NUEVA YORK.- El estado de Nueva York presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump con el objetivo de defender varias leyes estatales relacionadas con la inmigración y las operaciones policiales. La acción legal fue impulsada por la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James, quienes sostienen que el gobierno federal ha amenazado con impugnar normativas diseñadas para proteger la seguridad pública y la autonomía de las autoridades locales.
La demanda surge en medio de crecientes tensiones entre Nueva York y la Casa Blanca por las políticas migratorias. Según las autoridades estatales, las leyes cuestionadas buscan garantizar transparencia en las actuaciones policiales y preservar los recursos de los gobiernos estatales y municipales frente a posibles intervenciones federales.
Uno de los puntos centrales del litigio es una ley que prohíbe a agentes de fuerzas del orden locales, estatales y federales ocultar su rostro con mascarillas durante interacciones con el público. Además, la norma exige que los funcionarios se identifiquen claramente mientras realizan labores de control o vigilancia.
La fiscal general Letitia James argumentó que algunos agentes federales de inmigración han llevado a cabo operativos sin mostrar identificación visible, lo que, a su juicio, pone en riesgo a los residentes y dificulta la rendición de cuentas. La funcionaria afirmó que estas prácticas generan incertidumbre entre la población y pueden erosionar la confianza en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Por su parte, la gobernadora Hochul defendió la legislación al señalar que la autoridad policial debe ir acompañada de responsabilidad y transparencia. Sostuvo que los ciudadanos tienen derecho a conocer la identidad de quienes ejercen funciones de seguridad y a asegurarse de que los recursos públicos se utilicen para proteger a las comunidades.
Las autoridades de Nueva York también denunciaron que, en distintas partes del país, agentes federales de inmigración han participado en operativos sin identificarse adecuadamente, una situación que, según ellas, ha sembrado temor entre los inmigrantes y ha debilitado la confianza pública. Con esta demanda, el estado busca preservar sus leyes y limitar cualquier intento federal de invalidarlas en los tribunales.
