoció a una mujer de Honduras detenida en las instalaciones de procesamiento en McAllen con sus dos hijas adolescentes.
La madre suplicó a los legisladores “por favor, ayúdenme”.
Ella dijo que los detenidos llevaban atuendos de prisioneros y que los tenían en instalaciones donde las paredes estaban reforzadas con hileras dobles de alambre de púas.
Los legisladores no tenían permiso para tomar fotos, o llevar teléfonos celulares o dispositivos de grabación a las instalaciones que recorrieron. Fueron transportados de un lugar a otro por un autobús de detención del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Reaccionando a las críticas sobre la separación de más de 2 mil 300 niños de sus padres inmigrantes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para terminar con la práctica de separar a las familias.
Pero la orden también exigía la continuación del encarcelamiento de todos los inmigrantes indocumentados, incluso muchos solicitantes de asilo y quienes cruzan la frontera por primera vez y serían acusados de un delito menor.
Esa orden ejecutiva se ha sumado al caos en la frontera, señalaron los legisladores demócratas.
Dado que un decreto de consentimiento de 1997 prohíbe mantener a niños en los centros de detención ICE por más de 20 días, los agentes de U.S Customs and Border Protection han interpretado la orden ejecutiva como permitirles congelar referencias criminales para los padres migrantes que cruzan ilegalmente con los niños, tal como lo hicieron antes de que la política de “cero tolerancia” entrara en vigencia.
