NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, encabezó una coalición integrada por otros 20 fiscales generales que exige al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) una corrección inmediata de nuevas instrucciones federales que, según ellos, fallan en definir correctamente quiénes son elegibles para recibir los beneficios del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).
En una carta dirigida a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, James advirtió que la nueva guía del USDA clasifica erróneamente a varios grupos de inmigrantes con estatus legal como “no elegibles” para recibir el SNAP, lo cual podría excluir de forma injusta a refugiados, asilados y personas admitidas bajo programas humanitarios.
Además, sostuvo que estas instrucciones contradicen leyes federales ya establecidas.
James y su coalición subrayan que, de acuerdo con la normativa federal, los refugiados, asilados y quienes recibieron libertad condicional humanitaria deberían obtener la elegibilidad para el SNAP tan pronto como logran el estatus de residencia permanente.
Sin embargo, la guía del USDA, según ellos, no reconoce adecuadamente esta vía, lo que puede llevar a negar beneficios alimentarios a miles de familias que, por ley, deberían tenerlos.
Otro punto crítico que levantan los fiscales es la interpretación del USDA sobre el período de espera de cinco años que supuestamente se aplica a algunos residentes permanentes legales.
James afirma que el nuevo documento elimina equivocadamente las exenciones históricas para refugiados, asilados y otros grupos humanitarios, contradiciendo tanto la ley como regulaciones anteriores del mismo USDA.
Además, los fiscales generales señalan que la agencia federal ignora un plazo de gracia regulatorio de 120 días que deberían tener los estados para adaptarse a las nuevas directrices.
Según James, el USDA afirma erróneamente que ese período ya se venció un día después de emitir la guía, sin dar a los estados tiempo real para hacer los ajustes necesarios.
Este malentendido, agregan, podría exponer a los estados a sanciones injustas.
Para resolver la situación, la fiscal general James y su coalición exigen que el USDA aclare que los refugiados, asilados y personas admitidas por programas humanitarios son elegibles para SNAP al obtener la residencia permanente.
Además, exigen que se publique con precisión la lista de grupos exentos del período de espera de cinco años, se explique de forma legal cómo funciona esa regla de los cinco años; y se reconozca que el periodo de transición de 120 días debe contarse desde la fecha de emisión de la guía, para evitar sanciones indebidas a los estados.
