NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, codirigió una coalición de 23 fiscales generales en la lucha contra los continuos esfuerzos de la Administración del presidente Donald Trump para reducir la inmigración legal y los programas de visas de trabajo temporales.
James codirigió la coalición, al pedir una orden judicial contra la aplicación de dos órdenes ejecutivas que suspenderían grandes extensiones del sistema de inmigración legal de la nación y varios de sus programas más importantes de visas de trabajo para no inmigrantes.
La coalición sostuvo que la participación de los inmigrantes y otros empleados nacidos en el extranjero en la fuerza laboral es fundamental para el desarrollo económico y que la orden prolongará la separación de familias.
El 22 de abril pasado, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que prohíbe la entrada a la mayoría de los inmigrantes legales patrocinados por ciudadanos estadounidenses o familiares residentes legales permanentes, por sus empleadores o que hayan ganado la lotería de visas de diversidad.
La orden de abril estaba programada para expirar en 60 días, pero fue renovada el 22 de junio.
La orden de junio también agregó nuevas prohibiciones a los trabajadores no inmigrantes que lleguen con visas H-1B, H-2B, “J” y “L”.
En ausencia de una orden judicial, la orden de junio estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020 y puede extenderse aún más.
Si se permite que sigan en vigor, estas órdenes prohibirán que más de 500 mil personas entren a los Estados Unidos este año y evitarán que aproximadamente 20 mil empleadores traigan empleados extranjeros a los Estados Unidos.
En el informe, codirigido por la Fiscal General James y el Fiscal General de California, Xavier Becerra, la coalición describe los daños que las órdenes ejecutivas podrían tener sobre los trabajadores inmigrantes, sus familias y la economía de Estados Unidos.
Al evitar que miles de inmigrantes y otros trabajadores nacidos en el extranjero participen en la fuerza laboral, la orden priva a los estados de valiosas contribuciones económicas, indicaron los fiscales.
Los inmigrantes inician negocios, ocupan puestos importantes en sectores que enfrentan escasez de mano de obra y pagan millones de dólares en impuestos cada año, agregaron los funcionarios.
La prohibición también dañará muchas industrias importantes, incluidas la ciencia, la tecnología y la medicina , ya que estos campos a menudo dependen de trabajadores nacidos en el extranjero con conocimientos y habilidades técnicas especializadas, señaló James.
El daño económico causado por estas prohibiciones socavará la capacidad de los estados para recuperarse por completo del daño infligido por la pandemia de la enfermedad del COVID-19.
Finalmente, la coalición argumenta que la orden ejecutiva dañará a los residentes y comunidades de los estados al retener visas a cientos de miles de padres, abuelos, niños y hermanos que buscan reunirse con sus familiares en los Estados Unidos.
Junto a los fiscales generales James y Becerra en la presentación de este escrito, están los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
