NEW HAVEN.- La comunidad colombiana y las organizaciones en solidaridad con el pueblo sudamericano visitaron las oficinas de la congresista federal de Connecticut, Rosa DeLauro, para entregar una carta pidiéndole que cese la ayuda militar, a raíz de 37 asesinatos de civiles por parte de las fuerzas colombianas.
Desde el 28 de abril, los colombianos están en huelga, luego de que el gobierno anunciara una reforma tributaria que elevaría el costo de vida de la clase media y los sectores más pobres que ya estaban devastados por la crisis del COVID-19. Cuatro días después de las protestas, el gobierno retiró la reforma.
Sin embargo, las protestas continuaron ya que las demandas eran mucho más: vacunación masiva, ayuda económica a los más pobres, desmilitarización del país y desmantelamiento de las fuerzas policiales antidisturbios.
En diez días de protesta, las organizaciones de derechos humanos han documentado la muerte de 49 manifestantes, 37 de ellos a manos de las fuerzas estatales, 548 desaparecidos, 963 personas detenidas arbitrariamente, 12 víctimas de violencia sexual por parte de fuerzas estatales, y 278 heridos, incluidos 28 con disparos en los ojos, por las fuerzas colombianas.
Las armas, los tanques y el entrenamiento provienen de los Estados Unidos, pagados por los contribuyentes estadounidenses.
Colombia es uno de los 10 principales receptores de ayuda militar de los Estados Unidos, después de países como Afganistán, Israel e Irak.
Los residentes de Connecticut le pidieron a Rosa DeLauro que levante la voz y se una a su colega, James McGovern (Massachussets), quien dijo que “estoy profundamente perturbado por la brutal respuesta de la Policía Nacional de Colombia a las protestas pacíficas durante el fin de semana. Esto es parte de un patrón perturbador de uso excesivo de la fuerza, asesinatos y violaciones de los derechos humanos contra los manifestantes en noviembre de 2019, septiembre de 2020 y abril-mayo de 2021”.
McGovern agregó que “la protesta pacífica y la libertad de expresión deben respetarse en todas partes. La ayuda estadounidense a la policía de Colombia necesita fuertes condiciones y protecciones de los derechos humanos. Deberíamos aplicar la ´Ley Leahy´. No hay ayuda estadounidense a los disturbios del Mobile Anti-Disturbances Squadron or Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) colombiano que se involucran en graves violaciones de derechos humanos”.
Por su parte, John Lugo, de la organización Unidad Latina en Acción (ULA) apuntó que “esperamos que nuestra congresista utilice su influencia y nos ayude a reclutar más colegas aquí en el estado de Connecticut. También le pedimos una reunión urgente con el recién formado Comité de Solidaridad con el paro en Colombia, para que pueda escuchar directamente a la comunidad colombiana y entender la gravedad del momento. En el pasado la aplaudimos cuando votó en contra ayuda militar en la década de 2000”.
