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Shakira enfrentará juicio en España por fraude fiscal

La cantante colombiana Shakira será juzgada en España acusada de defraudar 14.5 millones de euros al Fisco, simulando no residir en el país y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

La Audiencia de Barcelona desestimó este jueves el recurso de la cantante para evitar el juicio, y confirmó que hay suficientes indicios para juzgarla a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda pública española.

Shakira ya ha pagado los 14.5 millones de euros que la Agencia Tributaria de España le exigía -más otros tres millones en intereses- por un supuesto fraude fiscal cometido entre los años 2012 y 2014, lo que no impide que acabe sentada en el banquillo, a instancias de la Fiscalía.

Gobernadora ordena estricta vigilancia policial en escuelas de NY hasta fin de año

NUEVA YORK.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó que la policía aumente el patrullaje y realice controles diarios en las escuelas estatales hasta el final del año, tras el tiroteo del martes pasado, en Texas, donde murieron 19 niños y dos adultos.

“Quiero patrullas de la policía estatal que visiten nuestras escuelas todos los días para controles diarios desde hoy hasta el final del año escolar”, dijo la gobernadora durante una conferencia.

Hochul recordó que la tragedia en Uvalde, Texas, ocurre pocos días después del tiroteo en un supermercado de Nueva York, el pasado 14 de mayo, donde murieron 10 personas.

“Todavía estamos de luto por las diez vidas que se llevaron en Búfalo. Ahora todo nuestro país está de luto por la trágica pérdida de bebés en otro tiroteo en una escuela”, señaló la funcionaria y afirmó que estos tiroteos “no ocurren en otros países”.

En esos otros países “rara vez sucede lo que pasa en una nación (Estados Unidos) que parece reverenciar los derechos de los dueños de armas, y la capacidad de poseer armas por encima del derecho de los niños a mantenerse vivos o para ir a la escuela sin miedo a tener que esconderse o salir corriendo”, afirmó.

La demócrata, visiblemente afectada por la muerte de los niños, reiteró que “ya es hora de una respuesta nacional a esta crisis causada por la violencia de armas de fuego”.

Recordó que Nueva York tiene las leyes más restrictivas del país en cuanto a armas de fuego “pero se necesita que Washington (el Congreso) haga algo” para aprobar medidas que endurezcan el acceso a las armas.

Aseguró que trabajará con la legislatura estatal para endurecer las leyes locales y evitar que un joven de 18 años pueda comprar un arma semiautomática como el rifle AR-15 usado en la masacre de Búfalo.

Hochul también quiere “un gran cambio” que requiera que todas las agencias del orden público de Nueva York informen de la recuperación de cualquier arma a las agencias estatales, para que en 24 hora el dato entre al Centro Nacional de Información Criminal y así se pueda saber si fue usada en un crimen, entre otras medidas.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, hizo un llamado a los padres a implicarse en la protección de los niños en las escuelas durante una conferencia con la Policía y el jefe de Educación, David Banks.

Pidió a los padres o tutores que conversen con sus hijos sobre las armas y que revisen sus carteras escolares y sus habitaciones para asegurarse de que no tienen un arma.

El alcalde mostró algunas armas confiscadas este año a estudiantes en escuelas de la ciudad.

“Vamos a movilizar a los padres, que se unan a nosotros en esta asociación (Departamento de Educación, Policía y expertos en salud mental) para salvar a nuestros niños”, indicó.

Afirmó que no se trata de “culpar a los padres” por las armas encontradas a estudiantes: “Estas armas están siendo puestas en manos de sus bebés por personas que son peligrosas para nuestra ciudad”.

“No podemos permitir que continúe el ciclo de violencia y muerte”, finalizó Adams.

