NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó esta semana una demanda contra Kofi Amankwaa, un abogado de inmigración del Bronx, y otros en su oficina, identificados como Sylvester Boateng, Nana Adoma Kontoh, Betty Smith y Kofi Amankwaa Jr, por ejecutar un plan ilegal que estafó a cientos de inmigrantes vulnerables para que pagaran miles de dólares por servicios fraudulentos.
Las estafas provocaron que muchos fueran deportados o se les negaran sus solicitudes de tarjeta de residencia.
Desde 2018 hasta 2023, Amankwaa y los otros acusados cobraron a clientes inmigrantes miles de dólares por presentar la documentación en su nombre para obtener tarjetas de residencia para sus clientes.
Sin que sus clientes lo supieran, Amankwaa y los otros acusados también estaban presentando ilegalmente peticiones separadas afirmando falsamente que sus hijos estaban abusando de ellos.
Estas peticiones fueron presentadas bajo la Violence Against Women Act, que permite a las víctimas de abuso por parte de un niño nacido en los Estados Unidos mayor de 21 años solicitar la residencia permanente legal. Como resultado de sus acciones ilegales, varios de sus clientes fueron deportados mientras que a otros se les negó su tarjeta de residencia.
Con esta demanda, la Fiscal General de Nueva York busca una orden para detener inmediatamente el plan ilegal de Amankwaa y los acusados, y obligarlos a pagar restitución y daños y perjuicios a los clientes afectados, además de sanciones civiles al estado.
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó esta semana una acción penal paralela, acusando y arrestando a Kofi Amankwaa y a Kofi Amankwaa Jr por llevar a cabo un plan de fraude migratorio a gran escala.
“Las personas que emigran a los Estados Unidos a menudo son vulnerables y simplemente intentan construir una vida mejor para ellos y sus seres queridos”, señaló James.
“Cuando estos inmigrantes buscaron ayuda de abogados que afirmaban actuar en su mejor interés, en cambio se aprovecharon de ellos y los perjudicaron. Este plan cruel e ilegal los llevó a ser separados de sus familias y deportados. Agradezco a la asambleísta Catalina Cruz por sacar a la luz este tema y por su incansable trabajo para proteger a nuestras comunidades más vulnerables. No toleraré a los estafadores que se aprovechan de los débiles y se aprovechan de las personas que piden ayuda”, agregó la Fiscal General.
Una investigación de la Fiscalía General reveló que Amankwaa y los demás que trabajaban en su oficina, a sabiendas y en repetidas ocasiones presentaron peticiones falsas en nombre de sus clientes.
Estas peticiones identificaron a cada cliente como padre de un ciudadano estadounidense abusivo, lo que le permitiría al cliente solicitar una tarjeta de residencia.
Sin embargo, Amankwaa y los demás no informaron a sus clientes de que estaban haciendo esto y se negaron a proporcionarles copias de los documentos presentados. Como resultado, los clientes no sabían que los abogados estaban acusando falsamente a sus propios hijos de abuso en su nombre.
Amankwaa también les dijo falsamente a sus clientes que podrían salir y regresar de manera segura a los Estados Unidos e instruyó a sus clientes a mentir en sus peticiones y a los funcionarios de inmigración acerca de haber sido abusados, aunque ninguno de ellos finalmente lo hizo.
En noviembre de 2023, la licencia de abogado de Amankwaa fue suspendida después de que no respondió a nueve quejas distintas que alegaban que había presentado solicitudes de inmigración fraudulentas en nombre de sus clientes.
Además, Kontoh afirmó falsamente que era abogada mientras actuaba como proveedora de servicios de asistencia a inmigrantes, brindando asesoramiento legal ilegalmente y engañando a sus clientes inmigrantes. Alentó ilegalmente a sus clientes a mentir a los funcionarios de inmigración, no les proporcionó contratos escritos o copias de documentos presentados ante el gobierno y no colocó carteles informando a los clientes que ella no era abogada.
La demanda también alega que Amankwaa Jr también violó la ley al brindar asesoramiento legal, a pesar de que no está autorizado para ejercer la abogacía en Nueva York.
Las autoridades alentaron a cualquier persona que crea que pudo haber sido víctima de fraude a presentar quejas completando un formulario de queja o llamando al 1-800-771-7755.
Cualquier información de identificación proporcionada a la oficina estará protegida de acuerdo con la ley estatal y las políticas sobre la salvaguardia de la información de identificación, finalizaron las autoridades.
