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El trofeo de la Champions ya está expuesto en París

La copa que levantará el campeón de la Champions League llegó hasta el expositor de manos del exfutbolista francés del Real Madrid, Christian Karembeu.

El trofeo de la Liga de Campeones, cuya final disputarán el Liverpool y el Real Madrid en el Estadio de Francia en Saint-Denis, está expuesto desde este jueves hasta el sábado en la zona para aficionados que la UEFA ha instalado en la plaza del Ayuntamiento de París.

La copa que levantará el campeón del torneo llegó hasta el expositor de manos del exfutbolista francés del Real Madrid, Christian Karembeu y del exjugador internacional de rugby y adjunto a la alcaldesa de París, Pierre Rabadan.

Centenares de seguidores de ambos equipos y de curiosos se acercaron a hacer cola hasta la zona de los aficionados duante la mañana de este jueves para poder fotografiarse con el preciado trofeo.

La UEFA también ha instalado un pequeño campo en el que se organizan pequeños partidos de fútbol entre aficionados, una pista para practicar freestyle con el balón así como una zona infantil y otra para pruebas de habilidad, junto a una tienda de productos oficiales de la final y de ambos equipos.

En la ciudad de Saint-Denis, al norte de París, donde se ubica el estadio de Francia, habrá también instalada otra zona ‘fan’ estos tres días en la Plaza Victor Hugo, frente a la basílica de Saint-Denis, donde se podrá disfrutar de actividades similares con zonas de restauración, indicó la UEFA en un comunicado.

Honduras libera a la senadora Córdoba tras ser retenida por dólares sin declarar

La senadora electa colombiana Piedad Córdoba fue liberada este jueves en Honduras tras ser retenida el miércoles en un aeropuerto del país luego de que pretendiera viajar hacia Panamá con casi 68.000 dólares en su maleta sin declarar, informó una fuente oficial.

«Después de las investigaciones y la documentación presentada al Ministerio Público, (Córdoba) ya no se encuentra en retención administrativa» en Honduras, indicó el Instituto Nacional de Migración (INM) en un comunicado.

La senadora colombiana, de 67 años, «no posee ninguna restricción de movilidad. Por lo que está en total libertad de permanecer o abandonar el país conforme ella lo decida», añadió.

Honduras liberó a Piedad Córdoba

A Córdoba la retuvieron provisionalmente el miércoles en el Aeropuerto Internacional de Palmerola cuando pretendía abordar un vuelo hacia Panamá.

El caso lo conoció el Ministerio Público de Honduras, organismo que tuvo 48 horas para investigar la procedencia del dinero, según esa institución.

Las leyes hondureñas permiten hasta 10.000 dólares como cantidad máxima de dinero que puede llevar una persona. Aunque siempre y cuando compruebe su procedencia.

La viceministra hondureña de Seguridad, Julissa Villanueva, evaluó hoy «la condición médica y (el) lugar» donde Córdoba permaneció en custodia policial.

Respeto de derechos humanos

«Evalúe la condición médica y lugar donde se encuentra la exsenadora Piedad Córdoba. Quien permanece en custodia por la Policía de Honduras, de acuerdo con los procedimientos de ley. El respeto de los derechos humanos es irrestricto para todos en Honduras». Esto según un mensaje de Villanueva en Twitter, que acompaña una fotografía de la política colombiana.

Según el gobierno de Honduras, la senadora llegó al país el pasado domingo para «participar en actividades de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos. Como se difundió con fotografías y videos en medios de comunicación y redes sociales«.

En un comunicado, la sede del Ejecutivo en Tegucigalpa señaló que Córdoba solicitó el martes una audiencia con la presidenta hondureña, Xiomara Castro. «Con el objetivo de saludarla y fue recibida como amiga y líder política».

Respeto a las normas de migración y extranjería

«El gobierno de la República reafirma su compromiso con la transparencia y el respeto a las normas de migración y extranjería», afirmó la Presidencia de Honduras.

En febrero se conoció, en una investigación de Noticias Caracol, una declaración ante la Fiscalía de Andrés Vásquez, exasesor de la congresista electa.

En ella, el hombre aseguró que hace unos 15 años la política «habría capitalizado políticamente la entrega de secuestrados hasta el punto de conseguir que las liberaciones de Íngrid Betancourt y de los tres contratistas estadounidenses se retrasaran».

La senadora también se le acusó de tener vínculos con el supuesto testaferro del presidente Nicolás Maduro, Alex Saab. Quien está detenido y con el que ella pudo viajar y hecho negocios, como algunos sectores políticos denuncian.

 

Juramentan a hispano como nuevo Vicegobernador de NY

NUEVA YORK.- El demócrata Antonio Delgado prestó juramento como vicegobernador de Nueva York el miércoles pasado, convirtiéndose en la primera persona de ascendencia hispana del Estado en ocupar un cargo estatal.

Delgado, quien se identifica como afrolatino, asumirá un papel mayormente ceremonial en la administración de la gobernadora Kathy Hochul, quien lo seleccionó para el puesto.