Matanza en una escuela de Texas: 19 niños y dos profesores asesinados a tiros

Todavía sin haber digerido la matanza racista de Búfalo, Estados Unidos se ve obligado a mirar de nuevo al oscuro pozo de su historia de violencia. El nombre de Uvalde, una pequeña y tranquila comunidad de 16.000 personas en el centro del Estado de Texas, a pocos kilómetros de la frontera con México, se suma este martes a una larga lista de los horrores que ha dejado la violencia con armas de fuego en este país. Salvador Ramos, un joven de 18 años de esta misma localidad, irrumpió en la escuela de primaria Robb minutos antes de las 11.30 (hora local) armado con una pistola y un rifle de asalto semiautomático y, según el relato de las autoridades, “comenzó a disparar a quien estuviera en su camino, sin importar si eran niños, maestros o adultos”, antes de ser abatido por la policía en el interior del recinto escolar. El saldo provisional de esta nueva matanza es de 19 niños y dos profesoras muertas. El tirador era alumno del último año del instituto de la misma localidad, muy próximo a la escuela de primaria atacada, donde están escolarizados alrededor de 500 niños de siete a 10 años, la mayoría hispanos.

Uvalde se suma a nombres como Columbine, Parkland y Sandy Hook, ciudades estadounidenses que han sido testigos de cómo las armas irrumpen en el que debería ser el sitio más seguro de todos, los colegios. ¿Cómo ha podido suceder aquí? ¿Por qué nadie la vio venir? Estas son las preguntas que ahora se hacen los vecinos de esta localidad de mayoría hispana y donde todos se conocen.

Adolfo Cruz, de 69 años, esperaba la tarde del martes a las afueras de la escuela alguna noticia sobre su nieta, Elija Cruz Torres, de 10 años. Desde mediodía nadie sabía nada de la menor. Su madre, Leandra, había ido a buscarla al hospital de la ciudad, donde se atendía a heridos, y al centro cívico, adonde fueron trasladados algunos alumnos. “La única esperanza que tenemos es que se la hayan llevado en la ambulancia aérea, porque dijeron en la radio que evacuaron a San Antonio a un adulto y a una niña de 10 años. Tengo la esperanza de que sea mi nieta”, aseguraba Adolfo, originario de Uvalde. “Me siento triste no solo por ella, sino por todos los niños”, agregaba. Pero no hubo suerte. Leandra ha confirmado a este periódico esta madrugada que la pequeña está entre las víctimas mortales. Hasta la noche del martes, las autoridades no habían dado a conocer la lista de fallecidos.

A unas manzanas de allí, Carlos Mendoza, un conductor de camión, observaba en su móvil la última fotografía de su sobrina Emery Joe Garza, de 10 años. La niña sonríe y abraza a su abuelo mientras muestra a la cámara el diploma que recibió por la mañana. Minutos después de aquella ceremonia, Salvador Ramos y su ira irrumpieron en el centro. Emery es una de las víctimas de este sinsentido. Carlos, hablando con un vecino, cuestiona: “¿Cómo es posible que un huerco [chaval] de 18 años pueda comprar armas?”. “Mínimo debería de hacerlo a los 21″, le replica Leo, su vecino.

Mendoza y Leo viven en la calle Díaz, donde se originó la tragedia que ha marcado a esta pequeña comunidad tejana este martes. A escasos metros de ellos vivía el asesino, en una casa que compartía con sus abuelos maternos, Rodolfo y Celia. “No le hacían nada a nadie”, cuenta Leo.

El sospechoso de la masacre, Salvador Ramos.

El origen de la tragedia

Según la primera reconstrucción de los hechos, “el sospechoso se vio involucrado en una pelea doméstica con su abuela. Él le disparó a ella”, ha explicado a la prensa el sargento Christopher Olivarez, del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas. De acuerdo al relato de los testigos, después de disparar a su abuela en la cabeza (que fue evacuada de urgencia al hospital de San Antonio, el mismo al que han sido trasladados los heridos en el tiroteo), Ramos subió a una camioneta negra y condujo escasos metros hasta la escuela. Los vecinos escucharon cómo la camioneta cayó en una zanja frente al centro. El sujeto salió del vehículo y saltó la cerca. Los primeros disparos comenzaron a escucharse minutos antes de las 11.30. Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas están investigando qué tipo de calibre usó el tirador y cómo tuvo acceso a las armas.

