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Inmigrantes de CT preocupados por acceso de agencia federal a datos personales de Medicare

NEW HAVEN.- A los inmigrantes en Connecticut y en todo el país les preocupa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenga acceso a datos de Medicare.

El Departamento confirmó un futuro acuerdo de intercambio de datos con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid tras una filtración a The Associated Press a principios de este mes.

Incluso antes de que el acuerdo se hiciera público, se observó a agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) esperando cerca de clínicas de salud de California para detener a inmigrantes, lo que generó dudas sobre la información que ya se está compartiendo.

Katherine Villeda, directora de la Husky 4 Immigrants Coalition, afirmó que los inmigrantes tienen miedo de buscar atención médica.

“La gente ya duda en buscar atención médica cuando no se siente bien, porque les da miedo ir al médico o cambiar sus citas a telemedicina en lugar de acudir en persona para minimizar sus planes de viaje o el tiempo que pasan fuera de casa”, explicó Villeda

Señaló que también ha habido informes de agentes del ICE en los juzgados, lo que genera incertidumbre entre algunos inmigrantes a la hora de asistir a las audiencias.

Algunos críticos argumentaron que el nuevo acuerdo de intercambio de datos viola las leyes federales de privacidad de la información médica.

A Villeda le preocupa que los inmigrantes renuncien a la atención médica hasta que tengan que acudir a urgencias, lo que conlleva peores resultados de salud, mayores costos médicos y facturas hospitalarias impagas.

La mayor parte de la información a la que tendrá acceso el Departamento proviene del Departamento de Servicios Sociales del Estado debido a la obligación legal de compartirla con los Centros de Medicaid y Medicare. Villeda señaló que los legisladores estatales estaban trabajando en formas de proteger los datos de ser compartidos forzosamente en la actualización de este año de la Trust Act, la ley de inmigración estatal.

“Si una agencia estatal solicita el intercambio de datos, dependiendo de la solicitud, se requerirá una citación judicial de máxima categoría para solicitar esa información”, enfatizó Villeda.

“Esa información no se puede solicitar simplemente porque la gente la quiera. Sino que debe haber un propósito para esa solicitud”, agregó.

Finalmente, los cambios no se aprobaron, pero el Estado está tomando otras medidas para contrarrestar las políticas federales, incluyendo garantizar que las fuerzas del orden locales no puedan colaborar con el ICE en los arrestos.

Si la información de un inmigrante ya se ha compartido con el Departamento de Seguridad Nacional, Villeda considera que debe seguir buscando atención médica mientras confíe en su médico.

 

 

Más de $600,000 en multas a conductores por cámaras de velocidad

MIDDLETOWN.- Esta ciudad ha recaudado más de 600,000 dólares en multas desde la implementación de las cámaras de velocidad en sus calles, convirtiéndose en la primera localidad del Estado en adoptar esta tecnología con el propósito de reducir los excesos de velocidad.

Desde su instalación, las cámaras han generado un total de 9,819 multas a conductores que excedieron los límites establecidos.

La calle Washington ha sido una de las zonas con el mayor número de infracciones registradas por los dispositivos electrónicos.

El sistema se puso en marcha con un período de gracia de 30 días, durante el cual se emitieron únicamente advertencias.

Luego de ese plazo, comenzaron a enviarse multas oficiales a los infractores que superaban el límite permitido.

Según el reporte municipal, del total facturado, se han recaudado hasta ahora 30,790 dólares, lo que representa una pequeña parte de los más de 600,000 dólares en multas impuestas desde la activación de las cámaras.

La mayoría de las infracciones correspondieron a excesos de 10 a 14 millas por hora sobre el límite permitido, con un total de 72,006 violaciones. Le siguen las de 15 a 19 millas por hora con 52,947 casos, las de 20 a 24 millas por hora con 20,100, y aquellas por más de 25 millas por hora, que sumaron 6,990 infracciones.

Entre los multados, 1,021 conductores eran residentes de Middletown, lo que indica que no solo los visitantes o foráneos están cometiendo estas faltas, sino también una parte de la población local.

Las autoridades señalaron que existe un margen de tolerancia de 10 millas por hora antes de que se emita una multa, y todas las infracciones captadas por las cámaras son revisadas previamente por personal administrativo para garantizar su validez.

A principios de este mes, se instalaron dos nuevas cámaras de velocidad en zonas escolares, con el propósito de proteger a los niños y reducir la conducción peligrosa en áreas sensibles.

