HARTFORD.- Según varios informes, funcionarios de inmigración deportaron a tres niños ciudadanos estadounidenses, de 2, 4 y 7 años, junto con sus madres a finales de la semana pasada.
El niño de 4 años padece cáncer en etapa cuatro y fueron deportados sin medicamentos ni acceso a médicos. Una de las madres también está embarazada, según informes.
La American Civil Liberties Union (ACLU) de Luisiana informó que las familias habían vivido en los Estados Unidos durante años, estableciendo fuertes vínculos con sus comunidades.
Sin embargo, el Immigration and Customs Enforcement (ICE) los detuvo a principios de la semana pasada y los mantuvo incomunicados, ignorando los desesperados intentos de abogados y familiares por contactarlos.
Fueron deportados el viernes 25 de abril, según el grupo.
Ambas familias fueron enviadas a Honduras.
La primera familia fue detenida a principios de la semana pasada y la segunda fue arrestada el jueves.
Fueron detenidos durante controles rutinarios programados con funcionarios de inmigración en Nueva Orleans.
La ACLU afirmó que las madres y los niños contaban con vías legales para permanecer en el país, pero se les negaron sus derechos.
“Una vez más, el gobierno ha utilizado tácticas engañosas para negarles sus derechos a las personas. Estas acciones atroces deben ser condenadas. Como nación, somos mejores que esto. “Estas familias merecen algo mejor, deben ser regresadas a los Estados Unidos”, declaró Alanah Odoms, directora ejecutiva de la ACLU de Luisiana.
La deportación de la niña de 2 años, el viernes pasado, acaparó titulares nacionales, incluyendo en Connecticut y Nueva York, después de que un juez designado por Trump declarara que temía que el país “acabara de deportar a una ciudadana estadounidense sin un proceso legal claro”.
Expertos en inmigración criticaron al gobierno del presidente Donald Trump por castigar a las familias que cumplían con las normas del ICE y expresaron temor por el futuro.
“Una agencia gubernamental que secuestra y deporta a madres vulnerables con sus hijos ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso debe ser desfinanciada, no recompensada con 45 mil millones de dólares adicionales para continuar a expensas de los contribuyentes”, declaró Mich Gonzalez, socio fundador de Sanctuary of the South.
“Estas familias cumplían legalmente con las órdenes de ICE y, por ello, sufrieron una separación cruel y traumática. Si esto es lo que la administración Trump está orquestando en tan solo tres meses, todos deberíamos estar aterrorizados por lo que nos depararán los próximos cuatro años”, finalizó González.