Greg Abbott, el gobernador de Texas, fue el primero que informó de que Ramos “disparó y mató, de manera horrible e incomprensible” a los niños y a dos profesoras. “Los tejanos están de duelo por las víctimas de este crimen sin sentido y por la comunidad de Uvalde”, manifestó en un tuit. Uno de los maestros ha sido identificado esta noche como Eva Mireles, de 44 años y con 17 años de experiencia como educadora. El Gobierno de Abbott ha aprobado, sin embargo, normas para hacer más fácil la propiedad de armas. En junio del año pasado promulgó una ley que eliminaba la necesidad de tener un permiso para portar amas o tomar un curso para manejarlas. Esta iniciativa, promovida por el poderoso lobby de armas en el Estado, está en vigor desde septiembre pasado.

La segunda peor matanza en la última década

El tiroteo masivo en Uvalde es la segunda mayor matanza en un colegio de Estados Unidos en la última década. La mayor fue la masacre en la escuela de primaria de Sandy Hook, en Newton (Connecticut), cuando un joven de 20 años, Adam Lanza, tras disparar a su madre, mató a 26 personas, incluidos 20 niños de 6 y 7 años. Se suicidó después. En 2018, en un instituto de Parkland (Florida), un antiguo alumno de 19 años que había sido expulsado mató a 17 personas, en su mayoría adolescentes.

El sargento Olivarez ha explicado que la primera llamada de emergencia se recibió minutos antes de que Ramos entrara a la escuela. De acuerdo a la versión de las autoridades, varias unidades policiales llegaron rápidamente al centro, incluida la patrulla fronteriza. “Fueron lo suficientemente valientes para entrar a la escuela y enfrentarse con el sospechoso y neutralizarlo. Como resultado hubo varios agentes heridos de bala”, ha señalado el portavoz, quien no ha especificado el número.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho una declaración institucional de duelo y solidaridad con las familias, desde la Casa Blanca, recién llegado de su gira por Asia. “Es tiempo de actuar, es hora de decir a los que obstruyen, retrasan o bloquean leyes de sentido común [en referencia a la legislación sobre las armas]: no olvidaremos”, ha dicho enérgicamente. “La mayoría de los estadounidenses apoyan leyes sensatas de control de armas”, ha manifestado sobre el suceso.

Estados Unidos, donde el derecho a poseer armas de fuego está consagrado constitucionalmente, es el único país del mundo en que se repiten de forma recurrente las matanzas por armas de fuego en colegios e institutos. En la más reciente, el último día de noviembre de 2021, un adolescente de 15 años mató a cuatro estudiantes a sangre fría e hirió a otros seis y a un profesor en la escuela secundaria de Oxford (Míchigan), una pequeña ciudad al norte de Detroit.

El suceso coincide con la publicación de un informe que revela que los tiroteos se han multiplicado en Estados Unidos en 2021. Un conteo del FBI indica que el año pasado se registraron 61 episodios de este tipo, comparados con los 40 de 2020. Los tiroteos dejaron el año pasado 103 muertos y un centenar de heridos. Estas cifras no incluyen a los autores de los disparos.

Los tiroteos masivos, y especialmente los que se producen en escuelas, han avivado el debate sobre los controles para la venta y el uso de armas de fuego. “Ya basta, tenemos que tener la valentía de tomar medidas”, ha dicho la vicepresidenta Kamala Harris, tras señalar que tenía “el corazón roto” por la tragedia.

Gobernador rechaza venta de canabbis en bazares

HARTFORD.- Las nuevas reglas sobre obsequiar cannabis en Connecticut entraron en vigencia, el martes pasado, después de que el gobernador Ned Lamont firmara un proyecto de ley, destinado a reducir las ventas no reguladas de la sustancia y restringir la forma en que se puede anunciar dentro del Estado.

La legislación que modifica las leyes de cannabis del Estado se encuentra entre los 48 proyectos de ley que el gobernador Ned Lamont firmó el martes pasado.

Los defensores en la legislatura describieron el proyecto de ley como el cierre de una laguna que había sido explotada para vender el producto recientemente legalizado en eventos extraoficiales, conocidos como bazares de cannabis, que han surgido en todo el Estado.

La nueva ley prohíbe inmediatamente a los residentes regalar la planta a otra persona a cambio de cualquier tipo de donación o pago indirecto.

Permite que las ciudades impongan multas de hasta mil dólares a las personas que violen las nuevas reglas.

