HARTFORD.- Un tribunal dictaminó que el gobernador Ned Lamont y la comisionada de Salud Pública de Connecticut, Deidre Gifford, tienen amplia autoridad para obligar a las personas a someterse a cuarentenas médicas involuntarias, incluso si no han tenido una exposición concluyente a un contagio y no muestran síntomas de infección.
La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos se produjo tras una demanda federal de dos grupos de residentes de Connecticut de África Occidental a quienes se les ordenó estar en cuarentena por 21 días, impuestas por los guardias policiales, después de llegar al Estado desde África Occidental, semanas después de que un brote regional de ébola en África fue declarado emergencia sanitaria en 2014.
Los africanos occidentales, dos candidatos a doctorados universitarios en salud pública y una familia de seis inmigrantes, argumentaron en su demanda que las órdenes de cuarentena de la administración del entonces gobernador Dannel Malloy eran inconstitucionalmente excesivas y mucho más restrictivas que las pautas de salud y viajes sobre el ébola, emitidas en ese momento por los funcionarios federales de salud y seguridad pública.
Un tribunal del distrito federal desestimó la demanda contra el Estado y el Tribunal de Apelaciones acordó concluyendo, entre otras cosas, que las leyes estatales de cuarentena no violan derechos constitucionales claramente establecidos.
Recientemente se ha hablado de cuarentenas de COVID-19 en Connecticut, desde que la pandemia llegó al Estado en febrero pasado, pero por lo general se ha tratado de la cuarentena voluntaria en lugar de las medidas involuntarias autorizadas en 2014 por Malloy y aplicadas por la ex comisionado de Salud Pública, Jewell Mullen, durante el brote de ébola en África.
Desde que el gobernador Ned Lamont declaró una emergencia de salud pública en marzo, otorgándose a sí mismo y a su administración poderes extraordinarios para combatir la transmisión de COVID-19, ha actuado con cuidado para obtener la cooperación del público en medidas de salud pública en lugar de aparentar estar haciendo cumplir órdenes.
Incluso las declaraciones públicas de la administración sobre su programa de localización de contactos enfatizan la participación voluntaria.
El ébola en 2014 fue más virulento que el coronavirus, pero se limitó a las naciones africanas de Guinea, Liberia y Sierra Leona.
El primer caso sospechoso se rastreó hasta el bosque de Guinea en 2013 y la enfermedad se propagó rápidamente. En dos años, se diagnosticaron 28 mil casos y murieron más de 11 mil. A diferencia de la pandemia de coronavirus, se detectaron menos de 40 casos fuera de los tres países.
La respuesta de los Estados Unidos al ébola fue menos estridente que su esfuerzo COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) recomendaron inicialmente a principios de octubre de 2014 que los viajeros a los Estados Unidos desde África Occidental, que estaban asintomáticos y tenían un bajo riesgo de exposición, monitorearan su propia salud o aceptaran el monitoreo por parte de sus funcionarios locales de salud pública.
Los CDC revisaron la guía una semana después, dirigiendo a los viajeros de África Occidental a los puertos de entrada específicos donde se les examinaba para detectar enfermedades y se les preguntaba sobre la exposición.
Los viajeros que se determinó que requerían más observación fueron derivados a sus departamentos de salud estatales o locales. A las personas sin síntomas o exposiciones conocidas se les dijo cómo autocontrolar su salud y se les permitió salir de los aeropuertos sin restricciones.
El proceso para hacer cumplir las órdenes de cuarentena en Connecticut se detalla en la ley estatal y se activa mediante la declaración de salud pública de emergencia del Gobernador.
Las órdenes de cuarentena deben ser emitidas por el Departamento de Salud solo cuando sea “necesario” y como “la alternativa menos restrictiva para proteger o preservar la salud pública”.