Las autoridades locales aseguraron que se están enfocando en conductores que sobrepasan el umbral de “imprudencia”, y afirman que ya se percibe una disminución en los incidentes de tránsito desde que se introdujo la tecnología.

Finalmente, el Departamento de Policía de Middletown anunció una jornada de puertas abiertas el 6 de agosto a las 6:00 de la tarde, donde responderán preguntas del público sobre el funcionamiento y propósito de las cámaras de velocidad.

 

 

YouTuber que filmó enfrentamiento viral con policía estatal armado se declara inocente de delito grave

GROTON.- Un YouTuber que ganó atención nacional después de una confrontación viral con un policía estatal de Connecticut, fuera de la casa del agente a principios de este mes, se ha declarado inocente de un delito grave y dos cargos de delitos menores.

SeanPaul Reyes, de 34 años y residente de Gorham, Nueva York, se enfrentó al sargento de policía Brian Fahey fuera de su casa, en Groton, el 11 de julio pasado.

Un video del altercado muestra a Fahey, armado, escupiendo en la cara de Reyes mientras ambos se gritaban insultos mutuamente.

Tahiem Glover, de 20 años, camarógrafo de Reyes y residente de Selden, Nueva York, también fue arrestado y acusado.

Reyes calificó los cargos de voyeurismo, allanamiento y perturbación de la paz como “infundados e ilegales” en un video de YouTube publicado después de su audiencia el 25 de julio.

El video está disponible en la web https://www.youtube.com/watch?v=Wb_9J4Rs18E&source_ve_path=MjM4NTE.

Varios simpatizantes de Reyes aparecieron fuera del Tribunal Superior de New London sosteniendo carteles, incluyendo “Malos policías matan a buenos policías”.

Reyes lanzó una campaña de GoFundMe para financiar su lucha legal, que había recaudado más de 47 mil dólares hasta el sábado por la tarde.

Reyes dirige el canal de YouTube “Long Island Audit”, donde los simpatizantes describen a los auditores como periodistas ciudadanos que ponen a prueba los límites de la Primera Enmienda.

Fahey afirma que agarró su arma porque temía por su vida, alegando que Reyes lo había amenazado de muerte en una publicación en línea, lo cual Reyes niega.

La policía estatal de Connecticut confirmó que había iniciado una investigación interna, en coordinación con la policía de Groton.

Reyes también está demandando a Fahey en la corte federal, alegando que el policía violó sus derechos civiles en una detención en 2021 después de que Reyes filmara a los agentes de la Transportation Security Administration (TSA) en el Aeropuerto Internacional Bradley.

 

 

Informe de USCIS revela abusos significativos en Programa de Inmigrantes Especiales para Jóvenes

WASHINGTON DC.- Un informe reciente de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha descubierto vulnerabilidades significativas en el programa Special Immigrant Juvenile (SIJ), diseñado para proteger a niños inmigrantes abandonados, abusados o negligenciados.

Según el informe, cientos de miembros de pandillas, asesinos y delincuentes sexuales han explotado las lagunas en el sistema de inmigración de los Estados Unidos.

 

HALLAZGOS CLAVE DEL INFORME

– Más de la mitad de los solicitantes del SIJ en el año fiscal 2024 tenían más de 18 años.

– Muchos entraron en los Estados Unidos sin inspección.

– Algunos solicitantes cometieron fraude de edad e identidad, falsificando su nombre, fecha de nacimiento y país de ciudadanía.

– Se identificaron 853 miembros o presuntos miembros de pandillas que presentaron solicitudes del SIJ, la mayoría de las cuales fueron aprobadas.

– Más de 600 miembros de la pandilla MS-13 presentaron solicitudes de SIJ, y más de 500 fueron aprobadas.

 

PREOCUPACIONES DE SEGURIDAD NACIONAL

El informe destaca que las vulnerabilidades del programa permitieron que miembros de pandillas y terroristas conocidos o sospechosos obtuvieran residencia permanente legal y eventualmente la ciudadanía.

El 6 de junio pasado, el USCIS rescindió la política de considerar acción diferida para inmigrantes especiales juveniles.

La administración del presidente Donald Trump también está explorando acciones adicionales para abordar las preocupaciones de seguridad nacional y pública, y garantizar que la clasificación SIJ siga estando disponible para los jóvenes que realmente la necesitan.

 

 

 

Ley propuesta por evasión de tarifas de servicio de autobuses crearía una sanción civil en lugar de penal

WHITE PLAINS.- El ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, presentó una propuesta de ley que establecería una pena civil por el robo de servicios en los autobuses Bee-Line.