En respuesta al rechazo de los defensores estatales del cannabis, los legisladores elaboraron la política de modo que no prohíba explícitamente a los residentes dar cannabis a sus amigos y familiares, siempre que el intercambio no sea de naturaleza transaccional.

Entre las otras disposiciones de la nueva ley se encuentran las restricciones a los anuncios de cannabis en vallas publicitarias, que entrarán en vigor en julio.

Prohíbe los anuncios de cannabis dentro de las mil 500 yardas de una escuela o iglesia e intenta detener los anuncios fuera del Estado al prohibir las vallas publicitarias de las empresas que no tienen permiso legal para vender el producto en el Estado.

La ley también limita cuándo se pueden mostrar los anuncios publicitarios del producto, restringiendo los anuncios que presentan un plan de cannabis entre las 11:00 de la noche y 6:00 de la mañana en un esfuerzo por reducir la exposición de los niños.

La ley, en particular sus disposiciones sobre obsequios, fue objeto de una buena cantidad de oposición por parte de los residentes que temían que fuera un paso hacia la recriminalización de una sustancia que acababa de legalizarse el año pasado.

Los opositores protestaron frente al Capitolio estatal durante la sesión legislativa y testificaron durante las audiencias públicas.

Varios ofrecieron testimonio defendiendo los bazares de cannabis, que el proyecto de ley ha prohibido de manera efectiva.

Cierran cuatro escuelas por reporte de varios disparos

NORWALK.- Cuatro escuelas del condado de Fairfield fueron cerradas brevemente después de varios reportes de disparos en el área.

El incidente tuvo lugar en Norwalk, alrededor de las 11:30 de la mañana el martes pasado.

La policía respondió al área de la Bouton Street, después de recibir una llamada al 911 sobre varios disparos en la zona, informó la sargento Sofia Gulino, del Departamento de Policía de Norwalk.

Por precaución, se alertó a las escuelas en el área inmediata, mientras que el personal policial registró el área y reunió información, indicó Gulino.

Las escuelas afectadas incluyeron la Brien McMahon High School, la Roton Middle School, la Brookside Elementary School y la Magnet Concord School, según las escuelas públicas de Norwalk.

El bloqueo de entrada a las escuelas se levantó alrededor de la 1 p.m. Martes.

Los investigadores identificaron a la presunta víctima, que no resultó herida, pero se negó a cooperar con la policía, agregaron las autoridades.

No hay ninguna descripción sospechosa disponible en este momento.

“Se cree que este es un incidente dirigido y que el tirador no logró su cometido”, comentó Gulino.

Cualquier persona que tenga información sobre el incidente puede comunicarse directamente con la Oficina de Detectives al 203-854-3011.

Se puede proporcionar información anónima a la línea de información de la policía de Norwalk, al 203-854-3111.

 

Padres hispanos se gradúan de programa de liderazgo

STAMFORD.- El Parent Leadership Training Institute (PLTI), de Stamford, en asociación con la Stamford Public Education Foundation (SPEF) llevó a cabo el programa UConn People Empowering People (PEP), en el que decenas de padres de familia hispanos se graduaron para buscar ser líderes en sus comunidades.

De acuerdo con los organizadores, el programa fue brindado en español, durante 10 semanas.

Las metas y objetivos de las 10 sesiones son una mayor comprensión de las cualidades personales, aumentar significativamente las habilidades para comunicarse y mejorar significativamente su comprensión de participación en la comunidad.

En las clases se habló sobre cómo las personas pueden compartir sus talentos, ideas y su tiempo.

Los participantes pudieron crear proyectos que beneficien a su comunidad.

El programa comenzó con una orientación y cena para las familias.

Las clases se dictaron virtualmente vía Zoom.

Los padres de familia que se graduaron de las clases de 2020 y 2021, dirigidos por la facilitadora Ana Gallegos son: Pablo Cotillo, Victoria Cotillo, Ligia Dangelo, Cristina Garay, Yolanda López, Luis Mizhirumbay, Dina Peralta, Xiomara Quiñonez, Liliana Ramírez, Claudia Santizo, Pedro Sumiano, Nora Tenezaca, Carina Caballeros, Xiomara Celis, Ruth Córdova, Carlos Alberto Figueroa, Anny Guartatango, Verónica Martínez, Rosemery Mejía, Tenma Meléndez, Paulina Parra, Andrea Restrepo, María Esther Rivero y Ruth Tomé.

