NEW HAVEN.- La Trust Act de Connecticut es una ley clave que regula cómo las autoridades estatales y locales pueden cooperar con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Según esta normativa, los agentes policiales no pueden detener a una persona únicamente por una “detainer” (solicitud de detención) civil emitido por el ICE, a menos que se cumpla con ciertos criterios legales.
La versión revisada este año (que entró en vigor en octubre de 2025) amplía las protecciones de la Trust Act. Ahora incluye a más funcionarios: no solamente la policía y los mariscales judiciales, sino también a fiscales de la División de Justicia Criminal (DCJ), oficiales de libertad condicional juvenil, y miembros de la Junta de Libertad Condicional y de Perdones.
Con estos cambios, los fiscales y otros empleados del DCJ tienen que seguir una serie de reglas nuevas: todas las solicitudes de detención del ICE deben revisarse por un supervisor, y todas las interacciones con los agentes, incluyendo fecha, hora y motivo, deben documentarse.
Además, el uso de recursos estatales (tiempo, dinero, equipo) para avisar al ICE sobre cuándo una persona va a salir de la custodia está prohibido, salvo en casos muy específicos.
Estos “casos específicos” en los que sí está permitido cooperar con el ICE son delitos graves: la ley contempla excepciones para personas condenadas por delitos de clase A o B, así como para personas con vínculos sospechosos con terrorismo.
Además, la enmienda reciente incluyó 13 crímenes adicionales para los cuales la comunicación con el ICE sí está permitida.
Por otro lado, en septiembre de 2025 se estableció una nueva política para los juzgados estatales: el ICE no puede hacer arrestos dentro de las áreas públicas de las cortes estatales, a menos que tengan una orden judicial. Además, los agentes no pueden usar máscaras en el recinto judicial, salvo que sea por una razón médica.
Finalmente, también se aprobaron medidas para proteger la información personal de los inmigrantes en entidades estatales.
Un proyecto de ley prohíbe que las agencias compartan datos sensibles como domicilios, lugares de trabajo o fechas y horas de audiencias judiciales con el ICE de forma indiscriminada.
Según el Estado, si el ICE quiere entrar a una oficina estatal, solo puede acceder a las áreas no públicas con una orden judicial.