Anteriormente estuvo en manos de Brian Benjamin, quien renunció luego de su arresto en abril pasado por cargos federales de corrupción, que él ha negado.

Delgado, de 45 años, también será el compañero de fórmula de Hochul en las elecciones para Gobernador de este año.

Hochul, hablando en una ceremonia en la ciudad de Nueva York antes de que Delgado asumiera el cargo, dijo que comparte sus puntos de vista sobre lo que significa ser un servidor público.

“Significa ser un buen oyente, pero no solo escuchar las preocupaciones de las personas de forma pasiva, sino traducir esas preocupaciones en acciones reales. Ahí es cuando el servicio público se manifiesta y alcanza todo su potencial”, expresó Hochul.

Delgado, a quien se unió a su esposa y sus hijos gemelos de 8 años en la ceremonia, pronunció un breve discurso en el que dijo que su “camino a la política no fue trazado meticulosamente”.

Habló sobre el tiroteo en una escuela primaria en Texas, el martes pasado y dijo que no se estaba haciendo nada a nivel nacional para proteger a los niños como el suyo de la violencia armada, y dijo que los Estados Unidos estaban en un momento en el que demasiadas vidas y los cimientos de la democracia estaban en peligro. en juego.

El congresista de dos mandatos representó al Valle de Hudson y Catskills y fue la primera persona de color que representó al norte del estado de Nueva York en el Congreso.

Había hecho campaña para la Cámara de los Estados Unidos sobre el acceso universal a Medicare, la creación de buenos empleos y la eliminación de lagunas fiscales para los ricos.

La decisión de Delgado de dejar el Congreso y unirse a la administración de Hochul se produce en un año electoral en el que se rediseñaron los mapas del Congreso del Estado como parte del proceso de redistribución de distritos decenal.

El momento establece un proceso de doble vía para reemplazar a Delgado, en el que se llevaría a cabo una elección especial para su extenso escaño en la Cámara, el Distrito 19 del Congreso de Nueva York, el 23 de agosto, y el ganador ocuparía el cargo por el resto del año.

Pero ese mismo día, el Estado realizará elecciones primarias para el Congreso bajo los nuevos mapas políticos, que cambiaron los límites y los enfrentamientos políticos en todo el Estado.

Eso ha dejado algunas peculiaridades en la campaña, como el ejecutivo del condado de Ulster, Pat Ryan, un demócrata, quien anunció que buscará ganar las elecciones especiales del 23 de agosto para el distrito 19, pero el mismo día competirá en una primaria demócrata para el distrito 18.

Delgado creció en Schenectady y ahora vive en Rhinebeck.

Mayores de 18 años víctimas de delitos sexuales pueden demandar sin importar cuándo ocurrió el abuso

NUEVA YORK.- La Gobernadora Kathy Hochul firmó esta semana la Ley de Sobrevivientes Adultos, creando una ventana retrospectiva de un año para que los sobrevivientes de agresión sexual que ocurrió cuando tenían más de 18 años puedan demandar a sus abusadores sin importar cuándo ocurrió el abuso.

“Damos un paso importante para empoderar a los sobrevivientes en todo Nueva York para que usen sus voces y responsabilicen a sus abusadores”, expresó Hochul.

“La lucha contra la agresión sexual requiere que reconozcamos el impacto del trauma dentro de nuestro sistema de justicia. Me enorgullece firmar esta legislación, que es parte de nuestra responsabilidad colectiva de protegernos unos a otros y crear un entorno que haga que los sobrevivientes se sientan seguros. Si bien nuestro trabajo no ha terminado, la erradicación de la agresión sexual comienza con nuestra capacidad de llevar a los perpetradores de estos actos atroces ante la justicia y esta legislación es un paso histórico hacia adelante”, indicó la Gobernadora.

En 2019, Nueva York aprobó la Ley de Víctimas Infantiles, que creó una ventana retrospectiva de un año para que los sobrevivientes de abuso sexual infantil presenten reclamos que de otro modo estarían prohibidos por el estatuto de limitaciones.

Similar a la Ley de Víctimas Infantiles, la Ley de Sobrevivientes Adultos empoderará a los sobrevivientes de delitos sexuales que ocurrieron cuando tenían más de 18 años.

La ventana de un año comenzará seis meses después de la firma y permitirá a los sobrevivientes demandar independientemente del estatuto de limitaciones.

Para muchos sobrevivientes, puede tomar años aceptar el trauma de la agresión sexual y sentirse listos para buscar justicia contra un abusador, mientras posiblemente experimentan temor a represalias o vergüenza.

En 2019, Nueva York extendió el estatuto de limitaciones a 20 años para adultos que presentan demandas civiles por una cantidad selecta de delitos sexuales. Sin embargo, esa legislación sólo afectó casos nuevos y no fue retroactiva.

La Ley de sobrevivientes adultos se basa en el compromiso firme y continuo de la gobernadora Hochul de proteger y apoyar a los sobrevivientes de agresión sexual y violencia doméstica.

