HARTFORD.- Un subcomité del Police Transparency and Accountability Task Force trabajará para explicar el impacto de la parte de la inmunidad calificada de la nueva legislación, firmada recientemente por el gobernador Ned Lamont.
Según la parte de la ley de inmunidad calificada, las ciudades continuarían cubriendo la responsabilidad de los agentes de la policía en la mayoría de los escenarios.
Solo si un oficial realizara un “acto malicioso, sin sentido o intencional”, no estaría cubierto por las políticas de responsabilidad municipal.
El ex representante estatal Ken Green, miembro del subcomité, sugirió que se invite a un miembro de la policía y a un miembro de una compañía de seguros a que expliquen qué tipo de productos de seguros hay en el mercado para los agentes de la policía.
Melvin Medina, director de políticas públicas de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Connecticut, comentó que entiende que los agentes de la policía están preocupados por perder sus hogares, pero que la conversación se reduce a “cuál es el valor de una vida”.
Agregó que el subcomité necesita comprender qué tipo de productos de seguros hay en el mercado y qué significa realmente para los funcionarios y municipios. Indicó que necesitan aclarar bajo qué escenario un oficial podría perder su hogar.
Sugirió que invitaran a la Connecticut Conference of Municipalities y al Council of Small Towns a su próxima reunión para explicar.
Los expertos de la industria de seguros indicaron que actualmente no hay ningún producto en el mercado que un oficial pueda comprar individualmente para asegurarse de las situaciones en las que podrían ser acusados de mala conducta. Sin embargo, hay productos que los municipios pueden comprar para varios oficiales.
Al menos un miembro del subcomité dijo que la disposición ofrecerá pocas consecuencias para los oficiales de policía.
“La policía todavía puede disparar y matar a hombres a afroamericanos e hispanos desarmados”, señaló Shafiq Abdussabur, un oficial de policía retirado de New Haven.
Añadió que eso acompaña la capacitación y que hay 107 departamentos de policía en Connecticut, que tienen una política diferente acerca del “uso de la fuerza”.
Cheryl Sharp, subdirectora de la Connecticut Human Rights Commission, aseguró que la inmunidad calificada y los oficiales actuando fuera del alcance de su empleo, no resolverá todos los problemas de disparidades que existen en la policía.
Sharp precisó que tienen sistemas raciales y que necesitan desmantelar el racismo estructural que crea el impacto dispar en las comunidades afroamericanas e hispanas.
“El problema real es el racismo estructural que existe en nuestra sociedad. Hasta que nos ocupemos de ese problema, la vigilancia que se produzca tendrá algunas manzanas podridas, pero también tendrá un sistema diseñado para perpetuar el racismo del que la gente se ha quejado”, comentó Sharp.
Sharp dijo que la capacitación no toma en cuenta los derechos civiles porque las personas que son expertas en derechos civiles no están en la mesa.
Adicionó que tienen que entender la inmunidad calificada y lo que han hecho los tribunales ya que era una construcción judicial.
El subcomité tiene hasta el 31 de diciembre para informar sus hallazgos a la Asamblea General, finalizaron las autoridades.
