WASHINGTON DC (EFE).- Un fallo de la corte federal de Apelaciones del Séptimo Circuito, en Chicago, reafirmó la demanda presentada por Illinois para impugnar la nueva regla migratoria de carga pública de la Administración del presidente Donald Trump.
“Seguimos abogando y peleando en los tribunales”, declaró este martes Luvia Quiñones, directora de políticas de salud de la Coalición de Inmigrantes para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), al comentar el reciente voto 2-1 de los jueces.
Según el panel, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) no tiene el derecho de dictaminar qué inmigrante es autosuficiente o no, y negarle la residencia permanente.
En la nueva regla se establece que a aquellos que reciben beneficios públicos, cupones de alimentos, atención médica gratuita, subsidios y ayuda en efectivo se les niegue la llamada “tarjeta verde” de residente, por ser considerados una “carga pública”, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965.
La corte de apelaciones decidió que el Condado de Cook, donde se asienta Chicago, e ICIRR, tienen el derecho de continuar con la demanda presentada en septiembre de 2019 para frenar la aplicación en Illinois de esa regla por considerar que es discriminatoria.
El condado de Cook ha establecido su derecho a realizar la demanda, y la corte federal de distrito, que otorgó un amparo en su momento para evitar la aplicación de la regla en Illinois, no abusó de su discreción al hacerlo, señaló el fallo.
En la demanda se establece que la primera reacción de los inmigrantes con hijos ciudadanos fue renunciar a los beneficios casi en masa, por miedo a ser deportados.
Lo anterior puso en riesgo la atención médica y la alimentación de esos niños, que en su mayoría son ciudadanos estadounidenses, viven por debajo de la línea de pobreza y necesitan ayuda.
El panel dictaminó que la aplicación de las nuevas disposiciones tiene “numerosas fallas serias”, incluyendo “consecuencias colaterales predecibles” para los gobiernos estatales y locales.
La regla hace que los inmigrantes, incluyendo los que no son cubiertos por las nuevas disposiciones, se den de baja “o eviten inscribirse” en los programas de cobertura de salud, tanto federales como estatales, señala el fallo.
Esto ha provocado además una reducción de las tasas de cobertura de medicina preventiva y hace que los inmigrantes busquen atención de emergencia en el sistema de hospitales del condado de Cook, que ha debido enfrentar aumentos significativos en sus costos, agrega el escrito.
Los demandantes fueron autorizados por el panel de apelaciones a seguir buscando evidencias para fundamentar su reclamo.
“La decisión de los jueces dice que estamos en lo correcto y esto es un gran logro”, manifestó Quiñones, quien aclaró que mientras el tema se dirime en tribunales la nueva regla pública se está aplicando en Illinois.
El amparo preliminar que la suspendió momentáneamente en octubre, días antes de la entrada en vigor a nivel nacional, fue anulado por un fallo del Tribunal Supremo.
Por lo menos otros 20 estados, entre los que se cuentan California, Nueva York, Vermont, Connecticut, Pensilvania y Oregon, además de ciudades y condados han acudido a las cortes para intentar detener la aplicación de la polémica regla.