A principios de este año, la Gobernadora anunció casi 24 millones de dólares para programas de violencia doméstica y agresión sexual, incluidos 16 millones para 83 programas y refugios para violencia doméstica y 7.6 millones para 50 centros de crisis por violación y programas de agresión sexual.

La gobernadora Hochul también anunció recientemente que se usarán $21,4 millones en ayuda federal para proveedores de servicios de violencia doméstica para ayudar a los sobrevivientes a pagar los gastos a corto plazo asociados con la reubicación, incluidos el alquiler, los servicios públicos y las reparaciones.

A principios de este mes, la gobernadora Hochul firmó una legislación que amplió las protecciones para las víctimas de violencia doméstica a áreas de discriminación donde antes no estaban garantizadas, como la vivienda y los lugares públicos.

Inmigrantes de NY impulsan campaña para mayores protecciones contra la deportación

ALBANY.- El ferviente redoble de tambores y las súplicas de los inmigrantes neoyorquinos resonaron afuera del Capitolio estatal, con demandas crecientes para que los legisladores aumenten las protecciones contra la deportación antes de que finalice la sesión legislativa la próxima semana.

La New York for All Act limitaría el uso de recursos por parte de las fuerzas del orden estatales y locales para ayudar a los agentes del U.S. Immigration & Customs Enforcement (ICE) a revelar la ciudadanía o el estado migratorio de una persona, en un esfuerzo por frenar la deportación.

El proyecto de ley prohibiría que las fuerzas del orden público estatales o locales, los agentes del orden público, los agentes de recursos escolares, las agencias estatales, los empleados estatales y las agencias de libertad condicional revelen el estado migratorio, la nacionalidad, el país de origen o las fechas de liberación o corte correspondientes de una persona como parte de las investigaciones e interrogatorios de ICE

La medida propuesta no prohíbe que los oficiales cumplan con las órdenes judiciales válidas o órdenes judiciales federales.

La senadora estatal Julia Salazar, patrocinadora del proyecto de ley y demócrata de Brooklyn, dijo que la New York for All Act se necesita con urgencia para proteger a los inmigrantes neoyorquinos.

“El ICE a menudo separa y perturba innecesariamente a las familias en nuestras comunidades. En la Legislatura estatal, debemos responder a los llamados de nuestros colegas y electores en todo el Estado aprobando la Ley de Nueva York para Todos este año. Tomemos esta acción para asegurarnos de que el ICE no pueda armar a las fuerzas del orden locales y permitir que los inmigrantes neoyorquinos se involucren con los servicios gubernamentales sin temor”, indicó Salazar.

Cientos de neoyorquinos inmigrantes están detenidos en hasta 76 centros de detención diferentes del ICE en todo el Estado. La agencia federal detuvo a 25 mil inmigrantes en todo los Estados Unidos en los primeros tres meses de 2021.

“La complicidad de las fuerzas del orden de Nueva York solo contribuye a la perturbación violenta y el terror que el ICE ejerce contra nuestros vecinos, familiares y amigos. Todos merecen vivir una vida libre de acoso”, indicó la asambleísta estatal Karines Reyes, demócrata del Bronx. “

Por su parte, la Ley Stop Immigration Bond Abuse Act restringiría a las compañías que monitorean las fianzas de inmigración del seguimiento electrónico o la divulgación de la fuente de pago a los abogados referidos para representar a los clientes de la fianza de inmigración.

Los inmigrantes que no pueden pagar la fianza en efectivo a menudo dependen de las compañías de fianzas de inmigración.

Las compañías de fianzas de inmigración pueden cobrar a los depositarios más de 420 dólares por mes por las tarifas de operación y los costos del monitor electrónico de tobillo.

Los dispositivos cuestan un promedio de 120 dólares por mes.

El tiempo promedio de espera en la corte estatal de inmigración es de más de dos años.

La fianza mediana otorgada en casos de inmigración en Nueva York es de 7 mil 500 dólares, un 50% más que la fianza mediana establecida en casos penales por delitos graves y casi siete veces mayor que la fianza establecida para delitos no graves, según el proyecto de ley.

El proyecto de ley, que avanzó al Comité de Medios y Arbitrios de la Asamblea y ahora está en el Comité de Seguros del Senado, también limitaría las primas de bonos de inmigración.

Gobernadora pide a legisladores que aumenten edad para comprar ciertas armas

NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul está pidiendo a los legisladores estatales que aumenten la edad para comprar ciertas armas, luego del tiroteo masivo mortal en Texas.

Hochul manifestó que los pistoleros en Texas y Buffalo tenían 18 años y usaban armas semiautomáticas.

La funcionaria quiere cambiar la edad para comprar un arma semiautomática como un rifle estilo AR-15, de 18 a 21 años.

La Gobernadora planteó la pregunta, ¿Cómo puede un joven de 18 años comprar un AR-15 cuando ni siquiera tiene la edad suficiente para comprar una bebida legal?

Hochul también convocó una reunión de emergencia del Equipo de Mejora de la Seguridad Escolar del Estado, que se creó después del tiroteo en Sandy Hook para asegurarse de que se haga todo lo posible para mantener la seguridad de la escuela.

