BOGOTA.- El presidente Gustavo Petro informó que retiró del servicio activo al mayor general Hernando Garzón Rey, quien se desempeñaba como inspector general de las Fuerzas Militares, tras hallar “fuertes indicios de asociación” con grupos narcotraficantes.
El mandatario afirmó que se entregarán a la Fiscalía las denuncias e indicios recopilados para que se haga la investigación correspondiente.
Hernando Garzón Rey ocupaba el cargo desde abril de 2025, como inspector de comando de las Fuerzas Militares, lo que lo colocaba entre los oficiales de mayor confianza y responsabilidad dentro de la jerarquía militar. Además de sus funciones de supervisión interna, estaba encargado de velar por el cumplimiento de normas, disciplina y transparencia dentro de la institución.
Las acusaciones se centran en supuestos nexos con organizaciones narcotraficantes y el cultivo de hoja de coca. En particular, se alude a un incidente ocurrido en abril de 2023, cuando Garzón, de vacaciones en una finca familiar en Guaviare, fue visitado por hombres en uniforme tipo camuflado que le exigieron una extorsión de 50 millones de pesos.
Garzón Rey ha rechazado las acusaciones, calificándolas de montaje y mal entendido.
Alega que la fotografía que lo vincula con miembros de disidencias fue sacada de contexto, que fue víctima de desinformación, y que notificó a las autoridades correspondientes sobre el incidente en 2023.
La decisión presidencial fue complementada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien afirmó que la medida administrativa es un “llamamiento a calificar servicios”, es decir, un retiro formal mientras se adelantan las investigaciones.
También se anunció que los indicios fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación para que lleve a cabo la indagación penal.
La remoción de Garzón Rey representa un sacudón dentro de las Fuerzas Militares, pues al ser uno de los oficiales de mayor rango en roles de inspección interna, su retiro llama la atención sobre los mecanismos de control, la confiabilidad de los reportes de inteligencia, y la transparencia institucional.
También reaviva cuestionamientos previos sobre cómo se manejan las acusaciones de corrupción o vínculos ilícitos dentro de estructuras militares.
El caso ocurre en un momento delicado para Colombia respecto de su relación con socios internacionales, especialmente Estados Unidos, en materia de certificación para la lucha contra el narcotráfico.
Se especula que decisiones como esta buscan mostrar compromiso institucional con la transparencia y la legalidad frente a esas relaciones diplomáticas.
Mientras avanza la investigación penal, Garzón Rey insiste en que desea “retirarse con honor” y limpiar su nombre. Por su parte, las autoridades deberán determinar no sólo si hubo responsabilidad penal, sino también si existieron fallas en los procesos internos de inteligencia y verificación antes de aplicar sanciones administrativas.
La opinión pública y los medios seguirán atentos a cómo se procesa este caso, dado lo emblemático de la figura implicada.
