NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, junto con sus homólogos de California y Michigan, anunció una demanda contra el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por exigir datos personales de los solicitantes del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).
La acción legal fue presentada por una coalición de 20 estados y Washington D.C.
Los fiscales generales argumentan que la exigencia de datos, como números de seguro social y direcciones de los últimos cinco años, viola la privacidad de los solicitantes, pone en riesgo a inmigrantes y obstaculiza la capacidad de los estados para brindar ayuda alimentaria a quienes más lo necesitan.
Esta medida se enmarca en una ley de reconciliación impulsada por la administración Trump, que recientemente redujo los fondos del programa SNAP. James advirtió que estos recortes pondrán a muchas familias de Nueva York en riesgo de pasar hambre.
La funcionaria denunció que el gobierno federal intenta usar el SNAP como herramienta para hostigar a los inmigrantes, al exigir información confidencial bajo pretexto de combatir el fraude. La coalición de estados sostiene que la entrega de datos viola leyes estatales y federales de privacidad.
El fiscal general de California, Rob Bonta, señaló que incluso si fuera legal entregar esos datos, sería prácticamente imposible hacerlo en el plazo exigido por el gobierno federal. La fecha límite impuesta esta semana.
Según James, los fiscales intentaron negociar con la administración Trump para encontrar una solución, pero ante la falta de acuerdo, optaron por recurrir a los tribunales. La demanda busca bloquear la condición de entregar datos a cambio de recibir fondos federales.
Más de 40 millones de personas reciben beneficios SNAP anualmente. Tradicionalmente, los estados no comparten datos de solicitantes con el gobierno federal, y hacerlo ahora podría generar un “efecto disuasorio”, donde las personas teman solicitar ayuda por miedo a ser identificadas.
La administración Trump justificó su exigencia de datos amparándose en una orden ejecutiva de marzo pasado titulada “Detener el desperdicio, el fraude y el abuso eliminando silos de información”, que según los fiscales es solo una excusa para hostigar comunidades vulnerables.
Este conflicto ocurre en paralelo con otros esfuerzos de la administración Trump para recopilar datos de beneficiarios de Medicaid y facilitar deportaciones. En Nueva York, el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha intensificado las redadas en tribunales federales, lo que ha incrementado el temor en las comunidades inmigrantes.
La demanda fue presentada en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California y busca que se declare ilegal la exigencia de datos.
Es la demanda número 35 contra acciones de la administración Trump lideradas por coaliciones de fiscales generales, muchas de ellas encabezadas por Letitia James.