La ley propuesta por la Gobernadora también requeriría que todas las agencias policiales reporten las armas que recuperan a una base de datos compartida dentro de las 24 horas, para permitir a los investigadores ver si un arma o balas se han utilizado en otros delitos.

Esto se produce después de que Hochul ya introdujera medidas para luchar contra el terrorismo interno, fortalecer las leyes sobre armas y responsabilizar a las redes sociales.

Hochul también está llamando a otros gobernadores a seguir a Nueva York en su esfuerzo por aumentar la edad para comprar un arma semiautomática.

Anuncian siete equipos móviles de respuesta a crisis

PORT CHESTER.- Junto con defensores y partes interesadas de las comunidades de Greenburgh, Mount Kisco, New Rochelle, Ossining, Peekskill, Port Chester y Yonkers, el ejecutivo del condado, George Latimer, anunció siete equipos móviles de respuesta a crisis (MCRT) en Westchester.

Los equipos, que comparten ubicación con los departamentos de policía locales, tienen la responsabilidad de brindar apoyo móvil de crisis de salud conductual las 24 horas al responder a emergencias.

El programa MCRT fue una recomendación de Project Alliance, un grupo de trabajo creado por Latimer en 2021 para ayudar a reimaginar la vigilancia policial en Westchester.

Se determinó que la capacitación de las fuerzas del orden público para ayudar a la policía a reducir las situaciones que involucran a personas con problemas de salud conductual era una prioridad principal y, como resultado, se formó el programa MCRT.

Ahora, el programa MCRT se está implementando en todo el condado con el Departamento de Policía de Port Chester sirviendo como el primer sitio anfitrión.

Latimer comentó que “cada emergencia, cada llamada al 911, es diferente. Cuando nuestra policía responde a una emergencia y está claro que alguien está luchando con un problema de salud mental, queremos que estén armados con las herramientas que necesitan para prevenir una crisis grave antes de que ocurra”.

Agregó que “los equipos móviles de respuesta a crisis están diseñados para brindar apoyo las 24 horas, los siete días de la semana a todas las comunidades de Westchester, para garantizar que la policía, los técnicos de emergencias médicas y los despachadores tengan los recursos adecuados para ayudar a las personas. Siempre que sea posible, una crisis de salud mental debe recibir una respuesta de salud mental, y eso es exactamente lo que hace el programa MCRT”.

Bajo el liderazgo de Latimer, los Westchester County Departments of Community Mental Health, Public Safety y Emergency Services and Social Services están instituyendo las recomendaciones del Project Alliance para ayudar a las personas a manejar los problemas de salud conductual en la comunidad.

A través de siete departamentos de policía anfitriones, los equipos brindan cobertura de crisis de salud mental a las siguientes comunidades del condado de Westchester:

* Greenburgh (Ardsley, Dobbs Ferry, Elmsford, Hastings-on-Hudson, Irvington, Tarrytown y White Plains).

* Mount Kisco (Westchester County Police, Bedford Hills, Lewisboro, New Castle, North Castle, North Salem, Pound Ridge, Somers Police y la NY State Police).

* New Rochelle (Bronxville, Eastchester, Mount Vernon, Pelham, Scarsdale y Tuckahoe).

* Ossining (Mount Pleasant, Pleasantville, Sleepy Hollow y Briarcliff Manor).

* Peekskill (Buchanan, Cortlandt, Croton on Hudson, Yorktown, Westchester County Police Department y NY State Police).

* Port Chester (Harrison, Larchmont, Rye, Rye Brook, Village of Mamaroneck, Town of Mamaroneck y SUNY Purchase).

INFORME ESPECIAL Por qué es tan fácil comprar un arma en los Estados Unidos

STAMFORD.- La matanza de 19 niños y dos profesoras en una escuela primaria de la ciudad de Uvalde, Texas, pone de nuevo en relieve el debate sobre la venta, tenencia, porte y uso de armas de gran calibre en los Estados Unidos, un país que ampara este derecho constitucional consagrado en la Segunda Enmienda.

Según encuestas de opinión pública, a escala nacional el 70% de las personas en los Estados Unidos está de acuerdo en que se legisle para restringir la venta de armas de asalto usadas en la mayoría de tiroteos masivos, como el ocurrido este mes en Buffalo, Nueva York, y ahora en Uvalde, Texas.

El sitio web Mass Shooting Tracker, que lleva una compilación de datos sobre tiroteos con saldos letales y heridos en Estados Unidos ha contabilizado solo en el mes de mayo 44 tiroteos, en nueve de estos se han registrado más de dos muerto

 

¿Qué se necesita para comprar un arma en EEUU?

Las normativas para la compra y tenencia de armas varían entre la ley federal y las leyes estatales, como, por ejemplo, la Ley Nacional de Armas de Fuego, que el Congreso revisó en 1968.

Este proceso derivó en la creación de la Ley de Control de Armas (GCA), que estableció que la edad mínima para poder comprar armas largas como escopetas y rifles es de 18 años, y para adquirir armas de grueso calibre es 21 años.

No obstante, las legislaciones estatales sobre el tema de las armas tienen fuerte peso y arraigo en la cultura de derechos estadounidenses.