Actualmente, la evasión de tarifas se clasifica bajo la Sección 165.15 del Código Penal del estado de Nueva York (Robo de Servicios) como un delito menor de clase A, un “delito registrable” que significa que una persona sería arrestada y fichada, lo que pone a las personas en riesgo de tener un registro criminal duradero.

De acuerdo con el informe, el condado de Westchester está adoptando un enfoque más reflexivo y compasivo, uno que promueve la responsabilidad sin imponer un registro criminal.

El propósito es proteger a las personas, especialmente a los jóvenes, las familias trabajadoras y aquellos que ya enfrentan dificultades, de recibir un registro criminal por evasión de tarifas.

Los detalles de la propuesta de ley son:

– La legislación propone una multa civil de hasta 50 dólares por una primera infracción de falta de pago de tarifa.

– Autorización para que las fuerzas del orden del Condado y locales emitan citaciones de comparecencia.

– La opción para los infractores de pagar la multa o comparecer en el tribunal local.

De acuerdo con las autoridades, la evasión de tarifas cuesta a los contribuyentes alrededor de un millón de dólares al mes y amenaza la sostenibilidad a largo plazo del sistema Bee-Line.

La propuesta de ley busca abordar este problema de manera justa y proporcionada, promoviendo la responsabilidad sin consecuencias penales duraderas.

 

 

Aumentará precio de boletos de trenes de Metro-North

NORWALK.- El Departamento de Transporte de Connecticut ha propuesto un aumento total del 10 % en las tarifas de Metro‑North para viajes dentro y desde Connecticut, con dos incrementos escalonados: primero un 5% a partir del 1º de septiembre de 2025, y luego otro 5% el 1º de julio de 2026

De acuerdo con el informe, esta medida busca cubrir un déficit presupuestario de aproximadamente 11 millones de dólares en las operaciones ferroviarias estatales, evitando así posibles recortes de servicio.

Bajo el plan, un pasaje de ida durante hora pico de Stamford a la Grand Central Terminal subiría de 16 a 17 dólares en septiembre y a 17.75 dólares en julio, mientras que de New Haven a Stamford aumentaría de 8.75 a 9.50 dólares en el mismo periodo.

El consejo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) está preparándose para votar esta propuesta en su próxima reunión, donde algunos miembros expresaron reparos sobre la magnitud del aumento.

El miembro de la junta, David Mack, calificó el alza del 10 % como “aterradora”, aunque dijo que votaría para avanzar la propuesta.

Por su parte, Neal Zuckerman declaró estar “realmente ofendido” por un aumento de dos dígitos, señalando que el consejo se ha esforzado por mantener incrementos previsibles y moderados similares a la inflación, calificando este nuevo salto como problemático.

El Departamento de Transporte de Connecticut defendió que, sin este aumento, podría verse obligado a reducir la frecuencia de trenes, algo que el Estado se esfuerza por evitar para mantener niveles de servicio actuales.

Los funcionarios estatales recordaron que ya en 2023 las tarifas aumentaron en un promedio del 4.5 %, con la eliminación de 21 trenes del programa para contener costos.

Además, CTDOT está llevando a cabo una serie de reuniones públicas y eventos emergentes por distintas ciudades (Stamford, New Haven, Hartford y New London) para recopilar opiniones del público.

Un editorial reciente defiende que los incrementos son justos y necesarios para equilibrar los beneficios públicos y los costos operativos.

Se destacan inversiones proyectadas en infraestructuras como el Walk Bridge en Norwalk y mejoras en la línea Waterbury y en una estación en Enfield.

 

 

Fiscal General de NY lidera demanda contra federales por exigir datos sensibles de programa de cupones de alimentos

NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, junto con sus homólogos de California y Michigan, anunció una demanda contra el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por exigir datos personales de los solicitantes del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

La acción legal fue presentada por una coalición de 20 estados y Washington D.C.

Los fiscales generales argumentan que la exigencia de datos, como números de seguro social y direcciones de los últimos cinco años, viola la privacidad de los solicitantes, pone en riesgo a inmigrantes y obstaculiza la capacidad de los estados para brindar ayuda alimentaria a quienes más lo necesitan.

Esta medida se enmarca en una ley de reconciliación impulsada por la administración Trump, que recientemente redujo los fondos del programa SNAP. James advirtió que estos recortes pondrán a muchas familias de Nueva York en riesgo de pasar hambre.