Por su parte, los padres de familia que se graduaron de la clase de 2021, dirigidos por la facilitadora Edith Nadesha Targonski son: Felicita Díaz, María Dionicio, Laura García, María García, Lourdes Hernández, Michael Hernández, Akira López, Mirza Martínez Pinto, América Márquez, Elena Moran, Martha Pabón, Melva Peñafiel, Dalia Pineda, Alejandra Rodríguez, Yosely Rodríguez, María M. Rosas, Mildred Zacarias, Graciela Carreras, Manuel Contreras y Mónica Criollo.

 

Proyectos

Los proyectos de la clase de PEP de 2021, dirigida por Edith Nadesha Targonski, fueron acerca de la salud mental, especialmente los efectos del bullying en niños y familias afectadas. El primer taller virtual se llevó a cabo el 18 de mayo pasado con la ayuda de Child Guidance Center of Southern CT, durante el mes de la concientización de la salud mental.

El siguiente proyecto se llevará a cabo el 6 de junio, con la cooperación de las escuelas públicas de Stamford y Cradle 2 Career.

Otros proyectos son talleres informativos de cómo preparar a los hijos para la universidad y estudios superiores, incluyendo información para los padres de como cubrir esos gastos, además de alacenas de comida en Stamford, Norwalk y Bridgeport para ayudar a los más necesitados, y por último la limpieza de calles en los vecindarios más abandonados de la ciudad de Stamford.

 

Children’s People Empowering People (CPEP)

Mientras los padres participan en el UConn People Empowering People (PEP), sus niños de 6 a 12 años también pudieron participar en las clases de Children’s People Empowering People (CPEP), un curriculum basado en lectura paralela a los temas semanales de PEP de los adultos, explicaron los organizadores.

Los niños que participan pudieron llevar un libro nuevo cada semana.

Este año el CPEP fue brindado de manera virtual.

Los niños de la clase de 2020 que se graduaron y que fueron liderados por la maestra Mónica Jiménez son: Deyanira Cotillo, Raphael Cotillo, Raymond Cotillo, Angelina Jara, Alison Macancela, Erika Macancela, Esteban Orozco, Ismael Orozco y Katelyn Ramírez.

Por su parte, los niños de la clase de 2021 que se graduaron y que fueron liderados por la maestra Reyanne Neal son: Justin Martínez, Dylan Martínez, Marllely Sánchez, Daniel Recinos, Mathias Naranjo-Celis, Isabella Figueroa Restrepo, Victoria Figueroa Restrepo, Allison Pérez, Melanie Pérez, Nayeli Díaz, Alexa Díaz, Jacob López, Rachel López, Mila Sigchi Parra, Malia Sigchi Parra, Junior Diaz, Kevin Pérez, Brianna Donaire, Nicole Suy y Sara Milian Córdova.

 

 

 

Sindicatos de empleados buscan arbitraje para asegurar pago por pandemia

NEW HAVEN.- Los empleados estatales sindicalizados acaban de recibir aumentos superiores al 4% y habrán recaudado 3 mil 500 dólares en bonos a mediados de julio, pero eso no significa que todos los problemas de compensación estén resueltos.

La State Employees Bargaining Agent Coalition (SEBAC) notificó recientemente a sus miembros que espera iniciar un arbitraje este verano para asegurar el pago de la pandemia de coronavirus para los miembros en trabajos de alto riesgo, a menos que llegue a un acuerdo de antemano con la administración del gobernador Ned Lamont.

Lamont y la legislatura reservaron 35 millones de dólares en fondos de la American Rescue Plan Act (ARPA), 20 millones este año fiscal y 15 millones a partir del 1º de julio, para pagos pandémicos para los trabajadores estatales.

Un árbitro podría aumentar esa cantidad.

“Los trabajadores estatales esenciales de primera línea sacrificaron su salud y seguridad durante el COVID-19 para garantizar que los servicios públicos críticos de los que dependen nuestros 3.6 millones de residentes de Connecticut permanecieran accesibles”, escribió la coalición en un memorando publicado en su sitio web.

