WASHINGTON DC.- Después de que el presidente Joe Biden dio a conocer un nuevo programa llamado Keeping Families Together

que abriría una vía para que cónyuges inmigrantes tuvieran acceso a la ciudadanía estadounidense, Oscar Silva no tardó en presentar su solicitud, y no podía ocultar su felicidad cuando recibió un email en el que se le confirmaba su cita para un examen biométrico obligatorio.

Pero horas más tarde, la felicidad de Silva desapareció: un juez federal de Texas suspendió temporalmente la medida que podría beneficiar a unos 500 mil inmigrantes que ya se encuentran en los Estados Unidos, congelando una de las acciones presidenciales más significativas para otorgar acceso a la naturalización en varios años.

“No sé qué va a pasar”, dijo Silva. El estudiante universitario de 23 años llegó a los Estados Unidos siendo un bebé y vive en Texas con su esposa, Natalie, una ciudadana estadounidense y maestra de escuela secundaria que es la proveedora de la familia.

La administración Biden utilizó la autoridad legal ya existente para crear el programa. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) otorga al Secretario de Seguridad Nacional la capacidad de “a su discreción, conceder libertad condicional a los Estados Unidos temporalmente bajo las condiciones que pueda prescribir solo caso por caso por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo a cualquier extranjero que solicite la admisión a los Estados Unidos”. La libertad condicional en el lugar ha sido utilizada con éxito por las familias militares durante una década.

Esta semana, también se presentó una contrademanda en nombre de once familias estadounidenses afectadas, y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), el Justice Action Center y Make the Road New York presentaron una moción para intervenir en la demanda Texas v. DHS.

Estos posibles demandados intervinientes están buscando convertirse en partes del caso para que el tribunal pueda considerar sus perspectivas.

Confusión tras suspensión

A pesar de que el programa Keeping Families Together que presentó el gobierno federal apenas comenzó a aceptar solicitudes la semana pasada, familias y abogados de inmigración afirman que ya se vive un estado de confusión, incertidumbre y frustración tras la orden del juez de distrito J. Campbell Barker.

Las parejas que ya presentaron su solicitud están en el limbo, y las que no lo han hecho deben sopesar la posibilidad de esperar a que se desarrolle el proceso jurídico en la impugnación que interpusieron los republicanos.

Los solicitantes deben pagar una cuota de procesamiento de 580 dólares. Después de la orden de Barker, la Coalición de Inmigrantes de Florida indicó que llamó a las personas a “sopesar sus opciones y tomar la mejor decisión para sus familias en estos momentos”.

La suspensión se produjo en respuesta a la impugnación que presentaron 16 estados, encabezados por fiscales generales republicanos, quienes interpusieron una demanda días después de que el programa empezó a aceptar solicitudes el 19 de agosto.

La orden, conocida como una suspensión administrativa, estará en vigor por 14 días, pero podría prorrogarse.

“Ese fallo está mal. Estas familias no deberían ser separadas innecesariamente”, dijo el presidente Biden.

Los estados afirman que el programa podría causar un daño irreparable y acusan al gobierno de eludir al Congreso con “descarados fines políticos”.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, cuya oficina es una de las que encabeza la demanda, aplaudió la orden del juez. “Este es sólo el primer paso. Vamos a seguir luchando por Texas, nuestro país y el Estado de derecho”, señaló el fiscal.

Departamento de Seguridad defiende el programa

El martes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró que el gobierno seguirá aceptando solicitudes y defendiendo el programa ante los tribunales.

Cualquier solicitante que haya recibido permiso temporal antes de la orden no se verá afectado, según el Departamento.

El DHS no respondió a preguntas sobre cuántas solicitudes se recibieron o aprobaron o cuánto tiempo se tarda en determinar el resultado de un caso en el marco del programa.

Silva y su esposa Natalie revivieron los temores de verse separados. El proceso tradicional para solicitar una tarjeta de residencia puede requerir que los cónyuges que viven sin autorización en el país regresen a su país de origen, a menudo durante años, siempre con el riesgo de que no se les permita volver a los Estados Unidos.

“Pensamos que esta era finalmente nuestra oportunidad de pasar juntos por este proceso sin miedo a la posibilidad de pasar 10 años alejados”, dijo Silva. Ahora, “me siento desconsolado, muy triste porque sin esto enfrentamos una gran incertidumbre”.

La abogada en materia migratoria Laura Flores-Perilla dijo que “realmente no hay nada claro” sobre lo que sucederá con la cita de Silva, programada para el próximo mes.

“No puedo subestimar el impacto que está teniendo esta pausa temporal”, dijo Flores-Perilla, abogada para Action Justice Center.

Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la American Immigration Lawyers Association, dijo que había oído de abogados afiliados a la asociación de al menos cientos de personas que habían presentado solicitudes desde que el programa se puso en marcha, incluidos algunos que presentaron su solicitud y fueron aprobados al día siguiente.

Los abogados también se apresuran a entender lo que la orden significa para sus clientes.

Según Chen, el servidor de listas de la organización para los abogados interesados en el programa “colapsó” con preguntas sobre lo que significa la decisión después de que el juez dio a conocer su fallo a última hora del lunes.

Preocupación por cambios

A los activistas les preocupa que los cambios, incluso temporales, como resultado de este litigio “provoquen caos e incertidumbre” entre los solicitantes.

Chen dijo que ha visto el efecto que han tenido los procesos legales en otros programas migratorios.

En Los Ángeles, Roberto García, de 37 años, y su esposa María recién le habían pagado 3 mil dólares a un abogado para que llenara el enorme formulario, pero la solicitud aún no había sido presentada debido a la orden del lunes.

Ahora se preguntan si deberían arriesgarse y pagar la cuota de procesamiento para un programa que está suspendido.

“No pensé que esto iba a pasar, es algo muy duro”, dijo Roberto García, refiriéndose a la orden que suspendió el programa. “No somos prioridad, es malo que jueguen con los sentimientos de la gente”, lamentó.

Roberto es el único proveedor de una familia de cinco integrantes y se gana la vida con su negocio de construcción en California. También envía dinero a su familia en México.

De recibir la aprobación, los solicitantes tienen tres años para pedir la residencia permanente. Durante ese periodo, pueden obtener un permiso de trabajo.

Pero María García dijo que está perdiendo la esperanza y sopesa la posibilidad de mudarse a México, donde viven los padres y hermanos de su esposo.

“Aquí nunca vamos a poder comprar una casa”, comentó. “Aquí si haces las cosas mal, te premian; si haces las cosas bien, te castigan”, señaló.

(Tomado de AP, Eyewitness News-abc7.com y Los Ángeles Times).