La funcionaria denunció que el gobierno federal intenta usar el SNAP como herramienta para hostigar a los inmigrantes, al exigir información confidencial bajo pretexto de combatir el fraude. La coalición de estados sostiene que la entrega de datos viola leyes estatales y federales de privacidad.

El fiscal general de California, Rob Bonta, señaló que incluso si fuera legal entregar esos datos, sería prácticamente imposible hacerlo en el plazo exigido por el gobierno federal. La fecha límite impuesta esta semana.

Según James, los fiscales intentaron negociar con la administración Trump para encontrar una solución, pero ante la falta de acuerdo, optaron por recurrir a los tribunales. La demanda busca bloquear la condición de entregar datos a cambio de recibir fondos federales.

Más de 40 millones de personas reciben beneficios SNAP anualmente. Tradicionalmente, los estados no comparten datos de solicitantes con el gobierno federal, y hacerlo ahora podría generar un “efecto disuasorio”, donde las personas teman solicitar ayuda por miedo a ser identificadas.

La administración Trump justificó su exigencia de datos amparándose en una orden ejecutiva de marzo pasado titulada “Detener el desperdicio, el fraude y el abuso eliminando silos de información”, que según los fiscales es solo una excusa para hostigar comunidades vulnerables.

Este conflicto ocurre en paralelo con otros esfuerzos de la administración Trump para recopilar datos de beneficiarios de Medicaid y facilitar deportaciones. En Nueva York, el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha intensificado las redadas en tribunales federales, lo que ha incrementado el temor en las comunidades inmigrantes.

La demanda fue presentada en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California y busca que se declare ilegal la exigencia de datos.

Es la demanda número 35 contra acciones de la administración Trump lideradas por coaliciones de fiscales generales, muchas de ellas encabezadas por Letitia James.

 

 

Para ayudar a combatir el hambre CT lanza nuevas placas de autos con temática de pizza

WALLINGFORD.- El estado de Connecticut lanzó una nueva y creativa iniciativa para mostrar orgullo local y combatir el hambre: las nuevas placas de matrícula con temática de pizza.

A partir de ahora, los conductores pueden lucir una imagen de una rebanada de pizza de pepperoni en su vehículo mientras contribuyen a una buena causa.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Connecticut (DMV) se ha asociado con Connecticut Foodshare, una organización que trabaja con más de 650 bancos de alimentos y programas de comidas en todo el Estado, para ofrecer esta placa especial denominada “The Pizza State”.

El costo es de 65 dólares para una placa regular y 134 dólares para una placa personalizada.

Jason Jakubowski, presidente de Connecticut Foodshare, explicó que aunque Connecticut es un estado próspero, la inseguridad alimentaria sigue en aumento.

“Más de 515,000 personas de Connecticut no saben de dónde vendrá su próxima comida”, advirtió durante la presentación oficial de la placa, el lunes pasado, en Wallingford.

Desde una perspectiva de marketing, esta iniciativa también busca fortalecer la identidad cultural y gastronómica del Estado, especialmente como cuna de algunas de las mejores pizzas del país.

Anthony Anthony, director de marketing del Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario (DECD), dijo que la campaña pretende llevar el orgullo pizzero de Connecticut “a la carretera”.

Anthony también destacó el éxito de campañas anteriores, como una serie de carteles publicitarios en Nueva York, que generaron 13 millones de dólares en cobertura mediática gratuita con una inversión de solo 220,000 dólares.

Eso, aseguró, también ha incrementado los viajes de un día a New Haven en un 22%, impulsando la economía local.

El gobernador Ned Lamont calificó la campaña y las nuevas placas como “una idea muy inteligente” que promociona al Estado y al mismo tiempo apoya una causa social.

Lamont aseguró que su rebanada favorita es la de pepperoni y animó a la ciudadanía a unirse a la causa.

“Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a Foodshare. Adquirir esta placa es una forma divertida de contribuir a reducir el hambre, especialmente cuando el gobierno federal está recortando beneficios alimentarios”. dijo el Gobernador.

Lamont también recordó que el Estado está proporcionando cientos de miles de comidas este verano, impulsando programas como desayunos gratuitos en las escuelas para el próximo ciclo escolar, y tomando medidas para que más personas puedan recuperar su estabilidad alimentaria.

A pesar del alza en los costos de los alimentos, el Gobernador destacó que las personas de Connecticut siguen demostrando su generosidad.

“Es inspirador ver cómo la comunidad responde cuando se le da una oportunidad concreta para ayudar”, expresó el funcionario.

