Ciudad ayudará a 300 inquilinos al borde del desalojo

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La Ciudad de New Haven anunció que utilizará 800 mil dólares de su financiamiento federal CARES para ayudar a unas 300 familias y propietarios a resolver sus problemas de hipotecas y alquileres atrasados, bajo el programa New Haven Coronavirus Assistance and Security Tenant Landlord Emergency Program (CASTLE).

Los propietarios también recibirán asistencia

NEW HAVEN –  Los funcionarios de la Ciudad estiman que entre 8 mil y 10 mil familias en New Haven podrían estar sujetas a desalojos o alguna forma de inseguridad en la vivienda, dado su precario estado financiero relacionado con la pérdida de empleos relacionados con el COVID-19.

“Será una de las cosas más importantes que enfrentaremos como Ciudad y como Estado durante el otoño y el invierno, lidiar con las familias que enfrentan una verdadera crisis económica”, declaró la administradora de desarrollo económico, Michael Piscittelli.

Con ese fin, la Ciudad anunció, el miércoles pasado, que utilizará 800 mil dólares de su financiamiento federal CARES para ayudar a unas 300 familias y propietarios a resolver sus problemas de hipotecas y alquileres atrasados.

Habrá un tope de 3 mil dólares por familia sobre el alquiler atrasado adeudado, un límite de 4 mil dólares para los propietarios de viviendas que tengan problemas para pagar su hipoteca con la Iniciativa Livable City Initiative negociando el plan de reestructuración.

“Estamos tratando de ayudar a tantos residentes de New Haven como podamos”, comentó Serena Neal-Sanjurjo, directora ejecutiva de Livable City Initiative.

Este programa, que ha estado en estudio durante meses, se produjo justo cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron inesperadamente, el martes por la noche, el cese de todos los desalojos hasta fin de año, pero sin dinero para resolver la crisis financiera.

La Ciudad ha estado invirtiendo dinero de CARES en el tratamiento de las personas sin hogar y tuvo éxito con la ayuda de las organizaciones sin fines de lucro en la obtención de vivienda permanente para 324 personas, además de las medidas de salud pública directamente relacionadas con la pandemia, la resiliencia económica y préstamos para las pequeñas empresas y ahora para vivienda.

El programa se llama New Haven Coronavirus Assistance and Security Tenant Landlord Emergency Program (CASTLE).

CASTLE puede ayudar como un programa independiente o en conjunto con cualquiera de los programas de asistencia de vivienda del estado de Connecticut, para ayudar a los inquilinos y propietarios de viviendas a maximizar la asistencia, indicaron los funcionarios de la Ciudad.

Su propósito es disminuir el riesgo de desalojo o la ejecución hipotecaria y crear estabilidad en la vivienda.

Otros componentes del anuncio son una línea directa que brindará orientación y asistencia para acceder a los programas de vivienda estatales y locales, y un fondo que se establecerá para apoyar a los inquilinos afectados por el coronavirus que ya se encuentran en el tribunal de vivienda.

Los términos de CASTLE requieren que el arrendador condone cualquier alquiler adeudado antes de marzo, así como también condona los pagos atrasados ​​y los intereses.

Después del pago, a través de CASTLE, el inquilino se considerará al día en el alquiler.

Los propietarios también deben estar al día con los impuestos o en un plan de pago y estar inscritos en el programa de licencias de alquiler residencial.

Por tanto, no pueden aceptar otros subsidios estatales o federales. Los pagos de alquiler se harán directamente al propietario.

Para obtener ayuda con los pagos de la hipoteca, el propietario debe trabajar con su prestamista y un asesor certificado por el Departamento de Vivienda de los Estrados Unidos (HUD).

Los pagos a través de este programa son para hipotecas vencidas desde marzo y pueden ayudar con la modificación o indulgencia hipotecaria, indicaron las autoridades.

Los inquilinos y propietarios de viviendas que reciben ayuda deben ser residentes de New Haven con un ingreso que no exceda el 80 por ciento del ingreso medio del área.

Además, tienen que verificar la interrupción de los ingresos debido al COVID-19 y no pueden estar bajo una orden de desalojo judicial antes del 11 de marzo.

 

 

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