Es así que algunos estados han bajado el listón a la edad mínima propuesta en la ley federal.

En estados como Alaska, Maine, Minnesota y Vermont la edad permitida para comprar armas, bajo algún tipo de supervisión, es de 16 años.

En cuanto a los requisitos para comprar armas, la ley federal obliga al negocio vendedor a verificar los antecedentes penales y criminales del comprador, según lo establece la ley Brady Handgun Violence Prevention Act, aprobada en 1993.

El agente vendedor comienza el chequeo en corto tiempo en conexión con la base nacional, conocida como National Instant Criminal Background Check System (NICS), que arroja resultados instantáneos de antecedentes y que, en su web explica que el comprador debe completar dos formularios con los que el vendedor transfiere a esta dependencia la investigación de antecedentes.

“Esa verificación de antecedentes verifica que el comprador no tiene antecedentes penales, o no es inelegible para comprar o poseer un arma de fuego. Desde su lanzamiento en 1998, se han realizado más de 300 millones de comprobaciones, lo que ha dado lugar a más de 1.5 millones de denegaciones”, explicó NICS.

 

¿Qué argumentan los que piden mayores restricciones?

Diversas voces críticas del sistema consideran que la ley federal se queda corta en varios aspectos al no haber contemplado las ventas de armas entre civiles, es decir un poseedor de armas de fuego las negocia en privado con otra persona. Esa transacción, de acuerdo a los críticos, no tiene el mismo rigor.

Además, al no existir una base homogénea de legislaciones estatales, las normativas son dispares, algunos estados tienen leyes de venta de armas más estrictos con requisitos que en algunos casos superan a la legislación federal, otros con reglamentos más laxos están muy por debajo de las exigencias del gobierno nacional. De acuerdo a los críticos, en esta disparidad se generan los mayores problemas.

Otros observadores del tema también apuntan a que la divergencia se ha convertido en una arma de doble filo, porque la verificación de antecedentes que hace el NICS, solo sirve para hacer la transacción y no se puede guardar en ninguna otra base de datos estatales para dar seguimiento.

Esto obedece al cumplimiento de la Ley de Protección de Dueños de Armas de Fuego (FOPA) aprobada en 1986, que impide que gobiernos estatales o locales “preserven información personal” de dueños de armas de fuego.

 

¿Quiénes tienen prohibido obtener armas de fuego?

En ese punto las leyes estatales y federales están sincronizadas al coincidir en la lista de quiénes no pueden comprar armas de fuego en el mercado legal, en parte porque el requisito de antecedentes marca un punto de partida con la información compilada en la base de NICS.

Tienen prohibido comprar armas aquellas personas condenadas por algún crimen que haya implicado encarcelamiento por más de un año. La lista incluye además a fugitivos de la justicia y personas con reporte de adicción a drogas.

En este grupo, se incluyen también los pacientes de los que haya registro que padecen de problemas mentales con referencias de centros de admisión por este tipo de desórdenes, ex militares licenciados de las fuerzas armadas con deshonra, inmigrantes indocumentados, personas con órdenes de restricción de acercamiento a parejas o reportados por violencia doméstica, entre otros.

 

¿Por qué adquiere tanto peso el precepto constitucional de la Segunda Enmienda?

El principio constitucional consagrado en la Segunda Enmienda garantiza el derecho de los ciudadanos estadounidenses a tener y portar armas para la autodefensa, defensa de su persona, del Estado y de la nación, algo que según los historiadores se debió a que los padres fundadores del país vieron las armas en manos del pueblo como vital para garantizar las libertades en el futuro frente al imperio Británico.

No obstante, la sofisticación de los artefactos cada vez con más poder letal y que han desatado numerosas tragedias con miles de reportes y cientos de estos consideradas como masacres, han supuesto el debate sobre este principio.

La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos fue propuesta el 25 de septiembre de 1789 y aprobada el 15 de diciembre de 1791 y protege “el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas”, esta formó parte de la Carta de los Derechos estadounidenses, conocida como The Bill of Rights.

A lo largo de los años el mandato ha adquirido renovado interés académico, político y judicial y la Corte Suprema de Justicia ha intervenido sentando jurisprudencia sobre este principio como el dado en 2008 al aclarar que la Segunda Enmienda “protege el derecho del individuo a portar armas”.

Pero ha matizado que tal derecho no es ilimitado y que “no prohíbe” la regulación de la producción, tanto de armas de fuego como de dispositivos militares.

La organización Giffords Law Center para la prevención de la violencia por armas de fuego, que por más de 25 años ha cabildeado para regulaciones a nivel nacional, considera que las propuestas de control no contradicen el principio constitucional, sino que se adaptan a los nuevos tiempos.

