STAMFORD.- La constitucionalidad de una ley de Connecticut que legaliza el cannabis fue cuestionada. la semana pasada. por un grupo de residentes de Stamford que están demandando a los funcionarios de la ciudad y pidiendo a un juez que detenga la operación de los negocios de cannabis en todo el estado.
La demanda, presentada esta semana en el Tribunal Superior, proviene de la Stamford Neighborhoods Coalition y más de una docena de demandantes individuales y está dirigida a la alcaldesa Caroline Simmons y la Junta de Zonificación de la Ciudad.
El grupo está buscando una orden judicial para prohibir la operación de negocios de cannabis, tanto en Stamford como en Connecticut en su conjunto, con el argumento de que la ley estatal de 2021, que legaliza la posesión y venta comercial de la sustancia, fue reemplazada por la federal Controlled Substances Act.
“Según la ley federal, cualquier persona involucrada en el cultivo, la fabricación, la distribución o el despacho, o la posesión con la intención de fabricar, cultivar, distribuir marihuana es tráfico de la planta sujeto a enjuiciamiento federal en virtud de la Controlled Substances Act”, escribió el abogado David Herz en el queja.
“Por lo tanto, es inconstitucional y no puede ser invocada por la Ciudad de Stamford o su Junta de Zonificación para permitir la empresa ilegal que es todo negocio de Cannabis”, alega la denuncia.
La demanda también argumenta que la ley del cannabis violó una disposición de igualdad de derechos de la Constitución de Connecticut.
La ley de 2021 creó un Consejo de Equidad Social con la intención de garantizar que el nuevo mercado comercial beneficiara a las comunidades de Connecticut más afectadas por la aplicación histórica de las prohibiciones de drogas.
La queja se refiere a la disposición que crea el Consejo como un “esquema” que es “seleccionado inadmisiblemente en función de la raza”.
“El propósito del Consejo de Equidad Social es dar derecho a un determinado grupo de personas a emolumentos (pagos) públicos exclusivos”, alega la demanda.
Otra sección de la demanda le pide a un juez que detenga las actividades de las juntas de Zonificación y Planificación de Stamford, las cuales, según el grupo, incluyen miembros cuyos mandatos han expirado.
La queja objetaba los esfuerzos de las juntas para efectuar las regulaciones y la aprobación de zonificación para las ubicaciones minoristas de cannabis dentro de la Ciudad.
“Ubicar instalaciones de Cannabis en cualquier lugar de Stamford necesariamente aumenta la actividad criminal en la ciudad, poniendo a los niños en mayor riesgo”, dice la demanda.
Aunque el cannabis sigue siendo una sustancia controlada de la “Lista I” según la ley federal, hasta marzo más de 21 estados habían adoptado políticas que permitían alguna forma de uso y venta recreativa de cannabis.
Desde 2015, los proyectos de ley de asignaciones del Congreso también han incluido disposiciones que prohíben que el Departamento de Justicia use sus fondos para evitar que algunos estados implementen políticas de marihuana medicinal, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso.
El mercado regulado de uso para adultos de Connecticut se lanzó en enero y las ventas comerciales han aumentado cada mes desde entonces.
Los dispensarios generaron más de 13 millones de dólares en ventas en julio, según el Departamento de Protección al Consumidor.