La SEBAC representa a la mayoría de los empleados estatales sindicalizados, excluyendo a los policías estatales.

“Si bien el Estado nunca puede pagar completamente a los trabajadores esenciales de primera línea, el Estado ciertamente puede dar un paso para respetar a estos trabajadores. El pago pandémico es ese paso”, agregó la coalición.

“La administración del gobernador Ned Lamont también ha dicho durante mucho tiempo que el Estado debe reconocer los riesgos que enfrentan la seguridad pública, la atención médica, los servicios sociales y otros miembros del personal, particularmente durante el primer año de la pandemia, cuando las vacunas no estaban disponibles y el equipo de protección personal no estaba disponible y a veces escaseaba”, continúa la declaración.

“Esta financiación es específicamente para nuestros trabajadores estatales esenciales que arriesgan sus vidas a diario. Es lo menos que podemos hacer”, comentó Chris Collibee, portavoz de la oficina de presupuesto de Lamont.

Ni la administración ni los sindicatos han dicho exactamente cuántos empleados podrían recibir un pago especial por la pandemia, pero aproximadamente una quinta parte de la fuerza laboral tuvo trabajos de primera línea durante la pandemia.

Collibee agregó que “la administración participará en negociaciones reflexivas y colaborativas con la SEBAC para llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio que reconozca a nuestros empleados estatales por sus esfuerzos durante la pandemia”.

La paga pandémica, comprensiblemente, pasó a un segundo plano al principio de la pandemia, ya que la administración y los sindicatos se centraron en otras prioridades.

No mucho después de que el COVID-19 golpeara con fuerza a Connecticut en marzo de 2020, las dos partes primero negociaron reglas sobre equipo de protección, pruebas, trabajo remoto y otras medidas de seguridad.

A mediados de 2021, la financiación estaba lista.

El Congreso había comprometido aproximadamente 3 mil millones de dólares en asistencia de la ARPA al gobierno estatal de Connecticut para ayudar a financiar varias medidas de recuperación y había emitido las reglas y regulaciones necesarias para guiar su uso.

Pero Lamont y los sindicatos todavía tenían un gran problema más que resolver antes de lidiar con el pago por riesgos.

La abrumadora mayoría de la fuerza laboral sindicalizada del Estado, más de 40 mil empleados repartidos en casi tres docenas de unidades de negociación, habían estado trabajando con contratos que habían vencido el 1º de julio de 2021.

La administración y los sindicatos acordaron un paquete de cuatro años que incluye un aumento anual del salario general del 2.5 %, un aumento escalonado anual que normalmente agrega alrededor de 2 puntos porcentuales a cada aumento y 3 mil 500 dólares en bonos pagados en dos cuotas entre mediados de mayo y mediados de julio de este año.

Firman ley que requiere que policía notifique rápidamente muerte de víctimas a familiares

BRIDGEPORT.- Un nuevo requisito de que la policía que investiga una muerte notifique rápidamente a los familiares de esa persona entrará en vigencia en octubre, luego de que el gobernador Ned Lamont firmara una ley derivada de las dolorosas experiencias de dos familias de Bridgeport.

Lamont firmó la legislación, que otorga a los agentes investigadores 24 horas para comunicarse con la familia de una persona fallecida o documentar por qué no se realizó la notificación.

En casos atroces, la ley otorga al Inspector General del Estado la autoridad para recomendar la revocación de la certificación de los oficiales que no comunican la muerte sin justificación.

La ley fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras de la legislatura de Connecticut en abril pasado.

Fue escrita como respuesta al manejo del Departamento de Policía de Bridgeport sobre las muertes de Lauren Smith-Fields y Brenda Lee Rawls, ocurridas en la misma noche de diciembre pasado.

La policía no notificó a ninguna de las familias cuando las dos mujeres murieron en incidentes separados.

Durante una audiencia del Comité Judicial en marzo pasado, los miembros de ambas familias describieron la angustia de tener que reconstruir lo que había sucedido sin una llamada de las autoridades.

La madre de Smith-Fields recordó haber buscado a su hija y haber llegado a su departamento un día después de su muerte.

