NUEVA YORK.- Una jueza federal de los Estados Unidos desestimó la demanda presentada por el Departamento de Justicia, del gobierno de Donald Trump, contra una ley del estado de Nueva York que prohíbe a los agentes de inmigración realizar arrestos civiles en tribunales estatales.
La normativa en cuestión es conocida como la Protect Our Courts Act, aprobada en 2020, y establece que los agentes federales no pueden detener personas que están entrando, saliendo o participando en audiencias de los tribunales estatales a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez.
En su presentación, el Departamento de Justicia argumentó que esta ley viola la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, ya que supuestamente obstaculiza las facultades federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
Sin embargo, la jueza Mae D’Agostino rechazó este planteamiento, subrayando que Nueva York no está obligado a cooperar con la aplicación federal de la inmigración si así lo decide.
D’Agostino sostuvo que la decisión de Nueva York de no colaborar con la ley migratoria civil está protegida por la Décima Enmienda, que limita el poder del gobierno federal para obligar a los estados a participar en sus programas.
Según la magistrada, no existe una ley federal que exija a las autoridades estatales prestar asistencia a las agencias migratorias, por lo que el estado actúa dentro de su soberanía.
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, celebró el fallo destacando que garantiza que las comunidades inmigrantes puedan acudir a los tribunales sin temor a ser arrestadas arbitrariamente por autoridades federales.
Además, defensores de los derechos de los inmigrantes han criticado las redadas del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en los tribunales, alegando que disuaden a personas vulnerables de participar en procesos legales por miedo.
Por su parte, el Departamento de Justicia apuntó que esta decisión no detiene su agenda de inmigración, asegurando que continuará defendiendo sus prioridades de seguridad y cumplimiento migratorio.
