MIDDLETOWN.- Un tribunal federal de apelaciones confirmó parte de una ley de responsabilidad policial de Connecticut de 2020, que permite la divulgación pública de los archivos del personal de la policía estatal y las investigaciones internas.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos en Nueva York rechazó, el jueves pasado, una impugnación del Sindicato de Policías del Estado de Connecticut.
El sindicato argumentó que la ley viola el contrato de los oficiales para el período 2018-2022 al eliminar sus exenciones a las leyes estatales de libertad de información.
La sección del contrato en cuestión dice que los archivos y documentos de personal de los oficiales en investigaciones internas que terminan sin encontrar irregularidades no están sujetos a divulgación.
El sindicato dice que está considerando llevar el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones confirmó la decisión de un juez de un tribunal inferior que rechazó la solicitud del sindicato de prohibir la entrada en vigor de la sección legal durante su impugnación judicial.
El juez superior de distrito de los Estados Unidos, Charles Haight, en New Haven, también dijo que no era probable que el caso del sindicato tuviera éxito porque la ley tiene un propósito público legítimo de aumentar la responsabilidad y la transparencia de las fuerzas del orden público.
Andrew Matthews, director ejecutivo del sindicato de la policía estatal, dijo que los policías se oponen a la ley porque permite que se hagan públicos los registros que involucran acusaciones infundadas, lo que posiblemente empañe la reputación de un policía a pesar de que no se hayan encontrado irregularidades.
Si el sindicato solicita a la Corte Suprema de los Estados Unidos que escuche su apelación y los jueces rechazan la solicitud, el caso regresaría al juez de primera instancia que expresó dudas sobre el caso del sindicato.
Además, el contrato de la policía estatal vence el 30 de junio y se están realizando negociaciones para un nuevo contrato.
Los defensores de la ley de 2020 dijeron que respondía a los llamados a la reforma después de los asesinatos policiales de George Floyd y otras personas afroamericanas.
También creó un nuevo inspector general estatal para investigar los casos de uso de la fuerza por parte de la policía en todo el Estado, circunstancias limitadas en las que se puede justificar el uso letal de la fuerza y permitió demandas en tribunales estatales contra agentes en ciertos casos.