“La nota en la puerta decía: ‘Si está buscando a Lauren, llame a este número’. Y era el número del propietario. Él fue el que nos dijo a mi hijo y a mí que mi hija había fallecido. No fue el Departamento de Policía de Bridgeport”, señaló Shantell Fields, madre de Lauren Smith-Fields.

Los incidentes en Bridgeport dieron como resultado que el alcalde Joe Ganim ordenara al Departamento de policía que dispusiera de licencia a dos detectives. La firma del Gobernador se produjo menos de una semana después de que el Connecticut Post informara que un árbitro había llegado a la conclusión de que uno de esos detectives debería ser reincorporado.

Gobernador codifica unidad de policía estatal para investigar crímenes de odio

HARTFORD.- Funcionarios de Connecticut citaron el asesinato por motivos raciales de 10 personas en Buffalo, Nueva York, a principios de este mes como evidencia de un aumento en los crímenes de odio durante una ceremonia, el martes pasado, que codifica una Hate Crime Investigative Unit, especializada dentro de la policía estatal.

El gobernador Ned Lamont realizó un evento ceremonial de firma de una ley en la sede del Departamento de Protección Pública y Servicios de Emergencia del Estado en Middletown.

Aunque la agencia estableció proactivamente la unidad el año pasado, el proyecto de ley pone a la Hate Crime Investigative Unit en el estatuto estatal.

Los formuladores de políticas esperan que la unidad pueda, entre otras cosas, filtrar las publicaciones de internet para detectar y prevenir delitos en los que las personas son atacadas en función de su raza, religión, etnia, discapacidad, orientación sexual o identidad de género.

“Queremos dejar muy claro que el odio no tiene cabida en Connecticut”, expresó la vicegobernadora Susan Bysiewicz, durante la ceremonia de firma.

James Rovella, comisionado del Departamento de Protección Pública, dijo que la unidad cuenta con un sargento y dos detectives, que han estado ocupados desde octubre.

Se denunciaron poco más de 100 delitos motivados por el odio en Connecticut durante 2020, el año más reciente en el que se dispone de estadísticas federales.

Rovella dijo que uno de los objetivos de la unidad era alentar un mayor intercambio de información entre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley para detectar señales de alerta.

Dijo que el hombre de 18 años acusado de matar a 10 personas en una tienda de comestibles Tops en Nueva York hace menos de dos semanas había señalado sus aspiraciones en línea antes de actuar.

“Escribió su manifiesto, planeó y en un momento se volvió operativo para cometer el crimen. Algunas de estas personas son extremadamente detectables y ese es nuestro objetivo aquí”, comentó Rovella.

Durante el evento del martes pasado, el Gobernador que inicialmente se mostró escéptico sobre la necesidad de una unidad especializada dedicada a los delitos motivados por el odio, pero que cambió su posición debido al aumento de incidentes tras la pandemia de COVID-19 y el asesinato de George Floyd en 2020.

“Creo que estos crímenes son cometidos por una ´raza de gatos´ un tanto única. A menudo dejan sus huellas digitales y tienen una forma diferente de gritar desde los tejados”, señaló Lamont.

“Una unidad especial puede trabajar en todos los diferentes silos, trabajar en toda la región y rastrear este virus llamado ´racismo´ y dejan muchos indicadores en Internet”, finalizó el Gobernador.

CT responde a la masacre en escuela de Texas

HARTFORD.- Un tiroteo mortal en una escuela primaria de Texas, ocurrido el martes pasado, envió una conmoción familiar a través de Connecticut, un estado que todavía cuenta una década después con su propia tragedia: el asesinato de 20 estudiantes y seis miembros del personal en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown.

En fuertes declaraciones, los líderes políticos de Connecticut lanzaron un mensaje universal de que la muerte de 19 estudiantes y un maestro en Uvalde, Texas, no puede ser en vano.

Trazando paralelismos con los años de dolor sentido en Connecticut, los senadores federales Chris Murphy y Richard Blumenthal, ambos demócratas y “campeones” de la reforma de las armas, suplicaron a sus colegas que sean un frente unido para abordar la violencia.

El gobernador Ned Lamont, un demócrata que busca un segundo mandato y propuso una reforma de armas en la última sesión legislativa, dijo que incumbía a todos los líderes, locales y federales, hacer cambios significativos.