“La investigación es clara: las leyes de armas funcionan. Los tribunales de la nación están de acuerdo, las leyes de armas son totalmente compatibles con la Segunda Enmienda. Pero el pueblo estadounidense ha hablado y considera que nuestras débiles leyes de seguridad de armas están matando a casi 40 mil estadounidenses cada año. Algo debe cambiar”, sostiene la organización en su sitio web.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA), el mayor conglomerado de defensores de las armas de fuego con cabilderos en todos los estamentos legislativos a nivel nacional, se mantiene en defensa del texto lineal de la Constitución porque -a su criterio- un control estricto de armas dejaría a los ciudadanos limitados para su autodefensa.

Alcalde anuncia planes para mejorar seguridad escolar en Norwalk

NORWALK.- El alcalde Harry Rilling dijo que le pidió al jefe de policía Thomas Kulhawik que desarrolle un plan para tener un oficial en cada escuela de la ciudad durante el resto del año escolar, luego del tiroteo en Uvalde, Texas, que dejó al menos 19 estudiantes y Dos adultos muertos en una escuela primaria.

Rilling dijo que la Ciudad ha escuchado una mayor preocupación de los padres de la comunidad sobre la seguridad escolar después del tiroteo y quería compartir cómo Norwalk está abordando estas preocupaciones.

“El miércoles pasado por la mañana, instruí a Kulhawik para desarrollar un plan para tener un oficial en cada escuela de la ciudad durante el resto del año escolar”, dijo Rilling.

“Si bien ha habido un desafío de reclutamiento en el Departamento de Policía, haremos lo mejor que podamos para ofrecer mayores niveles de seguridad en cada escuela para cumplir con nuestra prioridad: la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes”, agregó el Alcalde.

Rilling también señaló que estaba agradecido de que la Ciudad haya asignado 600 mil dólares para la seguridad escolar a través del presupuesto capital de este año.

  • Esta financiación representa el monto total de la financiación solicitada por el estudio del Grupo de Trabajo de Seguridad y Protección creado en diciembre”, expresó Rilling.

“Agradecemos a todos en la comunidad, especialmente a nuestras escuelas y padres por estar ahí el uno para el otro durante estos tiempos inciertos y por continuar poniendo la seguridad de nuestros estudiantes en primer lugar”, agregó el funcionario.

Las Escuelas Públicas de Norwalk abordaron el tiroteo en la Robb Elementary School en una publicación en la página de Facebook del distrito el martes por la noche.

“Noticias como esta nos impactan profundamente a todos, sin importar el lugar. Nuestros corazones y oraciones están con toda la comunidad del condado de Uvalde esta noche”, dice la publicación.

“Tenga en cuenta que no hay nada más importante que la seguridad de nuestras escuelas. Para asegurarnos de que nuestros estudiantes y el personal se sientan seguros, todas las escuelas de Norwalk reforzarán nuestros protocolos de seguridad existentes y estarán más atentos [el miércoles] y durante los próximos días. Nuestros socios en el Departamento de Policía de Norwalk también tendrán una presencia más visible en nuestras escuelas”, agregó el escrito.

La policía también indicó en Facebook que el Departamento permanecería alerta esta semana y dijo que habría una mayor presencia policial en las escuelas de Norwalk esta semana.

 

Preocupación en padres de Stamford tras tiroteo

Para Darcey Trudeau de Stamford, la idea de que las escuelas de sus hijos algún día podrían ser atacadas por un tirador siempre está en el fondo de su mente.

“Ese pequeño temor de que le pueda pasar a nuestros hijos nunca desaparece, especialmente después de Sandy Hook”, expresó la mujer de Stamford.

Como medida de seguridad, había policías adicionales en las escuelas de Stamford, como parte de un esfuerzo para ayudar a los padres y al personal a sentirse más seguros.

Trudeau dijo que estaba feliz de ver más policías y deseaba que las fuerzas del orden tuvieran una presencia más común allí.

Trudeau, madre de dos estudiantes de secundaria y un estudiante de la escuela secundaria Dolan, dijo que no consideró mantener a sus hijos fuera de la escuela el miércoles pasado. Sus hijos, dijo, crecieron con la idea de que los tiroteos en las escuelas son parte de la vida.

“Saben que esto sucede y no se hace nada al respecto”, dijo Trudeau.

Por su parte, Neil Cohen, padre de tres hijos en la Toquam Magnet School, también decidió enviar a sus hijos a la escuela.

Al igual que Trudeau, Cohen apoyó el aumento del número de policías en las escuelas.

“Pedirle a la gente que no lo haga claramente no va a funcionar. Si se necesita tener la presencia física de alguien allí para defender a los niños, entonces eso es lo que debe suceder”, indicó Cohen sobre la prevención de más disparos.

Los administradores escolares informaron a la comunidad escolar sobre la mayor presencia policial a través de las redes sociales y correos electrónicos.

División sobre las armas en EEUU tiene en peligro a los niños en escuelas

WASHINGTON DC.- No es que Estados Unidos no pueda detener su sangrienta secuencia de asesinatos en masa. Es que le falta la cohesión nacional y la voluntad común para hacerlo.

La masacre de la escuela primaria en Texas subrayó que el país más poderoso del mundo ni siquiera puede garantizar que sus ciudadanos más vulnerables, los niños pequeños, estén a salvo de una muerte violenta en sus pupitres. Sería difícil encontrar un fracaso de gobierno más impresionante.

