NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, encabezó esta semana una coalición de 16 fiscales generales de todo el país para luchar junto al presidente Joe Biden y proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación.
En el primer día de la Administración Biden-Harris, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos emitió un memorando ordenando una moratoria de las deportaciones durante 100 días, mientras se realizaba una revisión exhaustiva de las políticas del DHS.
Dos días después, el estado de Texas demandó a la administración, buscando revocar la moratoria.
Texas ahora está buscando una orden judicial preliminar para detener la moratoria mientras el caso llega a los tribunales.
En un escrito de amicus presentado en Texas, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James lidera la coalición para pedirle al tribunal de distrito que rechace la solicitud de Texas de una orden judicial preliminar y niegue los esfuerzos del Estado para dictar la política federal de inmigración, a través de un “acuerdo” de último minuto con la Administración Trump.
“Este acuerdo de última hora por parte de la Administración Trump y el estado de Texas no es más que un esfuerzo desesperado del ex presidente en su camino hacia la puerta para atar a todos los demás estados de la nación y al mismo tiempo castigar a los inmigrantes”, señaló James.
“A medida que continuamos recuperándonos de una crisis de salud pública que ha afectado a todos los rincones de este país, lo último que deberíamos hacer es movernos para deportar a más inmigrantes, muchos de los cuales están trabajando en la primera línea de la pandemia y prestando servicios esenciales a Estadounidenses en todo el país. Me enorgullece liderar esta coalición para apoyar los esfuerzos del presidente Biden para congelar las deportaciones mientras la administración busca reformar las políticas generales de inmigración de nuestra nación”, agregó la funcionaria.
Como parte de una serie de reformas migratorias radicales, la Administración Biden-Harris detuvo la deportación de los inmigrantes indocumentados durante 100 días el 20 de enero de 2021.
Sin embargo, días antes de que el presidente Biden asumiera el cargo, el estado de Texas celebró un acuerdo con Trump.
El ex presidente buscó paralizar las políticas de la administración entrante de Biden-Harris antes de que tuviera la oportunidad de implementar sus propias políticas y prioridades con respecto a la remoción.
En el escrito de amicus, presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, la Fiscal General James lidera la coalición al argumentar que el acuerdo de Texas con la administración anterior no solo es ilegal, sino que también presenta serios problemas relacionados con la inmigración federal.
Según James, afecta tambien la aplicación de la ley en Nueva York y los otros estados, que albergan una parte significativa de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se estima que se encuentran en los Estados Unidos.
La solicitud de Texas de hacer cumplir en todo el país un acuerdo que solo el ex presidente firmó con el DHS, no solo entra en conflicto con la ley federal, sino que también socava la soberanía de los otros estados, agregó la Fiscal General.
Como señala el escrito de amicus, una administración presidencial saliente, después de perder una elección nacional por millones de votos, no puede poner freno a la discreción de una nueva administración en sus esfuerzos por cambiar las políticas nacionales para reflejar la voluntad de los votantes.
De hecho, la Corte Suprema ha rechazado repetidamente los intentos de impedir que un poder ejecutivo recién elegido ejerza la autoridad que le ha otorgado el Congreso, indicó James.
Además, la Fiscal General y la coalición destacaron las abrumadoras contribuciones que los inmigrantes indocumentados aportan a la nación. Específicamente, los inmigrantes indocumentados aportan aproximadamente 6.8 mil millones en impuestos estatales y locales anualmente.
Los inmigrantes, con y sin documentación, también son empleados de necesidad crítica en sectores esenciales, incluidos aquellos sectores vitales para combatir la crisis de salud pública por el COVID-19, mediante la entrega de bienes y alimentos, proporcionando apoyo tecnológico y de recursos humanos para teletrabajo, ofrecer telesalud y otro tipo de atención médica en persona, ayudar en las tiendas de comestibles y más, finalizó James.
