La agencia renunciará a 408 mil dólares en alquileres mensuales de los inquilinos de desarrollos de Elm City Communities y viviendas dispersas

NEW HAVEN – Más de mil 280 familias que viven en viviendas públicas recibirán la cancelación de su alquiler en julio, anunció Elm City Communities, el lunes pasado.

En una reunión celebrada en 360 Orange Street, la Autoridad de Vivienda de New Haven, anunció oficialmente que, debido al impacto financiero de la pandemia de COVID-19, la agencia renunciará a 408 mil dólares en alquileres mensuales de los inquilinos del desarrollo de Elm City Communities y viviendas dispersas.

“Incluso con el beneficio de una vivienda asequible, nuestras familias están luchando”, declaró Karen DuBois-Walton, presidenta de Elm City Communities.

Agregó que el ingreso anual promedio para una familia de tres en las viviendas públicas de New Haven es de 14 mil a 16 mil dólares.

“La combinación de eso con los costos adicionales de las interrupciones relacionadas con COVID-19 en los horarios de trabajo, los horarios escolares, el aumento de las facturas de electricidad, los costos de alimentos, los suministros de limpieza, el cuidado de los niños y los costos médicos significa que estamos lidiando con problemas graves que durarán más que los alivios actualmente en su lugar”, expresó DuBois-Walton.

Los ingresos por alquiler estarán cubiertos por dinero no federal y no público, según la agencia.

DuBois-Walton comentó que la Autoridad de Vivienda usaría su fondo de reserva para compensar los ingresos por alquiler.

Agregó que la agencia redujo los costos y ahorró dinero al cerrar las oficinas durante la pandemia de COVID-19 y que cualquier déficit operativo se compensará con el dinero recaudado por los esfuerzos de recaudación de fondos, tarifas por servicios como servicios de reubicación para otras agencias, alquiler de torres de telefonía celular y otros medios.

Una mayor relajación de las obligaciones de alquiler requeriría el apoyo de los funcionarios de la Ciudad y del Estado, así como de los propietarios, finalizó DuBois-Walton.

SOMERS.- La escasez de personal sanitario en la Osborn Correctional Institution durante la pandemia de coronavirus está poniendo en riesgo a los reclusos y empleados, según los funcionarios sindicales que organizaron una protesta cerca de la prisión, el lunes pasado.

“Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y preocupamos por nuestros pacientes. Queremos más personal aquí para poder proteger a los reclusos y a nuestro personal”, declaró Gabby Bottino, una enfermera práctica con licencia y gerente de enfermedades infecciosas que trabaja en la prisión de Osborn.

Alrededor de dos docenas de trabajadores de la salud, incluidos Bottino y su compañera Indria Mitto, y los oficiales de corrección, mostraron su apoyo al llamado del sindicato para que el Estado brinde más incentivos, como bonos, para atraer a personas calificadas que estén dispuestas a trabajar dentro del sistema de atención médica de la prisión de Connecticut.

“No puedes contratar nuevo personal si tus incentivos y beneficios no son comparables con el sector privado, especialmente si te encuentras en una zona de guerra”, declaró Pedro Zayas, director de comunicaciones del New England Healthcare Employees Union, District 1199 SEIU NE.

Todo el Departamento de Correcciones del Estado ha estado funcionando con una grave escasez de empleados de atención médica, incluidas enfermeras, durante casi dos años, señaló Nat Roosa, un organizador del sindicato que representa a 600 trabajadores de la salud empleados por el Departamento de Correcciones.

El personal está siendo aumentado por enfermeras de agencias de trabajo que no entienden el ambiente de la prisión, señaló Mitto.

“No están entrenadas y no conocen la seguridad. Algunas son buenos y otras no, y no están capacitadas y no estamos en condiciones de hacerlo. Estamos trabajando dobles turnos y cuando lo haces repetidamente, tu mente se agota”, agregó Mitto.

“Las personas que han sido contratadas ya renuncian debido a las presiones de trabajar dentro de una prisión sin la capacitación adecuada. Estar en una prisión y estar en el sector privado es totalmente diferente”, indicaron Bottino y Mitto.

Se supone que las enfermeras contratadas a través de una agencia solo deben trabajar cuando hay una emergencia de personal, pero el Departamento de Correcciones las está contratando a diario, ya que el personal es muy bajo, lamentó Bottino.

“Tuve reuniones con el Comisionado en diciembre antes de COVID-19 y todas nuestras sugerencias no fueron escuchadas”, añadió.

Según las cifras sindicales, la prisión de Osborn, que tuvo el mayor número de reclusos con resultado positivo para COVID-19 y fue el hogar de seis de los siete reclusos que murieron por la enfermedad, tiene la mayor escasez de personal: 24 vacantes, incluyendo 14 puestos de enfermería vacantes.

“Hemos tenido poco personal en todo el Departamento de Correcciones y en este punto estamos en una campaña de varios años para contratar personal. Hace aproximadamente un año se hizo evidente que la dotación de personal en Osborn era un juego de pelota completamente diferente para la falta de personal y, a pesar de las reiteradas reuniones con la gerencia, solo está empeorando”, señaló Roosa.

Pero el comisionado del Departamento de Correciones, Rollin Cook, quien anunció el viernes su intención de abandonar la agencia a partir del 1º de julio, sostiene que ha hecho progresos continuos en la contratación y la mejora de la estructura general de la unidad de atención médica que fue transferida a la agencia en julio de 2018.

Los funcionarios del Departamento de Correcciones disputan la cantidad de vacantes que el sindicato reclama, argumentando que solo hay 11 en Osborn.