Un profundo distanciamiento político y cultural sobre las armas, causado principalmente por el bloqueo de la derecha de los esfuerzos de los demócratas y los republicanos moderados para aprobar incluso medidas de seguridad modestas, está hirviendo nuevamente por el tiroteo en Texas.

Los asesinatos en masa son un ruido de fondo repugnantemente familiar para la vida cotidiana en Estados Unidos, pero el último baño de sangre en una escuela, en el que murieron 19 niños y dos maestras, fue un golpe especialmente devastador. El tiroteo reavivó la sensación de pavor que sienten millones de padres estadounidenses cuando se despiden de sus hijos en la escuela. Y marcará aún más a una generación de estudiantes atormentados por el miedo perpetuo a un tiroteo en la escuela, una visión aterradora para las mentes jóvenes que solo fue aliviada por el aprendizaje virtual de la pandemia de covid-19, que traumatizó a muchos de ellos de otras maneras.

La carnicería en Uvalde, Texas, fue tan horrible que incluso el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuya nación ha sufrido atrocidades espantosas y crímenes de guerra desde la invasión de Rusia, se sintió obligado a expresar su conmoción y condolencias.

En un momento de angustia nacional, la política fracturada de Estados Unidos, como era de esperar, se está quedando corta y no logra superar las maldiciones de la ambición política personal y el estancamiento.

Tras los tiroteos masivos en el país se desarrollan rituales familiares y fútiles, se envían “pensamientos y oraciones” por las víctimas; entre tanto los demócratas piden más medidas de seguridad para las armas y los republicanos niegan que tales asesinatos sean inevitables en una sociedad inundada por armas de fuego mortales.

Pero el derramamiento de sangre, perpetrado por un joven de 18 años que compró legalmente rifles semiautomáticos en un estado que consideraba que ese mismo joven armado era demasiado inmaduro para comprar una cerveza, está exponiendo la parálisis política sobre el fin de los asesinatos en masa como nunca antes.

La gente estaba impactada después de una masacre inquietantemente similar en 2012 en la Escuela Primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, por qué ni siquiera los asesinatos de niños de 6 y 7 años en clase podrían conducir a reformas de armas.

Nadie haría tal comentario ahora. Una década empapada de sangre ha vuelto la política del país más salvaje y divisiva e incluso menos capaz de compromisos que podrían salvar vidas. El poder conservador y el obstruccionismo del Senado han estancado múltiples intentos de reformar las leyes sobre armas de fuego, lo que seguramente habría salvado algunas vidas, a pesar del reciente monopolio demócrata sobre las instituciones elegidas en Washington. Los tiroteos regulares, como la masacre en un festival de música de Las Vegas en 2017 o la masacre en una escuela secundaria en Parkland, Florida, en 2018, han provocado indignación y llamados al cambio, pero no lograron romper la inercia de la política de Washington.

De hecho, el impulso parece ir en la dirección opuesta. La ascendencia de la derecha en el tema podría subrayarse aún más si la Corte Suprema de mayoría conservadora afloja aún más las leyes sobre armas en un caso histórico pendiente de la Segunda Enmienda.

 

El enfrentamiento político de Texas ilustra la división nacional

El presidente Joe Biden regresó el martes por la noche de un viaje por Asia que comenzó después de un tiroteo masivo en Buffalo, Nueva York, y terminó cuando la noticia de la carnicería de Texas llegó al Air Force One. “¿Por qué seguimos dejando que esto suceda?”, preguntó.

La respuesta a su grito de angustia se confirmó en un emotivo enfrentamiento en Texas el miércoles entre el candidato a gobernador demócrata Beto O’Rourke y el gobernador republicano Greg Abbott.

O’Rourke se puso de pie e interrumpió una conferencia de prensa que estaban dando Abbott y otros funcionarios de Texas y líderes electos llamados para brindar una actualización sobre el tiroteo.

“Esto depende de usted, hasta que decida hacer algo diferente”, le dijo O’Rourke al gobernador, que ha desmantelado las leyes sobre armas en el estado y a quien O’Rourke tratará de vencer en las elecciones de noviembre.

Abbott, mientras tanto, se desvió del historial de tiroteos masivos de su propio estado recurriendo a un conocido ataque conservador y con tintes raciales a Chicago, diciendo que su historial de violencia armada mostraba que las leyes estrictas sobre armas de fuego no funcionan. (Los funcionarios de Chicago respondieron culpando a las armas importadas de estados con leyes de armas laxas).

El intercambio reveló la enorme brecha entre republicanos y demócratas en torno a las armas, lo que ha hecho que incluso los acuerdos legislativos propuestos menores sean favorecidos por el público — como ampliar el chequeo de antecedentes — sea imposible.

Las acciones de O’Rourke podrían haber sido vistas como un truco por parte de los funcionarios republicanos. El alcalde republicano de Uvalde, Don McLaughlin, por ejemplo, lo llamó un “hijo de p*ta enfermo”. Pero reflejan la desesperación demócrata por el fracaso del partido en promulgar medidas de seguridad de armas a través de medios legislativos, debido a la obstrucción del Partido Republicano en el Congreso y la falta de voluntad de algunos en su propio partido para cambiar las reglas del Senado.