Finalmente, Lamont hizo un llamado a la acción: “Obtengan la placa, hagan saber que se preocupan y hagan la diferencia en la vida de otros”. La placa de pizza no solo será un símbolo de identidad estatal, sino también una herramienta para combatir el hambre en Connecticut, finalizaron las autoridades.

 

 

Firman ley que exige a escuelas públicas planes de respuesta ante emergencias cardíacas

NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul firmó esta semana la Ley Desha (S.5539A/A.785A), una legislación que requiere que cada escuela pública en Nueva York tenga un plan de respuesta a emergencias cardíacas en su lugar.

La gobernadora estuvo acompañada por la patrocinadora de la ley, la senadora April Baskin, y lleva el nombre del difunto primo de la senadora Baskin, quien falleció trágicamente en la escuela.

La Ley Desha requiere que los planes de seguridad de las escuelas incluyan un plan de respuesta a emergencias cardíacas que aborde el uso de personal, y medidas adecuadas para responder a incidentes que involucren a cualquier individuo que experimente un paro cardíaco repentino, o una emergencia similar que amenace la vida en cualquier sitio escolar propiedad o administrado por una escuela, o en un lugar de un evento patrocinado por la escuela.

La gobernadora Hochul ha tomado medidas adicionales para apoyar la salud física y mental de los jóvenes, incluyendo la iniciativa “Desconecta y Juega”, que incluye una inversión de 15 millones de dólares para apoyar programas de deportes y desarrollo juvenil en todo el Estado.

El presupuesto aprobado para el año fiscal 2026 también amplió el programa de Primeros Auxilios en Salud Mental para Jóvenes para impulsar un cambio cultural generacional.

La Gobernadora ha invertido significativamente en servicios y apoyos para jóvenes, incluyendo clínicas de salud mental basadas en escuelas y espacios seguros para jóvenes.

Hochul lanzó una campaña para alentar a los niños y familias de Nueva York a dejar de lado los teléfonos y computadoras, disfrutar de actividades recreativas y al aire libre, y priorizar su salud mental y física.

 

 

Crecimiento económico de CT tras la pandemia sigue rezagado respecto al de EEUU, según informe

NORWALK.- De acuerdo con un nuevo informe, la equidad salarial podría impulsar el crecimiento económico de Connecticut.

El informe “El Estado del Trabajo en Connecticut 2025” destacó que el crecimiento económico del Estado tras la pandemia sigue rezagado respecto al del país.

El informe señaló que Connecticut está experimentando un crecimiento más lento de la fuerza laboral y del empleo.

Patrick O’Brien, director de investigación y políticas de Connecticut Voices for Children, explicó que el reporte presenta dos conjuntos de opciones políticas que el Estado puede adoptar para revertir estas tendencias.

“La primera categoría son las opciones de política fiscal, que incluyen la indexación del impuesto sobre la renta personal de Connecticut a la inflación, y la contratación de más auditores fiscales en el Departamento de Servicios de Ingresos de Connecticut, lo que reduciría la brecha fiscal del Estado y podría cubrir el costo de la indexación a la inflación”, explicó.

La otra categoría son las opciones de política laboral, como limitar el uso de acuerdos de no competencia, aumentar el umbral salarial para las protecciones del pago de horas extra y establecer protecciones predecibles en los horarios para los trabajadores por hora.

O’Brien afirmó que la implementación de estas políticas podría impulsar el crecimiento salarial, reducir la desigualdad salarial y reducir la brecha salarial.

Sin embargo, el Estado ha estado en esta situación durante varios años. Informes anteriores muestran que los trabajadores con bajos salarios de Connecticut experimentaron un crecimiento salarial significativo que impulsó su costo de vida, pero la inflación pospandémica erosionó esas ganancias.

Emily Byrne, directora ejecutiva de Connecticut Voices for Children, afirmó que el Estado implementó políticas durante la sesión legislativa de este año para hacer que el costo de vida sea más asequible.

“El Estado implementó una política histórica que invierte profundamente en la primera infancia a largo plazo. Dicho esto, como hemos comentado, un segmento interseccional de la fuerza laboral al que debemos prestar atención son las personas en edad productiva”, afirmó.

Las personas en edad productiva, entre 25 y 54 años, constituyen la principal población en edad laboral.

El crecimiento de su fuerza laboral disminuyó entre 2019 y 2024, en parte debido al aumento del costo de vida en el Estado. Mientras tanto, Estados Unidos vio un aumento del 3.2% en estos trabajadores.