HARTFORD.- El Comité Asesor de Connecticut de la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos escuchó testimonios a favor de ampliar los derechos de voto a personas actualmente encarceladas, durante una audiencia de varias horas llevada a cabo en el Legislative Office Building.
El grupo de derechos civiles escuchó a defensores, expertos académicos y personas anteriormente encarceladas sobre el impacto de las políticas de privación de derechos en las poblaciones encarceladas compuestas desproporcionadamente por residentes afroamericanos e hispanos.
En general, los oradores elogiaron los recientes cambios de política adoptados por los legisladores de Connecticut, que han permitido a votantes elegibles emitir su voto una vez que salen de prisión.
El cambio reemplazó una ley que anteriormente les exigía completar primero su sentencia de libertad condicional.
Sin embargo, Nicole Porter, directora de defensa de The Sentencing Project, dijo que el Estado estaba en una buena posición para extender el derecho al voto a las personas actualmente encarceladas.
“Yo llamaría a Connecticut un estado de oportunidad, un estado donde existe la oportunidad de ir más allá, de poner fin de plano a la privación de derechos por delitos graves. Eso es increíblemente importante dado que los Estados Unidos es un caso atípico en términos de privar de sus derechos a las personas que son sentenciadas a prisión”, expresó Porter.
La mayoría de los estados de los Estados Unidos prohíben el voto a los residentes encarcelados.
Aquí en Connecticut, a las personas sin sentencia se les permite votar en las cárceles del Estado.
Sólo Maine y Vermont permiten el voto de los residentes sentenciados en prisiones estatales.
Porter dijo al panel que las políticas no eran particularmente controvertidas en esos estados.
James Jeter, codirector de la Full Citizens Coalition, comenzó su presentación ante el grupo destacando cómo las leyes electorales de Connecticut históricamente han privado de sus derechos a los votantes afroamericanos.
A partir de este año, 6 mil 892 personas fueron privadas de sus derechos debido a condenas por delitos graves en Connecticut, según las estadísticas presentadas por Christina Rivers, profesora asociada de ciencias políticas en la Universidad DePaul.
Alrededor del 44% de esas personas eran afroamericanas y el 28% eran latinas.
Hasta el año pasado, la población general de Connecticut era 78% blanca, 13% afroamericana y 18% latina, indicó Rivers.
“Esto casi se convierte en una forma de supresión de votantes. Quizás no sea intencional, pero sí efectivo”, dijo Rivers sobre impedir que los encarcelados voten.
Los legisladores de Connecticut han considerado, pero se han negado a aprobar, proyectos de ley que permitan a los votantes sentenciados emitir su voto desde prisión.
El Comité de Administración Gubernamental y Elecciones presentó uno de esos proyectos de ley para una audiencia pública en marzo pasado.
La audiencia generó testimonios de ambos lados del asunto, y los opositores a menudo argumentaron que los infractores habían perdido su derecho a votar cuando violaron la ley.
“Recompensar a alguien que está encarcelado con el derecho al voto es una bofetada más a los ciudadanos respetuosos de la ley mientras el sistema penal se vuelve cada vez menos punitivo”, escribió en marzo la residente Debbie Esposito.
Mientras tanto, la Secretaria de Estado, Stephanie Thomas, principal funcionaria electoral de Connecticut, se centró en preocupaciones logísticas en su propio testimonio presentado ante el comité legislativo.
El Departamento Correccional ya enfrentó desafíos al administrar boletas de voto ausente a personas encarceladas sin sentencia, dijo Thomas.
“Si bien los méritos de este proyecto de ley son bien intencionados, primero les insto a abordar los muchos desafíos prácticos que actualmente enfrentan las personas encarceladas que reúnen los requisitos necesarios cuando intentan emitir un voto”, escribió la funcionaria en marzo.
“Estamos listos y dispuestos a trabajar con las partes interesadas para brindar soluciones a algunos de estos problemas que también servirían como base de un programa más amplio”, finalizó Thomas.