Los líderes republicanos como Abbott aún tienen que enfrentar la posibilidad políticamente desagradable de que flexibilizar las leyes de armas para obtener ganancias políticas con su base podría hacer que tales masacres sean más probables.

El tiroteo en la escuela de Texas ha subrayado, una vez más, cómo la primera reacción entre los conservadores ante un asesinato en masa es pedir más armas: guardias armados en las escuelas, por ejemplo, o incluso que los maestros porten armas.

El partido Republicano ha pasado años bajo la esclavitud del lobby de las armas y de candidatos políticos como el expresidente Donald Trump, quienes advierten falsamente a los votantes de base que cualquier forma de reforma legislativa limitada implicará la incautación de sus armas. Ningún líder republicano importante ha tratado nunca de preparar la base para el compromiso.

La Segunda Enmienda ha sido utilizada por políticos como Trump como una herramienta en la narrativa más amplia que alega que las élites costeras, racialmente diversas y liberales quieren eliminar la vida y la cultura tradicionales del corazón de los estadounidenses blancos. El resultado es que no hay futuro para ningún republicano que desafíe esa ortodoxia.

Parte de la tragedia aquí es que la gran mayoría de los propietarios de armas en Estados Unidos obedecen la ley y solo una pequeña fracción está involucrada en tiroteos. Muchos ven poseer un arma como un rito de iniciación fundamental. Y la vena individualista por excelencia del país significa que hay menos enfoque en el bien colectivo, como podría haber en una sociedad europea desarrollada, por ejemplo.

Pero hay poca discusión en el Partido Republicano sobre lo que sucede cuando el ejercicio expansivo de tales derechos entra en conflicto con los derechos fundamentales inalienables de los demás. Por ejemplo, lo que es más importante: el deseo del dueño de un arma de comprar un arma de alto poder que sería apropiada para un campo de batalla, o el derecho de un estudiante de 6 años de edad a seguir con vida e ir a la escuela libre de miedo.

 

Politizar la masacre

Los republicanos siempre tienden a tratar de silenciar las conversaciones sobre reformas de armas después de los tiroteos masivos diciendo que es una falta de respeto a las víctimas jugar a la política. Pero eso es un acto político en sí mismo.

“Ves a los políticos tratando de politizarlo; ves a los demócratas y a mucha gente en los medios cuya solución inmediata es tratar de restringir los derechos constitucionales de los ciudadanos respetuosos de la ley. Eso no funciona. No es efectivo. No previene el crimen”, dijo este martes el senador republicano Ted Cruz de Texas.

El miércoles, los republicanos adoptaron una actitud notablemente derrotista al argumentar que era inútil tratar de detener las masacres.

“Al final del día, estás discutiendo sobre lo que están usando para cometer esto, y la verdad es que estas personas van a cometer estos crímenes horribles, ya sea que tengan que usar otra arma para hacerlo, van a encontrar la manera de hacerlo”, dijo el senador de Florida, Marco Rubio.

Mientras tanto, el otro senador republicano de Florida, Rick Scott, le dijo a CNN que prohibir los AR-15, el arma de fuego rápido utilizada por el atacante de Texas, sería un error: “Creo que tenemos en nuestra Constitución nuestros derechos de la Segunda Enmienda, y no deberíamos quitarles los derechos a los ciudadanos respetuosos de la ley”.

Si bien la Constitución consagra el derecho a portar armas, nada en el documento dice que los estadounidenses están autorizados a usar armas de guerra modernas y letales.

Incluso el difunto juez de la Corte Suprema Antonin Scalia, un ícono conservador, en una histórica opinión de 2008 que cimentó el derecho individual a poseer un arma, argumentó que el derecho no era un derecho a “guardar y portar cualquier arma de cualquier manera y para cualquier propósito”.

El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, un republicano que es extremadamente duro cuando se trata de vengar las amenazas a los estadounidenses desde el extranjero, adoptó una posición pasiva de que Washington no puede hacer nada para detener los asesinatos en masa.

“Este hombre no tenía antecedentes penales. Le disparó a su abuela en la cara. Compró un arma legalmente”, dijo. “No puedo pensar en una ley que hubiera detenido este tiroteo en particular”.

Graham ignoró varios enfoques posibles planteados en respuesta a la masacre de Texas, por ejemplo, la prohibición de que las personas menores de 21 años compren armas o la reactivación de una prohibición de armas de asalto caducada, lo que posiblemente podría evitar futuros horrores.

Pero su comentario subrayó el campo de visión profundamente limitado y el debate sofocado que los republicanos se permiten, por razones políticas, en esos momentos.

No es de extrañar que el senador demócrata de Arizona Mark Kelly, cuya esposa, la exrepresentante Gabrielle Giffords resultó gravemente herida tras recibir un disparo en la cabeza en 2011, dijera esto el miércoles.

“Es una locura no hacer nada al respecto”. (Tomado de CNN).

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