Cook calificó las tácticas del sindicato como “contraproducentes”.

La agencia contrató a un total de 138 trabajadores de la salud en el último año, pero se abrieron varios puestos en el mismo período debido a las jubilaciones. Los trabajadores de la salud se encuentran entre los empleados mejor pagados en el Departamento de Comercio debido a la cantidad de horas extras que trabajan, según el sitio web OpenPayroll de la contraloría estatal.

STAMFORD – Días antes de que el gobernador Ned Lamont anunciara una serie de reformas a ser instituidas por los departamentos de policía del Estado, el alcalde David Martin, pidió lo mismo para esta ciudad.

Martin declaró que ordenó al jefe de la policía, Timothy Shaw, que prohibiera los estrangulamientos u otras medidas de fuerza en los arrestos y exigiera a los oficiales agotar todas las alternativas no letales antes de disparar e intervenir si observan a otro usando fuerza excesiva.

Además, anunció que a los oficiales se les prohibirá disparar contra los vehículos en movimiento y se les exigirá que empleen técnicas de desescalada en situaciones tensas.

Ordenó a la Comisión de la Policía a revisar más activamente los casos disciplinarios que involucran a los oficiales y dijo que requerirá que el Departamento brinde más información cuando los oficiales usen la fuerza.

Shaw comentó que muchos de estos cambios propuestos ya son parte de la política del Departamento.

Por ejemplo, durante muchos años los agentes de la policía han tenido que agotar todas las alternativas no letales antes de disparar, indicó el jefe del Departamento.

La única vez que se le permite a un oficial dispararle a alguien es cuando se usa fuerza física potencialmente mortal contra el oficial o una tercera persona, señaló.

Los tiroteos involucrados por la policía son raros en Stamford.

La última vez que un oficial disparó contra alguien fue en marzo de 2016, cuando la policía respondió a la Wedgemere Road y disparó y mató a Dylan Pape, de 25 años.

El médico forense determinó que la forma de la muerte de Pape fue suicide by cop (suicidio por policía), que es cuando un sospechoso amenaza a un policía con un arma, con el fin de que el oficial le dispare provocando su propia muerte.

El Alcalde también dijo que le había dicho a Shaw que contratara a un consultor externo para revisar las políticas policiales del Departamento.

Shaw indicó que es demasiado pronto para decir quién será ese consultor o cuándo se realizará la revisión.

Shaw agregó que el deber de un oficial de intervenir si observa a otro usando fuerza excesiva ya se está enseñando en la Academia de Policía.

En lo que respecta a los estrangulamientos, los oficiales de policía de Stamford no están capacitados para usarlos, reveló el jefe, y agregó que se articulará en la política de que los estrangulamientos están prohibidos.

El presidente del sindicato policial, Kris Engstrand, dijo que el alcalde hizo lo correcto con el llamamiento y estuvo de acuerdo con Shaw en que el Departamento ya ha implementado gran parte de lo que Martin describió.

Dijo que espera que la llamada del Alcalde resulte en una mejor capacitación para sus oficiales.

“No hay oficiales que tengan algún problema con alguna política o con la adaptación a nuevas técnicas que nos sirvan mejor como oficiales de la policía y la comunidad”, precisó Engstrand.

“Estamos luchando contra todo bajo el sol, pero aún estamos respondiendo a la llamada. Nuestros hombres y mujeres están ahí todos los días, son dedicados y hacen un gran trabajo en Stamford”, finalizó el presidente del sindicato policial.

NEW HAVEN.- Miembros de la comunidad y defensores se reunieron en la Frank Street para protestar en contra de un vecino que, según ellos, ha estado amenazando a los inmigrantes que viven o que transitan por el lugar.

De acuerdo con los activistas de las organizaciones Unidad Latina en Acción (ULA), Black and Brown United in Action y miembros de la comunidad, esa calle ha tenido varios incidentes racistas perpetrados por un hombre que ha amenazado con denunciar a los inmigrantes hispanos ante el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Según los defensores, varias familias han tenido que mudarse de sus hogares debido a estas amenazas violentas perpetradas por otros residentes.

El domingo pasado, el hombre, cuyo nombre no fue revelado, aparentemente amenazó a un miembro de la comunidad inmigrante con un machete. La policía se negó a tomar las medidas adecuadas hasta que miembros de Unidad Latina en Acción se involucró en el incidente y se movilizó en torno a la familia, manifestaron miembros del grupo.

“Está claro para nosotros que la policía no nos protege. No nos hacen sentir seguros, solo la comunidad nos mantiene seguros”, declaró John Lugo de Unidad Latina en Acción.

“Esta vigilia tuvo como fin pedir el fin del racismo y demostrar la fuerza y ​​la resistencia de nuestra comunidad. Exigimos un cambio en este vecindario porque las comunidades inmigrantes merecen vivir en entornos seguros. Nuestro comité de defensa pedirá paz y seguridad”, agregó Lugo.

“En la protesta le exigimos que pare sus ataques a nuestra comunidad. Que tanto él como nosotros tenemos derecho a vivir en el barrio. Que tanto él como nosotros como inmigrantes somos minoría y debemos trabajar juntos para luchar contra la discriminación. Asimismo, formamos nuestro comité de defensa del barrio de la Frank Street, para crear la paz y protegernos los unos a los otros”, señaló el activista.

La protesta tuvo lugar enfrente de la casa del supuesto agresor.

Los defensores instaron a los inmigrantes a denunciar este tipo de hechos en su vecindario, con el fin de acabar con el racismo.