Pero los comentarios del presidente Joe Biden dejaron en claro que los tiroteos como este se han vuelto demasiado comunes.

“Han pasado 3 mil 448 días, 10 años, desde que en una escuela primaria en Connecticut otro hombre armado masacró a 26 personas, 20 estudiantes de primer grado en la escuela primaria Sandy Hook. Desde entonces, se han reportado más de 900 incidentes de disparos en terrenos escolares. La lista continúa, y crece cuando incluye tiroteos masivos en lugares como cines, lugares de culto, y como vimos hace solo 10 días en una tienda de comestibles en Buffalo, Nueva York. Estoy harto de eso”, expresó Biden en un discurso nacional.

Por su parte, Lamont señaló que “claramente tenemos un problema con las armas en los Estados Unidos. Hay más armas en la calle que nunca antes, especialmente armas ilegales”.

El Gobernador agregó que “debemos poner a prueba nuestra capacidad como nación en este momento para fortalecer la seguridad y la salud pública. Quiero ser claro: la violencia armada es una crisis de salud pública. Corresponde a los legisladores de todo el mundo, ya sea en Connecticut, Texas, o la capital de nuestra nación, estar a la altura para abordar este problema”.

La madre de la víctima de Sandy Hook cuestionó la idea de que el personal de las escuelas esté armado.

En un tuit del miércoles por la mañana, Nicole Hockley, madre de una víctima del tiroteo en Sandy Hook, cuestionó la idea de que el personal con armas de fuego y medidas de seguridad eliminará el problema de los tiroteos masivos en las escuelas.

“El personal armado o el aumento de las costosas medidas de seguridad no son la respuesta y no abordan la causa raíz. Se trata de un fácil acceso a las armas de fuego y de las personas que las usan”, escribió Hockley.

Víctimas de la masacre en Texas

Los niños víctimas de la masacre en Texas fueron identificados por las autoridades como Nevaeh Bravo, Amerie Garza, Irma García, Eva Mireles, Uziyah García, Ellie Garcia, Xavier López, Maite Rodríguez, Makenna Elrod, Tess Mata, Annabelle Rodríguez, Rogelio Torres, Alithia Ramírez, Jayce Luevanos, Jailah Silguero, Miranda Mathis, Elijah Cruz Torres, Lexi Rubio y José Flores.

Por su parte, las docentes fallecidas fueron identificados como Eva Mireles e Irma García.

Lo que se sabe del tirador

El tirador fue identificado como Salvador Ramos, un estudiante de la secundaria local con pocos o ningún amigo que, según las autoridades, compró legalmente dos rifles de asalto y decenas de municiones la semana pasada para su cumpleaños número 18.

Un examen de los antecedentes personales de Ramos reveló que era un solitario adolescente acosado, sin antecedentes penales y, como tantos otros atacantes de tiroteos masivos en Estados los Unidos, estaba interesado y tenía acceso a armas de fuego y municiones de alto poder.

De acuerdo con la policía, Ramos compró legalmente dos rifles tipo AR a un licenciatario federal de armas de fuego local el 17 y el 20 de mayo, según el senador del estado de Texas, John Whitmire, quien recibió un reporte de la policía el martes por la noche.

También compró 375 rondas de municiones el 18 de mayo, indicó Whitmire, citando a la policía.

El día del tiroteo, antes de llegar a la Robb Elementary School, Ramos primero le disparó a su abuela en su casa y luego huyó de la escena. La abuela fue trasladada en avión a un hospital y para el miércoles por la mañana se encontraba aún con vida, informó el teniente Chris Olivarez, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

A partir de ahí, el sospechoso chocó su vehículo contra una zanja cerca de la escuela primaria y salió con un rifle y una mochila mientras vestía un chaleco táctico que contenía municiones adicionales.

Mientras Ramos se dirigía a la escuela, él y los agentes del orden intercambiaron disparos, dijeron las autoridades. Dos policías recibieron heridas que no ponen en peligro su vida y están fuera del hospital, según Olivarez.

Luego se atrincheró en un salón de clases y abrió fuego contra los que estaban dentro. Los 19 niños y dos maestras asesinadas estaban en ese salón. El atacante murió en la escena del crimen, finalizó Olivarez.