HARTFORD.- Un juez de un tribunal federal rechazó un segundo intento de impedir que Connecticut haga cumplir prohibiciones sobre ciertas armas y cargadores de municiones de gran capacidad, mediante un fallo en una de las dos demandas que impugnan la ley estatal tras una reciente decisión de la Corte Suprema.
La jueza Janet Bond Arterton rechazó una solicitud de Connecticut Citizens Defense League (CCDL) para emitir una orden judicial preliminar para detener temporalmente la aplicación de la prohibición estatal de armas de asalto, que se adoptó a raíz del tiroteo en la Sandy Hook Elementary School en 2012.
Arterton rechazó una solicitud similar de la National Association for Gun Rights (NAGR) a principios de este mes.
Ambas demandas buscan impugnar la ley de armas de Connecticut a raíz del fallo del tribunal superior de 2021 en el caso Rifle & Pistol v. Bruen del estado de Nueva York, que exigía que las regulaciones fueran “consistentes con la tradición histórica de la nación en materia de regulación de armas de fuego”.
En su fallo contra la moción de orden judicial de la NAGR, Arterton encontró que el grupo no había demostrado que las armas se usaban comúnmente para defensa propia y no era probable que demostrara que la ley era inconsistente con la regulación histórica de armas de fuego del país.
El lunes pasado, el juez escribió que lo mismo ocurría con la moción de la CCDL.
“Los demandantes no ofrecen ninguna evidencia nueva que socave o refute el análisis previo de la Corte de la historia de esta nación, o su conclusión final”, escribió Arterton.
“Por lo tanto, el Tribunal no repetirá el mismo análisis histórico para sostener que incluso si los demandantes hubieran demostrado que las armas de asalto en los estatutos impugnados se utilizan comúnmente para la autodefensa, no pueden demostrar una probabilidad de éxito en cuanto al fondo porque las prohibiciones de ciertas armas semiautomáticas son coherentes y están justificadas por la historia y la tradición de esta nación, en materia de regulación de armas de fuego”.
La jueza no desestimó ninguna de las quejas, pero dictaminó que la ley de Connecticut permanecerá vigente mientras avanzan en el sistema judicial.
Doug Dubitsky, representante estatal republicano del municipio de Chaplin y abogado que representa al grupo por los derechos de las armas, calificó el fallo de Arterton como decepcionante.
“Obviamente no estamos de acuerdo con su decisión, ya que creemos que utilizó el estándar equivocado. No siguió el precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos ni del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito. Estamos bastante seguros de que, si esas cuestiones se presentaran ante cualquiera de esos tribunales, obtendríamos una decisión diferente”, dijo Dubitsky.
Mientras tanto, el fiscal general William Tong calificó de “infundadas” las demandas que impugnan la prohibición estatal de armas de asalto.
“Las leyes estrictas y de sentido común sobre la seguridad de las armas, incluidas las enmiendas más recientes aprobadas este año y a las que apunta esta demanda, salvan vidas”, indicó Tong.
“Nuestra prohibición de armas de asalto salva vidas. No vamos a permitir que estas armas de guerra regresen a nuestras escuelas, a nuestros lugares de culto, a nuestras tiendas de comestibles o a nuestras calles. No bajo mi supervisión”, finalizó el Fiscal General.
